Asociaciones público-privadas en telecomunicaciones: ¿resultados?
Las asociaciones público-privadas se han realizado en distintos mercados y sectores de la economía, logrando excelentes resultados, aunque durante 2021 la economía en América Latina está surfeando el fuerte oleaje generado por el inicio de la pandemia en 2020. Lo anterior nos ha permitido observar con mayor claridad los verdaderos retos de algunas decisiones que se han tomado, especialmente con miras a aumentar la conectividad.
En días recientes, se han hecho público dos situaciones que colocan una bandera amarilla, al menos, en los esfuerzos de la región por incrementar la cobertura, particularmente en zonas rurales y con baja densidad poblacional. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y la Red Compartida, la primera en Perú y la segunda en México, las cuales han dado muestra de ser un esfuerzo público-privado donde los objetivos no han sido alcanzados.
Ahora bien, ¿por qué estos esfuerzos no han logrado su objetivo? En general, mi respuesta a esta pregunta es que se han colocado los objetivos más allá de lo real, y el control público les resta agilidad en las decisiones para competir en un mercado, donde los otros también juegan. Veamos cada argumento por separado.
¿Objetivos más allá de lo real? Ambas asociaciones, la RDNFO y la Red Compartida se colocaron como objetivo establecer sus redes, no sólo en lugares donde no existían las redes de los operadores, sino también cubrir zonas donde ya estaban presentes otros competidores.
Esto básicamente los dejaba expuestos a competir con actores privados, con un amplio conocimiento del mercado y un tiempo que les permite conocer muy bien a los clientes, personas, empresas e instituciones públicas.
En ambos casos, los operadores o competidores reaccionaron rápidamente. Quizá en Perú lo podemos evidenciar más fácilmente, debido a que los operadores desplegaron en corto tiempo sus propias redes de fibra óptica en las mismas rutas donde la RDNFO había sido diseñada.
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Retrasos en la implementación permitieron a sus competidores crecer donde lo necesitaban a pesar de que la RDNFO contaba con los recursos para ejecutar sus obras de instalación, pero el mercado había cambiado para cuando el proyecto finalizó. Hasta el momento, se reportó que sólo 3.2 por ciento de la capacidad instalada es utilizada, y los ingresos representan 7.7 por ciento de los costos operativos.
En el caso de la Red Compartida, los objetivos de cobertura iniciales fueron cambiados en dos ocasiones, generando modificaciones en la inversión e incrementándose en el corto plazo.
Adicionalmente, afectaron la posibilidad de obtener ingresos comparables con los incrementos de la inversión, no sólo para recuperar la inversión, también impidieron seguir creciendo según los planes.
Obviamente, estas modificaciones cambiaron el modelo de negocio y en el mediano plazo es complicado contar con un plan de negocio ajustado a la realidad, si se mantienen esos requerimientos.
La Red Compartida cuenta con más de 3 millones de clientes, quienes poseen contrato con los Operadores Móviles Virtuales en un mercado como el mexicano de más de 126 millones de personas, es decir, 0.025 por ciento.
“Se han colocado los objetivos más allá de lo real y el control público les resta agilidad.”
— Gerardo Mantilla
¿El control público le resta agilidad? Quizás en ambos casos es más evidente este argumento. Desde 2017, la parte privada ya había informado a su contraparte pública que los precios ofrecidos por la RDNFO estaban lejos de sus competidores, al igual que los esquemas de negociación, que evidentemente eran más rígidos que la competencia.
Desde ese momento, la rentabilidad de la RDNFO estaba comprometida, por lo que no se tomaron decisiones rápidas o fueron insuficientes para que se permitiese aumentar su competitividad e incrementar el tráfico.
Desde 2020, apenas se tomaron decisiones para aumentar la capacidad contratada por instituciones públicas que pudieron tomarse antes, o reducir los precios y aumentar la flexibilidad de los planes. Sin embargo, creo que mi punto a resaltar es que en las asociaciones público-privadas el operador requiere flexibilidad en su toma de decisiones, sin esperar la aprobación de ninguna parte en cuestión.
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En el caso de la Red Compartida este argumento está muy relacionado con los objetivos reales que se plantearon. Debido a que, como mencioné, los objetivos de cobertura fueron cambiados, incorporando zonas de menor rentabilidad y mayor inversión, pero que en total reducían la capacidad de recuperar la inversión en el corto plazo, lo que facilitaría la continuidad de la operación.
En realidad, esta decisión no fue impulsada por la organización privada responsable de la Red Compartida, y seguramente entendió muy bien las implicaciones de la decisión.
Ahora bien, si las asociaciones público-privadas tienen que competir con actores privados, pero para reaccionar a sus acciones o realizar cambios deben esperar su aprobación por la parte pública, lo cual conlleva más tiempo, es muy difícil lograr el objetivo.
Quizá en América Latina debemos cambiar la forma de gestionar estas asociaciones. Veamos el caso de Reino Unido, donde se creó una Red Compartida para llevar cobertura 4G a las zonas rurales, vías de comunicaciones y zonas especiales. La red está conformada sólo por los operadores móviles privados que ya compiten en el mercado británico. La parte pública aportará parte del financiamiento para reducir el tiempo del despliegue, mil millones de libras esterlinas.
Las zonas seleccionadas para el despliegue de la red fueron acordadas entre las partes público-privada, así como el cronograma y compromisos bien definidos en cuanto a la velocidad de la red que ofrecerán a los clientes.
Obviamente, en América Latina los requerimientos son muy diferentes al Reino Unido. Este ejemplo sólo es un caso que me permito exponer. Sin embargo, considero que para nuestra región es necesario considerar otro tipo de factores.