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El 98% de los 7.468 Centros Digitales a cargo de la firma Comcel ya se encuentra instalado y el 64% está en operación, así lo dio a conocer Sandra Milena Urrutia Pérez, Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante el debate de control político citado por la Comisión VI de la Cámara de Representantes.

Durante su intervención, la funcionaria pidió a la célula legislativa y al país en general, no estigmatizar el proyecto Centros Digitales, que busca llevar internet gratuito a instituciones educativas y comunidades aledañas en más de 1100 municipios.

“No es lo mismo Centros Digitales que lo ocurrido con Centros Poblados. El debate que vamos a dar ahora, la discusión que debemos afrontar, es sobre cómo avanzar con este proyecto que, para mí, no está perdido. Centros Poblados fue un incidente que ya pasó y que tiene unos actores y unas acciones jurídicas”, explicó Urrutia.

La Ministra aclaró que el proyecto está divido en dos regiones. La región A con centros digitales en 534 municipios a cargo de Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A y la región B, con puntos de conectividad en 567 municipios.

Precisamente la región B estaba asignada a la Unión Temporal Centros Poblados y en mayo de este año, tras la declaratoria de caducidad y liquidación del contrato, le fue adjudicada a la Unión Temporal Colombia Conecta ETB – Skynet que, a la fecha, reporta 1.557 centros digitales funcionando y en proceso de revisión de la interventoría.

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia ha sido uno de los más polémicos durante el gobierno del presidente Iván Duque, con tres ministras en cuatro años (Silvia Constaín, Karen Abudinen y Carmen Ligia Valderrama) y el contrato de Centros Poblados, en los que el país perdió 70 millones de pesos. Esta cartera ha tenido uno de los principales retos en el país: recuperar la confianza de los colombianos.

No se trata de un desafío menor si se tiene en cuenta que el próximo gobierno, encabezado por Gustavo Petro, deberá trabajar en recuperar el dinero del contrato de Centros Poblados, cerrar la brecha digital y revisar los altos costos del espectro, entre otras materias pendientes.

A una semana (7 de agosto) para que entregue su cargo, Carmen Ligia Valderrama, la ministra TIC, habló con DPL News sobre su perspectiva acerca de esta cartera, los desafíos que enfrenta el nuevo gobierno y la importancia que tiene este Ministerio para los colombianos.

Valderrama es abogada y especialista en Derecho de Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con una Maestría en Derecho Empresarial del Centro Europeo de Estudios y Formación Empresarial Garrigues & Andersen, en Madrid.​

Asumió su cargo como ministra TIC el 28 de septiembre de 2021, en reemplazo del ministro encargado Iván Durán Pabón, quien estuvo en el puesto temporalmente tras la renuncia de la anterior ministra Karen Abudinen.

Se ha desempeñado principalmente en el sector público como superintendente y viceministra de Transporte, jefa de la Oficina Jurídica, secretaria General, asesora y superintendente encargada de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Sharon Durán (SD): Usted llegó en uno de los momentos más álgidos del Ministerio TIC. ¿Cuáles fueron los principales retos como ministra de esta cartera?

Carmen Ligia Valderrama: Con el propósito de dejar una huella única en todos los rincones del territorio nacional y que este trabajo perdure, hemos avanzado en el proyecto de Centros Digitales, con el que tenemos el propósito de promover la inclusión digital en zonas rurales mediante la oferta de acceso público a Internet.

Este proyecto es posible luego de un proceso técnico, riguroso, diligente y acorde a la ley, que dejó como resultado la audiencia de adjudicación a la Unión Temporal ETB NET Colombia Conectada para cumplir con el compromiso de prestar el servicio público esencial de Internet a la población beneficiada de los centros digitales de la región.

Tras la suscripción del memorando de entendimiento, hemos avanzado en la ratificación por ETB y SKYNET de la oferta presentada en el año 2020. En consecuencia, el jueves 19 de mayo se firmó el contrato con la Unión Temporal Colombia Conectada, conformada por ETB y SKYNET, para que esta Unión Temporal se encargue de instalar 6 mil 589 Centros Digitales, en 567 municipios de 15 departamentos.

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Por otro lado, trabajamos en dejar la hoja de ruta en la implementación de tecnología 5G. Es importante tener en cuenta que para su uso pleno, estamos trabajando en la expedición del marco jurídico necesario. De esta forma, asignaremos al mercado los cerca de 400 MHz de espectro en la banda de 3,500 MHz, que son el elemento fundamental para dar el siguiente paso y poder contar con redes comerciales de 5G.

En lo referente a temas regulatorios, los retos están relacionados con la calidad del servicio, protección a usuarios, homologación de equipos, despliegue de infraestructura y neutralidad de red, por lo cual se evaluará la pertinencia de un cambio normativo, y definición de políticas relacionadas con el despliegue de infraestructura, casos de uso, seguridad y apropiación de esta tecnología.

SD: ¿Cómo se transformó el Ministerio TIC durante su administración?

Carmen Ligia Valderrama: Hemos trabajado en un eje fundamental, que es la transformación digital del Estado, porque aporta herramientas de políticas públicas que nos encaminan a un gobierno digital o GovTech.

Durante este gobierno se expidieron varios documentos de política pública como el Conpes sobre la política nacional de explotación de datos (Big Data), sobre la transformación digital e Inteligencia Artificial (IA), y de confianza y seguridad digital, entre otros.

Así, este 2022 hemos dejado consolidado un marco de gobernanza robusto, donde es vital la articulación de todos los actores del ecosistema digital para transformar a las entidades públicas del país e impactar positivamente la calidad de vida de la ciudadanía y la competitividad colombiana.

Además, establece la evolución de la Política de Gobierno Digital incluyendo nuevos elementos como innovación pública digital, el habilitador de cultura y apropiación y las iniciativas dinamizadoras de transformación digital.

SD: ¿Qué tan importante es cerrar la brecha digital del país?

Carmen Ligia Valderrama: Es de vital importancia, porque esto representa equidad. Y respondiendo a ello, es un hecho que en el gobierno del presidente Iván Duque hemos logrado un país más conectado y dejamos toda la ruta establecida para que se siga consolidando en la materia.

Fuimos una entidad focalizada en el cierre de la brecha digital a partir de una provisión de infraestructura habilitante para masificar el servicio de Internet y el acceso al entorno digital para los colombianos. Así, dejamos 46 mil 044 millones de conexiones fijas y móviles y más de 29 mil millones de conexiones 4G para que más colombianos se conecten con sus sueños, con acceso a más conocimiento y oportunidades.

Además, lideramos la armonización del marco normativo del sector TIC, partiendo de los avances de la Ley 1341 de 2009, buscando un marco único que estableciera una política TIC convergente y fortaleciendo el rol del Ministerio como habilitador.

Centros Poblados

SD: ¿Cómo recuperar la confianza de los colombianos en las inversiones de esta cartera luego del evento con Centros Poblados?

Carmen Ligia Valderrama: Además del proyecto de Centros Digitales, fortalecemos la confianza a través de la vinculación de los centros digitales a otros programas del Ministerio, como Misión TIC, en los que se capacita a las personas y que redunda en el bienestar de los niños escolarizados.

En este sentido, contamos con programas como Formación de habilidades TIC (En TIC Confío+, Llegamos con TIC, Por TIC Mujer y ConSentidos TIC), Dominio.co, fortalecimiento del gobierno digital y de capacidades digitales del país.

SD: ¿Y el dinero de Centros Poblados?

Carmen Ligia Valderrama: Desde esta administración continuamos con los procesos de cobro coactivo en orden a recuperar el anticipo de 70 mil millones de pesos, para lo cual hemos avanzado en los embargos de inmuebles, vehículos y sumas de dinero de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020, al tiempo que avanzan los procesos constitucional, penal, disciplinario y fiscal.

SD: Durante su administración se creó un grupo de élite para recuperar el dinero de Centros Poblados ¿Cómo evolucionó ese grupo y cuánto dinero ha recuperado?

Carmen Ligia Valderrama: Respecto a la recuperación del anticipo es importante precisar que, una vez se declaró la caducidad del contrato con la UT Centros Poblados Colombia 2020 y con su posterior liquidación, el Ministerio inició los procesos de cobro coactivo correspondientes y que persiguen la recuperación del valor de anticipo, en ejercicio de sus competencias. En el curso de estos procesos se ha logrado el embargo de sumas dinerarias, inmuebles y vehículos.

El grupo élite ha asesorado a los funcionarios responsables de los cobros coactivos en la toma de decisiones para garantizar que sean contundentes frente al objetivo perseguido y que hoy se fortalece con las acciones judiciales que dentro de la estrategia jurídica diseñada por este equipo se implementó y que esperamos logre la reparación integral a favor del Estado.

SD: ¿Cómo va a entregar Carmen Ligia Valderrama esta cartera?

Carmen Ligia Valderrama: Hemos creado una red social, económica y digital para que más colombianos se conecten con sus sueños, con acceso a más conocimiento y oportunidades. Dejamos un país más conectado, con 346 mil 732 hogares de diferentes partes de Colombia, de estratos 1 y 2, con conectividad las 24 horas del día con el programa Hogares Conectados.

Transformamos el Talento Digital con más de 6 millones de colombianos formados en habilidades digitales en programas como Misión TIC, Un Ticket para el futuro, En TIC Confío y llegamos con TIC.
Además, contamos con un gobierno más digital: 1.5 millones de personas autenticadas en Gov.co, 57 entidades públicas interoperando, 52 trámites de alto impacto transformados digitalmente y 33 trámites en la Carpeta Ciudadana Digital.

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Empalme y nuevo gobierno

SD: Comenzaron los trabajos con el grupo de empalme liderado por Saúl Kattan. ¿Qué se estuvo trabajando?, ¿cómo ve la labor del grupo de empalme?

Carmen Ligia Valderrama: El gobierno nacional del presidente Duque construyó un Informe de Empalme entre gobiernos nacionales para hacer de este un proceso homogéneo y organizado con los equipos designados por el gobierno entrante.

Desde el sector TIC desarrollamos 14 sesiones de trabajo entre el 30 de junio y el 8 de julio. La coordinación general designada por el gobierno entrante, encabezado por el Dr. Saul Kattan, dispuso de 12 equipos con número cercano a las 100 personas para que participaran de este proceso de empalme en conjunto con los funcionarios del Ministerio TIC y las entidades del sector.

Una vez realizada la presentación por parte de la administración, se abrió un espacio para aclarar dudas o ampliar la información, el cual se desarrolló de manera armónica y propositiva.

Se brindó toda la información requerida por el equipo de empalme del gobierno entrante y se satisfizo los requerimientos adicionales que formularon, con el fin de que el informe que ellos presenten al presidente electo contenga información detallada del estado de los programas y proyectos del sector desarrollados a lo largo del cuatrienio, además de los retos para los años subsiguientes.

SD: ¿A qué asuntos y proyectos se les debe dar continuidad en el nuevo gobierno?

Carmen Ligia Valderrama: Además de la ruta en transformación digital que se basa en generar apropiación de las TIC a todos los colombianos, sin importar la edad o género, se debe seguir trabajando por conectar al país.

Proyectos como Zonas y Centros Digitales, NavegaTIC y Hogares Conectados, son importantes para la ciudadanía y garantizan acceso a las comunidades.

Otro esfuerzo que estamos dejando en materia de conectividad en este gobierno es la implementación del nuevo Régimen satelital, que contribuirá a un mayor desarrollo de la conectividad en todo el territorio nacional.

Además de brindar todas las herramientas posibles para que cada día sean más los colombianos que aprendan a usar las TIC de la mejor forma, sin importar edad, género o creencias, nos hemos enfocado en programas para niños, adultos, adultos mayores, emprendedores, mujeres, en fin… El lenguaje de las TIC es universal e impacta de manera positiva a todos.

Para recuperar los 70 mil millones de pesos (18.3 millones de dólares) del erario público que todavía están perdidos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia rematará bienes de la Unión Temporal Centros Poblados.

La dependencia anunció que venderá un predio que es propiedad de ICM Ingenieros, uno de los socios que conformaron el consorcio de Centros Poblados, para poder rescatar el dinero que dio como anticipo del proyecto Centros Digitales.

Se trata de un inmueble que se encuentra ubicado en la zona industrial del municipio de Mosquera, Vereda Balsillas, a lado de canteras de extracción de material de construcción. Cuenta con un área de casi 53 metros cuadrados en los que se ubican oficinas, cocina, laboratorios, bodegas y hangares.

El Ministerio TIC dijo que la propiedad está avaluada en 15 mil 772 millones 734 mil 556 pesos (4.12 millones de dólares). En el remate, la base será la que cubra el 70 por ciento del valor del avalúo, es decir, poco más de 11 mil 040 millones de pesos colombianos.

Con los recursos obtenidos, el gobierno conseguirá sólo una parte del desembolso por 70 mil millones que dio para iniciar la implementación del proyecto de conectividad. La intención es realizar más remates de propiedades para subsanar la deuda.

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En agosto de 2021, el MinTIC terminó el polémico contrato con UT Centros Poblados, a quien asignó parte de la iniciativa de Centros Digitales a través de un concurso público. El término anticipado se dio debido a que el consorcio presentó una garantía bancaria falsa e incurrió en una serie de irregularidades que afectaron el avance del despliegue, conforme se había planeado.

Los problemas con el contratista generaron un escándalo político en Colombia, pues las autoridades judiciales incluso investigaron la responsabilidad de funcionarios en la adjudicación irregular del proyecto. En el Ministerio, hubo varios despidos de directivos y la anterior Ministra TIC, Karen Abudinen, presentó su renuncia en medio de la polémica.

Apenas el mes pasado, el gobierno volvió a asignar el proyecto de Centros Digitales a una sociedad formada por ETB y su filial Skynet. Las empresas de telecomunicaciones se encargarán de llevar el servicio de Internet a 6 mil 589 centros, ubicados especialmente en zonas rurales.

Si bien esto implica la continuidad de la iniciativa, el alcance será menor, pues en un principio Centros Poblados iba a brindar acceso a Internet gratuito en 7 mil 468 localidades.

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Mientras tanto, en mayo la Fiscalía General de la Nación imputó a Emilio Tapia los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsificación de documento en relación al contrato de Centros Poblados.

Tapia es uno de los inversores del consorcio y de los principales investigados en el caso. La Fiscalía advierte que él se quedó con una parte de los recursos que el MinTIC dio como anticipo.

La dependencia llevará a cabo el proceso de remate el próximo 23 de junio a las 9 de la mañana. Para participar, los interesados deberán enviar sus ofertas cumpliendo los requisitos exigidos por la legislación nacional y el ganador será quien, además de cumplirlos, presente la oferta más alta.

Infobae

La polémica por los 70.000 millones de pesos que “se perdieron” por el contrato adjudicado a la Unión Temporal (UT) Centros Poblados para conectar las áreas rurales del país puede agravarse. Al parecer, el país perdería 7.000 millones de pesos adicionales porque los contratistas le deben esta suma a los bancos y ya que ellos no responden, las entidades le pedirán al Estado que asuma la deuda.

La información fue difundida por W Radio, emisora que destapó el escándalo de Centros Poblados. La periodista Paola Herrera, que sigue de cerca esta investigación, explicó que la unión temporal le pidió el dinero al Banco de Bogotá y al BBVA y el Gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías, fue el garante del crédito. Teniendo esto en cuenta, las entidades activarán la garantía para recuperar sus recursos.

Se detalló que las compañías de Centros Poblados que tienen al Fondo Nacional de Garantías como garante en préstamos son las empresas ICM Ingenieros, que le debe 4.000 millones de pesos a BBVA; y Omega Buildings, que le debe 3.000 millones de pesos al Banco de Bogotá.

Hasta el momento BBVA y el Banco de Bogotá no han agotado el debido proceso para que sea Centros Poblados, de forma directa, los que paguen la deuda. Según informó W Radio, el Fondo Nacional de Garantías, ya está peleando para no pagar los 7.000 millones.

Cabe mencionar que si en últimas se resuelve que el país debe pagar por la deuda, el dinero saldría del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Este fondo incluye los recaudado con los impuestos de los colombianos.

Esta información se conoce una semana después de que se supiera que a la fecha la deuda de Centros Poblados con el país ya no es de 70.000 millones, sino de 74.000, porque se han sumado intereses y costos de indexación de esos recursos en las arcas del Estado.

El Gobierno nacional aseguró que está trabajando arduamente para recuperar el dinero. El pasado 14 de febrero el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) creó un grupo legal élite para llevar el caso. Los miembros de esta comisión trabajarán exclusivamente en el caso con el objetivo de que no se cometan errores, evitar retrasar el proceso y así recuperar el dinero rápidamente.PUBLICIDAD

“El grupo élite legal se encarga de cuidar que cada paso que estamos dando sea tan riguroso que nos impida fallar, porque lo peor que nos puede pasar es cometer un error que haga que se nos caiga todo el proceso”, afirmó Carmen Valderrama, ministra TIC, en entrevista con El Tiempo.

La ministra Valderrama aseguró que a este punto ya se han surtido gran parte de esos requisitos que la ley de contratación impone en estos casos. En este sentido, resaltó que se ha logrado decretar el embargo definitivo de bienes y maquinaria por el valor de la cláusula penal del contrato, por 39.000 millones de pesos. Además, ya se han empezado a judicializar a los implicados.

Así mismo, MinTIC mencionó que ya se logró cancelar el contrato que existía con Centros Poblados. De hecho, hay que recordar que ya hay un nuevo acuerdo para realizar el trabajo y este ahora será ejecutado por la UT Colombia Conecta, integrada por las empresas ETB y SkyNet. Estas empresas ganaron la nueva adjudicación porque en el proceso de licitación inicial quedaron en segundo lugar.

La ministra indicó que entiende el interés de la ciudadanía por la desviación de los dineros y porque se le cumpla a las comunidades rurales, pero reiteró la importancia de seguir el debido proceso.

“Entiendo la presión por la demora, pero debemos respetar el debido proceso y el derecho a la de defensa. No podemos fallar y cada detalle lo trabajamos con rigurosidad”, aseguró la ministra TIC.

El Universal

La Ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama, habló del conflicto que siguen teniendo Claro y Wom en relación con la interconexión de llamadas, es decir la posibilidad que existe para que una empresa pueda pasar llamadas por la infraestructura de la otra, y sobre el proceso que adelanta para recuperar más de 74 mil millones de pesos por el caso de la Unión Temporal Centro Poblados.

En las últimas horas se conoció que Claro y Wom llegaron a acuerdo por el lío interconexión de llamadas, ¿de qué se trata?

Las dos empresas han tenido una conversación para permitir la interconexión de los usuarios de Wom y al adherir ese espacio entendemos que ya se está llevando una interconexión eficiente que permite que las llamadas de los usuarios avancen. De cualquier forma las dos empresas siguen teniendo dudas sobre el particular y nos habían presentado las denuncias, tanto una como otra empresa, motivo por el cual nosotros estamos obligados a seguir avanzando en el proceso de investigación que en primera fase tiene una averiguación preliminar.

¿Entonces el lío de las dos empresas continúa?

Sí, porque ellos presentaron denuncias en relación con la forma en que se está aplicando el servicio de interconexión, luego lo que hicieron fue resolver temporalmente el paso de las llamadas de un operador a otro pero no han solucionado de manera definitiva el asunto. Más allá de ello, el haber presentado las denuncias, tanto uno como otro, nosotros tenemos la obligación de verificar si efectivamente así se estaban dando los hechos, cruzando las denuncias de Claro y de Wom para verificar si finalmente si se estaban vulnerando el reglas que hay para la interconexión de una a otra empresa.

¿Cuál es el proceso a seguir para llegar a una solución?

Una vez agotamos la etapa donde verificamos si aparentemente los hechos que ellos estaban presentando como denuncia se constituían, es que hemos abierto investigación y abrimos investigación tanto para Wom como para Claro. Nosotros ya notificamos, ellos tienen 15 días hábiles para que puedan presentar descargos y solicitar pruebas. Después de esto nosotros practicaremos las pertinentes pruebas que nos permitan tomar decisiones absolutamente fundadas. Y hay dos caminos. Uno es sancionar, la sanción puede llevar hasta 15. 000 salarios mínimos legales vigentes o inclusive puede llevar a la suspensión de la operación para estos efectos. La otra vía es que si no se logra comprobar los hechos estaríamos archivando la investigación, sea para uno o sea para los dos.

Cambiando de tema, ¿en qué va el caso de Centros Poblados?

Después de haber realizado un diagnóstico supremamente detallado y completo de qué es lo que estaba pasando encontramos que efectivamente se había caducado el contrato pero no se había liquidado, de manera que nosotros llegamos y liquidamos el contrato y con base en esta liquidación pudimos concluir, no solamente que había que obtener de nuevo los 70 mil millones de pesos que habían sido pagados al contratista y que fueron desembolsados y que no se utilizaron debidamente, sino que a ello también se sumaron los intereses, la indexación, lo que redondea ahora en algo más de 74 mil millones de pesos.  

Adicionalmente se ha hecho efectiva la cláusula penal, una cláusula automática que opera cuando una de las partes no ha cumplido el contrato. En ese caso en particular estamos hablando de 39 mil millones de pesos que también ya está hecho el cobro coactivo correspondiente y en este momento ya tenemos embargos que respaldan ese monto. Pero, no solamente nos hemos enfocado en volver a generar el reembolso de esos pagos sino que es muy importante rescatar el billón de pesos que había sido destinado en este contrato, billón de pesos que nos permita desplegar mayor conectividad en todo el país.

¿Cuánto tiempo podría tardar en recuperarse la plata?

El tiempo es relativo, yo no puedo dar una fecha exacta porque necesariamente debo superar unas etapas procesales, justamente respetando el debido proceso y el derecho a defensa. No queremos que haya un error y que se vayan a caer algunas de nuestras actuaciones, de manera que garantizando lo que está sucediendo estamos superando cada una de esas etapas. Esperamos que muy pronto, más pronto que tarde, logremos ir avanzando en todos los frentes.

Usted ha dicho que la promesa de conectividad no depende de un solo contrato, ¿habrán nuevas licitaciones para llevar Centros Digitales a más lugares de Colombia?

En este momento estamos ejecutando un contrato que tiene Claro con una primera zona y una zona B que en este momento está siendo conectada con ETB y Skynet. Ahí estaríamos cubriendo más de 10.000 Centros Digitales de todo el país.

¿Cómo va la meta de conectividad de este Gobierno?

Nosotros nos hemos propuesto muchos derroteros para desplegar la mayor conectividad posible. El número de conexiones de telefonía fija y móvil que estamos dejando como meta es la de llegar a 45 millones de conexiones. Cuando nosotros iniciamos en agosto de 2018 estábamos en 29 millones de conexiones, hoy ya llevamos 43 millones y medio, de manera que estamos muy próximos a cumplir esa meta que nos habíamos fijado.

El Colombiano – Camilo Osorio

Los tres supuestos cerebros del escándalo entre Centros Poblados y MinTIC: Emilio Tapia, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque, acaban de ser llamados a juicio por fraude procesal y falsedad en documento privado, un escándalo en el que aún siguen perdidos los $70.000 millones del anticipo de un contrato por $1.07 billones.

EL COLOMBIANO accedió al escrito de acusación en el que se detalla que los hoy capturados habrían diseñado la ruta para incurrir en dichos delitos y así quedarse con el contrato que pretendía llevar Internet a 16 departamentos.

Así lo establece el documento de 44 páginas en el que incluso se afirma que Tapia, Laverde y Duque se pusieron de acuerdo para presentar garantías falsas, requisitos indispensables para ganar el proceso de contratación que, tras el escándalo, pasó a manos de ETB y Skynet hace dos meses.

Además, se les acusó de haber inducido al error a varios funcionarios del Ministerio que por ese entonces dirigía Karen Abudinen.

Otras caras

En los nombres llamados a juicio esta semana no hay mayores sorpresas, pero sí en las actuaciones de ellos que fueron descritas por la Fiscalía. Estas sirvieron para despejar la supuesta participación de Jorge Enrique López y Juan Carlos Cáceres, otros de los vinculados al caso en el que también está Ottomar Lascarro, quien llegó a planear junto a Tapia vivir en una lujosa casa de Llanogrande.

De Lascarro se sabe que está en libertad por este caso, que es amigo cercano de Tapia y que es contratista en la Costa Caribe. A una cuenta suya habrían girado plata de esos $70.000 millones que aún no aparecen. Es por eso que en los próximos días se le imputarán cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Las acusaciones

Para la audiencia de acusación en contra de los tres llamados a juicio aún no hay fecha por parte del juzgado designado. Sin embargo, de lo que no hay duda es de que ese día la Fiscalía llevará varias pruebas que menciona en su escrito.

En él, separó el presunto actuar ilegal de los señalados en los dos delitos acusados y en las garantías falsas presentadas. Por ejemplo, en el delito de falsedad en documento privado afirma que fue Tapia quien orquestó el entramado al que poco a poco ingresaron sus socios. De hecho, se señala a Laverde como la persona que contactó a Jorge Alfredo Molina para expedir una garantía falsa, elaborada supuestamente por Jorge Enrique López a cambio de dinero.

Una vez Laverde la recibió –siguiendo la versión de la Fiscalía–, este se la envió a Duque, quien la radicó ante MinTIC; mientras que Alfredo Amín la subió al SECOP II. Esa misma fórmula la habrían usado para tramitar otra garantía.

Por otro lado, en el fraude procesal que habrían cometido (delito que da hasta ocho años de cárcel), según el documento, “todos tenían el pleno conocimiento que con la garantía de seriedad falsa, estaban induciendo en error a las funcionarias Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión contractual y evaluadora jurídica del MinTIC, y Adriana Meza, la secretaria general”.

Dicha práctica que llevó al error también la habrían contra Camilo Santofimio, supervisor del contrato a quien la Procuraduría le abrió un proceso por responsabilidad disciplinaria.

En total, en solo garantías de cumplimiento falsas se estableció un valor de $145.867.688, cifra con la que la Fiscalía llegará a la audiencia de acusación para esta etapa del escándalo.

Van por más

Así como Lascarro, los otros procesados –Cáceres, Tapia, Laverde y Duque– serán imputados por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, delitos correspondientes al destino del anticipo, pues el reciente llamado a juicio es por presunta contratación irregular.

A la par de las respectivas audiencias de imputación y acusación, las autoridades esperan recuperar la suma extraviada a como dé lugar, la cual va en $74.000 millones por intereses.

Infobae

Con el fin de recuperar los 70.000 millones que siguen en poder de la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) creó un grupo legal élite para llevar el caso. A partir de este 14 de febrero, los miembros de esta comisión trabajarán exclusivamente en el caso. El objetivo es que no se cometan errores, evitar retrasar el proceso y así recuperar el dinero rápidamente.

Se destacó que a la fecha la deuda ya no es de 70.000 millones, sino de 74.000, porque se han sumado intereses y costos de indexación de esos recursos en las arcas del Estado.

La ministra Valderrama aseguró que a este punto ya se han surtido gran parte de esos requisitos que la ley de contratación impone en estos casos. En este sentido, resaltó que se ha logrado decretar el embargo definitivo de bienes y maquinaria por el valor de la cláusula penal del contrato, por 39.000 millones de pesos. Además, ya se han empezado a judicializar a los implicados.

Hay que recordar que el pasado 22 de diciembre la Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a cinco personas en el caso, identificadas como Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia Aldana.

“Estas personas que estarían involucradas en la apropiación ilícita de parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo del citado contrato serán imputadas por la posible participación en las conductas ilícitas, por delitos como: peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal”, indicó el ente acusador.

Así mismo, MinTIC mencionó que ya se logró cancelar el contrato que existía con Centros Poblados. De hecho, hay que recordar que ya hay un nuevo acuerdo para realizar el trabajo y este ahora será ejecutado por la UT Colombia Conecta, integrada por las empresas ETB y SkyNet. Estas empresas ganaron la nueva adjudicación porque en el proceso de licitación inicial quedaron en segundo lugar.

El Gobierno nacional aseguró que mediante la celebración de un nuevo contrato, ahora con la UT Colombia Conecta, cumplirá con su promesa de garantizarle a los colombianos y, en este caso, a los niños y niñas de zonas rurales dispersas en Colombia, el derecho al acceso al servicio público esencial de internet. Se indicó que esto no solo garantiza la conectividad, sino también otros derechos como la educación y la cultura.

Se indicó que se construirán más de 14.000 Centros Digitales que estarán al servicio de los niños y niñas que habitan en la ruralidad colombiana y resaltó que esta cifra supera los 10.000 centros establecidos originalmente en el CONPES.

La ministra aseguró que entiende el interés de la ciudadanía por la desviación de los dineros y porque se le cumpla a las comunidades rurales, pero reiteró la importancia de seguir el debido proceso.

Además, de cumplir tiempos y procesos, sostuvo que se está analizando cada punto para obrar en pro de los colombianos. Señaló que no era solo liquidar el contrato con Centros Poblados y volver a iniciar el proceso, pues de haberlo hecho así se habría perdido el trabajo de diseñar un contrato con vigencias futuras a diez años para beneficiar a millones con conectividad.

“Al revisar todo entendí que acá no estábamos rescatando solo 70.000 millones de pesos; estamos rescatando un billón de pesos por 10 años de conectividad gratuita”, dijo.

RCN Radio

os investigadores de policía judicial, bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, incrementaron las labores judiciales tendientes a identificar los 70.000 millones de pesos que se dieron como anticipo del billonario contrato firmado entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados. 

En desarrollo de estas acciones judiciales los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan el rastreo de los recursos que fueron a parar a los bancos en Colombia y en el exterior para recuperar los millonarios recursos del erario público.

Los investigadores también trabajan, de la mano de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en el rastreo de las cuentas que recibieron los recursos de anticipo entregado a la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020.

Así mismo, los agentes especiales avanzan en determinar la procedencia y posible adquisición irregular de los bienes de los empresarios y contratistas vinculados en la firma del polémico contrato que tenía como objetivo ampliar la red y el acceso a Internet a escuelas rurales ubicadas en zonas alejadas del país. 

En su oportunidad también se solicitó al Banco de la República emitir un informe completo sobre los trámites cambiarios, compras de divisas, negocios o trámites similares en los que hayan participado tanto las empresas vinculadas al polémico contrato, como los representantes legales y socios de las sociedades desde junio del 2020.

Este rastreo del millonario anticipo será clave para definir el monto del peculado y los demás cargos que serán imputados el próximo 23 de febrero en una segunda fase del proceso penal contra los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres, vinculados con las compañías que integraron la Unión Temporal Centros Poblados, protagonista del escándalo de contratación con el Ministerio de las TIC.

Así mismo, la Fiscalía General imputará nuevos delitos a Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados; Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Agencia de Seguros; y Emilio Tapia Aldana.

Este grupo de investigados deberán responder, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por delitos como peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Por su parte, la exministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, declaró este miércoles en calidad de testigo ante la Procuraduría y dijo que se siente engañada “por una empresa criminal de corrupción que llegó al ministerio para quedarse con el billonario contrato de internet” en las regiones más apartadas del país.

“Todo era una fachada, todo era mentira tras mentira y me siento engañada. A nosotros nos engañaron, acá hay una fábrica de corrupción”, añadió la exministra.

Infobae

En la mañana de este martes 9 de febrero, la exminista de las TIC, Karen Abudinen, compareció ante la Procuraduría General de la Nación, en calidad de testigo, donde rindió testimonio sobre el polémico contrato de 70 mil millones de pesos embolatados que dotaría de internet a varios niños de las zonas rurales en Colombia.

La Unión Temporal Centros Poblados (que tenía 4 empresas) fue la compañía con la que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que presidía Abudinen, firmó el convenio que le permitiría a 7.000 escuelas del país recibir conexión a banda ancha.

Sin embargo, aunque le costó su cargo en el gobierno de Iván Duque, y duras críticas desde varios sectores de la opinión pública, Karen Abudinen insistió ante el Ministerio Público que a ella y a su equipo de trabajo “los engañaron”; además, reiteró que no dio el aval para que alguno de los empresarios involucrados se ganara la licitación.

“Este proyecto estaba dentro del plan de desarrollo del presidente Duque, era un proyecto estratégico. (…) Todas las semanas me rendían informes de todo lo que pasaba con el proyecto y de las recomendaciones que se debían tener en cuenta. El equipo humano en el Ministerio era completamente idóneo: Todas las personas que estructuraron el proyecto eran personas que ya estaban contratadas en el Ministerio y decidimos dejar a ese equipo porque era un equipo que tenía el conocimiento y la capacidad para diseñar, estructurar y ejecutar un proyecto de esa dimensión”, señaló la exministra.

Inclusive, aunque era la jefa de la cartera que dejó perder la multimillonaria suma, Abudinen dijo que a “ningún funcionario del Ministerio, ni mi secretaria, ni mi directora de contratación me dio alguna alerta” relacionada con el caso de corrupción que se tomó la opinión pública durante el 2021.

Así mismo, la exfuncionaria volvió a sacar pecho porque ella ordenó la caducidad del contrato con Centros Poblados y reiteró que a su equipo en el MinTic los habrían engañado. “No esperamos para tomar la decisión de denunciar y abrir un proceso de posible caducidad en ese momento porque no cumplían con un requisito”, subrayó.

“A nosotros como funcionarios públicos nos engañaron”, expresó, mientras destacó que tan pronto se dieron cuenta de las irregularidades habrían tomado las medidas necesarias para cobrar los millonarios anticipos que la cartera había entregado.

“Aparte de que me siento engañada, yo creo que a mis funcionarios también los engañaron. Hoy que estoy más reposada, le quiero decir que nos sentimos engañados, a nosotros nos engañaron, aquí hay una fábrica de corrupción, estas empresas deberían quedar por fuera de por vida”, expresó.

Por otro lado, los abogados de varios de los involucrados en el caso la cuestionaron por supuesta negligencia en el caso, a lo que Abudinen dijo que a las empresas relacionadas no se les investigó de manera aislada, lo que habría promovido el supuesto engaño a la dependencia gubernamental que dirigía.PUBLICIDAD

“Son tan expertos en eso que era imposible que los funcionarios públicos nos diéramos cuenta”, aseveró la exMinTic, refiriéndose a que los responsables del caso les habrían visto la cara.

En otros de los apartes de su controvertido pronunciamiento, Karen Abudinen salpicó al banco Itau y los acusó de no avisarles que hacían parte del comité fiscal y fiduciario. De hecho, se atrevió a mencionar que tan pronto se destapó el escándalo, ahí sí recibieron varias advertencias de parte de varios de los hoy involucrados.

“Nadie me informó sobre que el banco (Itaú) no estuvo en el comité fiduciario ni nadie me alertó que posiblemente podíamos tener unas garantías falsas, solamente fui informada el día de la audiencia de incumplimiento. (…) Aunque luego de la adjudicación del contrato recibimos muchas cartas haciendo advertencias, ninguna tenía una prueba contundente, y es que para poder tomar decisiones en derecho uno tiene que tener las pruebas para denunciar”, expresó Abudinen.

Infobae

El día 9 de febrero rendirá declaración ante la Procuraduría General de la Nación, la ex ministra de las Tecnologías de Información y Comunicación Karen Abudinen, por el polémico contrato de cubrimiento de internet en las zonas rurales, Centros Poblados, en el cual se desvió alrededor de 17,5 millones de dólares de la nación.

El ente regulado tiene dentro de su disposición más de 25 testimonios recaudados en el marco de la investigación por el polémico contrato de Centros Poblados. Además de la ex Ministra Abudinen se escuchara también mediante procedimiento verbal a Emilio Tapia, polémico empresario vínculado con el proceso y quien ya tiene expediente con la justicia colombiana por desviar erario público.

Entorno a los 70.000 millones de pesos “extraviados”, en el mes de enero de este año la ministra Carmen Ligia Valderrama, quien fue nombrada en reemplazo de Karen Abudinen, manifestó en los medios radiales que “La plata no se ha recuperado y están en el proceso de recaudar esos dineros”.

La ahora exministra, ha asegurado en reiteradas ocasiones que trabajó con honradez y transparencia, y que quienes sienten satisfacción por lanzar humillaciones en su contra, “Algún día, cuando se imponga la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error”.

Karen Abudinen ha frecuentado las instancias legales últimamente, la ex Ministra viene llevando una denuncia contra los congresistas León Muñoz y Katherine Miranda, a quienes denunció por delitos de fraude procesal, injuria y calumnia. Esto debido a que han utilizado presuntamente en sus redes sociales la palabra ‘abudinear’ para referirse a los políticos corruptos y criminales.

Por su parte la congresista Miranda ha respondido a esos señalamientos: “Es realmente insólito que a Karen Abudinen se le pierden $70.000 millones, deja el proyecto de centros digitales trancado y en un limbo jurídico, sobre todo a miles de niños sin internet y ahora le salgo a deber, esto es una denuncia temeraria y es inaceptable en cualquier democracia”.

Rincón de memoria

El Caso Centros Poblados se refiere a un caso de corrupción política en Colombia desatado en agosto de 2021, en el cual la Ministra de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Karen Abudinen, enfrentó acusaciones de manejos irregulares en la contratación pública de tecnologías de conectividad e implementación de cobertura de internet en zonas rurales, por la adjudicación del contrato a la Unión Temporal Centros Poblados que no contaba con la experiencia ni las capacidades técnicas para ejecutar dicho contrato y que durante el proceso presentó tres pólizas falsas. El ministerio les giró un anticipo por 70 mil millones de pesos (alrededor de 17,5 millones de dólares) y estos incumplieron con el contrato, el dinero fue sacado del país y transferido a una empresa en Estados Unidos.

Emilio Tapia Aldana conocido como “El zar de la contratación”, es un convicto abogado, empresario, contratista colombiano condenado por actos de corrupción que involucran dineros públicos. Estuvo involucrado en el escándalo de corrupción en Colombia conocido como el Carrusel de la contratación. En el escándalo, en contubernio con el empresario Julio Gómez, Tapia direccionó y monopolizó la millonaria contratación en el Distrito Capital de Bogotá.

Fue condenado a 17 años de cárcel inicialmente, sin embargo su pena fue reducida luego a 7 años que pasó tanto en prisión, detención domiciliaria, y libertad condicional hasta el 20 de septiembre de 2021 cuando fue capturado nuevamente por sus vínculos en el escándalo de Centros Poblados.