El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no disminuirá las tarifas por derechos anuales del espectro radioeléctrico en 2024 en México, de acuerdo con el Proyecto de Paquete Económico y Presupuesto.

En dicho proyecto, el gobierno federal publicó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos (LFD), en donde establece que el pago por los derechos anuales del espectro quedarán igual que los de 2023.

“Las personas concesionarias de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico sujetas al pago de derechos mencionados en el párrafo anterior, deberán pagar durante el ejercicio fiscal de 2024, los derechos vigentes correspondientes al ejercicio fiscal 2023”, dice la iniciativa.

Con ello, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo caso omiso a la propuesta que envió este mismo año el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la que dio diversas opciones para poder reducir el precio del espectro.

Entre los cambios que contempla la Ley Federal de Derechos está el que conforme al artículo 198 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al término de una concesión del espectro radioeléctrico, con el fin de proteger y salvaguardar los derechos de las personas usuarias, el IFT podrá autorizar el uso temporal del espectro sólo en la cantidad y por el tiempo estrictamente necesarios para que la persona concesionaria migre a otros servicios o concesiones a las personas usuarias.

“El artículo 239 de la LFD no incluye el pago por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico de manera temporal, por lo que es indispensable realizar esa modificación para permitir a las personas físicas y morales cuya concesión concluya, el pago correspondiente, el cual, se propone, realicen en los tres meses siguientes al otorgamiento de la autorización”, dice la propuesta de modificación.

¡Excelente viernes! Continúa con las medidas de higiene y seguridad en la reactivación económica tras la pandemia. Mientras tanto, concluye la semana leyendo las noticias más importantes del ecosistema digital de América Latina en este DPL News Express:

1. Huawei anuncia nuevas infraestructuras de Nube en México, Chile y Colombia

En el Huawei Cloud Latam Summit 2022, Huawei anunció el lanzamiento de nuevas AZs (Zonas de Disponibilidad, por sus siglas en inglés) en México y Chile, así como un PoP (Punto de Presencia). Leia a versão em português.

2. México | Propone senadora modificar Ley de Derechos a favor de 5G

La senadora mexicana Cora Pinedo Alonso envió una iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) en materia de telecomunicaciones, con el objetivo de cambiar los cobros por los derechos anuales del espectro.

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Un grupo de 15 legisladores del Frente de Todos de Argentina , con el diputado Pablo Carro al frente, firmó el proyecto de Ley de comunicación audiovisual en plataformas digitales, con el que busca que los gravámenes y otras obligaciones existentes para prestadores tradicionales también apliquen a servicios de este tipo.

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La pandemia aceleró la digitalización y, en este contexto, “llegar al último rincón del país” es sólo uno de los beneficios que prometen las plataformas digitales de comercio electrónico y finanzas digitales que participaron del último panel del foro México 5G (MX5G), realizado por DPL Live.

5. SoftBank y Samsung conversarán posible asociación con Arm

SoftBank Group reveló que planea reunirse con Samsung Electronics en Corea del Sur para discutir una posible alianza estratégica con Arm, como parte de las alternativas que el conglomerado japonés ha buscado para el diseñador británico de semiconductores.

6. Mayor potencial de Industria 4.0 en México es en sector automotriz: ITM

Dado que México es uno de los principales exportadores de autos y autopartes del mundo, y este constituye uno de los sectores más importantes de la economía nacional, el sector automotriz es el que tiene el mayor potencial para el desarrollo de la Industria 4.0 en el país, señalaron los participantes del seminario virtual Industria 4.0: Desafíos y beneficios de su adopción, organizado por la Hannover Fairs México. 

7. Consulta: Digital Metrics | Más de 60% de los accesos a Internet fijo en Chile se da por fibra óptica

Hay en Chile 4.4 millones de abonados al servicio de Internet fijo y, de ellos, 61.8 por ciento accede por fibra óptica. Se incorporaron más de 700 mil abonados a esta tecnología en el último año y eso ratificó su posición de liderazgo por encima de cable módem, ADSL y Wimax, entre otras formas de acceso, de acuerdo con el último reporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

La senadora mexicana Cora Pinedo Alonso envió una iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Derechos (LFD) en materia de telecomunicaciones, con el objetivo de cambiar los cobros por los derechos anuales del espectro.

El documento de proyecto se basa en el estudio que envió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al Senado en el que advierte sobre los altos costos del espectro en México y su efecto de retraso en el desarrollo de las redes 5G.

La propuesta de la senadora advierte que actualmente, la mayor carga tributaria por el uso del espectro son los derechos que cada año fija el Congreso de la Unión y que deberían responder a criterios técnicos y de cobertura universal antes que recaudatorios.

El documento propone adherir el artículo 239 BIS y reformar los artículos 244-G, 244-H, 244-I y 244-J de la Ley Federal de Derechos. A continuación se describen los detalles en la propuesta:

Los cambios prevén ajustar a la baja los derechos de las bandas para la prestación de servicios de quinta generación (5G).

Lo anterior es a través de la modificación de las cuotas previstas en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la mencionada Ley, que refieren a bandas de frecuencias que aún no se asignan (bandas de 600 MHz, banda L y banda de 3.3-3.45 GHz) o que todavía no se autorizan los servicios móviles para los que se prevé el cobro de derechos (3.45 a 3.6 GHz), a fin de promover el desarrollo del país, a través de las telecomunicaciones móviles y la eficiente asignación de espectro radioeléctrico para estos servicios.

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Asimismo, se establece la necesidad de modificar la estructura de cobro de derechos de las bandas de 800/850 MHz por Área Básica de Servicio (ABS) en lugar de hacerlo basado en regiones celulares. El documento detalla que ello significa cambiar la estructura de cobros de derechos del artículo 244-G de la Ley a coberturas de menor dimensión geográfica, ajustándolas por una variable económica, a fin de promover la entrada de nuevos operadores con interés de prestar servicios a una escala local y que los pagos por derechos sean proporcionales al nivel económico de la zona a cubrir.

También pide incorporar un esquema de acreditación de erogaciones en materia de cobertura social contra el pago de derechos por uso del espectro radioeléctrico, para llevar cobertura a localidades sin servicio móvil de acceso a Internet.

La propuesta implica adicionar el artículo 239 bis a la LFD, para incentivar la inversión de los concesionarios actuales de bandas de frecuencias para servicios de telefonía e Internet móviles y llevar conectividad a localidades que actualmente no cuentan con servicios de banda ancha móvil.

Además, señala que la incorporación de este esquema que permita acreditar contra el pago de la contraprestación por espectro las erogaciones que el concesionario haga para llevar conectividad a poblaciones que aún no cuentan con el servicio de banda ancha móvil haría toda la diferencia en cambiar la situación actual.

Añade que los esquemas de acreditamiento de erogaciones no son nuevos y se aplican en varios países del mundo para fomentar la conectividad en localidades desatendidas.

La propuesta del IFT incluye el acreditamiento de las inversiones realizadas, así como de una parte de los gastos de operación del primer año de operaciones en localidades sin servicio.

Cinco millones de mexicanos han quedado fuera del acceso a Internet a través de las redes móviles 4G, como consecuencia del alto costo del espectro que prevalece en el país, aseveró la GSMA.

La organización aseveró que si el costo del espectro hubiera estado alineado con el promedio global, entonces cinco millones más de mexicanos tendrían cobertura 4G y las descargas de datos serían 30 por ciento más rápidas.

De acuerdo con un reporte de la GSMA, el principal factor de encarecimiento está dado por la evolución de los cánones anuales establecidos en la Ley Federal de Derechos (LFD). Explicó que el costo total del espectro se compone de pagos iniciales y costos por adelantado (costos financieros directos a los operadores por asignaciones y renovaciones) y tasas o cargos anuales.

Detalló que mientras que a nivel regional las tasas anuales representan en promedio un 20 por ciento del costo total del espectro, en México ese número alcanza el 85 por ciento. Es por ello –afirmó la GSMA– que la alta proporción que representan los derechos anuales en relación a los pagos iniciales, sumado al hecho de ser ajustados anualmente por el Congreso, genera una incertidumbre que impacta negativamente en toda industria de capital intensivo.

“El aumento de los derechos anuales no ha estado alineado con la evolución del mercado móvil. En los últimos cinco años, los ingresos del sector han disminuido; los derechos anuales, por el contrario, han aumentado, y no siempre en relación a la inflación”, aseveró la GSMA en su estudio.

La Asociación resaltó que en la más reciente licitación de espectro para servicios móviles del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) hecha en octubre de 2021, de 41 bloques puestos a disposición de las bandas AWS y 1900 MHz, sólo dos fueron comprados y el resto quedaron desiertos.

Incluso advirtió que México se ha convertido en el único país de la región donde la cantidad de espectro asignado para servicios móviles disminuye, a pesar del crecimiento exponencial de la demanda de datos por usuario.

“La cantidad de espectro asignado en el país es inferior a los 500 MHz. Esta cifra está por debajo de los requerimientos de espectro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que es de 1,720 MHz, y el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 1,276 MHz”, señala el reporte de GSMA.

Análisis: El rol crucial del espectro 5G de bandas medias para el crecimiento económico de América Latina y el Caribe

El reporte concluye que son necesarias tres políticas públicas que ayudarán a alcanzar mayor conectividad: la primera es reducir los derechos de espectro en todas las bandas; mantener el total de derechos anuales constantes en el tiempo o ajustados al crecimiento de la industria, y considerar mecanismos que permitan a los operadores intercambiar pagos de derechos anuales por obligaciones de cobertura viables.

6 conclusiones de la GSMA

1. El costo del espectro en México se encuentra entre los más elevados de la región y es más alto que en la mayoría de los países del mundo, en gran parte debido a la evolución de los derechos anuales en los últimos años.

2. El nivel actual de los derechos anuales por uso del espectro está impactando negativamente en la inversión y el crecimiento del mercado móvil, afectando la expansión de la cobertura, el aumento de la capacidad para enfrentar incrementos de la demanda de tráfico, y el futuro desarrollo del 5G.

3. México está por debajo del requerimiento de espectro para servicios móviles de la UIT. Cuenta con margen para asignar el espectro necesario a fines de acomodar la oferta a una mayor demanda de datos móviles y lanzar en el futuro servicios 5G.

4. Un menor costo del espectro supondría una mejora para los usuarios móviles, impulsaría el crecimiento económico y ayudaría al país a alcanzar sus objetivos de conectividad y de desarrollo sostenible.

5. Si el costo del espectro hubiera estado alineado con la media global, el bienestar de los consumidores hubiese mejorado ostensiblemente. Cinco millones más de mexicanos tendrían cobertura 4G y las descargas de datos serían un 30 por ciento más rápidas.

6. Los resultados tienen implicaciones más allá del mercado de las telecomunicaciones. El móvil es una tecnología de uso general que tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico y la productividad de otros sectores de actividad económica en México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México dio a conocer, a través de un edicto publicado en medios nacionales como Reforma, que alrededor de 110 permisionarios y autorizados del servicio de radiocomunicación privada han incumplido pagos por derechos de uso de espectro.

De acuerdo con la información publicada en dicho documento, el monto total que reclama el órgano regulador ronda los 8 millones 130 mil pesos, y se puede observar que la mayoría de los requerimientos tienen fecha de 2019, aunque hay algunos también de 2020.

El edicto señala que se desconoce el domicilio actual de los permisionarios, por lo que los invita a través de dicha publicación a cumplir con sus obligaciones, o de lo contrario, perderán sus derechos.

“Con fundamento en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 6, fracción VII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se otorga un término de 30 días contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como al de la última publicación en un diario de circulación nacional para que los permisionarios y/o autorizados listados manifiesten lo que a su derecho convenga y en su caso aporten las pruebas con lo que cuenten en relación a la omisión del pago del derecho por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico (…), apercibiéndolos que de no hacerlo dentro del plazo otorgado para ello, se tendrá por perdido su derecho en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles”, advirtió el IFT.

El documento fue publicado este 21 de diciembre en medios como Reforma; sin embargo, está fechado el 21 de octubre de este año, y firmado por Luis Gerardo Canchola Rocha, titular de la Unidad de Cumplimiento del IFT.

DPL News consultó al IFT al respecto, y éste aseguró que cuando ocurren estas faltas de pago, se sanciona con multa en los primeros dos incumplimientos, mientras que al tercero inicia procedimiento de revocación.

“Sólo procede el inicio del procedimiento de revocación inmediata por no pago cuando se trata de permisos de radiocomunicación privada otorgados al amparo de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en los que en el propio permiso se menciona la revocación por no pago de derechos.

“Independientemente de lo anterior, en términos de la Ley Federal de Derechos, el IFT envía al SAT la falta de pago de derechos, para su cobro por la vía fiscal”, detalló el órgano regulador.

Se ha vertido mucha tinta y ocupó un continuo espacio en los medios los efectos negativos del incremento propuesto por la Secretaría de Hacienda (SHCP) el monto de derechos por el uso del espectro concesionado en la iniciativa de ingresos de la federación 2021. 

Como algunos dicen, la SHCP “recapacitó” y sólo aplicó un aumento de 3.5 por ciento (inflación esperada para evitar deterioro en términos reales) a los derechos aplicables a las frecuencias en las bandas de 800 y 850 MHz, en lugar de 48 por ciento propuesto originalmente para ellas.

En cambio, los montos de los derechos para las frecuencias en las bandas con potencial uso para los servicios móviles de 5G (bandas de 600 MHz, “L” y 3.3 a 3.6 GHz) permanecieron en niveles de 186 por ciento mayores a los propuestos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Dichas bandas se señalan en los montos de los derechos contenidos en los artículos 244-H, 244-I y 244-J de la iniciativa y ahora en el dictamen aprobado a la Ley Federal de Derechos.

Los derechos aplicables al uso del espectro son revisables anualmente y cada año forman parte de la iniciativa del paquete económico que se presenta al Congreso. 

El sector de las telecomunicaciones móviles no puede estar permanentemente reactivo esperando a que se determinen cuáles serán los cambios discrecionales a los montos en los derechos de referencia que la SHCP considere, dada la situación coyuntural de las finanzas públicas. 

Son faltos de visión quienes sólo claman por una “disminución” o “baja” de los derechos, que tal vez es igualmente discrecional que los aumentos que se propusieron o se propongan en el futuro, aunque se argumente un benchmark internacional con los pagos recurrentes en países donde existan.

Lo que se requiere es una reforma a la Ley Federal de Derechos para que los montos por derechos para el uso del espectro que se apliquen anualmente, como contraprestación por un bien cuya propiedad es originariamente de la nación, provengan de un mecanismo no discrecional y que otorgue certidumbre en su trayectoria en el tiempo. 

Los montos deben resultar de la información propia del sector de las telecomunicaciones móviles en México y de un mecanismo de mercado. Todo ello se puede realizar para las futuras concesiones que se asignen en frecuencias actualmente prospectivas para el cambio tecnológico en el ecosistema digital como lo son los servicios 5G. 

Es fundamental para sectores intensivos en capital y de proyectos con retornos de la inversión de largo plazo o larga vida útil dar certidumbre a las variables tanto regulatorias como tributarias, lo cual se puede obtener por medio de los mecanismos de licitaciones como los que se han utilizado en la asignación del espectro llevadas a cabo por el IFT.

El IFT tiene la capacidad técnica para diseñar licitaciones que incluyan tanto el monto inicial (el denominado coloquialmente “guante” desde las cuestionables licitaciones del calderonato) como los montos anuales de derechos a favor del Estado. Este monto se transforma en las pujas o posturas que signifiquen la representación del valor presente de ambos componentes, incluso estableciendo en las bases de licitación las actualizaciones de los derechos anuales durante la vigencia de la concesión. De esta manera el flujo de los derechos al menos permanece constante en términos reales, así como las consecuencias de no honrar los términos y condiciones de pago de tales derechos establecidos, producto del mismo evento de licitación. 

El IFT ha organizado licitaciones de formato múltiple ascendente y combinatoria de reloj conforme a los principios ideados por los premios Nobel de economía 2020.

Qué mejor coincidencia que discutir el monto relativo de los derechos por espectro para diferentes frecuencias y sus incrementos que con la fecha que fue otorgado el Nobel de economía 2020 a Paul Milgrom y Robert Wilson. Ellos mejoraron la teoría de las subastas e inventaron nuevos formatos de subastas que han revolucionado los mecanismos de asignación de recursos entre agentes económicos, obteniendo beneficios para ambas partes en una subasta (v. gr. licitador y licitantes en una asignación de frecuencias de espectro).

Incluir la determinación de los derechos en las licitaciones de espectro puede mejorar no sólo los montos a cubrir anualmente (sin que afecten las inversiones necesarias para el despliegue de redes 5G), también el esquema de derechos como un todo. Lo anterior porque los montos no son sólo diferentes por bandas de frecuencias sino diferentes dependiendo de las regiones donde se divide el territorio nacional, siendo siempre el de mayor monto la región centro del país. 

Cabe preguntar si las diferencias del monto entre regiones pueden ser establecidas de una mejor manera. Para ello, sería mucho mejor incorporar el flujo de derechos en las posturas de las licitaciones que cualquier benchmark o formulación para determinarlas. Será cuestión de análisis ex post determinar qué información fue la relevante para determinar los diferenciales entre regiones que resulten.

Los futuros concesionarios de frecuencias para 5G, como en licitaciones anteriores, tienen lo que se denomina en la teoría de las subastas “valores privados y comunes”. En particular, el valor para cada concesionario de una frecuencia en determinada región depende si tiene o puede tener frecuencias en regiones colindantes, con el objeto de evitar extracciones de rentas entre participantes que, con posterioridad, aprovecharán las complementariedades por proximidad geográfica en transacciones en el mercado secundario de espectro.

Milgrom, Wilson y perfeccionado por McAfee, innovaron el formato de subasta múltiple ascendente, en la cual se ofrecen todas las frecuencias a ser asignadas en diferentes áreas geográficas en forma simultánea, permitiendo pujas en diferentes “rondas” sucesivas en el tiempo. Lo anterior es para que la incertidumbre de rangos del monto de las posturas (el valor relativo a las complementariedades entre regiones y el riesgo de haber pujado en un monto en demasía) sea minimizado y resulten en una asignación de mayor eficiencia, es decir, procurando que sea maximizado el valor social del uso de tales frecuencias.

Otro formato de licitación o subasta en telecomunicaciones móviles es la “combinatoria de reloj”. En ella los futuros concesionarios pujan por “paquetes” de frecuencias, es decir, se tienen dos variables en cada postura: el “paquete” de frecuencias y el monto ofrecido por éste. Lo anterior requiere un extenso algoritmo, toda vez que el conjunto de posibles paquetes puede ser extenso y para cada paquete le corresponde una postura determinada.

Dada toda esta experiencia del IFT en aplicar ambos tipos de formato, y las inminentes y necesarias futuras licitaciones de frecuencias para servicios 5G, ¿por qué no incluir en estos diseños de licitación el flujo anual de derechos a pagar por los concesionarios durante su concesión? 

Así se terminaría con la discrecionalidad, el riesgo anual de incrementos en derechos cuyo solo objeto es recaudatorio en favor de las necesidades de las finanzas públicas en situaciones coyunturales. 

De continuar la circunstancia actual, es de esperarse que la situación de las finanzas públicas siga al menos igualmente presionada, por lo que sería naïve pensar que en la iniciativa de ingresos de 2022 no vuelva a incluir un incremento de derechos por uso de espectro,^[1] incluso de mayor magnitud que las propuestas para 2021. Tal vez en esa ocasión no se vaya a “reconsiderar”.

Cabe señalar que si se realizan licitaciones de espectro en 2021 antes de conocer si habrá o no cambios a los derechos establecidos para 2022, una vez asignadas las frecuencias el valor presente de las inversiones recibirá un daño irreversible. Por lo anterior, debería la industria promover como precondición para licitaciones de nuevas frecuencias para servicios móviles la certidumbre del monto de derechos en los años de vigencia de las nuevas concesiones.

Para el suscrito el efecto de mayores y crecientes montos de derechos por el uso del espectro es el desincentivo o postergación a la inversión, en lugar de un posible efecto en los precios de los servicios. 

De la microeconomía básica sabemos que si la demanda residual que cada concesionario enfrenta es lo suficientemente elástica, la incidencia de un incremento exógeno en su estructura de costos fijos por el incremento en derechos, es mayor sobre el oferente (concesionario) que la incidencia sobre el usuario, es decir, lo que pueda ser trasladado en mayores precios. 

La competencia efectiva en servicios de telecomunicaciones móvil existe, es evidente excepto para algunos, por lo que la incidencia será sobre los operadores en forma de una menor rentabilidad del capital invertido. Por lo tanto, existe un incentivo a disminuir la inversión o a postergarla por un plazo tal vez indefinido. 

Para aquellos cuya brújula es solo el tamaño de los concesionarios, si suponemos una competencia en cantidades (tipo Cournot para los iniciados) y los costos fijos aumentan para toda la industria (por el incremento en derechos), además de una demanda en el mejor de los casos constante o en contracción por la caída en el ingreso, producto de una paupérrima tasa de crecimiento desde 2019, agravada por el advenimiento de la Covid 19 y un escenario incierto de recuperación al nivel previo de la pandemia, el efecto indubitable es una tendencia a la concentración del sector como forma de mantener la viabilidad del sector. 

Lo anterior no necesariamente significa una disminución en la competencia efectiva, toda vez que no hay una relación estricta que sea positiva entre concentración y precios, lo cual todavía a algunos les cuesta trabajo entender. Ahí se los dejo de tarea.

Lo indubitable es que ante las circunstancias actuales de las finanzas públicas, por recursos escasos y otros proyectos prioritarios, y con un muy probable escenario de estancamiento en el crecimiento, lo cual significa no alcanzar los niveles de 2019 en los próximos años, lo que se requiere para las inversiones en telecomunicaciones es mayor certidumbre posible. 

Uno de estos factores el es monto esperado de derechos por el uso del espectro e incentivos a la inversión, empezando por desmantelar las regulaciones impuestas en forma asimétrica y que ahora resultan redundantes, promover la coinversión entre competidores y no seguir alimentado desde la regulación una polarización entre preponderante y no preponderantes, que luego se torne en contra del propio sector de telecomunicaciones como un todo.

^[1] Como lo dice Gerardo Flores Ramírez en su opinión publicada en El Economista el 20 de octubre pasado: “Arturo Herrera prefirió solo replegar sus velas ahora para reintentar su estrategia irracional para el próximo año, por eso optaron por dejar desde ahora en la ley la estructura de artículos que ya traían en mente para 2021. Van a necear pues.”

Los altos precios del espectro en México han inhibido el cierre de la brecha digital, pues de ser más barato habría 15 millones de personas más conectadas a las redes móviles 3G y 4G, aseveró la GSMA.

“Para el caso de México, si el precio del espectro hubiese estado en el promedio para América Latina, hoy podría haber 5.5 millones más de mexicanos conectados a redes de 4G y 10 millones a redes 3G. Además, se podría haber incrementado la velocidad de descarga en un 66 por ciento”, afirmó la organización que agrupa a la industria móvil a nivel mundial.

Actualmente, en México existen alrededor de 80.6 millones de personas con acceso a Internet, lo que significa alrededor del 70 por ciento de la población.

La GSMA dijo que la propuesta de modificar la Ley Federal de Derechos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) genera incertidumbre en la industria y frena las inversiones, lo que es contrario a lo que necesita una industria intensiva y de largo plazo.

Además, advirtió que el aumento en los derechos anuales de algunas bandas en México tendrá consecuencias adversas en el desarrollo de la nueva generación de redes móviles 5G.

“En lo inmediato, el encarecimiento de los costos de una banda de cobertura como lo es la de 850 MHz, incluida en la propuesta, podría limitar la extensión de los servicios 3G y 4G a zonas remotas, profundizando la brecha digital.

De cara al futuro, inflar artificialmente los precios del espectro podría ralentizar la llegada del 5G, poniendo a México en desventaja para la aceleración de su economía digital”, advirtió.

La GSMA destacó la importancia de la conectividad y el cierre de la brecha digital, sobre todo en un escenario como el que se vive en el mundo por la crisis de Covid-19. Explicó que la pandemia ha demostrado que el sector de las telecomunicaciones es fundamental para impulsar la economía de los países, por lo que en el caso de México no puede concebirse al espectro como un instrumento recaudatorio.

“Debe ser visto como una herramienta de inclusión y desarrollo”, apuntó la organización.

Adolfo Cuevas, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México, aseveró que el aumento de derechos anuales a diversas bandas de espectro radioeléctrico que propone el Gobierno Federal es una condena al atraso de la presente y futuras generaciones.

El comisionado presidente del regulador de las telecomunicaciones de México aseveró que el IFT defenderá el desarrollo del país a través de las telecomunicaciones, ya que éstas deben ser “el nuevo sistema nervioso económico y de progreso”.

Cuevas aseguró que en México, autoridades, industria y gobiernos no pueden sentirse satisfechos con el avance que se ha hecho hasta ahora, por lo que afirmó que el IFT se compromete a impulsar a las telecomunicaciones como herramienta de progreso.

“Significan derechos que encarecen el servicio, desalientan el progreso del sector por la tardanza de su desarrollo. (El incremento a los derechos del espectro) sería una oportunidad perdida, una condena al atraso de la presente generación y las siguientes, y eso no lo podemos permitir.

“Abracemos a las telecomunicaciones como oportunidad de progreso y proyectarlo de una vez y para siempre a una senda de desarrollo inclusivo y permanente”, aseveró Adolfo Cuevas durante la inauguración del foro Perspectivas de los Sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la Reactivación Económica de la Nueva Normalidad, organizado por el propio regulador.

El presidente del IFT sostuvo que las telecomunicaciones son el espacio de inversión redituable, por lo que trabajarán para impulsarlas.

Agregó que en una época de crisis como la que se vive por la Covid-19, la inclusión es la clave y es la misión del IFT.

“Inclusión es la clave, inclusión es la misión, por eso la posición del IFT en temas de derechos. No es una posición del IFT del lado de la industria, sino con la industria y del lado de los consumidores”, afirmó.