La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene el dictamen de reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, en el que se incluye la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 

En el dictamen que se pondrá a discusión, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aparece como la que absorberá las funciones del hoy órgano regulador mexicano de las telecomunicaciones.

“Se contempla la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, para que en su lugar, el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión (Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes) garantice el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones”, señala el dictamen.

El documento también dice que se prevé que la ley establecerá los principios, las acciones de coordinación y distribuirá competencias entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de homologar los trámites para ordenar la materia telecomunicaciones y radiodifusión en todo el país.

Relacionado: ¿Desaparecerá el IFT?: en septiembre se votará la iniciativa

“En este sentido, a través de la SICT se continuarán atendiendo los asuntos sobre el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social con inclusión del comunitario y de pueblos indígenas”, agrega el dictamen de reforma constitucional.

Los artículos de la Constitución que se plantean modificar para consumar la extinción del IFT son el 27 y 28.

En DPL News hemos dado a conocer cómo el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum tiene el firme objetivo de desaparecer a los órganos autónomos, como lo planteó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se aborda en el documento 100 Pasos para la Transformación, en donde Sheinbaum plasma su proyecto de nación.

Los órganos reguladores de Perú ya están defendiendo su autonomía, luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) propusiera hace unos días fusionarlos en uno solo.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) advirtieron al gobierno los riesgos de avanzar en esta iniciativa.

Una eventual unificación de los órganos reguladores, sin mayor análisis, sería una mala señal para los inversionistas de las distintas actividades económicas involucradas y un retroceso para el desarrollo económico del país, alertaron las agencias de forma conjunta.

Los organismos mostraron su rechazo al planteamiento de la PCM, pues cada uno tiene una especialización muy distinta y estudia mercados con particularidades únicas.

Fusionar a los órganos reguladores “puede ocasionar serios perjuicios para la economía nacional, originada en la falta de especialización y una señal negativa para los inversionistas, más aún en un momento en el que el país necesita, como nunca, predictibilidad jurídica y económica, ambos aspectos de suma importancia observados por los agentes económicos antes de realizar una inversión en el país”.

Te puede interesar: Los riesgos de fusionar 4 órganos reguladores en Perú como propone PCM

“La fusión implicaría el riesgo de que las decisiones regulatorias pierdan su especialización técnica, por ser más propensa a una alta influencia política”, dijeron las instituciones.

Osiptel, Ositrán, Sunass y Osinergmin concuerdan con los especialistas en regulación que han advertido que una unificación afectaría gravemente su independencia técnica, dado que el gobierno tendría poder político sobre temas como el establecimiento de tarifas.

Los organismos reguladores implementan medidas y normativas con el fin de garantizar los mayores beneficios a los consumidores; es decir, que reciban servicios de calidad y con los mejores precios. Sin embargo, la influencia del gobierno inhibiría la confianza de los usuarios y de las empresas en esta labor.

Cuando la PCM anunció su propuesta, como parte de un proyecto de ley que solicita la delegación de facultades al Ejecutivo, dijo que la unificación de los órganos reguladores busca mejorar la coordinación entre las agencias, eliminar la duplicación de funciones y, entre otras cosas, lograr una mejor gestión de recursos y personal.

No obstante, los organismos advierten que no hay un estudio técnico que sustente la iniciativa del gobierno. Por el contrario, la autonomía de los órganos reguladores es clave para promover la competencia y las inversiones en el país.

También lee: OCDE ve claroscuros en Perú: Osiptel avanza ante un complejo entorno político

Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha reconocido que la independencia de los órganos es indispensable para promover nuevas inversiones, el ingreso de nuevos operadores y mayores niveles de bienestar para los usuarios.

Esta no es la primera vez que se plantea una propuesta para fusionar al Osiptel, Ositrán, Sunass y Osinergmin. En años pasados, en el Congreso se han discutido proyectos al respecto. Pero ahora es el gobierno quien promueve la idea.

Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, mencionó la propuesta la semana pasada. Pero todavía no hay un documento formal. El proyecto de ley sobre delegación de facultades sólo se refiere a mejorar la coordinación entre los órganos reguladores, más no a fusionarlos en un regulador multisectorial.

Se espera que la PCM aclare su iniciativa sobre los organismos autónomos en los próximos días. Mientras tanto, los cuatro órganos reguladores dijeron que están abiertos a realizar mejoras en las instituciones, pero manteniendo su autonomía, independencia y especialidad.

Una vez más, el gobierno peruano busca que el Congreso le otorgué facultades para intervenir en aspectos específicos de diversas materias: desde el sistema tributario, las telecomunicaciones y hasta la energía.

Y como parte de esa ampliación de poderes, la Presidencia del Consejo de Ministros plantea fusionar cuatro órganos reguladores sectoriales en uno solo, con el supuesto de que la regulación sea más eficiente.

Esto significaría que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se concentrarían en una sola entidad.

La fusión de las instituciones que regulan sectores tan diferentes entre sí, con particularidades y dinámicas muy distintas, ha desatado la preocupación de diversos especialistas en el país y de las propias entidades.

Te puede interesar: Digital Metrics | Fibra óptica representa 41.1% de los accesos a banda ancha en países de la OCDE

A principios de mayo, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que solicita que le sean delegadas facultades para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.

El punto 3.1.59 de dicha iniciativa plantea modificar la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, para establecer medidas de articulación y coordinación de dichos organismos con el fin de mejorar la gestión regulatoria.

Si bien el texto no menciona una fusión de las agencias reguladoras, la Presidencia del Consejo de Ministros expuso la idea de unificar las diferentes labores ante una comisión de asesores del Congreso la semana pasada.

Gonzalo Ruiz, académico y expresidente del Consejo Directivo del Osiptel, explicó que la PCM deslizó el planteamiento de que la posible fusión de los organismos permitiría acabar con una supuesta duplicidad de funciones.

No obstante, dado que el proyecto de ley no menciona la unificación, puntualizó que hasta ahora no está clara cuál es la racionalidad del gobierno con esta propuesta.

Te recomendamos: OCDE ve claroscuros en Perú: Osiptel avanza ante un complejo entorno político

Lo que sí es evidente es que la idea de una posible fusión del Osiptel, Ositran, Sunass y Osinergmin carece de sustento técnico y sería contraproducente, dado que los organismos regulan mercados muy distintos, advirtió a DPL News el también integrante del Grupo Impulsor de la Mejora de la Calidad Regulatoria.

“Son organizaciones que tienen niveles de especialización muy diferentes. Las telecomunicaciones tienen una especialidad totalmente distinta al sector de energía o al sector de infraestructura y transportes. No tendría mucha lógica juntar sectores con características y expertis tan diferentes”, señaló el especialista.

En ese sentido, el impacto de una integración de este tipo, si el proyecto logra avanzar, sería contraproducente para los distintos sectores involucrados.

“Hacia lo que tiende la organización del Estado y los Estados modernos es hacia la institucionalización; concentrar cuatro organismos en una sola cabeza creo que facilitaría la estructura y la influencia política de las autoridades de turno sobre el manejo de estos reguladores autónomos, que en los últimos años se han mantenido relativamente a toro”.

“Sería un retroceso en el proceso de reformas que se inició en el Perú desde la década de los 90 y que ha permitido atraer inversiones en los servicios públicos. Entre todos estos, quizás el único en donde no se ha logrado tanto atraer inversiones privadas es agua y saneamiento, pero en el resto de sectores sí han sido claves los autónomos reguladores”, destacó Gonzalo Ruiz.

OCDE recomienda reguladores autónomos

Precisamente, la existencia de órganos reguladores independientes es una de las condiciones necesarias para brindar seguridad jurídica y promover las inversiones en sectores económicos relevantes.

Actualmente, los cuatro órganos reguladores antes mencionados tienen independencia administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. Cuentan con autonomía para llevar a cabo sus tareas, aunque están adscritos a la PCM.

Incluso, en 2016, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo un informe sobre la política regulatoria en el país, en el que advierte que los reguladores económicos aún tenían vínculos con el gobierno central que podrían perjudicar su autonomía y recomendaba resolver esa problemática.

Para la OCDE, es muy importante cuidar la independencia de los entes reguladores, dado que esto influye directamente en la competitividad de las economías y en la protección de los consumidores.

Durante la reunión con la comisión de asesores del Congreso, la Presidencia del Consejo de Ministros dijo que la integración de los cuatro organismos en uno solo permitiría conseguir una mejor coherencia regulatoria entre sectores, aminorar el riesgo de captura regulatoria y coadyuvar a la mejor asignación de personal y de recursos.

Incluso, la PCM argumentó que la OCDE ha señalado que tener un órgano regulador multisectorial posibilitaría desbloquear estos beneficios.

Destacado: Perú, tercer lugar en regulación telecom en Sudamérica: UIT

Flavio Ausejo, experto en regulación de servicios públicos y docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, aclaró que la OCDE no recomienda la implementación de un superregulador de ese tipo.

Por el contrario, detalló, la organización destaca que contar con órganos especializados con independencia del gobierno da más ventajas a los países para atraer inversiones extranjeras.

La unificación de los organismos reguladores, en realidad, conlleva más riesgos que posibles soluciones para mejorar la calidad regulatoria, consideró el especialista durante un foro virtual.

En sintonía con los riesgos previstos por Gonzalo Ruiz, Ausejo comentó que la propuesta del PCM podría incrementar el peligro de corrupción, politización de temas técnicos y capturar la regulación.

Sería también un retroceso en la institucionalidad regulatoria, que ha sido resaltada incluso por la OCDE. Y, en última instancia, dejaría a Perú fuera del proceso de adherirse a dicha institución, pues la nación tiene la meta de unirse a la OCDE en 2027.

De momento, no está del todo claro por qué el gobierno quiere apropiarse de funciones de órganos reguladores autónomos.

Flavio Ausejo consideró que podría deberse a que los entes reguladores son incómodos para el Ejecutivo.

Los reguladores ―expuso― tienen una mejor percepción de los mercados debido a la información y capacidad técnica que manejan; hacen notar la ausencia de política nacional sectorial o su inexistencia; pueden formar sus propios juicios gracias a su autonomía, y rinden cuentas a la población en el proceso tarifario, entre razones por las que pueden chocar con los planes del gobierno en turno.

Los directores del Osiptel, Ositran y Sunass ya se posicionaron al respecto y enviaron una carta a la PCM, en la que manifestaron su preocupación por una medida que, a su juicio, afectaría a los consumidores de servicios públicos y los mercados regulados.

Los organismos dijeron que la medida propuesta distorsionaría los mercados y la competencia, y, por lo tanto, frenaría la expansión y el desarrollo de los servicios prestados a la población.

Esta no es la primera vez que se presenta en Perú una iniciativa para la delegación de funciones de los órganos reguladores. Ya se han promovido propuestas relacionadas en 2012, 2016, 2019 y 2023.

Aun así, Ausejo y Ruiz coincidieron en que no deja de ser alarmante la intención del Ejecutivo en este momento.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) se pronunció en contra de la Enmienda N° 54 de la Medida Provisional N° 1,154/2023, que reduce el poder de decisión de los órganos reguladores de Brasil.

El Ministerio de las Comunicaciones solicitó la posición de la Anatel sobre la propuesta y el Consejo Directivo de la Anatel envió una nota explicando el papel de la Agencia y los riesgos del cambio.

De acuerdo con la Anatel, su naturaleza especial “se caracteriza por la ausencia de tutela o subordinación jerárquica, por la autonomía funcional, decisoria, administrativa y financiera y por el término de la investidura de sus directores y la estabilidad durante los mandatos”. Y la Agencia no puede imponer obligaciones, restricciones y sanciones en exceso de lo necesario para servir el interés público.

La nota también menciona los mecanismos de la Agencia, como la Defensoría del Pueblo, las reuniones abiertas del Consejo Directivo, las consultas públicas y el Análisis de Impacto Regulatorio que antecede a los actos normativos.

“Este modelo de regulación por parte del Estado, ampliamente utilizado en el mundo y en Brasil desde mediados de la década de 1990, tiene como principal justificación brindar mayor estabilidad regulatoria y, en consecuencia, seguridad jurídica a las inversiones del sector privado en servicios e infraestructura regulados por este modelo”, dice el documento.

La Anatel fue constituida con base en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que precedió a cambios profundos en el mercado de las telecomunicaciones. Hubo ampliación de la red, servicio y promoción de la competencia.

“Es un hecho que todavía hay desafíos por superar, pero el abandono del modelo de regulación utilizado en Brasil durante casi treinta años seguramente hará que la resolución de estos problemas sea un camino más difícil, o incluso imposible”.

La Anatel afirma que es necesario considerar los riesgos de la disminución de las inversiones privadas, perjudicando a la sociedad y a los objetivos de las políticas públicas.

Posición de la industria

Entidades del sector de las telecomunicaciones ya se han mostrado en contra de la medida, afirmando que generará inseguridad jurídica, perjudicando a las inversiones y, en consecuencia, a los consumidores.

“Para garantizar un ambiente propicio para atraer inversiones en infraestructura y servicios públicos, es necesario que los reguladores sean fuertes e independientes”, dice la posición firmada por Conexis Brasil Digital, la Asociación Brasileña de Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones Competitivos (TelComp) y entidades de otros sectores regulados.

Enmienda elimina el poder de las agencias reguladoras

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió la MP Nº 1,154/2023 al Congreso Nacional con el objetivo de reestructurar los órganos de la Presidencia y de los Ministerios, y el diputado Danilo Forte (União-CE) incluyó esa enmienda en el texto, que ahora se debate .

La propuesta reforma las leyes de los organismos para determinar que “la expedición de los actos normativos previstos en las disposiciones de este capítulo, aun en los sectores regulados, se ejercerá a través de Consejos vinculados a los Ministerios y Secretarías que actuarán en las funciones de regulación, deslegalización y edición de actos normativos infralegales”.

Estos consejos estarían integrados por representantes del Ministerio, la Agencia, los sectores regulados de la actividad económica, la academia y los consumidores, aprobados por el Congreso Nacional.

Forte le dijo a Valor que la idea es “evitar la cooptación por parte de la comunidad empresarial, para beneficiar al consumidor”.

“Estamos convencidos de que el futuro y rumbo del sector es 5G”, aseguró el presidente interino del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México, Javier Juárez Mojica.

Durante su participación en el evento por el XXIX aniversario del Osiptel, Rumbo y Futuro del Sector de las Telecomunicaciones en el Perú, celebrado este miércoles 8 de febrero, Juárez Mojica puntualizó que, por sus altas velocidades y baja latencia 5G es la base de la transformación digital.

Lee también: Por enfoque colaborativo, IFT se convirtió en un regulador de quinta generación: UIT

El comisionado aclaró que la implementación de las redes móviles de quinta generación requiere de una agenda integral, holística, que sólo podrá ser diseñada de manera colaborativa con todos los involucrados, razón por la cual, desde 2021, el IFT creó el Comité 5G.

Juárez Mojica detalló que este grupo multidisciplinario y multisectorial busca abordar los dos principales retos comunes del sector en la región: el costo del espectro radioeléctrico y las barreras al despliegue de infraestructura a nivel local, así como las aplicaciones y casos de uso, que pueden ser palanca para cerrar las brechas digitales.

El comité cuenta además con mesas de discusión sobre el entorno regulatorio, Open RAN y Ciberseguridad, así como experimentación y pruebas.

Cambios en el sector telecom mexicano en la última década

Como panorama general, Javier Juárez Mojica explicó que, desde que existe el IFT, es decir, hace una década, ha habido cambios significativos en el sector mexicano de las telecomunicaciones, ya que han disminuido los costos de los servicios al tiempo que ha aumentado la inflación.

El comisionado detalló que, en dicho periodo, el acceso a banda ancha fija se ha más que triplicado y el servicio móvil creció 313 por ciento.

Recomendamos: 5G transformará la economía de América Latina, pero depende de costo del espectro: Nokia

Y agregó que al igual que Perú, en las últimas tres décadas México también transitó de un monopolio estatal a uno en el que existe la competencia. En ese sentido, detalló que el operador incumbente se ha regulado de manera asimétrica como agente económico preponderante.

Pese a estos avances que ha logrado el país, Juárez Mójica reconoció que aún hay grandes retos que sortear para cerrar las brechas digitales: acceso, asequibilidad y aprovechamiento. Para ello, dijo que se requieren inversiones muy relevantes, entre las que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha proyectado que se necesitarán más de 68 mil millones de dólares para aumentar 10 por ciento la penetración de banda ancha fija y móvil.

“La pandemia nos enseñó que lo digital no es una opción, sino una necesidad”, sentenció el comisionado presidente, quien para finalizar destacó la transversalidad del sector, por la posibilidad que tiene de impactar y optimizar muchas industrias y actividades en aras de lograr una sociedad más incluyente y bienestar social.

La propuesta que reduce el poder de decisión de las agencias reguladoras podría generar inseguridad jurídica, perjudicar a los consumidores y afectar el ambiente de negocios en Brasil.

Esta es la posición de la Federación Nacional de Call Center, Instalación y Mantenimiento de Infraestructura de Redes de Telecomunicaciones e Informática (Feninfra), sobre la modificación propuesta por el diputado Danilo Forte (União-CE) en la Medida Provisional Nº 1,154/2023.

De acuerdo con Vivien Suruagy, presidenta de Feninfra, si el cambio tiene éxito, el resultado afectará las inversiones en varios sectores de la economía brasileña, “incluyendo la infraestructura de telecomunicaciones, que depende de la seguridad regulatoria para obtener fondos, especialmente en proyectos de largo plazo. Tememos que los nuevos proyectos sean cada vez más escasos y costosos, afectando incluso la empleabilidad”. Para Suruagy, la propuesta es un revés.

Comenta que la reforma altera las leyes de las agencias y transfiere potestad normativa a secretarías y consejos vinculados a los Ministerios. “Las agencias deben ser independientes para regular el mercado y defender los intereses de los consumidores, sin importar el gobierno elegido en ese momento”.

El presidente de Feninfra también recuerda que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) fue la primera agencia que se creó en el país y que jugó un papel clave en el nuevo modelo de telecomunicaciones del país. Además, sigue siendo esencial para fomentar la competencia y garantizar una comercialización justa de los servicios a los consumidores.

Lea también: Ley General de Telecomunicaciones de Brasil cumple 25 años

Enmienda elimina el poder de las agencias reguladoras

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió la Medida Provisional Nº 1,154/2023 al Congreso Nacional en el primer día del año. El objetivo del texto era estructurar los órganos de la Presidencia y los Ministerios.

Sin embargo, una de las reformas propuestas en la Cámara de Diputados fue la de Forte, que reforma las leyes de organismos -entre ellas la Ley General de Telecomunicaciones- para determinar que “la edición de los actos normativos previstos en las disposiciones de este capítulo, aun en los casos reglamentados, se ejercerá a través de Consejos vinculados a los Ministerios y Secretarías que actuarán en las funciones de regulación, deslegalización y edición de actos normativos infralegales”.

Estos consejos estarían integrados por representantes del Ministerio, la Agencia, los sectores regulados de la actividad económica, la academia y los consumidores, aprobados por el Congreso Nacional.

La justificación del diputado es que el Consejo vinculado a los Ministerios y organismos reguladores permite una mayor interacción entre los componentes, “a fin de discriminar funciones reguladoras y juzgadoras, con mayor transparencia, responsabilidad y participación democrática”. Para Forte, la propuesta garantizaría el control y vigilancia de un poder sobre el otro.

El Economista Lilia González

El partido Morena en la Cámara de Disputados busca “noquear” a los órganos reguladores (Cofece y el IFT) para restarles facultades, a través de reformas al código penal y competencia económica, para eliminar las querellas dentro de la figura de inmunidad, alertó la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés).

La iniciativa presentada por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario de Morena, pretende derogar un párrafo del artículo 254 bis del Código Penal Federal que garantiza la operación del Programa de Inmunidad, el cual ha sido el instrumento más importante del sistema de competencia para sancionar a los cárteles económicos, exitoso desde su instalación en 2011 a la fecha.

La Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México explicó que los órganos constitucionales autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal Electoral (IFT), han sido desde 2011 los encargados de realizar acuciosas investigaciones de carácter técnico, sin ningún tipo de carga política ni de intereses de grupo, para determinar si existen elementos desde el punto de vista administrativo para concluir la gravedad de una situación que pueda conducir a una sanción administrativa contando.

Además, cuentan con la atribución de presentar querellas en la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que se inicie un procedimiento penal conforme al artículo 254 bis del Código Penal Federal (delitos relacionados con prácticas monopólicas absolutas), expuso.

El organismo privado internacional refirió que el programa de inmunidad permite que, si alguien está participando en un acuerdo con sus competidores o ha participado en él, pueda acudir ante la COFECE o el IFT y ofrecer su cooperación en el procedimiento de investigación, a cambio de reducir su sanción administrativa y quedar excluido de las investigaciones en materia penal.

Por tanto, la derogación propuesta permitiría que se persiguiera inclusive a aquellas personas protegidas por el Programa de Inmunidad, haciéndolo inoperante en el futuro.

“El programa de inmunidad ha sido tan exitoso que casi todas las sanciones de cárteles económicos realizadas por las autoridades de competencia, han tenido a alguien que ha decidido acogerse a él y cooperar con la autoridad de competencia, porque tienen temor no solo de la sanción administrativa, sino también del inicio de un procedimiento penal”, advirtió la ICC.

Apuntó, el Congreso de la Unión debería insistir en que la FGR forme cuadros especializados en temas de persecución de este tipo de delitos económicos y, además, facilite la presentación de las querellas. Es decir, no se debe quitar la querella, sino facilitarla y trabajar en colaboración con la COFECE y el IFT, lo cual no ha realizado a pesar del acuerdo de 2019.

“Para la ICC México el combate a las prácticas monopólicas se debe mantener con la creación de instituciones fuertes, el cuidado del Programa de Inmunidad como pilar de los instrumentos para perseguir los cárteles económicos, el respeto al debido proceso y la absoluta y total coordinación entre la autoridad de competencia y las fiscalías”, refirió.

Para quienes pregunten las razones para cuestionar la autonomía de los órganos reguladores incorporados en la Constitución General de la República,^[1] la pertinencia de las funciones que tienen a cargo, o lo que hacen o han dejado de hacer, el presente análisis expone argumentos que justifican el rechazo del poder político a dichas estructuras administrativas del sector público, al grado de querer fusionarlas o suprimirlas, y también aporta elementos que sostienen la eficacia y la necesidad de la permanencia de dichos entes en el Estado moderno. Las posiciones de unos y otros están vinculadas de forma estrecha con el control en la función pública.

Algunos antecedentes

En Europa y Estados Unidos de América, las autoridades o agencias independientes ejercen función reguladora en la que mantienen vínculos estrechos con los poderes estatales, los que establecen el marco normativo que las sujetan y determinan el financiamiento y el funcionamiento, pero observan diversos niveles de autonomía en la operación.

A diferencia del “modelo mexicano”, que dota a los órganos reguladores con autonomía constitucional que los sitúa en el grado más alto de independencia funcional y les encomienda un “tramo” de función estatal alejado del poder político, debido a las decisiones de naturaleza técnica y el control fortificado que llevan a cabo.

De ahí que la Constitución los separe de forma total de los poderes clásicos por la naturaleza peculiar del cometido: moderar, regular y equilibrar la actividad de los poderes y de quienes ejercen un poder de hecho en un sector o industria.

En Reino Unido es autoridad independiente la British Broadcasting Corporation (BBC), institución fundada el 18 de octubre de 1922 que provee el servicio público de radio, televisión e Internet. En el momento actual, la cadena de noticias respetada en el ámbito internacional está en el centro de la discusión pública, debido a la ofensiva del primer ministro que, ante la caída en la captación de ingresos, plantea que se le suprima el financiamiento o que se transforme en empresa mercantil.

El rechazo a tal iniciativa ha sido mayoritario. Se afirma que “el gobierno es sólo administrador temporal del servicio de radiodifusión pública y debe seguir el financiamiento de forma independiente y sin control político”.^[2]

La razón principal son los bienes esenciales que ofrece, además del servicio público de radiodifusión y noticias, la aptitud de pedir cuentas a las figuras poderosas. La Cámara de los Comunes afirma que este tipo de emisoras (públicas) “son herramienta vital contra la desinformación en la era de las redes sociales, con noticias precisas, confiables y de confianza”.^[3]

En Estados Unidos las agencias reguladoras surgen con el desarrollo de la moderna administración pública como respuesta a problemas que demandan preparación técnica especializada de alto nivel, que la administración tradicional no es capaz de ofrecer, al considerar que la operación o regulación del gobierno sofocaría la eficiencia y la innovación.^[4] 

La primera agencia fue Interstate Commerce Commission creada en 1887, en el ámbito federal, para regular y supervisar el funcionamiento del sector ferroviario, que intenta frenar abusos en actividades de interés público realizadas por empresas privadas,^[5] la que sirve de modelo para las demás agencias independientes creadas a lo largo del siglo XX.^[6] Debido a los buenos resultados y el prestigio de que gozan estos entes,^[7] se crean otros con autonomía en grados diversos.

La discusión sobre la autonomía de estos entes queda zanjada por la decisión de la Corte Suprema, en el caso Humprey´s Executor v. United Estates,^[8] cuando resuelve que el presidente no puede revocar el cargo del Comisionado Federal de Comercio, que él nomina y ratifica el Senado, debido a que tal facultad la restringe la Constitución de los Estados Unidos, pues cae dentro del principio de separación de poderes.

Más aún, porque afirma que la influencia coercitiva del Ejecutivo amenaza la independencia de dicha Comisión.

Ámbito económico

En el contexto local, la gestión de los órganos reguladores autónomos inicia con el Banco de México o Banco Central (1925) con la reforma constitucional del 22 de diciembre de 1993 que procura afianzar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, además de promover el desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.^[9]

Su desempeño logra erradicar largos periodos de incertidumbre económica e inestabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

Con el paso del tiempo van consolidándose otros reguladores, tras varias reformas que reorientan la actividad estatal y modifican el diseño del sector público para que tenga la capacidad de regular los nuevos mercados derivados de los procesos de privatización y la suscripción de acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (10-VI-90) y el signado con veintitrés países de la Unión Europea (01-VII-00).

Dentro de los que destacan la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La primera fue creada con la finalidad de garantizar la libre competencia y la concurrencia en los mercados; prevenir, investigar y combatir monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, además de tutelar los derechos incorporados en el artículo 28 constitucional, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor.

El segundo surge como responsable de asignar las concesiones de telecomunicaciones mediante licitaciones públicas; garantizar la libre competencia en este sector y en el de la radiodifusión, y vigilar la operación de los nuevos servicios públicos de interés general garantizados por el Estado.

Desde entonces, en este último sector han ido disminuyendo de forma paulatina las tarifas de los servicios y va en aumento la conectividad por virtud de la competencia en dichos sectores.

Del criterio económico al político

Los órganos autónomos no se instituyen sólo sujetos a criterios económicos, pues la reforma constitucional de 22 de agosto de 1996 también dota de autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) con la finalidad de excluir la función estatal electoral de la intervención del poder político y seguir consolidando la democracia.

Para que la organización de las elecciones la regulen criterios técnicos, al contar con “una institución imparcial, que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales”.

La relevancia de la decisión radica en que retira del ámbito de la acción política la organización y vigilancia de los procesos de participación política, lo que les restaba credibilidad a los resultados.

Y es que desde su creación en 1990 y hasta 1996, el presidente del Consejo General del entonces IFE era el Secretario de Gobernación.^[10]

La Secretaría organizaba las elecciones e imprimía las papeletas y demás materiales para la jornada electoral con apoyo de la empresa sectorizada: Productora e Importadora de Papel, establecida de forma original para proveer del insumo a las rotativas de los diarios de circulación nacional, sin que pudiera probarse que fuere un instrumento de censura contra periódicos incómodos, pero tampoco podía afirmarse lo contrario por el carácter de monopolio externo e interno (compra, producción y distribución del insumo).^[11]

Junto con Comunicaciones y Transportes (que opina en el aspecto técnico), Gobernación también asigna, renueva y revoca concesiones de radio y de televisión. De ahí la concentración de frecuencias, pues menos concesionarios equivale a mayor control, lo que de igual forma explica la fidelidad de algunos concesionarios con el partido en el poder.^[12]

Por si fueran pocas las áreas de control, a la par vigila la programación de las estaciones de radio y de televisión las 24 horas al día y verifica el cumplimiento de las leyes que regulan los sectores referidos (Ley Federal de Radio y Televisión, Ley Federal de Educación y Ley sobre el Escudo, la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales), además de los tiempos oficiales en general y de los asignados a los partidos políticos en particular.

Después de los antecedentes narrados, que explican de forma sucinta la función que la Constitución general ha atribuido a estos entes reguladores, toca ahora exponer algunas razones de orden técnico en la integración y operación, que probablemente esclarezcan la razón del rechazo de los reguladores autónomos en el nuevo orden gubernamental.

Primera razón

Acotan el poder del Presidente de la República. El control sobre decisiones en áreas o sectores político-económicos de trascendencia se retira de la influencia del Ejecutivo federal, justo porque la Constitución general de modo expreso les delega “un tramo” de función estatal que desea excluirse de la intervención del poder político.

Y es que no todas las decisiones estatales deben tomarse por las mayorías. En algunos casos se requieren decisiones técnicas y especializadas tomadas por expertos calificados, por quienes no votamos, pero en cuya selección interviene uno o dos de los poderes que sí elegimos, de acuerdo con requerimientos reforzados en la normativa y bajo rigurosos exámenes de aptitud.

Segunda razón

El Presidente de la República no designa a los integrantes del órgano de gobierno de los órganos autónomos (consejeros-comisionados), no puede removerlos del cargo ni tampoco influir en sus decisiones; difícilmente creeríamos en la neutralidad el árbitro electoral si los consejeros fueran designados por el Ejecutivo federal.

La forma y los requerimientos de designación fueron incorporados en el texto constitucional con el fin de que la autonomía no pueda disminuirse ni afectarse debido al pago de favores o al temer por la estabilidad y la permanencia en el cargo.

Lo anterior rompe con la línea jerárquica de mando y dirección vertical que rige en la función administrativa. De ahí la noción de “dependencias” para referirse a las secretarías de Estado, cuyos titulares son de libre nombramiento y remoción del Ejecutivo.

En el caso de los otros entes autónomos, el Comité de Evaluación previsto en el artículo 28 constitucional, previa convocatoria pública que fija requisitos de escolaridad, aplica a los aspirantes un examen de conocimientos de los sectores regulados e integra una lista con los mejor evaluados que envía al Ejecutivo para que seleccione al que someterá al Senado para ratificación.

Tercera razón

Los órganos autónomos cuentan con alto grado de especialización en la gestión y deben sostener neutralidad ante influencias internas y externas de índole política o económica.

El cometido a cargo no sólo es moderar, regular y equilibrar la actividad de los otros poderes sino, también, de quienes ejercen un poder de hecho en un sector o industria.

De ahí que la toma de decisiones sea colegiada y mayoritaria, sin que tenga como objetivo agradar al poder político ni a los electores o integrantes de la industria o de cualquier área regulada. La decisión ayuda a lograr resultados más consistentes y tiene como propósito que sean consensuadas, reflexivas y pluralistas, debido a que expresan valores diversos a la eficacia que busca la rama ejecutiva.^[13]

Contexto actual

El diseño constitucional dota de fortaleza a los órganos reguladores, pero no garantiza la intromisión o intrusión de los otros poderes.

En otra época pensábamos que la autonomía sólo podría afectarse por virtud de una reforma constitucional; sin embargo, hoy debemos afirmar que los entes autónomos no están exentos de resultar afectados por decisiones del poder político.

No agradan, pues los integrantes fueron designados y ratificados por una orientación mayoritaria diversa de la que predomina en la actualidad, amén del cambio de orientación del proyecto gubernamental. La tendencia actual -con palabras de García Llovet-, tal vez sea, del Poder Legislativo, un intento de controlar su funcionamiento, y del Ejecutivo, “el deseo de recuperar el poder sobre estos entes, que considera como naturalmente propio”.^[14]

En época reciente se han intentado diversas formas de limitarlos, como la propuesta de fusión con la Comisión Reguladora de Energía, un órgano dependiente del Ejecutivo, presentada por el senador Ricardo Monreal; la disminución del presupuesto para el ejercicio de las atribuciones por estimarlos caros; la disminución del salario de los comisionados, y la desatención en el envío de propuestas para la ratificación de los comisionados que faltan en las integraciones de Cofece e IFT, lo que en este momento impide el ejercicio de algunas facultades constitucionales, al grado de explorarse la controversia constitucional como vía de solución, pues cuentan con legitimación activa dado el carácter de entes de poder que ejercen una función estatal emergente.^[15]

El acoso al INE va en aumento, pues primero sufre el recorte presupuestal más alto de su historia en el año en que debe organizar las elecciones más grandes de época reciente.

El Ejecutivo federal descarta que la restricción presupuestal y una eventual reforma constitucional sean medidas para atemperarlo, pero insiste en la necesidad de la reducción del presupuesto, debido a lo oneroso de la estructura orgánica y los altos salarios de los consejeros.

Lo que nunca imaginamos -por escandaloso- es que el presidente de la Cámara de Diputados presente una denuncia en contra de los consejeros, por una decisión colegiada en ejercicio de atribuciones, pues no es ni será la vía institucional, sólo es un despropósito.

El tema ha quedado saldado con la resolución de la Suprema Corte relativa a las impugnaciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato que los exceptúa de responsabilidad ante el compromiso de llevar a cabo una consulta pública sin contar con recursos suficientes, dada la negativa de la Secretaría de Hacienda de suministrarlos. Sin embargo, el daño en el equilibrio entre los poderes ya está hecho. 

Ahora se propone que dependa del Poder Judicial de la Federación, en desconocimiento de las importantes funciones que ejerce. No resuelve conflictos de orden jurisdiccional, como sí lo hace el Tribunal Federal Electoral como órgano de última instancia, que ya forma parte del judicial.

El INE es autoridad administrativa y como tal debe gozar de objetividad y contar con estructura no partidista ni jerarquizada,^[16] caso diverso de lo que ocurre en la Administración Pública Federal cuyos custodios son designados por el titular del Ejecutivo, quien proviene del partido político ganador de las elecciones federales y cuyo mandato es unipersonal.

Para finalizar

Los ejemplos relacionados pretenden resaltar la importancia de la función a cargo de los órganos constitucionales autónomos y la justificación de la permanencia con estos caracteres en el Estado constitucional de Derecho, sin olvidar el impacto de las decisiones en compromisos internacionales signados por México, pues los órganos reguladores también se explican en el contexto del comercio global.

Desde la fecha de firma del TLCAN (1990-2016) y ahora con el nuevo acuerdo comercial T-MEC, en vigor desde el 1 de julio de 2020, nuestro país ha signado 11 tratados comerciales con 46 países, lo que representa 90 por ciento del comercio exterior.^[17]

Y por supuesto que el diseño de los reguladores admite revisiones y/o adecuaciones. Como todo ente público son perfectibles: no son la excepción.

En la última década han mostrado algunas debilidades, como la opacidad en los procesos de selección de los candidatos a comisionados/consejeros y el método de ratificación a partir de cuotas, que veda la necesaria neutralidad ciudadana para el ejercicio de la función.

No olvidemos que los primeros designados en tiempo respondieron a intereses del Ejecutivo federal, de los partidos políticos preponderantes o incluso de la industria. De ahí que se proponga revisar y perfeccionar el proceso de unos y otros, por cierto, inatacable, lo que estimamos un desacierto que violenta el derecho a la defensa que prevé el artículo 25 de la Convención Americana.

También se propone valorar las estructuras administrativas de cada ente, por la tendencia siempre creciente a la obesidad. En tiempos de incertidumbre económica, la disminución de recursos presupuestales puede ser una coyuntura que lleve a la revisión integral del financiamiento de cada regulador, como ocurre en Reino Unido, donde ha impactado a la legendaria BBC, que algunos plantean que se convierta en una estructura más simple y ágil.

Esta institución centenaria nos sirve para cerrar estas líneas, pues, en el caso de los reguladores del ámbito local, también hay bienes esenciales que preservar, además de las funciones de ordenación y regulación de actividades y sectores públicos y privados de gran potencial, que no deben retornar al ámbito del control político-partidario.

^[1] Parte de este análisis fue compartido en Amedi 20 años/Foro Retos del derecho a la información en tiempos de incertidumbre, cambio tecnológico y pandemia, celebrado el 25 de enero de 2022 en la Ciudad de México.

^[2] Wolf, Martin. “La BBC, más importante que nunca en este tiempo” (Financial Times), en Milenio, Negocios, 24 de enero de 2022, p. 19.

^[3] Ibíd.

^[4] Cfr. Pomed, Luis A. “Fundamento y naturaleza jurídica de las administraciones independientes”, en Revista de Administración Pública, núm. 132, septiembre-diciembre de 1993, p. 123. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es.

^[5] Ibid.

^[6] Fernández, Gabriel. “La administración por agencias independientes en los Estados Unidos de América”, en Universitas, 52(106), 2003, p. 183. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14813.

^[7] García, Enrique. “Autoridades administrativas independientes y estado de derecho”, en Revista de Administración Pública, núm. 131, mayo-agosto de 1993, p. 63. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/17174.pdf.

^[8] Humprey´s Executor v. United Estates, 27 de mayo de 1935. Disponible en: htpp://law.harvard.edu/cases/850.

^[9] Banco de México. Importancia de la autonomía del Banco central y el mandato de estabilidad de precios. Disponible en: https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7BAB64D4BA-9F5E-A1DC-7B20-9494B0C4B01A%7D.pdf.

^[10] INE. Historia del Instituto Nacional Electoral. Disponible en: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/.

^[11] Zacarías, Armando. “El papel de PIPSA en los medios de comunicación”, en Comunicación y sociedad, DECS, Universidad de Guadalajara, septiembre de 1995-abril de 1996, pp. 73-88. Disponible en: http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/25-26_1996/73-88.pdf.

^[12] Emilio Azcárraga Milmo concesionario de Televisa se reconoció como un soldado del partido en el poder. Infobae. El día que Emilio Azcárraga se destapó como soldado del PRI. Disponible en: https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2021/07/29/el-dia-que-el-tigre-azcarraga-se-destapo-como-soldado-del-pri).

^[13] Lucas, Nicolás. “Ricardo Monreal retira su iniciativa de Ley para fusionar Cofece, IFT y CRE en el Inmecob”. El Economista, 17 de junio de 2020. Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Ricardo-Monreal-retira-su-iniciativa-de-Ley-para-fusionar-a-Cofece-IFT-y-CRE-en-el-Inmecob-20200617-0050.html.

^[14] Cfr. nota VII, pp. 83-84.

^[15] Fernández, Jorge y Salgado, Eréndira. Derecho administrativo del estado de Sinaloa, México, Porrúa, 2009. 

^[16] Cfr. nota VII, p. 74

^[17] Gazol, Antonio. “Libre comercio, tratados y nuevo orden. Un balance”, en Elsevier, vol. 13, núm. 38, mayo-agosto 2016, pp.122-130, Facultad de Economía, UNAM. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-economia-unam-115-articulo-libre-comercio-tratados-nuevo-orden–S1665952X16300068.

El Heraldo de México Adrián Arias

Desde el inicio del gobierno de la 4T, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahorraron 65 por ciento del total de los organismos autónomos, dando los mayores beneficios por austeridad a esta administración.

Ambas instituciones, que el gobierno busca desaparecer, generaron ahorros por 372.9 millones de pesos desde 2019 hasta septiembre de 2020, de un total de 576.4 millones de pesos de los organismos autónomos, según Informes de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda.

Entre enero y septiembre de 2020, el IFT ahorró 195 millones de pesos, posicionándose como la cifra más elevada y superando al Tribunal Federal de Justicia Fiscal (TFJF), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

“Los autónomos son los que más están ahorrando y los que menos gasto representan. Bajo la premisa de ahorrar estamos viendo un austericidio de organismos muy eficientes”, dijo Adriana Hernández Hortiales, experta en finanzas públicas y exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda.

El gobierno ha dicho que esos organismos son onerosos y que al desaparecerlos, los recursos se  pueden destinar a programas que beneficien a la sociedad.

Sin embargo, para 2021 el presupuesto del INAI y del IFT es sólo 0.4 por ciento del asignado al país por 6.2 billones de pesos.

El IFT señala que por cada peso que se le destina de presupuesto, se obtiene un beneficio de 47 pesos para la sociedad.

Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Digital Policy and Law, afirmó que eliminar al IFT supondría un revés a los avances generados tras la Reforma de Telecomunicaciones, que propiciaron más ofertas de servicio, más cobertura de señales y mayor calidad.

A su vez, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (Canieti), alertó que los usuarios de estos servicios van a ser los más afectados.

Dijo que sus decisiones se dan a través de procesos transparentes, basados en las mejores prácticas internacionales, tomados con criterios técnicos y no políticos.

El Ministro de Comunicaciones (Minicom) de Brasil, Fábio Faria, presentó un proyecto de ley que prevé la privatización de los servicios postales en el país. La propuesta añade, además, la creación de la Agencia Nacional de Comunicaciones (Anacom), en sustitución de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), como nuevo regulador de estos servicios.

La Anacom mantendría todas las asignaciones de telecomunicaciones. La diferencia es que, según el proyecto, también regularía los servicios del Sistema Nacional de Servicios Postales, modificando la Ley N° 9.472 de julio de 1997, Ley General de Telecomunicaciones (LGT).

Según el ministro, el texto final debería enviarse al Congreso el próximo año y la expectativa es que sea aprobado a fines de 2021, para que pueda comenzar el proceso de venta de la empresa Correios al sector privado.

Recomendado: Telebrás y Correios sólo irán a Ministerio de Economía cuando estén listos para la venta

“El proyecto trata más de principios que de reglas, sobre todo porque el Congreso Nacional debe abordar el tema”, dijo Faria en una conferencia de prensa. Según el ministro, corresponderá a los parlamentarios ocuparse de cómo serán las entregas, los servicios y de los trabajadores postales. “El Minicom hará seguimiento con diputados y senadores”, agregó.

En 2019, el gobierno de Brasil anunció un paquete de nueve empresas incluidas en su plan de privatizaciones, entre las que se encuentran Correios, la Casa de la Moneda y Telebrás.