La propuesta que reduce el poder de decisión de las agencias reguladoras podría generar inseguridad jurídica, perjudicar a los consumidores y afectar el ambiente de negocios en Brasil.
Esta es la posición de la Federación Nacional de Call Center, Instalación y Mantenimiento de Infraestructura de Redes de Telecomunicaciones e Informática (Feninfra), sobre la modificación propuesta por el diputado Danilo Forte (União-CE) en la Medida Provisional Nº 1,154/2023.
De acuerdo con Vivien Suruagy, presidenta de Feninfra, si el cambio tiene éxito, el resultado afectará las inversiones en varios sectores de la economía brasileña, “incluyendo la infraestructura de telecomunicaciones, que depende de la seguridad regulatoria para obtener fondos, especialmente en proyectos de largo plazo. Tememos que los nuevos proyectos sean cada vez más escasos y costosos, afectando incluso la empleabilidad”. Para Suruagy, la propuesta es un revés.
Comenta que la reforma altera las leyes de las agencias y transfiere potestad normativa a secretarías y consejos vinculados a los Ministerios. “Las agencias deben ser independientes para regular el mercado y defender los intereses de los consumidores, sin importar el gobierno elegido en ese momento”.
El presidente de Feninfra también recuerda que la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) fue la primera agencia que se creó en el país y que jugó un papel clave en el nuevo modelo de telecomunicaciones del país. Además, sigue siendo esencial para fomentar la competencia y garantizar una comercialización justa de los servicios a los consumidores.
Lea también: Ley General de Telecomunicaciones de Brasil cumple 25 años
Enmienda elimina el poder de las agencias reguladoras
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió la Medida Provisional Nº 1,154/2023 al Congreso Nacional en el primer día del año. El objetivo del texto era estructurar los órganos de la Presidencia y los Ministerios.
Sin embargo, una de las reformas propuestas en la Cámara de Diputados fue la de Forte, que reforma las leyes de organismos -entre ellas la Ley General de Telecomunicaciones- para determinar que “la edición de los actos normativos previstos en las disposiciones de este capítulo, aun en los casos reglamentados, se ejercerá a través de Consejos vinculados a los Ministerios y Secretarías que actuarán en las funciones de regulación, deslegalización y edición de actos normativos infralegales”.
Estos consejos estarían integrados por representantes del Ministerio, la Agencia, los sectores regulados de la actividad económica, la academia y los consumidores, aprobados por el Congreso Nacional.
La justificación del diputado es que el Consejo vinculado a los Ministerios y organismos reguladores permite una mayor interacción entre los componentes, “a fin de discriminar funciones reguladoras y juzgadoras, con mayor transparencia, responsabilidad y participación democrática”. Para Forte, la propuesta garantizaría el control y vigilancia de un poder sobre el otro.