Se publicó en el Diario Oficial de Chile la ley 21,678, que establece oficialmente el acceso a Internet como servicio público de telecomunicaciones en el país.

La normativa, por la que se modifica la ley sectorial, se traducirá en cambios relevantes para el sector. Abogará por que todos los ciudadanos cuenten con el servicio, además de que generará nuevas herramientas de fiscalización para el regulador y habilitará el uso de infraestructura pública para telecomunicaciones. Además, se da luz verde al subsidio a la demanda en Chile. 

“Durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público (…) se podrá habilitar a que, con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, se disponga de un subsidio para el pago de las cuentas de servicios de Internet de un determinado porcentaje de los usuarios más vulnerables del país”, señala el texto.

Además, se indica que los servicios públicos de telecomunicaciones serán regidos por principios que aseguren la sustentabilidad del sector. Este punto, que fue largamente debatido durante la discusión legislativa, finalmente prosperó y se tradujo en la incorporación de los siguientes conceptos:

1. Neutralidad tecnológica: la libertad de los concesionarios para elegir cualquier tipo de tecnología que sea apta para la prestación del servicio.
2. Universalidad: el impulso al acceso universal a los servicios para asegurar la inclusión digital de las personas.
3. Continuidad: la obligación de que el servicio se ofrezca de forma regular e ininterrumpida.
4. Convergencia tecnológica: la posibilidad de integración funcional de múltiples servicios sobre una misma plataforma tecnológica, espectro asignado y redes de telecomunicaciones que permitan un uso más eficiente de la infraestructura existente. Este punto fue muy debatido porque el regulador Subtel había autorizado a Claro a utilizar espectro previamente adquirido para dar 5G y la decisión quedó sin efecto por causa judicial, algo que atentó contra el uso eficiente de la infraestructura de la que ahora habla oficialmente la ley.
5. Uso eficiente de infraestructura física: pregona que el despliegue se haga de forma eficiente, fomentando el uso compartido de infraestructura, independientemente de su propiedad o destinación original.
6. Transparencia, igualdad y eficiencia en la asignación de recursos: los procesos serán “transparentes y accesibles al público, buscando la eficiencia en su asignación y uso y evitando discriminaciones arbitrarias”.

El proyecto original para cambiar la ley sectorial se presentó para debate hace más de un lustro pero la discusión ganó terreno en los últimos meses con la nueva subasta para 5G como contexto. Finalmente atravesó su debate legislativo y hoy se convirtió en ley.

“Esta ley responde a la importancia de Internet en la vida cotidiana de los chilenos y se hace cargo de la evolución que hemos tenido como sociedad. Es un paso más en el desarrollo de una industria. Chile está a la vanguardia en calidad de servicio y muy por encima de las demás mercados a nivel regional. Al mismo tiempo, se favorece la convergencia, un aspecto en el cual hemos insistido mucho, y es que podemos integrar múltiples servicios sobre una plataforma tecnológica”, valoró Cristián Salgado. vicepresidente de Asuntos Regulatorios de ClaroVTR.

iProfesional

Gustavo López es abogado y periodista, de origen radical pero militante en las filas del kirchnerismo desde hace casi dos décadas por intermedio de la agrupación Forja. Designado por Alberto Fernández, ejerce a partir de 2020 como el número dos, vicepresidente, del regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, el Enacom.

Ha sido uno de los inspiradores y continúa siendo un férreo defensor de la declaración de las telecomunicaciones como “servicio público”, no obstante el rechazo y la resistencia que esa categorización ha generado entre casi todos los prestadores debido a la implantación de controles de precios y otras medidas.

Leer más: https://www.iprofesional.com/tecnologia/366518-entrevista-gustavo-lopez-enacom-tic-y-servicio-publico

El gobierno español aprobó el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, para transformar el servicio público y hacerlo más eficiente.

La iniciativa, que fue aprobada por el Consejo de Ministros, promueve y facilita la digitalización, regulando los servicios accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia.

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De acuerdo con el Ministerio de Justicia, el anteproyecto se integra en el marco del Plan Justicia 2030 y está formado por la ley de eficiencia organizativa, la ley de eficiencia procesal y la de eficiencia digital.

Dicha ley garantiza el derecho de los ciudadanos a la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales.

El anteproyecto de ley pretende situar al sistema judicial español en la vanguardia de la Unión Europea respecto al uso de las nuevas tecnologías.

DPL News Express

¡Excelente viernes! Continúa con las medidas de seguridad por la pandemia de Covid-19 y acude a vacunarte el día que te corresponda de acuerdo con el plan de vacunación de  tu país. Mientras tanto, concluye la semana leyendo las noticias más importantes sobre el ecosistema digital. Aquí te las presentamos:

1. Grandes diferencias entre las declaraciones de Internet como servicio público en Argentina y Colombia

La revisión de algunos conceptos alcanza para desestimar cualquier intento por asociar los proyectos como semejantes. Los documentos comparten algunas ideas, pero no su espíritu ni su aplicación práctica.

2. Crecimiento del mercado de equipos telecom se desacelera en el segundo trimestre

Aunque el mercado de equipos de telecomunicaciones mantiene un ritmo al alza, el crecimiento de sus ingresos se desaceleró en el segundo trimestre de 2021, debido en parte a los resultados más bajos en China. De acuerdo con estimaciones de Dell’Oro Group, el mercado aumentó un 5 por ciento entre mayo y junio.

3. Demanda de 5G requerirá mayor equilibrio entre el uso del espectro con licencia y sin licencia: Claro y Ericsson

Para finales de 2021, se espera que 5G tenga 580 millones de suscriptores en todo el mundo, lo que corresponde a más de un millón de nuevos usuarios por día, según Paulo Bernardocki, director de Tecnología de Redes de Ericsson. Consulta aquí la versión en portugués. 

4. #DigitalMetrics | Operadores ticos cumplen con umbral de carga y descarga de Internet fijo

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) registró que los cuatro operadores con más suscriptores de Internet fijo de Costa Rica cumplen con el umbral de descarga, al ofrecer al menos el 80 por ciento de la velocidad contratada por el cliente en las mediciones con cierre a 2020.

5. Antel promete 100% de fibra en Uruguay para 2023

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) señaló que fue aprobado su presupuesto para 2022 y tendrá para ese año 172 millones de dólares en recursos para “infraestructura, ampliación y modernización tecnológica, incluido 5G”, dijo su presidente, Gabriel Gurméndez, quien se puso como objetivo haber cambiado cobre por fibra en todo Uruguay para 2023.

6. Mitos y realidades sobre la adopción de la nube en los servicios financieros

Durante el panel Adopción Regulatoria de la Nube en el Sector Bancario de América Latina, representantes del BID y Access Partnership expusieron los mitos y realidades de la implementación de la nube en el sector bancario de América Latina.

Con pocos meses de diferencia y la pandemia como contexto, Argentina primero y Colombia después, aprobaron la definición de Internet como servicio público esencial. Aunque los nombres de las propuestas empujan a la asociación, los textos son absolutamente distintos desde sus caminos previos, alcances, recepción, consecuencias y más aún, desde su espíritu.

DNU vs. Ley

La primera gran diferencia entre los documentos es la forma en que pasaron a ser parte de las normativas locales. El gobierno argentino estableció a las TIC –incluyendo a la telefonía fija y móvil, Internet y TV de paga– como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia por decreto. La merienda de la industria del viernes 21 de agosto de 2020 se vio interrumpida por un tuit del presidente, Alberto Fernández, en el que expuso la novedad.

¿Por qué el texto no pasó previamente por el Congreso? El documento da respuesta a la pregunta al exponer que “la situación de urgencia y necesidad hace imposible seguir el trámite normal para la sanción de las leyes”. La forma no sólo llamó la atención, sino que fue uno de los reclamos más habituales de los detractores del proyecto que, como se revisará luego, no cuenta con el visto bueno de la industria: desde los operadores más pequeños a los grandes proveedores de servicio y analistas del sector, existe consenso sobre el impacto negativo de la medida para el desarrollo, despliegue y adopción de los servicios.

En Colombia, en tanto, el documento tiene caracter de ley. Tiene por objeto “establecer dentro de los servicios públicos de telecomunicaciones el acceso a Internet como uno de carácter especial”. La discusión inició el año pasado a partir de un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes y por el Senado para luego ser sancionado, a finales de julio de 2021, por el presidente Iván Duque. La medida contó con un amplio debate, diálogo público-privado, y consenso.

Alcance

Aquí se podría hablar de similtudes, pero un poco de atención resulta suficiente para entender que el alcance de las medidas es completamente distinto. La propuesta argentina habla de universalización, pero la palabra más apropiada como concepto oculto parece ser “control”. Al menos así lo entienden las empresas del sector y así lo entienden también las autoridades: “Internet va a ser servicio público para que no nos sigan robando con los precios”, dijo en conferencia el presidente Fernández.

El DNU 690 señala que los licenciatarios TIC fijarán sus precios, “los que deben ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Luego, deja claro que las tarifas, a fin de cuentas, serán reguladas por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). De paso, critica a la oposición política al indicar que en 2015 “se derogó gran parte del andamiaje legal establecido en materia audiovisual y TIC, abandonando la idea del acceso a estos como derecho humano”.

La prohibición de aumentos en Argentina se sumó luego a la reglamentación del DNU por la que se limitaron los incrementos de precio por parte de prestadores. Este punto fue el de más álgido debate en el plano local, pues los operadores se quejaron de que el combo de alta inflación, límites para aumentar y más costos pondrían en serio riesgo su operación. También hubo quejas por la puesta en marcha de la Prestación Básica Universal (PBU) o servicios mínimos a precios predefinidos que todavía deben ofrecer obligatoriamente las empresas.

Al mismo tiempo, el regulador argentino aún no ha reglamentado el modo ni las fórmulas para las aprobaciones de actualización de precios, lo que derivó en una situación de incertidumbre y discrecionalidad respecto de las autorizaciones de aumentos.

El fin de la ley colombiana, en tanto, es “garantizar y asegurar la prestación del servicio de forma eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes en territorio nacional, en especial de la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales o apartadas”. Propone también que los prestadores no pueden suspender tareas de instalación y/o mantenimiento y deben garantizar la continua provisión del servicio. Sin embargo, en ningún caso plantea control de precios minoristas.

La normativa pone en las autoridades –el Ministerio TIC y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones– la competencia de “incentivar la provisión de acceso a Internet” a través de un paquete de medidas diferenciales para proveedores que ofrezcan Internet minorista en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso. Tendrán 10 meses para hacerlo a contar desde la publicación de la ley.

A partir de la nueva regla local, se financian líneas de crédito para el fortalecimiento de redes y servicios de telecomunicaciones en sitios apartados, se alivia la presión impositiva sobre operadores que den servicios a estos sitios y se pone de manifiesto la idea de “silencio administrativo positivo” ante solicitudes de licencias para la construcción, conexión, instalación y operación para la prestación de servicios de telecomunicaciones que no sean respondidas dentro del mes siguiente de su presentación.

El rol de la pandemia

Tanto Argentina como Colombia mencionan a la Covid-19 y sus consecuencias como argumentos relevantes a la hora de generar los nuevos instrumentos normativos. Argentina, de hecho, pone en la pandemia el escenario que genera la necesidad de limitar los aumentos; mientras que Colombia señala que durante la emergencia sanitaria, y con el ojo puesto en garantizar el acceso a todos los habitantes, se pondrán en marcha planes especiales, que encuentran su sinónimo en las PBU que impulsó el gobierno argentino.

Los operadores del país más sureño del mundo se quejaron del uso del contexto de la pandemia en la decisión local, pues consideraron inadecuado que se generen reglas definitivas –el DNU 690– para solucionar problemas transitorios. “Les pido que no nos ayuden tanto”, bromeó un representante de ISP en un evento local en el que se habló de los pequeños prestadores como los principales perjudicados por el decreto y sus reglamentaciones. No alcanza, a su criterio, que la normativa tenga alcances asimétricos según el tamaño del operador.

Reacciones

Hay pocas declaraciones públicas de los operadores sobre el impacto y las consecuencias de la declaración de Internet como servicio público esencial en Colombia. Sin embargo, tras bambalinas la no oposición es señal de anuencia al proyecto, que resulta en acciones más favorables que perjudiciales hacia sus intereses en el camino a la universalización del servicio en el país.

Argentina, sin eufemismos, está del otro lado. Operadores de todos los tamaños expresaron abiertamente sobre las consecuencias negativas del DNU 690, señalando en las más duras observaciones que la declaración es prueba de desconocimiento de las autoridades sobre cómo funciona el mercado. Los reclamos llegaron a la justicia.

Distintos actores pidieron la nulidad del decreto por considerarlo inconstitucional. Hubo respuestas de la justicia a favor de las autoridades, como la que acaba de publicarse en contra del pedido de Telefónica, pero varias fueron luces verde al pedido de los operadores. A los casos de DirecTV y Telecentro, entre otros, se le agrega el de Telecom Argentina, un  emblema de la discusión porque el gobierno recurrió sin éxito el fallo en su contra.

Apalancado en las decisiones en contra es que surgieron distintos proyectos oficialistas para convertir en ley el DNU 690. El más resonante fue el presentado por el senador y presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, que es prácticamente una réplica del decreto y que también fue eje de quejas por parte de los prestadores de servicio e incluso de personalidades vinculadas con la oposición.

Situación actual

Con diferentes iniciativas en marcha en ambos países, Argentina y Colombia ofrecen públicamente sus datos dando lugar a la comparación en la situación actual de uno y otro en materia de Internet fijo:

Argentina: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) registra 9.6 millones de accesos a banda ancha fija al primer trimestre del año, con una penetración del servicio del 67.9 por ciento y una velocidad promedio de 43.1 Mbps. A pesar de un crecimiento constante en los últimos años, la fibra óptica todavía es la tercera del podio entre las tecnologías de acceso, con una participación de 13.4 por ciento. Si bien es cierto que el número de conexiones al servicio se mantiene en alza, los pequeños proveedores alertaron que se ralentizó el crecimiento en los últimos años y, en las condiciones actuales, llevará 12 años alcanzar la idea de universalización del servicio.

Colombia: el Ministerio TIC informa 8.05 millones de accesos a Internet fijo al primer trimestre, poco menos de un millón más en la comparación interanual. Sobre habitantes, esa es la medición del regulador, el servicio llega a 15.7 de cada 100 personas. La velocidad promedio es de 39.5 Mbps, apalancada por el segmento corporativo (promedio de 50.4 Mbps) y los estratos socioeconómicos más altos. La fibra óptica es la segunda tecnología de acceso en el país, con 1.5 millones de accesos que equivalen al 18 por ciento del mercado. En primer lugar se mantiene cable módem (4.9 millones) y el tercer puesto es para xDSL (1.2 millones).

Así las cosas, parece más que evidente que la ley colombiana y el decreto argentino sólo tienen en común algunas palabras y unos pocos conceptos que pueden funcionar de elementos para forzar su familiaridad, pero en su alcance y consecuencias se explican las distintas respuestas de los actores de uno y otro mercado. Universalización y garantías para la prestación uno, control de precios y foco en la demanda a partir de condiciones para los operadores el otro. En criollo, nada que ver.

Parlamentario

El titular de Sistema, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación, Alfredo Luenzo, afirmó que “estamos avanzando con los acuerdos para tener una ley que declare a internet como servicio público”.

El senador nacional por Chubut realizó estas declaraciones luego de que la comisión que él preside comenzara con el trabajo legislativo para declarar a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como servicio público, esencial, estratégico en competencia. Este martes se realizó la primera reunión de asesores de la comisión donde se desarrollaron los lineamientos de la propuesta de Luenzo y también se retomaron iniciativas similares de Daniel Lovera, Silvia Sapag, Antonio Rodas, Gladys González y Juan Carlos Marino. Además se planteó la agenda de trabajo y se acordó un nuevo plenario de equipos técnicos la próxima semana.

Leer más: https://www.parlamentario.com/2021/08/25/ya-trabajan-en-comision-la-declaracion-de-internet-como-servicio-publico/

Presentación

DPL Consulting presenta una nueva edición de DPL Spotlight Política Digital, el documento de análisis de las políticas y la regulación de las telecomunicaciones y el ecosistema digital en Iberoamérica y su impacto en la conectividad, los derechos de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la transformación digital en la región.

El objetivo de DPL Spotlight Política Digital es aportar un análisis que permita observar y enfocar las principales iniciativas que están cambiando el panorama de los sectores de telecomunicaciones, digital y tecnológico en la región.

A través de reflectores sobre las decisiones de las principales autoridades sectoriales, regulatorias o legislativas que abordan los aspectos digitales, buscamos contribuir a la toma reflexiva de decisiones.

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Lo que hay que destacar

Reflector rojo

Perú | Azteca dejará la red dorsal de fibra de Perú, pero ¿qué pasará con el proyecto?

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Ser argentina o argentino es un sentimiento, como diría algún fan de un cuadro de futbol (la que suscribe es de Boca), pasamos durante el día por diferentes estados de ánimos, amamos u odiamos, lloramos, reímos, nos queremos ir.

En nuestro ADN no existe el aburrimiento, sí quizás el hartazgo de repetir situaciones y no aprender de ellas, ver que se reciclan los políticos pero no las políticas. Lo que sigue es historia conocida y repetida con el make up que cada uno le quiera dar.

Las telecomunicaciones o las TIC en el sentido amplio son un reflejo de nuestra historia. Empezamos la década de los noventa con una compañía estatal de telecomunicaciones en decadencia, con ingenieros que tenían que trabajar de taxistas y vino un golpe de timón con la privatización de la empresa estatal, una privatización muy inteligente donde se dividió el país entre el Norte y el Sur, otorgándosela a tres operadores internacionales.

Los que egresamos de la universidad en ese período en 1990, queríamos ir a trabajar a esas empresas porque pagaban los mejores sueldos, ofrecían capacitación y crecimiento profesional. Fui parte de ese proceso y conservo ese orgullo.

Una privatización donde se planteó un período de exclusividad, con cumplimientos de metas que el regulador de esa época controlaba donde la regulación fue abriendo la competencia, creándose nuevas compañías mientras otras tantas llegaban al país.

También había otros escenarios en algunas provincias, donde se habían desarrollado compañías privadas para brindar el servicio público. Por dar un ejemplo, la empresa Ericsson estaba presente en algunas provincias como también las cooperativas telefónicas (aproximadamente, 200 en esa época), a solo 20 minutos de la Capital Federal, porque el servicio público telefónico ya no llegaba.

Dicho esto, en pocos días estamos ante el primer año del DNU 690/20 que nos sumergió en un nuevo desafío: el de encarar el desarrollo de nuestras TIC con el rótulo de servicios públicos en competencia. La TV por suscripción por vínculo físico (en la jerga, el cable), la telefonía móvil y la Internet no se pueden aumentar los servicios sin autorización expresa del regulador.

Un DNU que cuando lo leemos con cariño como clientes nos cae simpático porque nos declama congelamiento de precios en un país inmerso en inflación (a la fecha ya supera 30%) y suba del dólar o depreciación de nuestra moneda.

Es decir, la leche aumenta, el asado, el combustible, los sueldos; pero la Internet, la TV por cable o satélite, el celular no van a aumentar, a pesar de que el ancho de banda mayorista aumente todos los días al ritmo del dólar. Lo mismo ocurre con la compra de señales que deben afrontar las empresas que dan servicios de televisión, o los OTT como Netflix que tiene sus abonos dolarizados.

Todo este absurdo que, además, debe resolver el regulador con las escasas herramientas que posee para poder determinar costos y poder aprobar aumentos, generó un nuevo rock and roll en un  país donde sus políticos no han podido en años ponerse de acuerdo en generar una única ley que promocione las inversiones y asegure servicios, precios y calidad acordes a los usuarios.

Porque hoy Argentina en el sector TIC se rige por leyes no reglamentadas en su totalidad y decretos, un patchwork regulatorio en un sector que es una commodity en el mundo, un gran dinamizador de la economía y donde no hay lugar para un leading case.

Un país inmenso y diverso (séptimo en ranking de superficie mundial), donde las grandes empresas se concentran en las urbes y conviven con más de mil 200 empresas unipersonales, pymes y del sector sin fines de lucro como las cooperativas tanto telefónicas como eléctricas, de aguas, que se volcaron hace años a cubrir la falta de despliegues en nuestro país que empieza, como dice el slogan de venta de casas, “a sólo 20 minutos del centro de la capital”.

En medio de todo esto, seguimos azotados por un virus que viene con updates.

Muchas pymes y no tan pymes tuvieron una abrupta inmersión a las nuevas tecnologías, al trabajo colaborativo, al Zoom, Teams y demás. Nos llegó una transformación digital acelerada y sin anestesia, por fin algunos se dieron cuenta de la importancia de una banda ancha fija y de calidad para trabajar, estudiar y acceder a la telemedicina.

El sector TIC de “emprendedores, pymes y cooperativas” sigue resistiendo al DNU nombrado, con placebos que el regulador (5% por aquí, 8% por allá) les da. Digo emprendedores, pymes y cooperativas porque los grandes licenciatarios fueron a la Justicia y ésta les otorgó la venia para que el gobierno se guardara el DNU en el bolsillo, pasando de recomposición a abuso como ocurre en algunos casos.

Y de repente el Presidente de la Nación nos dice: “vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos y todas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas”. Entonces de nuevo tenemos el rótulo o etiquetado de “servicio público” (ya estaba en ley TIC y decreto).

Lo más novedoso fue acusar de ladrones a los prestadores de servicios, acusación muy grave, porque hay que demostrar los delitos. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, dice nuestra Constitución.

¿Qué significa servicio público? Es un término tan difícil de definir que parece el principio de incertidumbre de Heisenberg, cuando lo estudias se mueve y transforma. Como escribió un abogado, el concepto de servicio público es lo suficientemente esquivo como para ser el puntapié de una discusión, no para terminarla. A los ingenieros nos gustan las precisiones, algo es o no es.

¿Y qué definición le quiere dar el Presidente?

¿Servicio público = servicio gratuito?, una falacia porque no hay nada gratuito, los servicios los  pagan los clientes o los contribuyentes o la maquinita de hacer dinero.

¿Servicio público = servicio que cubre a toda la población?

¿Servicio público = servicio controlado/intervenido por el Estado?, porque regulado ya está, se necesita licencia y se pagan tributos (0.05% y 1% de ventas devengadas). Hoy la Internet lleva todo el contenido, ¿la idea es controlar contenido?

Ya sabemos por experiencia que “servicio público” no significa servicio para todos, si no no estaría la mitad de la Argentina sin servicios de agua potable y cloacas; la energía eléctrica llegaría a todos los rincones, lo mismo el gas.

Ya sabemos los senior qué fue tener una empresa de servicio público de telefonía, una propiedad se vendía o alquilaba si tenía teléfono; existía el plan Megatel, similar a los planes de ahorro de autos, en algún momento podías tener la suerte de tener un teléfono pagándolo previamente durante años.

Ya conocemos los beneficios de la privatización, los beneficios de la telefonía celular, la cantidad de empresas que se crearon y las que desembarcaron del exterior, las pymes y cooperativas, que a pesar de los vaivenes de nuestra economía y la danza del dólar en una industria altamente dolarizada, florecieron y se ocupan de dar buen servicio a precios accesibles en muchísimas localidades de nuestro interior, cada vez más fibra óptica tendida, más trabajo, que sería mayor sin un decreto que limite el crecimiento.

Estas palabras del Presidente nos generan incertidumbre, como clientes y como actores del sector. Desincentiva y paraliza el crecimiento del sector, un sector de la economía que aporta varios puntos al PBI y opacan otras acciones en favor de la conectividad que el regulador Enacom lleva a cabo.

Desde 2020 el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) confeccionó nuevos programas de asignación de fondos del servicio universal, el mayor plan en la historia de latinoamerica de asignación de planes de servicio universal, planes para conectar instituciones públicas, planes para conectar barrios carenciados (un millón de personas), planes para tendidos de fibra óptica destinados a pymes y cooperativas, tasas bancarias subsidiadas, todos planes que redundaran en un salto cualitativo y cuantitativo en la base de usuarios de Internet en el país.

El sector necesita estos alicientes, necesita la recomposición del precio de sus servicios, acorde con los aumentos de los insumos (banda ancha mayorista, sueldos, combustible e impuestos).

La Argentina necesita más conectividad, calidad y oferta, no es posible pensar en los Nodos de la Economía del Conocimiento (cluster de empresas tecnológicas para exportación de servicios), sin despliegues de fibra óptica y conectividad segurizada por dos océanos.

En resumen, Argentina necesita grandes inversiones en infraestructura digital y no se invierte si no hay rentabilidad. Argentina necesita de grandes empresas y de las pymes y cooperativas del interior que hoy son las más afectadas. Argentina necesita dejar de hablar del pasado y hablar del futuro, sobre cómo acortar la brecha digital (conectividad + educación en competencias digitales + dispositivos), cómo incentivar a que nuestros jóvenes estudien carreras STEM, cómo apalancar el desarrollo de los sectores de Agrotech y Biotech. Los próximos unicornios saldrán de ahí y los políticos deben entender que el privado hasta donde se pueda y el Estado donde se necesita.

El senador argentino oficialista y Presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, advirtió el miércoles que su bloque apoyaría el DNU 690 con un proyecto de ley, para ganar peso y pelear contra las decisiones judiciales que dieron libertad tarifaria a varios operadores. El proyecto, que plantea prácticamente lo mismo que el decreto, ya se presentó y las respuestas no se hicieron esperar.

“Contra el DNU se generaron varias medidas que hacen que hoy casi no tenga aplicación. Si esto pasa a una ley va a pasar lo mismo, deberán pedirse cautelares que apliquen contra ella, pero los argumentos en contra no tenían que ver con que sea un decreto: el fundamento fue la afectación al derecho de la propiedad, cargar obligaciones públicas a privados y no analizar los costos de las empresas”, dijo a DPL News el exdirector del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Agustín Garzón.

El exfuncionario, que es abogado y consultor en telecomunicaciones, consideró que el decreto tiene al menos tres fallas que son las que generan la disconformidad del sector: la aplicación de una normativa de este tipo en un mercado en competencia, con cientos de actores; que la Prestación Básica Universal (PBU) sea financiada por las empresas; y la inseguridad jurídica que genera esta situación.

“Hoy, sólo el 13 por ciento de los accesos son por fibra, por lo que falta mucha inversión. El fin de esta regulación es reducir la brecha digital y todo lo que genera va en sentido contrario”, indicó Garzón, y propuso utilizar el Fondo de Servicio Universal (FSU) no sólo para ganar cobertura en sitios aislados, sino para subsidiar el acceso como sucede en Estados Unidos.

Además, el exfuncionario señaló que “la oposición está dispuesta a colaborar en estos temas si eventualmente el gobierno nos convoca, algo que no creo que ocurra”.

Los pequeños operadores también respondieron, tal como sucedió cuando Alberto Fernández dijo a principios de semana que Internet será servicio público para que “no nos estafen y nos roben por las tarifas”.

“El gobierno quiere controlar Internet fundiendo a los operadores, fijándoles precios inviables porque (…) se quiere quedar con Internet, porque (…) quiere que dependas de él para conectarte”, disparó la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) en su cuenta de Twitter.

También hubo voces que acompañaron la propuesta. Entre ellos, el diputado nacional y Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la cámara baja, Pablo Carro, que en una columna para Télam consideró que “claramente Internet es un servicio público esencial”, y dejó claro su postura: “Desde el Parlamento venimos sosteniendo la garantía de nuevos derechos a través de diversos proyectos de ley.

“Internet es un servicio público y hay que validarlo con una regulación y reglamentación inteligente. En la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad sólo con el criterio de cómo quieran cobrarlo las grandes empresas. Por ello, la mesa de diálogo se amplió hacia otros prestadores pymes o cooperativas”, indicó el legislador del Frente de Todos, dando continuidad a una puja que parece no tener fin.

El gobierno argentino ya tiene una estrategia para que el DNU 690 mantenga su vigencia más allá de lo que diga la justicia: el senador oficialista Alfredo Luenzo anunció que presentará un proyecto de ley para declarar a Internet servicio público esencial. 

Luenzo lo confirmó esta mañana, en palabras que dieron inicio a la reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que preside el legislador. DPL News tuvo acceso al texto, que es prácticamente una réplica del DNU 690.

La decisión tiene lugar luego de que la Justicia fallara a favor de Telecom Argentina, Telecentro, DirecTV y otros, dando libertad a estos operadores para la fijación de precios. El presidente Alberto Fernández ratificó esta semana que “Internet será servicio público”, en una conferencia que desató el enojo de los pequeños prestadores.

“Quería acompañar la decisión del presidente de avanzar en declarar el acceso a Internet como un derecho público. El (decreto) 690 dio un primer paso, (pero) lamentablemente la mayoría de las corporaciones tecnológicas han judicializado el tema en un marco donde la conectividad es central”, inició el funcionario.

En videoconferencia, agregó que “el acompañamiento se verá traducido en un proyecto de ley, lo que implica que aportaremos del ámbito legislativo para sumar a la decisión del presidente de ir por un marco normativo integral y que el acceso a Internet sea realmente una realidad, no sólo en la capital, donde a veces parece que es el mercado el que domina la estrategia de comunicación, sino en todos los rincones del país”.

Acceso digital firme, robusto y federal fueron otros de los términos vertidos por el legislador, que también expuso que “la brecha digital es alarmante en el interior”, en la previa a lo que ya se percibe como nuevo round de disputa entre autoridades y operadores de Argentina.