300 Mbps como mínimo: Colombia avanza hacia una nueva definición de banda ancha para 2026
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó para comentarios un proyecto regulatorio con el que busca modernizar la definición de banda ancha en Colombia y acercar los estándares nacionales a los niveles de conectividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La propuesta contempla un aumento progresivo de las velocidades mínimas exigidas para comercializar servicios de Internet fijo como “banda ancha”, con metas diferenciadas según el nivel de desarrollo de los municipios del país.
De ser aprobada, la nueva regulación establecería que los municipios clasificados con mayor desarrollo de mercado, es decir, las categorías Alto y Moderado, deberán ofrecer, desde el 1 de octubre de 2026, velocidades mínimas de 300 Mbps de descarga y 150 Mbps de subida para que un servicio pueda ser denominado como banda ancha.
Por su parte, los municipios clasificados en categorías Bajo, Incipiente y Limitado tendrán un esquema gradual de transición que arrancará en 50 Mbps de descarga y 25 Mbps de subida en 2026, hasta converger igualmente en 300 Mbps y 150 Mbps en octubre de 2030.
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La iniciativa de la CRC también redefine el concepto de “ultra banda ancha”. De acuerdo con el proyecto, esta categoría aplicará para ofertas comerciales con velocidades mínimas de 1 Gbps de bajada y 500 Mbps de subida, muy por encima de la definición vigente desde 2019, que actualmente fija el umbral en 50 Mbps de descarga y 20 Mbps de carga.
La propuesta actual surge tras el análisis que realizó la Comisión a la regulación vigente, en el que identificó tres problemas principales: el rezago frente a la evolución tecnológica y las condiciones actuales del mercado; la insuficiente correspondencia entre la definición regulatoria y los usos funcionales actuales del servicio; y la limitada incorporación de las diferencias territoriales previstas en la Ley 1753 de 2015.
Como consecuencia de esos factores, el regulador advirtió una menor capacidad de la definición de banda ancha para medir la conectividad funcional y para identificar brechas territoriales que permitan orientar la política pública.
Además, la CRC recordó que una evaluación de impacto realizada en 2020 concluyó que tanto las velocidades promedio de Internet fijo como el porcentaje de accesos de banda ancha aceleraron su crecimiento tras la entrada en vigor de la Resolución CRC 5161 de 2017. Según la evaluación, “la medida funcionó como una señal de mercado, aun sin imponer obligaciones directas de adopción de velocidades, incentivando mejoras en las ofertas de los operadores y en la conectividad de los usuarios”.
Ahora, con la nueva propuesta, la CRC plantea un esquema de convergencia gradual que reconozca las diferencias en infraestructura y desarrollo entre municipios, pero que al mismo tiempo genere incentivos para elevar la calidad de los servicios y promover nuevas ofertas comerciales basadas en mayores velocidades y aplicaciones intensivas en datos, incluyendo usos asociados a Inteligencia Artificial (IA).
“Actualizar la definición de banda ancha es una forma de acompañar la evolución tecnológica del servicio y responder a las nuevas necesidades de conectividad de los usuarios. Los análisis de impacto realizados por la CRC evidenciaron que la actualización implementada en 2017 contribuyó al crecimiento de las velocidades de Internet y al aumento de conexiones de banda ancha en el país. Esto demuestra que, cuando el regulador fija una referencia clara sobre las condiciones esperadas del servicio, se generan incentivos para que los operadores mejoren sus ofertas, continúen invirtiendo en redes de mayor capacidad y fortalezcan la calidad de los servicios para los usuarios”, explicó Felipe Díaz Suaza, comisionado y director ejecutivo de la CRC.
La consulta pública estará abierta para que operadores, gremios, ciudadanos y demás interesados envíen comentarios y observaciones a la propuesta regulatoria hasta el próximo 5 de junio de 2026.
Este proyecto forma parte de la Agenda Regulatoria 2026-2027 de la entidad y corresponde a la primera fase de una revisión más amplia denominada “Revisión de las condiciones de banda ancha y redefinición de mercados relevantes fijos”. La segunda fase abordará la redefinición de los mercados minoristas fijos ante los cambios recientes en la demanda de servicios de comunicaciones.