España tiene nueva Ley de Telecomunicaciones y nueva Ley Audiovisual, que tras haber superado sus respectivos trámites parlamentarios, fueron publicadas en el Boletín Oficial. Los textos transponen la directiva de la Unión Europea, lo que de por sí trae consigo novedades. Sin embargo, el buen puntaje que tiene España en despliegue y una batería de normativas publicadas y en desarrollo se traducen en un impacto limitado de los textos para el mercado local –especialmente en materia de telecomunicaciones–, excepto por un aspecto: la convivencia entre operadores y plataformas.

Ley General de Telecomunicaciones

“Reglas más allá de las redes”, fue casi un eslogan durante el pacifico debate de la nueva Ley de Telecomunicaciones en España, que desde fines de junio es parte de la normativa local. La propuesta trae consigo cambios en el concepto de servicio universal, que incluye ahora nuevos conceptos y una velocidad mínima de acceso a Internet de banda ancha fija de 10 Mbps de bajada, escalable a 30 Mbps tan pronto como sea posible; y una promesa en la que trabajan con fuerza operadores y gobierno en el país: la universalización de 100 Mbps en un año.

Es la disposición adicional trigésima la que señala expresamente que “el gobierno desarrollará las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr en un año la universalización a una velocidad mínima de 100 Mbps en sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produzca a precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica”. La propuesta ya formaba parte de las intenciones del gobierno español, pero hasta el momento el plan era completarlo en 2025.

El desafío es alto, aunque la realidad local anima a su cumplimiento: las redes alcanzan una cobertura del 95.2 por ciento para una velocidad de acceso mínima de 30 Mbps y del 87.6 por ciento para una velocidad de acceso de 100 Mbps, mientras que la cobertura de fibra es del 95.2 por ciento de los hogares, “muy por encima de la media de la Unión Europea, de 34 por ciento”, dice el texto. También España presenta buenas cifras en 5G, de la mano del despliegue de Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil; este último sólo con espectro en 3.5 GHz y el resto con porciones en esa banda y también en 700 MHz.

La normativa introduce mejoras para facilitar el despliegue de redes a través de una regulación más flexible para alcanzar acuerdos de co-inversión y presenta iniciativas específicas a favor de la compartición. También establece menos cargas administrativas y avances en el concepto de mercado secundario de espectro. ¿Más? El saldo prepago quedará para clientes que apliquen portabilidad numérica, los contratos entre consumidores y operadores no podrán tener vigencia superior a 24 meses, se amplía a 20 años la duración mínima de los derechos de uso privativo del espectro radioeléctrico y se disponen cambios en el servicio de emergencias 112.

“La Ley de Telecomunicaciones tiene muy pocas novedades. Es la transcripción de una directiva comunitaria (NdR: el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas), que ya es una acumulación grande de normas de la misma materia. Los ajustes que se piden son cada vez menos”, analizó Carlos López Blanco, consultor y experto en regulación y economía digital, en diálogo con DPL News. “La legislación local en la materia es madura, los servicios también y si se compara con la gran reforma regulatoria que avanza en estos días con el Reglamento de Servicios Digitales y el Reglamento de Mercados Digitales en Europa, su importancia es menor”, agregó.

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Para el experto hay tres puntos centrales en la normativa. ¿Cuáles? La idea de facilitar el despliegue de fibra y 5G, aspectos que “España ha resuelto bien históricamente”; el fortalecimiento de los derechos de usuarios de servicios de telecomunicaciones y un tercer ítem –más relevante que los otros– que ha pasado algo desapercibido en la discusión: “la inclusión de determinadas obligaciones para los proveedores de servicios de comunicación que no usan numeración, como WhatsApp y similares, a las que se imponen ciertas obligaciones de contribución. Aunque no se los equipara, es de gran trascendencia, porque se propone ir asimilando cada vez más unos con otros”, expresó.

El artículo 6, por ejemplo, señala que “los interesados en la prestación de un determinado servicio de comunicaciones electrónicas, independientes de la numeración, deberán comunicarlo previamente al Registro de operadores”. Al mismo tiempo, el artículo 99 habla de la competencia del ministerio sectorial (Mineco) de “imponer obligaciones a operadores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para que sus servicios sean interoperables, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales esté en peligro”. Estos son solo algunos de los apartados que abordan la situación de las plataformas ante la ley local.

Ante la consulta de este medio, Blanco insistió en que la legislación de España “ya iba bastante por delante” y que es eso lo que redunda en que la nueva normativa local no presente mayores novedades o que, al menos, su impacto no sea el mismo que para otros miembros del bloque –la normativa de la Unión Europea impacta a 27 países. “Lo que sí considero es que será la última directiva que vamos a ver en materia de telecomunicaciones. Lo próximo será un reglamento o no habrá mucho más porque estamos próximos a regulaciones convergentes”, añadió.

Ley General de Comunicación Audiovisual

Impulsar la idea de “España, Hub Audiovisual”, lo que se traduce en que el país sea “la plataforma europea de negocio, trabajo e inversión para el ámbito audiovisual”, es el espíritu local de la Ley que actualiza la norma vigente desde 2010 y que también traspone al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre el tema (NdR: directiva UE 2018/1808). Su tramitación parlamentaria finalizó en el Senado el 22 de junio y el documento se publicó en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio.

El texto legislativo fue resultado de “un intenso proceso negociador y diálogo con las partes”, reconoció el gobierno durante la etapa de discusión. Hubo, en la previa, un proceso consultivo y audiencias públicas para afinar la redacción. “Así como la Ley de Telecomunicaciones es pacífica desde lo político y social, la Audiovisual no lo es, es más controvertida. El gobierno del Partido Socialista la ha podido aprobar por el apoyo del Partido Popular; los socios naturales votaron en contra”, repasó Carlos Blanco.

La normativa incluye principios generales a favor de la dignidad humana, la protección de usuarios, la veracidad de la información y la promoción del pluralismo lingüístico de España. Se refuerza la protección de menores, se limita la aparición en pantalla de publicidad de ciertos productos, como bebidas alcohólicas, y se flexibilizan los límites del tiempo de publicidad en los servicios de televisión lineal (en abierto y de pago). También se avanza en que los contenidos sean accesibles para todos los ciudadanos, a partir de una supervisión más puntillosa en este sentido.

Adicionalmente, se trabaja en aspectos como la promoción audiovisual y acciones para fomentar la realización de producciones locales a partir de, por ejemplo, la obligación a prestadores de reservar un 30 por ciento de su catálogo a obras europeas; la mitad de ellas en lenguas oficiales de España. También se refuerza la promoción de productores independientes, con énfasis en aquellos proyectos en los que esten involucradas mujeres en cargos directivos.

Pero, otra vez, lo más relevante de esta normativa es que acerca a prestadores tradicionales y OTT en sus obligaciones, bajo la premisa de que unos y otros agentes compiten por una misma audiencia. Por ejemplo, la Ley explicita que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo y los prestadores del servicio de intercambio de videos a través de plataforma contribuirán a la financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) mediante el pago de una aportación anual.

“El elemento clave de la directiva es incorporar y considerar como operadores de servicios audiovisuales a las plataformas. Eso es un cambio fundamental, una novedad extraordinaria”, opinó Blanco. El propio gobierno español habla de “establecer un terreno de juego equilibrado para prestadores que compiten por una misma audiencia” como uno de los objetivos de su propuesta, aunque luego expone que existen ciertas limitaciones para hacerlo: “La directiva europea impone un límite, que es el principio de país de origen, por lo que los prestadores (…) sólo están sujetos al ordenamiento jurídico y a la jurisdicción del Estado en el que están establecidos”.

Adaptación

El hecho de que las normativas sean adaptaciones locales a directrices de la Unión Europea aleja el debate del mérito que se le puede atribuir a España por el poco tiempo en el que publicó dos normativas con relación directa con el sector. América Latina tiene, aún en este contexto, mucho por aprender, si se considera que la gran mayoría de los países de la región rigen por normativas de hace décadas, con muy pocas excepciones. En la lista de actualizaciones se pueden mencionar, por ejemplo, la reforma de México en 2014 o la ley de Modernización TIC de Colombia de finales de 2019, incluso la Ley de Medios de Uruguay, que ahora se busca derogar.

Por otra parte, está claro que la adaptación ha resultado sencilla para España, o al menos no parece generarle grandes desafíos, por un despliegue avanzado de redes e ideas de universalización que ya se encuentran en desarrollo de la mano de propuestas públicas, entre ellas las que surgen del Plan de Recuperación; privadas, con un importante despliegue de fibra y 5G por parte de las empresas, y público-privadas. En otras palabras, la dimensión de los retos locales no hacen más que ubicarla en la lista de referentes del mundo en la materia.

La buena posición pone al gobierno local objetivos y discusiones más elevadas que las que corren en América Latina. ¿Podría España, de la mano de la Unión Europea, resolver de una vez por todas las diferencias entre operadores y OTT, equilibrar la cancha y explicar al resto cómo hacerlo? Mientras tanto, el debate español corre por avances en Inteligencia Artificial, ampliación de derechos digitales y programas para la transformación de empresas y personas, a partir de proyectos con foco en alfabetización y habilidades digitales. En esto sí hay mérito, o así parece al menos desde la mirada de una América Latina que mantiene un largo listado de desafíos en materia de conectividad.

Esta semana, el Congreso de Diputados de España aprobó la Ley General de Comunicación Audiovisual, un nuevo ordenamiento jurídico que plantea que las plataformas digitales de video streaming aporten al financiamiento de la producción de contenidos en español, de cine independiente, en lenguas cooficiales y hecho por mujeres.

Con 126 votos a favor y 83 en contra, las y los diputados dieron luz verde a la normativa que moderniza la actual legislación en la materia. Si bien contempla obligaciones de inversión para todos los productores audiovisuales, la novedad es que esta vez incluye a las plataformas como Netflix, Amazon Prime o HBO.

De acuerdo con el documento, en los servicios de contenidos Over-the-top (OTT), las grandes plataformas tendrían que destinar el 3.5 por ciento de sus ingresos generados en el país a financiar obras en español o alguna de las lenguas cooficiales como el vasco o el catalán.

Además, la ley busca que las empresas digitales inyecten el 2 por ciento de sus ingresos a la financiación de cine independiente en español o lenguas cooficiales. De este monto, al menos el 30 por ciento tendrá que destinarse a obras dirigidas o creadas exclusivamente por mujeres.

La Cámara de Diputados dijo que una de las prioridades de la ley es promover la obra audiovisual europea, la diversidad cultural y lingüística y las lenguas cooficiales en los contenidos, abordando la nueva realidad en el mercado, dado que las plataformas digitales de streaming cobran cada vez más relevancia.

Sin embargo, la votación del nuevo ordenamiento jurídico se llevó a cabo en medio de la polémica. Los productores de cine y series independientes protestaron contra la ley, luego de que a última hora se incluyera un cambio que, según este grupo, estropea la intención de impulsar los contenidos locales e independientes.

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Los productores independientes advierten que una modificación de términos (de la palabra “un” por “dicho” en la redacción) implicaría que agentes vinculados a los grandes grupos audiovisuales también puedan acceder al financiamiento para obras independientes.

Por otro lado, CIMA, una asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, denunció que la ley sólo prevé un 30 por ciento de inversión para las producciones independientes. “Eso, en la práctica, nos deja en la misma cuota del 21 por ciento de la inversión total que tenemos hoy”, afirmó Cristina Andreu, presidenta de CIMA.

Las mujeres directoras y creadoras reclaman que la ley establezca una cuota de inversión del 40 por ciento para las películas y series dirigidas y creadas por mujeres, por parte tanto de las grandes plataformas de streaming como de otros emisores audiovisuales como las televisoras.

“Nosotras planteamos estas cuotas porque queremos que las mujeres trabajen y también porque creemos que las mujeres aportemos nuestra mirada. Es la única manera que hay de luchar contra el estereotipo (de género). Eso, en el Ministerio de Cultura, lo entendían bien, pero sospecho que en Economía no manejan estos criterios”, sentenció Andreu, según recoge el diario El Mundo.

Protección a menores

La Ley General de Comunicación Audiovisual, que ahora pasó a trámite en el Senado, también establece que las televisoras deben reservar al menos el 51 por ciento del tiempo de emisión a obras audiovisuales europeas. La mitad de ese tiempo tendría que destinarse a los contenidos en español o alguna lengua cooficial.

También los prestadores de TV deberán reservar un 30 por ciento de su catálogo a obras europeas. Y las comunidades autónomas podrán regular obligaciones para las emisoras de servicio público.

Entre otras cosas, la normativa contempla disposiciones para proteger a las niñas y niños. De acuerdo con el texto, los programas con contenidos no aptos para menores de edad sólo podrán transmitirse entre las 22:00 y 06:00 horas. En tanto, las plataformas tendrán que operar sistemas de verificación de edad y mecanismos para calificar los contenidos en función de la edad.

Europa Press

El acuerdo alcanzado por el Gobierno con Esquerra Republicana para la futura ley audiovisual reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en catalán y la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales, según los detalles avanzados por ERC.

Leer más: https://www.europapress.es/nacional/noticia-ley-audiovisual-reservara-cada-ano-15-millones-series-catalan-creara-fondo-costear-doblajes-20211215134945.html

Europa Press

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo está “muy abierto” a negociar la Ley Audiovisual con los grupos parlamentarios en el Congreso, pero ha advertido que la norma “no puede contradecir la normativa europea”.

Leer más: https://www.europapress.es/nacional/noticia-calvino-abierta-negociar-ley-audiovisual-advierte-no-pueden-contradecir-directiva-europea-20211201102159.html

España presentó un anteproyecto de ley audiovisual local que, entre sus cambios, propone que también las plataformas digitales que presten servicios de video bajo demanda en el país financien a la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE). De aprobarse sin cambios, deberán contribuir con el 1.5 por ciento de sus ingresos anuales.

“El nuevo texto incluye en el régimen de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) a todos los agentes del mercado audiovisual que compiten por la misma audiencia, a fin de garantizar la igualdad de trato”, expuso entre sus argumentos el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La modificación se prevé en el artículo 8 del apartado del borrador que propone cambiar la ley 8/2009 (de financiación de RTVE). Allí se indica que “la aportación (…) se fija en el 1.5 por ciento de los ingresos brutos de explotación facturados en el año para los prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional, los de comunicación audiovisual a petición y los de intercambio de vídeos a través de plataforma”.

Fuentes del Ministerio agregaron al medio local Cinco Días que “deberán realizar las aportaciones aquellas plataformas que estén establecidas en España, porque aquí aplica el principio de país de origen, como las que estén en otros países de la Unión Europea, siempre que ofrezcan sus servicios en España”. El borrador está disponible para comentarios hasta el 12 de julio.

La búsqueda de cambios se da por el ordenamiento jurídico español a la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2018 y en vistas a actualizar la legislación a la realidad del mercado, “en el que surgieron nuevos agentes y donde se han desarrollado nuevos servicios audiovisuales impulsados por tecnologías digitales”, dijo la cartera en un comunicado.

Entre otros cambios previstos, este nuevo borrador prevé también destinar más dinero a producciones independientes y generar acciones afines al objetivo de reducir la brecha de género. Además, se incrementará la cuota de contenidos accesibles y cambiarán las obligaciones de prestadores para asegurar la protección de niños ante la pantalla.

El Español – Fernando Cano

Las operadoras de televisión preparan sus escritos para remitir sus aportaciones a la nueva Ley Audiovisual que el Gobierno mantiene desde hace dos semanas en audiencia pública. Unos documentos que reflejarán el descontento del sector, en especial en lo referido al trato que tendrán las plataformas audiovisuales en streaming en el nuevo cuerpo legal.

Directivos del sector con los que ha hablado Invertia, de plataformas de pago y en abierto, coinciden en señalar que esta nueva normativa falla en su intento de equiparar las condiciones fiscales y administrativas entre los operadores tradicionales y las nuevas compañías que han irrumpido en España como Netflix, HBO o Disney+.

Leer más: https://www.elespanol.com/invertia/medios/20201123/operadoras-ley-audiovisual-netflix-hbo-seguiran-totalmente/537446715_0.html

5 Días – Santiago Millán

La CNMC ha abierto una consulta pública sobre la aplicación de la regulación audiovisual a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos. Entre las empresas que podrían estar afectadas figuran Youtube, TikTok y Twitch. En cualquier caso, desde el regulador se insiste en que el proceso se extiende a todas las plataformas.

En un comunicado, la autoridad reguladora indica que se ha iniciado un proceso participativo con el objetivo de recabar información relevante sobre el funcionamiento de estos nuevos servicios, que dan respuesta a los avances tecnológicos y a un cambio de hábitos de consumo entre las generaciones más jóvenes. Asimismo, la CNMC pretende determinar los alcances de la aplicación de la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual sobre estos nuevos agentes del mercado audiovisual.

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Teletime -André Silveira

Em 2017, a Lei do Audiovisual representou 0,1% do total de R$ 354 bilhões de renúncia fiscal global do Governo Federal, segundo afirmou o secretário-executivo da Ancine, João Marcio Silva Pinho, durante audiência pública nas Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia do Senado nesta terça-feira, 7.. Durante a reunião, que debateu a prorrogação dos incentivos fiscais previstos na Lei, o secretário também aproveitou a oportunidade para tentar incluir os jogos eletrônicos e a construção de salas de cinema entre os projetos que podem ser incentivados. “É uma oportunidade de levar a cultura para municípios menores”, argumentou.

Segundo dados da agência, a indústria cultural emprega mais de 300 mil pessoas e representa 2,4% do PIB. Cresce cerca de 9% ao ano e prevê R$ 2,3 bilhões de impostos. Os recursos advindos desses benefícios podem chegar a R$ 360 milhões neste ano.

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