Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) devuelven dignidad a las personas porque permiten que los servicios públicos se brinden con calidad, continuidad y estándares orientados al ciudadano, afirmó el presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio.

“Los peruanos tenemos que quitarnos la idea de que, por ser un servicio público, merecemos un servicio de segunda o tercera categoría. Las APP devuelven dignidad a las personas”, señaló Del Carpio, al destacar que este modelo permite que hospitales, servicios de saneamiento, carreteras, puertos, aeropuertos, energía y telecomunicaciones cuenten con gestión eficiente, mantenimiento permanente y atención centrada en el usuario.

El titular de PROINVERSIÓN sostuvo que las APP forman parte de la historia moderna del desarrollo del Perú. Recordó que infraestructuras estratégicas como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, diversos aeropuertos regionales, miles de kilómetros de carreteras, el sistema de transmisión eléctrica, puertos, telecomunicaciones y plantas de tratamiento de aguas residuales se desarrollaron o funcionan bajo este modelo de participación público-privada.

Del Carpio contrastó este mecanismo con la obra pública tradicional, que muchas veces se inaugura con una fotografía, pero años después puede deteriorarse por falta de mantenimiento, presupuesto o gestión. En el caso de los hospitales, explicó que una infraestructura sin sostenibilidad puede terminar con equipos malogrados, falta de medicamentos o ausencia de citas. Frente a ello, remarcó que las APP incorporan gestión, operación, mantenimiento y continuidad, lo que permite brindar servicios públicos sostenibles en el tiempo.

En esa línea, mencionó experiencias como los hospitales Barton, en el Callao, y Kaelin, en Villa María del Triunfo, así como el Instituto de Salud del Niño de San Borja, que muestran que un hospital público puede ofrecer servicios con estándares comparables a los de una clínica privada, sin perder su naturaleza de servicio público. “El fin del servicio público es la gente”, subrayó durante una entrevista concedida a un medio local.

Hospitales modernos y servicios sostenibles

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN explicó que el modelo APP ya se está expandiendo en sectores sociales como salud, debido a que autoridades nacionales, regionales y locales observan resultados concretos y buscan replicarlos en sus jurisdicciones. En ese contexto, destacó el caso de la Torre Trecca, ubicada en la avenida Arenales, que estuvo abandonada durante décadas y que ahora será recuperada mediante una Asociación Público-Privada.

Precisó que existen distintas modalidades de gestión hospitalaria bajo APP. La “bata blanca” implica que todo el servicio esté a cargo del sector privado, siempre para brindar un servicio público, con incentivos orientados a la prevención y a que la población se mantenga sana. La “bata gris”, en cambio, asegura que la infraestructura, los equipos y los servicios no asistenciales funcionen de manera permanente, para que los médicos puedan concentrarse en atender a los pacientes; y la “bata verde” incluye servicios de tomografía, hemodiálisis, entre otros.

Obras por Impuestos: inversión que la población puede ver

De otro lado, el titular de PROINVERSIÓN destacó los resultados alcanzados mediante Obras por Impuestos (OxI), mecanismo que permite que las empresas no solo paguen sus impuestos mediante dinero, sino que entreguen obras y servicios concretos a la ciudadanía. Señaló que, entre enero y mayo de este año, se alcanzaron cerca de 260 nuevos contratos de inversión por más de S/ 4100 millones.

Además, resaltó que 114 nuevas empresas y 85 nuevas entidades públicas se incorporaron este año al mecanismo, lo que demuestra la confianza creciente en Obras por Impuestos y en la labor de PROINVERSIÓN como entidad promotora y facilitadora de este instrumento a nivel nacional.

“Obras por Impuestos ha logrado reconciliar a la empresa privada con la ciudadanía y con las entidades públicas, porque la población puede ver en qué se transforman sus impuestos”, sostuvo Del Carpio. Explicó que, cuando una comunidad recibe una ambulancia, maquinaria para mejorar carreteras, un colegio, un hospital, patrulleros o equipamiento para comisarías, cambia la percepción sobre la inversión privada, que hoy es cada vez más bienvenida en distintas regiones del país.

El presidente ejecutivo de la agencia indicó que las intervenciones mediante OxI se concentran principalmente en sectores de alto impacto social como seguridad, salud, carreteras y hospitales. Mencionó, por ejemplo, el Hospital de Huarmey, ejecutado con Antamina, así como el hospital que se viene impulsando en Azángaro, Puno. También destacó que Puno, una región que se incorporó recientemente al mecanismo, ya se ubica entre las primeras en Obras por Impuestos.

Para alcanzar los beneficios de la transformación digital en América Latina, se necesita innovación en la industria de telecomunicaciones y el resto de sector productivos, cooperación público-privada y sostenibilidad financiera, afirmó la Directora de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica Hispam, Ana Valero.

“Innovación para la industria, el cierre de la brecha digital y el desarrollo de capacidades digitales en los ciudadanos; necesitamos cooperación, unir esfuerzos público-privados, privados-privados, ponernos todos remando en la misma dirección para avanzar rápidamente en la misma dirección, y sostenibilidad financiera de los proyectos, el entorno jurídico es clave para la atracción de inversiones”, señaló.

Durante un panel en el evento Digital Innovation Day, un grupo de representantes de la industria coincidió en que los países de la región deben implementar políticas públicas y regulaciones que promuevan las inversiones necesarias en infraestructura de telecomunicaciones, pues es la base de la transformación digital que atravesarán todas las actividades económicas y sociales.

A raíz de la pandemia por la Covid-19, se hizo aún más evidente la importancia de la transformación digital y la conectividad para la resiliencia de las naciones. Y aunque eso provocó progresos incluso en un contexto de crisis, los especialistas señalaron que en varios casos no hay coincidencia entre los discursos a favor del desarrollo digital y las acciones reales y concretas.

Horacio Romanelli, director de Asuntos Regulatorios para América Latina de Millicom, señaló que impulsar la innovación y la adopción tecnológica exige brindar fondos y recursos; tener marcos jurídicos previsibles, claros y modernos; fortalecer mercados competitivos que permitan el crecimiento a largo plazo, y reformular reglas obsoletas.

Los reguladores de la región tienen que pensar a conciencia si quieren “mercados hipercompetitivos” pero con resultados pobres para los operadores y bajas proyecciones de inversiones; o mercados más pequeños, consolidados, con operadores que tengan capacidad de inversión a largo plazo, pues “no habrá innovación ni transformación digital suficiente sin un flujo de inversión que sea sostenible”, advirtió Romanelli.

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El Director de Relaciones Institucionales de Liberty Latin America en Costa Rica, José Pablo Rivera, destacó que también se necesita tomar en cuenta que el ecosistema digital ha evolucionado y trae consigo nuevos modelos de negocio, en los que convergen los servicios de conectividad tradicional (como la banda ancha) con soluciones digitales (como los over-the-top).

“Un país y sus actores políticos que no comprendan esa realidad, y no sean capaces de adaptar sus políticas públicas de toda índole ―fiscal, de infraestructura o de competencia―, no va a ser capaz de generar un entorno propicio para la inversión, y para el crecimiento y la innovación tecnológica”, aseguró.

Reevaluar los FSU

Ava Valero también hizo hincapié en que, dentro de un nuevo enfoque de política pública y regulatoria, no se puede olvidar un tema imprescindible para la conectividad: los Fondos de Servicio Universal (FSU), que están pensados para llevar acceso universal de Internet o telefonía, especialmente a las zonas rurales y desconectadas.

La directiva de Telefónica explicó que se requiere una revisión profunda sobre dichos fondos: analizar cómo se han concebido, cómo se implementan en los países y de qué manera se ejecutan los recursos.

En algunas naciones de América Latina, los FSU han mostrado un grado muy bajo de uso de los recursos; es decir, no se están utilizando para expandir la conectividad universal, o se dirigen a otros proyectos del gobierno, como lo alerta un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.

Valero comentó que conectar a las zonas rurales de la región implica replantear estos fondos; incluir en su funcionamiento, por ejemplo, el subsidio directo a la demanda, ya que la población más pobre no puede costear el precio de los servicios. Y, además, diseñar políticas públicas capaces para que los operadores amplíen la cobertura con soluciones innovadoras en las localidades rezagadas.

Para alcanzar una mayor cobertura de redes en países de América Latina, se requiere de asociaciones entre gobiernos y privados, y no de “aventuras de empresas estatales”, aseveró Virginia Nakagawa, consultora Senior de Fora da Caixa Consultores Regulatorios, durante el evento México 5G organizado por DPL Live.

Nakagawa destacó, además, la importancia de que en los gobiernos exista un proyecto moderno al que se le dé continuidad sin importar el cambio de administración, y para ello se requieren funcionarios modernos que lleven al país a una transformación digital real.

“Pero, ¿cómo le hacemos para que no venga un nuevo gobierno y cambie la agenda, para que lo bueno tenga continuidad? Las respuestas son políticas públicas inteligentes, y los equipos técnicos deben tener internalizadas las políticas públicas que tengan al ciudadano como centro. Debe ser un servidor público moderno que nos lleve a una real transformación digital.

“Para hacer llegar el Internet no se requiere que sea declarado derecho ciudadano, en mi país (Perú) ya era servicio público y el Estado tenía la obligación de hacerlo llegar a todos los ciudadanos. Definitivamente, al ser servicio público ya era obligación. La idea es ya no sobrerregular, establecer formas de llegar a través de Asociaciones Público-Privadas (APP) que es fundamental y, sobre todo, no crear aventuras de empresas estatales”, apuntó Nakagawa.

Kenneth Pugh Olavarría, senador por la Sexta Circunscripción de la Región de Valparaíso de Chile, destacó el modelo de repartición de espectro en su país, en donde no tiene fines recaudatorios sino obligaciones de cobertura, que ha permitido llevarla a un alto porcentaje.

“El modelo chileno es muy abierto, los concursos son de beauty contest. La empresa tiene que hacer un gran esfuerzo para que la oferta sea atractiva. La estrategia de despliegue de licitaciones es importante.

“Se genera algo virtuoso: cuando llegas con 4G a lugares remotos, todos empiezan a usarlo y las personas están dispuestas a que una parte de sus ingresos vayan a conectividad digital. Están dispuestos a pagarlo. Esto es el verdadero mercado abierto”, dijo.

Mauro Garza, diputado mexicano federal del Partido Movimiento Ciudadano, criticó que en México no se dé prioridad al fomento y transición digital.

“Parece que falta visión de quien hoy está al frente de la actividad económica del país. Se sigue invirtiendo en tecnologías de hace 50 años y se siguen con estas aventuras de las empresas estatales y lo hacen muy mal; hoy ya no funcionan y no apuestan a proyectos de futuro”, comentó.

Por su parte, Rodrigo Rojas, presidente de la Comisión Sexta del Senado de Colombia, indicó que en aquel país tienen una legislación moderna que, sin embargo, ha tenido algunos frenos para poder seguir ejemplos como el chileno.

“La dinámica en Colombia es cómo hacer para avanzar al mismo ritmo que la legislación. Existe una legislación moderna y hay un operador en Asociación Público-Privada con recursos del Estado y, en ese sentido, hemos avanzado en el camino en el que viene Chile, que es progresar en el tema de las obligaciones. En la última entrega de espectro avanzamos para aumentar la cobertura a través de las obligaciones”, afirmó.

La experiencia en América Latina y el mundo ha mostrado que el talón de aquiles de las redes mayoristas de telecomunicaciones con participación del Estado es la sostenibilidad, entendida como la capacidad de asegurar su continuidad, su músculo financiero y operativo para cumplir con las metas de política pública que se han propuesto.

Colombia no sería la excepción. El proyecto de red compartida 5G que planea lanzar el gobierno en diciembre también se enfrentaría a este gran desafío, asegura en entrevista con DPL News, Lucas Gallitto, director de Políticas Públicas para América Latina de GSMA, una asociación global que agrupa a los operadores móviles.

“Hay riesgos muy grandes asociados a las redes mayoristas y creemos que, probablemente, existen otros mecanismos para potenciar el cierre de la brecha digital”.

El caso de la Red Compartida de México muestra las dolencias de este tipo de iniciativas. Se trata de una Asociación Público-Privada (APP) operada por Altán Redes, que tiene el uso exclusivo de la banda de frecuencias de 700 MHz para llevar cobertura móvil al 92 por ciento de la población para 2024.

Gallitto señala que el proyecto mexicano “está teniendo dificultades, sobre todo con el tema de la sostenibilidad”. En agosto, Altán entró en un concurso mercantil para renegociar su deuda con los acreedores, y poder solventar el despliegue de su red para cumplir con sus compromisos de conectividad social.

Altán  Redes consiguió un crédito por 50 millones de dólares hace un par de semanas, para mantener la operación de la red y la prestación de sus servicios. Y además busca postergar por cuatro años hasta 2028 la fecha límite para conectar al país.

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“El punto principal, tanto en el caso de México, como eventualmente en el caso de Colombia, es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos que el proyecto sea sostenible? Ahí radica el desafío”, enfatiza el directivo de la GSMA.

“No solamente el caso de México, tenemos otros casos alrededor del mundo que nosotros vamos siguiendo continuamente y no nos parecen buenas ideas, no nos parece que al final del día estos vehículos cumplan con la función con la que inicialmente fueron pensados”, agrega Gallitto.

“La compartición debería ser voluntaria entre las diferentes partes y nada mejor que la competencia de redes para poder potenciar el despliegue de infraestructura”.

Sin antecedentes de éxito, ¿Colombia puede ser la excepción?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) aún está diseñando su proyecto de red compartida. Aunque no se han delineado todos los detalles, el Viceministro de Conectividad, Walid David, adelantó a DPL News que la empresa público-privada usará alrededor de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz para implementar la tecnología 5G en las zonas donde no sea un caso de negocios para el sector privado.

Lucas Gallitto considera que asignar una porción de este espectro a la futura APP podría tener un efecto negativo sobre el mercado y los usuarios. “Este espectro también dejaría de estar disponible para la competencia tradicional de redes, para que los operadores lo puedan utilizar para mejorar la calidad de servicio a los colombianos”, afirma.

“Todo lo que impacte de una forma que reduzca la oferta de espectro es algo negativo para el consumidor colombiano”. Sobre todo, tomando en cuenta la cantidad de espectro en las bandas medias que será necesaria para garantizar un adecuado despliegue de los servicios móviles.

De acuerdo con un estudio de la GSMA, se requerirá un promedio de 2 GHz en las bandas medias, incluida la de 3.5 GHz, durante los próximos cinco a 10 años para satisfacer las demandas de los diversos casos de uso 5G.

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Otros retos que podría encarar la red compartida colombiana se relacionan con la complejidad del montaje técnico (y sus costos), de antenas, radiobases y otros equipos de telecomunicaciones.

Con la salvedad de conocer los lineamientos de dicha propuesta, Gallitto advierte que todas las redes mayoristas de este tipo, con mayor o menor medida, “han tenido el mismo común denominador: tener demasiados riesgos asociados”.

“Y la verdad tampoco hay ningún caso que podamos decir ‘exitoso’ para puntualizar, por lo cual sería interesante ver por qué el caso de Colombia sería el primer caso exitoso. Existen otras herramientas de política pública que podrían utilizarse”, apunta.

Antes de optar por una red mayorista, otro mecanismo que podría aprovecharse con más seguridad sobre su efectividad es establecer precios razonables en las licitaciones de espectro radioeléctrico, priorizando la conectividad y el desarrollo de la infraestructura digital por encima de la recaudación.

También fijar tarifas asequibles en la renovación de permisos de uso de frecuencias, y una colaboración más cercana con la industria de telecomunicaciones, explica el director de Políticas Públicas para América Latina de GSMA.

América Latina necesita “una nueva generación de alianzas público-privadas que nos permita realmente la sostenibilidad de la industria y la universalización del acceso”, sostuvo Maryleana Méndez, secretaria Ejecutiva de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

En el marco del evento Colombia 5G, convocado por  DPL Live y la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), Méndez destacó que estas alianzas “son una herramienta fundamental para lograr una digitalización incluyente en Colombia y en toda nuestra región”, pero deben ser diseñadas de manera apropiada, transparente y ser flexibles para adaptarse a la evolución tecnológica y de mercado.

La generación actual de asociaciones público-privadas (APP) en la región enfrenta un escenario complicado que pone en entredicho su factibilidad: la Red Compartida de México se encuentra en concurso mercantil y la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica de Perú está subutilizada.

En este contexto, Colombia planea crear una APP que provea capacidad mayorista para 5G. En lugar de eso, la industria llama a revisar las condiciones actuales del mercado, revaluar la política de espectro para evitar su encarecimiento y eliminar las barreras a la implementación de la infraestructura necesaria para las tecnologías.

Colombia ha logrado consolidar un régimen institucional que observa la digitalización como un pilar para el desarrollo, y ha apostado por innovar en la política y la regulación digital, apuntó Maryleana Méndez.

Pero reiteró que las autoridades deben tener claro cuáles son los obstáculos que impiden extender la cobertura y alinear sus objetivos de política pública con medidas y acciones normativas, fiscales y regulatorias.

Añadió que el gobierno debe hacer un análisis del aprovechamiento eficiente del espectro radioeléctrico y permitir el acceso a este recursos sin montos tan elevados como los que se han visto en las últimas subastas, pues se traducen en tarifas más inasequibles para los usuarios.

Las asociaciones público-privadas se han realizado en distintos mercados y sectores de la economía, logrando excelentes resultados, aunque durante 2021 la economía en América Latina está surfeando el fuerte oleaje generado por el inicio de la pandemia en 2020. Lo anterior nos ha permitido observar con mayor claridad los verdaderos retos de algunas decisiones que se han tomado, especialmente con miras a aumentar la conectividad.

En días recientes, se han hecho público dos situaciones que colocan una bandera amarilla, al menos, en los esfuerzos de la región por incrementar la cobertura, particularmente en zonas rurales y con baja densidad poblacional. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y la Red Compartida, la primera en Perú y la segunda en México, las cuales han dado muestra de ser un esfuerzo público-privado donde los objetivos no han sido alcanzados.

Ahora bien, ¿por qué estos esfuerzos no han logrado su objetivo? En general, mi respuesta a esta pregunta es que se han colocado los objetivos más allá de lo real, y el control público les resta agilidad en las decisiones para competir en un mercado, donde los otros también juegan. Veamos cada argumento por separado.

¿Objetivos más allá de lo real? Ambas asociaciones, la RDNFO y la Red Compartida se colocaron como objetivo establecer sus redes, no sólo en lugares donde no existían las redes de los operadores, sino también cubrir zonas donde ya estaban presentes otros competidores. 

Esto básicamente los dejaba expuestos a competir con actores privados, con un amplio conocimiento del mercado y un tiempo que les permite conocer muy bien a los clientes, personas, empresas e instituciones públicas.

En ambos casos, los operadores o competidores reaccionaron rápidamente. Quizá en Perú lo podemos evidenciar más fácilmente, debido a que los operadores desplegaron en corto tiempo sus propias redes de fibra óptica en las mismas rutas donde la RDNFO había sido diseñada.

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Retrasos en la implementación permitieron a sus competidores crecer donde lo necesitaban a pesar de que la RDNFO contaba con los recursos para ejecutar sus obras de instalación, pero el mercado había cambiado para cuando el proyecto finalizó. Hasta el momento, se reportó que sólo 3.2 por ciento de la capacidad instalada es utilizada, y los ingresos representan 7.7 por ciento de los costos operativos.

En el caso de la Red Compartida, los objetivos de cobertura iniciales fueron cambiados en dos ocasiones, generando modificaciones en la inversión e incrementándose en el corto plazo. 

Adicionalmente, afectaron la posibilidad de obtener ingresos comparables con los incrementos de la inversión, no sólo para recuperar la inversión, también impidieron seguir creciendo según los planes.

Obviamente, estas modificaciones cambiaron el modelo de negocio y en el mediano plazo es complicado contar con un plan de negocio ajustado a la realidad, si se mantienen esos requerimientos. 

La Red Compartida cuenta con más de 3 millones de clientes, quienes poseen contrato con los Operadores Móviles Virtuales en un mercado como el mexicano de más de 126 millones de personas, es decir, 0.025 por ciento.

“Se han colocado los objetivos más allá de lo real y el control público les resta agilidad.”

— Gerardo Mantilla

¿El control público le resta agilidad? Quizás en ambos casos es más evidente este argumento. Desde 2017, la parte privada ya había informado a su contraparte pública que los precios ofrecidos por la RDNFO estaban lejos de sus competidores, al igual que los esquemas de negociación, que evidentemente eran más rígidos que la competencia.

Desde ese momento, la rentabilidad de la RDNFO estaba comprometida, por lo que no se tomaron decisiones rápidas o fueron insuficientes para que se permitiese aumentar su competitividad e incrementar el tráfico. 

Desde 2020, apenas se tomaron decisiones para aumentar la capacidad contratada por instituciones públicas que pudieron tomarse antes, o reducir los precios y aumentar la flexibilidad de los planes. Sin embargo, creo que mi punto a resaltar es que en las asociaciones público-privadas el operador requiere flexibilidad en su toma de decisiones, sin esperar la aprobación de ninguna parte en cuestión.

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En el caso de la Red Compartida este argumento está muy relacionado con los objetivos reales que se plantearon. Debido a que, como mencioné, los objetivos de cobertura fueron cambiados, incorporando zonas de menor rentabilidad y mayor inversión, pero que en total reducían la capacidad de recuperar la inversión en el corto plazo, lo que facilitaría la continuidad de la operación.

En realidad, esta decisión no fue impulsada por la organización privada responsable de la Red Compartida, y seguramente entendió muy bien las implicaciones de la decisión. 

Ahora bien, si las asociaciones público-privadas tienen que competir con actores privados, pero para reaccionar a sus acciones o realizar cambios deben esperar su aprobación por la parte pública, lo cual conlleva más tiempo, es muy difícil lograr el objetivo.

Quizá en América Latina debemos cambiar la forma de gestionar estas asociaciones. Veamos el caso de Reino Unido, donde se creó una Red Compartida para llevar cobertura 4G a las zonas rurales, vías de comunicaciones y zonas especiales. La red está conformada sólo por los operadores móviles privados que ya compiten en el mercado británico. La parte pública aportará parte del financiamiento para reducir el tiempo del despliegue, mil millones de libras esterlinas.

Las zonas seleccionadas para el despliegue de la red fueron acordadas entre las partes público-privada, así como el cronograma y compromisos bien definidos en cuanto a la velocidad de la red que ofrecerán a los clientes.

Obviamente, en América Latina los requerimientos son muy diferentes al Reino Unido. Este ejemplo sólo es un caso que me permito exponer. Sin embargo, considero que para nuestra región es necesario considerar otro tipo de factores. 

Las asociaciones entre empresas privadas y el gobierno en Chile en todos sus niveles serán primordiales para la transformación digital del país, coincidieron especialistas durante el foro Chile 5G organizado por DPL Live.

Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital (Idicam), advirtió que las asociaciones público-privadas (APP) no pueden sostener su existencia pensando en lo que vendrá en el futuro, ya que debe ser una convicción tanto del gobierno como de las empresas que debe practicarse en el presente, todos los días.

El representante empresarial remarcó que la industria privada es la que hace el 99 por ciento de las inversiones, por lo que es necesario que desde el lado del gobierno exista una certeza que les permita actuar en consecuencia.

“Falta convicción. No puedes entender que el privado está haciendo el 99 por ciento de todo el esfuerzo y actuar con el mismo paradigma pre-pandemia, eso es inviable cuando tienes al regulador en la conversación a partir de la sanción”, comentó.

Pelayo Covarrubias, presidente del Directorio País Digital, incluso señaló que las APP no serán suficientes en sí mismas, pues además de las inversiones en infraestructura troncal será necesario que se tengan proyectos conjuntos de última milla.

“Las empresas confían en Chile, pero esto no va a ser suficiente, la conectividad es sólo la base de la pirámide. Sin duda hay proyectos como la Fibra Óptica Austral, el cable transoceánico, etcétera, pero tenemos que saltar a la última milla que es más compleja y eso va a requerir acuerdos APP que permitan llegar a la población”, dijo el especialista.

Adriana Ríos Welton, vicepresidenta Regulatoria y external Affairs de AT&T México, señaló que falta un incentivo de innovación claro, pero también de una coyuntura transversal. “Si hablamos de la brecha digital, todos tenemos el reto, pero vamos a requerir de nuestros amigos del área de contenido, como profesores en el área de educación o apoyo de protección de datos y privacidad”, comentó.

Thierry de Saint Pierre, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (ACTI), alertó que hacen falta políticas públicas relacionadas con las inversiones en investigación y desarrollo tecnológico local.

“Como país tenemos el desafío del proceso de innovación. No hemos logrado pasar el porcentaje de inversión de las empresas y el país en general en investigación, desarrollo e innovación.

“En este rubro, la inversión en Chile es del 0.6 por ciento del PIB anual, mientras que el promedio de la OCDE es de 2.4 por ciento. Ese indicador refleja que existe poca innovación en todas las empresas, salvo excepciones”, dijo De Saint Pierre.

El gobierno de Colombia expidió un decreto para permitir las Asociaciones Público Privadas (APP) en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través del cual se busca avanzar en la implementación de proyectos de conectividad para la transformación digital del país.

Con este documento en vigencia, ya se pueden “recibir propuestas del sector privado para realizar proyectos, de tal manera que el país no sólo cuente con las iniciativas gubernamentales. Así es que el sector privado se convierte en un aliado para avanzar en nuestro propósito de equidad”, dijo la Ministra TIC, Sylvia Constaín.

El decreto establece que las compañías que se asocien con el gobierno para desarrollar algún proyecto deberán proveer servicios de calidad, y cumplir con un cierto nivel de obsolescencia tecnológica, privilegiando el uso de equipos más actuales y modernos.

Además, la disposición brindará certeza jurídica a los participantes para incentivar al interés en el esquema de APP para llevar conectividad a los colombianos, ya sea a nivel nacional o en localidades.

Desde el año pasado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público comenzaron a elaborar el documento.

En agosto pasado, el MinTIC anunció que este instrumento permitiría extender los servicios de telecomunicaciones a quienes aún no tienen acceso a ellos. El modelo de APP ya existía en el país, pero sólo se enfocaba en proyectos de autopistas y carreteras.

CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, presentó en Lima, Perú, el libro Asociaciones Público-Privado en América Latina; afrontando el reto de conectar y mejorar las ciudades, que analiza las oportunidades y ventajas de las Asociaciones Público-Privadas (APP) en las ciudades.

La publicación presenta casos de estudio que impulsan tres retos en materia de APP: nuevas infraestructuras para adoptar el modelo en el ámbito de las telecomunicaciones y el agua; la necesidad de transformación de la gobernanza institucional; y la aplicación del modelo de APP en las ciudades.

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) se han promovido a escala mundial como una solución para que los Estados inviertan en infraestructura y servicios públicos con la participación del sector privado.

Este modelo desarrollado en diferentes países de América Latina genera conocimiento para que los gobiernos interesados en implementar APP se beneficien de las experiencias de otros gobiernos.  

En Perú se evaluó el proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), cuyo objetivo es desplegar redes para dar acceso a las regiones apartadas del país.

Se pudo observar como la RDNFO ha equilibrado las oportunidades de acceso a los servicios de comunicación entre las zonas urbanas y rurales, reduciendo la brecha digital. Además, prevé que el aumento de los servicios de Internet ayude al desarrollo de la sociedad y la economía peruana.

“Perú es el primer país que no es miembro de la OCDE en adherirse a los estándares internacionales de calidad para la evaluación de proyectos de APP. Los avances legislativos logrados en el país generan una mayor atracción de la inversión internacional”, afirmó Manuel Malaret, representante de CAF en Perú.

Por su parte, Lucía Meza, directora de Proyectos de la Región Norte de la Vicepresidencia de Infraestructura de CAF, dijo que “se plantea un conjunto de recomendaciones sobre la aplicación de APP en ciudades, algo que resulta novedoso por la falta de literatura en la materia y la importancia que la inversión en ámbitos urbanos tendrá en América Latina en los próximos años”.

El libro plantea siete factores clave para el éxito de la aplicación de las APP en ciudades latinoamericanas basadas en el conocimiento y la experiencia adquirida durante años:

1. La gobernanza institucional y legislación.
2. La planificación y toma de decisiones.
3. La coordinación de la política tarifaria.
4. La posibilidad de obtener recursos adicionales para el financiamiento de los proyectos.
5. La asignación de riesgos.
6. Los mecanismos para atraer inversores privados, y
7. La defensa del interés público.