La Comisión Mixta de Chile revisará en las próximas horas el proyecto que tiene por objeto reconocer la Internet como servicio público, un paso largamente debatido —la iniciativa ingresó en 2018— y oportuno para avanzar en el ansiado objetivo del cierre de brecha digital en un país con mote de líder regional en 5G y casi 70 por ciento de conexiones a banda ancha por fibra óptica.
La propuesta nació hace casi seis años para reconocer el derecho de acceso a Internet como parte de los servicios públicos de telecomunicaciones y especificar la obligatoriedad en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones con un plazo determinado tras la fecha de solicitud que el interesado presente a la empresa. Además, el proyecto prevé la utilización del Fondo Nacional de Telecomunicaciones para financiar el subsidio a la demanda de aquellas personas de menores recursos que no acceden a los servicios pese a tener cobertura. Tras más de 50 pasos y cambios en su tramitación, la Comisión resolverá divergencias producidas bajo urgencia simple.
Sobre la mesa está el principio de convergencia tecnológica, entendido como la integración funcional de múltiples servicios sobre una misma plataforma tecnológica, espectro asignado y redes que permitan un uso más eficiente de la infraestructura existente en beneficio de los usuarios. En otras palabras, el concesionario podría adicionar prestaciones, servicios y mejoras tecnológicas en su concesión siempre previa autorización y decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
De prosperar, la disposición se ejecutará a partir de una modificación en la Ley de Telecomunicaciones, escrita en 1982. Se cambiará específicamente el artículo 14 de la ley sectorial. La validación de esta propuesta resulta de especial relevancia en tiempos en los que Chile trabaja en ser líder regional en materia sectorial: no hará más que subir la vara de calidad de servicios, algo que se producirá además a partir de contraprestaciones por parte de licenciatarios que ejecuten esa opción. Consagrar el principio de convergencia tecnológica permitiría a Chile mantener la puerta abierta a la innovación futura.
Recientemente, la Sala tercera de la Corte Suprema determinó que la Subtel carecía de facultades legales para autorizar la adición de nuevos servicios y tecnologías a concesiones otorgadas previamente. Esto dejó sin efecto una decisión anterior y evitó que el regulador diera luz verde a que Claro ofrezca 5G en el país en la banda de 3.5 GHz, aun cuando ese permiso se dio con directivas para el prestador como la obligación de presentar un proyecto técnico y un plan de inversión adicional. El criterio de la Corte, atendiendo el pedido de WOM, fue contrario a lo manifestado por la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y distintos expertos del sector.
A la fecha, Entel, Movistar y WOM prestan 5G en el país. Los primeros han cumplido con el cronograma de despliegue indicados en la subasta de espectro compatible, pero WOM no lo ejecutó en los tiempos previstos, una situación en la que han sido protagonistas de idas y vueltas entre el operador y el gobierno en los últimos meses. El contexto luce perfecto para abordar una temática a favor del cierre de brecha, más aún en tiempos en que Chile se prepara para una nueva subasta de espectro para 5G. Las licitaciones en Chile de la banda 3.5 sin haberse realizado el pertinente reordenamiento, ni permitirse el cambio de atribución, han generado un contexto de escasez artificial y un uso ineficiente de un espectro esencial para los servicios móviles de última generación. Además, generaron un escenario inédito en la región: una empresa con 18 años de experiencia en el mercado móvil y 4.6 millones de usuarios quedó impedido del ingreso al mercado 5G.
Como contrapunto, no avanzar con la idea de convergencia tecnología mantendría condiciones que van en contra de buenas prácticas en materia de telecomunicaciones, tales como la promoción de la innovación y la inversión bajo condiciones de certeza jurídica y el uso eficiente de espectro radioeléctrico. Además, el antecedente del fallo de la Corte Suprema resta capacidad a las instituciones especializadas en materia económica y de telecomunicaciones para la toma de decisiones que atañen al buen funcionamiento del sector.
Durante el debate también se trataron otras ventajas como producto de convertir en ley el proyecto, entre ellas algunas más macro, como que se convierte en herramienta para que el Estado pueda generar nuevas políticas afines a más y mejor conectividad en Chile y otras más puntuales, como la reducción de tiempos que corren actualmente para la autorización de proyectos de despliegue de infraestructura. Según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, los tiempos para tramitar las concesiones más que duplican la norma legal (por ley los plazos de aprobación deberían ser de hasta 6 meses). El establecimiento del silencio positivo también sería un paso clave para el desarrollo de redes de conectividad en Chile.
La normativa también abre la puerta a un viejo pedido de la industria, el subsidio a la demanda. Chile presenta buenos índices en despliegue de fibra con múltiples actores trabajando en la expansión bajo distintas estrategias; sin embargo, “existe una brecha conformada por quienes no pueden pagar. Hay que subvencionar ese acceso y asegurarles la conectividad”, como dijo a DPL News el senador Kenneth Pugh. Algo más: convertir Internet en servicio público fue una de las promesas de campaña de Gabriel Boric.
La cita será en la tarde de este miércoles 3 de enero en la Sala V (Valparaíso). El mismo día se revisará otro tema con relevancia para el sector: el Senado tratará por la mañana la creación de la Secretaría de Gobierno Digital dentro de la Subsecretaría de Hacienda.
