Argentina | Gobierno y cooperativas se muestran dispuestas al diálogo pero no esconden sus diferencias
“Compartimos la idea de universalización, compartimos que Internet es esencial”, inició Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), en el marco de la jornada Internet Virtual Day que se celebró en Argentina. Ese tono se mantuvo durante la mañana, más tranquila que otras en los dichos, en el que tanto gobierno como cooperativas se mostraron muy dispuestos al diálogo aunque, como es habitual, no escondieron sus diferencias.
Una vez que quedó claro que el encuentro, sería escenario de una nueva batalla discursiva entre la industria y el gobierno, pero sin grandes choques ni las interrupciones más típicas de la presencialidad. Las partes dieron su visión dejando claro que hay consenso en los objetivos finales, principalmente la universalización de servicios en el menor tiempo posible, pero serios disensos en la forma de cumplirlos.
“Hay incertidumbre a la hora de hablar de inversiones. Esos mil 200 operadores pymes (pequeñas y medianas empresas) y cooperativas hoy están en un limbo de cómo prestar los servicios. No podemos trabajar a pérdida”, dijo Graizer como paso previo a hablar de dos cuestiones que considera clave revisar en el corto plazo para no demorar 12 años en llegar al 32 por ciento que hoy no tiene Internet en Argentina: el DNU 690 y el destino de los Fondos de Servicio Universal.
Sobre el DNU 690, el ejecutivo volvió a defender el rol federal de pymes y cooperativas y dejar claro que ellas “no son formadoras de precios, aunque quisieran. Es necesario tener un mecanismo automático para que cada operador pueda fijarlos” y también para poder competir con los grandes grupos y llevar sitios a zonas alejadas a las que el resto no llega. Esto en un contexto de fuerte inflación y aumento de los costos para la prestación de servicios que lastima más a los pequeños.
En tanto, pidió revisar el destino del Servicio Universal considerando que los operadores son los que aportan el famoso 1 por ciento para generar esos recursos: “Nos preocupa. El año pasado, el 55 por ciento se destinó a licenciatarios del sector público, principalmente para las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria Provinciales (Sapem), y sólo el 21 por ciento a pymes y el 20 por ciento a cooperativas”.
El Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, dejó en claro que “existe una preocupación del gobierno por ampliar la conectividad”, valoró otra vez las instancias de diálogo e hizo un pequeño recorrido de las inversiones en la materia, entre ellas para la actualización de equipos de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), modernización de redes y dotar de servicios a personas de bajos recursos.
El funcionario también hizo énfasis en la nueva línea para la digitalización de pymes que presentó el gobierno junto al Banco Nación, que será útil para la compra de equipos y licencias de software, entre otros. El programa señala que las empresas podrán solicitar créditos desde 3 a 30 millones de pesos (desde 31 mil 929 a 319 mil 290 dólares) a tasa fija, con devolución en hasta 60 meses. La iniciativa considera mil millones de pesos (10.6 millones de dólares).
Por su parte, el Secretario de TIC local, Martín Olmos, reconoció el rol de las cooperativas para llegar a todo el país y recordó que hubo regulación asimétrica en el decreto 690 para favorecer a este segmento. Mencionó el Plan Conectar como clave para avanzar en materia de conectividad en el corto plazo y se mostró, como todos, “dispuesto al diálogo para zanjar diferencias”.
Arsat. Pablo Tognetti, presidente de Arsat, repasó los planes que surgen para la estatal del Plan Conectar. El proyecto busca la ampliación en 4 mil 400 kilómetros y 280 localidades adicionales de la red Refefo — actualmente el tendido alcanza 33 mil 902 kilómetros, de los cuales 31 mil 529 están iluminados— , la puesta en valor de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y la potenciación del Centro Nacional de Datos.
El cuarto objetivo pautado para la estatal tiene que ver con el lanzamiento del tercer satélite argentino, previsto para 2023. “Se invertirá para su puesta en marcha un total de 253 millones de dólares que se prevén recuperar en seis años. La facturación estimada en los 15 años de utilidad es de 870 millones. Se usará para banda ancha con foco en alcanzar sitios de difícil cobertura”, añadió.