Cuenta regresiva activada. España tiene un año para “desarrollar las medidas adecuadas” para lograr la universalización del acceso a Internet de banda ancha a una velocidad mínima de 100 Mbps (bajada) a precio asequible para todos los ciudadanos. Así lo dispone la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que entró en vigencia este 29 de junio, y que se presenta como una normativa “más allá de las redes”.
Tal como estaba definido, el texto explicita la idea de implementar medidas para facilitar el despliegue de redes a partir de una regulación más flexible y el impulso a la compartición. También se promoverá la “previsibilidad regulatoria” con, por ejemplo, la ampliación de duración de plazos de concesiones. Se incorporan medidas adicionales para la protección de los derechos de usuarios finales y a favor de la seguridad de redes y servicios.
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“En estos momentos de incertidumbre internacional, las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir al crecimiento de la productividad y a la generación de empleo. La pandemia demostró que no sólo garantizan la prestación de servicios muy necesarios, sino que también favorecen el crecimiento de otros sectores”, indica el texto entre los argumentos de su publicación.