¿Qué deben hacer los reguladores para favorecer el desarrollo de la economía digital? Alinear el discurso con las políticas públicas que corren para el sector y tener extremo cuidado en no ser un palo en la rueda para el avance tecnológico. Esos son los desafíos latentes para los que aplican las reglas en una industria que tiene en su buena respuesta ante la pandemia la carta de presentación de sus virtudes.
Todos los reguladores han avanzado con políticas de universalización de servicios en tiempos de covid-19: hubo planes de todo tipo y color para que los ciudadanos y empresas puedan seguir aprovechando los beneficios de estar conectados en el contexto de estricto confinamiento, pero el problema no es sólo de acceso: 260 millones de latinos –40 por ciento de la población– que viven en zonas de cobertura móvil no la utilizan.
Sobre estos ejes giró la discusión del primer panel del Digital Innovation Day, en el que reguladores y expertos en materia de políticas públicas de distintos países comentaron sobre los proyectos puestos en marcha en el último tiempo, planes de acción previstos a corto plazo y retos que se presentan en el contexto de transformación digital, que es tan rico en oportunidades como en desafíos.
Lucas Gallitto, de GSMA Latin America, puso sobre la mesa la importancia de pasar del dicho al hecho, o en otras palabras, que “haya consistencia entre la relevancia que se entiende tiene el sector y las políticas públicas derivadas de eso”. Mencionó algunas necesidades que se repiten hace tiempo en esta parte del mundo: menor carga tributaria, entrega de espectro sin fines recaudatorios y agendas digitales a largo plazo.
También recordó que es fundamental la simplificación regulatoria, que no debe verse como sinónimo de resumir lo existente y que lo mismo se exprese en menos palabras o resoluciones, sino que debe tomarse como una oportunidad de “cambiar el ADN”: eliminar lo que resulta obsoleto y, en definitiva, adecuar la regulación a la situación y desafíos de hoy.
Rafael Muente Schwarz, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de Perú, dijo que el regulador puso su esfuerzo en “fomentar la competencia” y esto tuvo resultados, tales como 93 por ciento de reducción en el costo del Mbps de Internet fijo y una baja similar en el apartado móvil.
Luego de hablar de cambios a favor de la virtualidad desde el lado de los operadores –con reglas para la atención online– como para los clientes –simplificación de contratos y “Checa tu Plan”, entre otros–, el ejecutivo reconoció que en Perú llegar a la población más dispersa “es complejo” por su geografía y habló de “comunicar con banda ancha a todos los pueblos”, como hoja de ruta del corto plazo.
El Presidente de la Asociación de Organizaciones Nacionales del Caribe (Canto), David Cox, dijo que “los desafíos del Caribe, al menos en digitalización, son más agudos” que en el resto de la región porque son, en general, países con población pequeña en donde “existe un problema de costeabilidad” para los operadores, que saben que recuperar la inversión es un desafío mayor que en otros sitios.
La representante de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), Paola Bonilla, aprovechó su espacio para destacar que el país tiene “el primer sandbox regulatorio del sector de comunicaciones en el mundo”, y contó la experiencia como “una apuesta a futuro que permite la implementación de proyectos con impacto social”.
De más de 23 propuestas, se habilitaron 10 y tres de ellas pasaron a la parte de experimentación: una con foco en Internet para zonas rurales, otra herramienta SOC para la medición de la experiencia del usuario en Internet móvil y la tercera para contratos unificados. “Tras la experimentación, se analizarán resultados y se verificará si se procede a actualizar el marco regulatorio”, indicó.
En su turno, la Directora Ejecutiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Julissa Cruz, recordó que República Dominicana decretó el acceso a banda ancha como “una necesidad básica”, lo que redundó en acciones concretas, como la liberación de la banda de 700 MHz, que se adjudicará este año, avances en la implementación de TDT y mejoras en materia de conectividad, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En paralelo, Cruz valoró las recientes ampliaciones de concesiones a operadores de telecomunicaciones en “condiciones más favorables” y señaló que están trabajando en un proyecto de ley TIC “más macro que el actual, que sólo contempla telecomunicaciones”, el cual estaría listo para su presentación al Ejecutivo antes de fin de año.
Martín Olmos, subsecretario de las TIC en Argentina, hizo énfasis en que el aparato regulatorio local “intentó acompañar” los desafíos que se presentaron durante la pandemia, con acciones como el Plan Conectar, y valoró el rol del Estado para llegar a sitios aislados: “Son muchos los lugares donde es viable dar servicio, porque Arsat llega con su red troncal (Refefo), que ampliaremos”.
El funcionario enumeró otras políticas públicas locales, entre ellas la construcción del tercer satélite local, con foco en la banda Ka; el reglamento para provisión de servicios TIC en inmuebles y el de compartición de infraestructura, con el que se logró “un cambio de actitud de los operadores”. También mencionó la puesta a consulta del reglamento de espectro y la reducción a cero de la tasa de exportación de servicios para 2022.
A la hora de las conclusiones, los oradores coincidieron en la importancia de “no dejar a nadie afuera” –casi un mantra de la industria– y aportar a la demanda, con programas de universalización y fomento del uso de herramientas digitales. Apostar a la compartición y eliminar barreras para el despliegue fueron otros conceptos repetidos durante la charla.
Otra clave en la que hubo consenso fue en la idea de no sobrerregular y que todas las decisiones normativas se sustenten con datos y medición de daños colaterales. “La conectividad es más esencial que nunca: los gobiernos podrían empeorar las cosas tratando de intervenir o imponiendo políticas que obliguen a los operadores a invertir de forma no sustentable”, cerró Cox.
