Argentina | Presentan proyecto para que plataformas de streaming también paguen impuestos
En Europa nuevas leyes abrieron la puerta al equilibrio tributario entre operadores de telecomunicaciones y OTT, y Argentina busca avanzar en el mismo camino. Un grupo de 15 legisladores del Frente de Todos, con el diputado Pablo Carro al frente, firmaron el proyecto de Ley de comunicación audiovisual en plataformas digitales, con el que busca que los gravámenes y otras obligaciones existentes para prestadores tradicionales también apliquen a servicios de este tipo.
El documento se presentó formalmente en agosto pero ganó protagonismo esta semana en la que el oficialismo lideró la jornada de comunicación democrática de la era digital; se dialogó sobre la realidad de los medios y se avanzó sobre posibles propuestas para eliminar discursos de odio tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El diálogo también incluyó el proyecto sobre datos personales.
Proyecto de ley
La propuesta inicia con la incorporación de definiciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellas, la de “servicio digital de distribución e intercambio de contenidos audiovisuales y/o sonoros a través de plataforma” y de “servicio de audio o audiovisual a pedido o a demanda”. También se cambia la idea de producción independiente y se pide la generación de normas complementarias para proteger a los usuarios de todos los servicios alcanzados por la normativa.
En el tercer artículo se avanza sobre alcanzar a las plataformas en las leyes que corren para otros prestadores, pues allí se pide cambiar el actual Registro de señales y productoras por el Registro público de señales, productoras y prestadores de servicios digitales de distribución e intercambio de contenidos audiovisuales en Internet. El encargado de actualizarlo seguirá siendo, aún de prosperar este proyecto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Los titulares de servicios tributan un gravamen proporcional al monto de su facturación bruta y lo mismo ocurrirá con los OTT si prospera este proyecto: para servicios de audio o video a pedido o a demanda el monto a pagar será equivalente al 6 por ciento si fueran extranjeros y de 3 por ciento para nacionales. También pagarán, en su caso el 3 por ciento, los servicios digitales de distribución e intercambio de contenidos audiovisuales y/o sonoros a través de plataforma”.
Este tipo de entidades también serán alcanzadas por obligaciones en aspectos como la disposición de un sistema de calificación de contenidos en función de las edades de las audiencias y cuotas de producción nacional sobre el total del portafolio, además de destaque de este tipo de contenidos dentro de la plataforma. Quienes no cumplan con estos términos, serán sancionados.
La propuesta persigue también la derogación de algunos artículos y definiciones de la Ley Argentina Digital e incorpora al servicio de Radiodifusión como uno de los servicios que podrán registrar los licenciatarios TIC, sea este mediante vínculo físico y/o mediante vínculo radioeléctrico.
Entre los fundamentos, los firmantes señalan que este nuevo marco normativo mejorará la competitividad de grandes y pequeñas productoras al tiempo que ampliará las posibilidades de trabajo. También hablan de la importancia de “preservar la diversidad cultural” y ejemplifican que en Europa desde 2018 las ofertas de películas, series o documentales por catálogo están protegidas por la Directiva de Servicios Audiovisuales.
En cuanto a la incorporación de los OTT al listado de obligaciones impositivas, señalan que no se crea ningún gravamen nuevo: es el existente que se aplicará también a estos servicios, en alícuotas razonables y deducible del IVA de acuerdo al régimen vigente desde 2009 para el sector.
El reclamo de operadores por una cancha pareja pasó por varias etapas, de las quejas rabiosas a la cooperación obligada con los OTT en alianzas win-win en la que las empresas mejoran sus portafolio de contenidos de la mano de plataformas, que llegan a nuevas audiencias y a no bancarizados a través de prestadores tradicionales. El caso está sobre la mesa y la discusión se expande a cada rincón de América Latina y el mundo; Argentina no es la excepción.