El reloj sigue corriendo y la suerte aún no está echada para la subasta 5G de Costa Rica. Al comienzo de su gobierno, el presidente Rodrigo Chaves dio un plazo de seis meses para que el Grupo ICE devuelva al Estado el espectro radioeléctrico que mantiene ocioso, con el fin de que pueda ser utilizado para el desarrollo de la tecnología de quinta generación.

Han pasado casi tres meses desde entonces y, con la mitad del tiempo corrido, el Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (del Micitt), Carlos Alvarado Briceño, confía en que el proceso de negociación con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) va por buen camino para lograr esa encomienda.

Alvarado Briceño afirma en entrevista con DPL News que “estamos avanzando muy bien en ese proceso” de recuperación de frecuencias en las bandas de 2.6 y 3.5 GHz, analizando todas las opciones que están sobre la mesa y las diferentes vías que la ley sectorial habilita.

Todas las cartas aún están sobre la mesa, por lo que el gobierno aún no quiere adelantar cuáles son las opciones que están considerando para rescatar el espectro en manos de ICE. Sin embargo, del éxito de esa tarea depende que se logre llevar a cabo la licitación 5G en el corto plazo, reconoce el ministro.

El Micitt está avanzando en todas las gestiones necesarias para recuperar las frecuencias subutilizadas. Por parte del ICE, Alvarado Briceño resalta que hay una buena disposición para cumplir con la ordenanza del mandatario Rodrigo Chaves, por lo que incluso el funcionario no descarta que la negociación se pueda cumplir en un plazo menor al estipulado.

Desde la pasada administración, hubo intentos para llegar a un acuerdo con la paraestatal y lanzar la subasta de espectro 5G. El Micitt tuvo la intención de instruir a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que iniciara la preparación del concurso, pero sin las frecuencias concesionadas al ICE.

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La industria advirtió que eso quitaría competitividad a la puja y sería insuficiente para impulsar la implementación de las redes 5G. Por eso, una de las primeras acciones que busca concretar el nuevo gobierno es retornar el espectro asignado al ICE. La instrucción de Rodrigo Chaves en mayo dio buenas señales a la industria de que Costa Rica no se quiere quedar rezagada en la vanguardia digital.

Plan de telecomunicaciones en puerta

Carlos Alvarado Briceño destaca que, además de la negociación con ICE, el Ministerio busca resolver pronto otra tarea: la de definir una hoja de ruta para el despliegue de la tecnología de quinta generación en el país. El Micitt publicará a más tardar en agosto el nuevo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), el cual trazará el camino para 5G.

El ministro detalla que este documento señalará no sólo la línea de acción para 5G sino también objetivos medibles, para monitorear y supervisar qué tanto se avanza en la construcción de “un esqueleto de conectividad e infraestructura” para facilitar el lanzamiento de la nueva tecnología.

“Costa Rica necesita un gran esqueleto de conectividad y para eso requerimos también ver las frecuencias en manos del Estado, para que puedan ser subastadas y que así el mercado de libre competencia sea el que acelere el desarrollo de esta infraestructura”.

“Nos encontramos con una política pública en telecomunicaciones que estaba ya vencida desde el mes de diciembre del año pasado, entonces (el plan es) otro de los grandes productos que estamos trabajando a toda máquina (…). Cuando entramos al gobierno, ya teníamos prácticamente cinco meses de retraso” en la actualización del PNDT, comenta Carlos Alvarado.

De acuerdo con el titular del Micitt, el nuevo plan para el sector de telecomunicaciones impulsará una visión de 5G como palanca de la competitividad del país, la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento económico.

Asimismo, el Ministerio se propone lanzar el próximo mes la Estrategia de Transformación Digital, una Estrategia de Ciberseguridad y otros instrumentos de política pública que promuevan el desarrollo digital de manera integral, trabajando de la mano con otras dependencias, considerando que el impacto del sector TIC es transversal en la economía.

Infraestructura y presupuesto, dos pendientes

¿Y de qué está hecho ese esqueleto? De la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente fibra óptica. “El país tiene que acelerar realmente la construcción de infraestructura: yo diría que esa es la prioridad número uno, construir el esqueleto nacional de conectividad“, puntualiza el ministro.

Para agilizar ese proceso, Carlos Alvarado comenta que el Micitt está colaborando con los gobiernos locales para que eliminen las barreras a la implementación de infraestructura en sus políticas locales y planes de ordenamiento territorial, sobre todo en las costas del país.

Sin embargo, el ministro opina que la institución tiene algunas dificultades para llevar a cabo la ejecución de las política pública relacionadas con el sector TIC, ya que el Micitt es la cartera que recibió un presupuesto más bajo en este periodo.

Alvarado Briceño señala que el Ministerio necesita “un presupuesto robusto que refleje adecuadamente la inversión, la ambición en materia de gobierno digital (…)”. Para implementar de manera efectiva la política pública, “se requieren recursos”. En ese sentido, el funcionario busca que la Asamblea Legislativa considere desembolsar un mayor presupuesto, acorde con las tareas de la cartera.

Así, el Micitt tendría insumos para acelerar su estrategia de transformación digital que beneficiará la competitividad de todos los sectores productivos, y conectar las comunidades más marginadas y vulnerables del país para cerrar brechas, apunta el ministro.

Costa Rica quiere ser potencia en el metaverso

Aunque el metaverso todavía no es una realidad tangible y su desarrollo aún está en marcha, el ministro Carlos Alvarado Briceño confía en que Costa Rica puede ser una potencia en este nuevo ecosistema de entornos virtuales, donde la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada serán claves.

“Las oportunidades que existen también en el mercado global para Costa Rica son muy grandes y consideramos que el país tiene la capacidad para convertirse en un gran jugador, en un gran epicentro, de toda esta revolución global que estamos viviendo”.

Desde la Presidencia de la República, existe un fuerte interés en que el país desarrolle y aproveche sus capacidades tecnológicas para convertirse “en ese gran epicentro global de desarrollo de gemelos digitales de la humanidad”, asegura el funcionario.

Materializar ese objetivo también dependerá de que se pueda llevar a cabo la subasta de espectro con bandas altas de frecuencias, explica el ministro. Los operadores necesitan este espectro para implementar las redes 5G, una tecnología que promete velocidades mayores, latencias ultrabajas y un mayor ancho de banda.

Las cualidades de las redes 5G permitirán habilitar los dispositivos, productos, servicios, aplicaciones y casos de uso vinculados con el metaverso. Por ello, el titular del Micitt pondera la relevancia de la licitación de espectro para poder posicionar al país dentro de la revolución digital global.

A pocos meses del cambio de administración, el gobierno de Costa Rica ordenó el inicio de un procedimiento administrativo que permitirá determinar posibles incumplimientos prestacionales, legales y contractuales en el uso del segmento de frecuencias de 3,425 MHz a 3,625 MHz que tiene, de forma ociosa, la empresa pública ICE, y que es imprescindible para una futura licitación 5G.

De acuerdo con un comunicado, el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, designaron un órgano director de procedimiento para establecer la verdad real de los hechos sobre posibles incumplimientos investigados, en relación con la concesión, el uso y explotación de este segmento de frecuencias, concesionado a la empresa pública.

“Después de realizar el análisis técnico y jurídico correspondiente se determinó que, entre las vías previstas en la ley, esta es la forma de dar atención a los presuntos incumplimientos, y además atender la situación de disponibilidad de espectro en la banda de 3,500 MHz para el despliegue de redes 5G en el país”, explicaron desde el Ejecutivo.

El gobierno reconoce que un despliegue adecuado de redes 5G requiere espectro en bandas bajas, medias y altas, para lograr características adecuadas de propagación, capacidad y densidad, respectivamente.

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Consultado por DPL News, Mario Montero, presidente de Infocom, detalló: “Analizaremos a profundidad la decisión que comunican este viernes las autoridades de gobierno, especialmente lo que corresponde a los siguientes pasos y en especial los tiempos que se deriven de este proceso. Sobre este último punto, esperaríamos que el proceso administrativo sea célere, pues existen más de una decena de informes técnicos y lo que corresponde es una constatación.

“Desde Infocom hemos insistido en que, con la urgencia que el tema exige y para beneficio del país, el Estado debe disponer de las frecuencias necesarias definidas internacionalmente, y las someta, de forma integral y completa, a los mecanismos de concesión definidos en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT)”. Reconoció, además, que liberar el uso del rango es, por lo tanto, clave para el futuro éxito del 5G en nuestro país.

Después de reiterados pedidos de la industria, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) inició en junio pasado el proceso para la recuperación de frecuencias de 5G concesionadas al Grupo ICE. En ese momento, el Ministerio aclaró que ha estado abierto a la posibilidad de lograr un acuerdo mutuo de devolución de espectro con el ICE, pero “no se ha recibido ninguna propuesta de devolución”.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), Costa Rica podría perder al 2024 un total de mil 134 millones de dólares si no recuperan pronto las frecuencias en la banda media.

Se estima que para 2021, la región de América Latina reporte un crecimiento de alrededor del 5.9 por ciento, con apenas nueve economías que mostrarán una tendencia positiva, aunque también se espera que el nivel económico se mantendrá por debajo de los niveles previos a la pandemia hasta 2023 y 2024.

El nuevo informe Perspectivas para América Latina 2021, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que para acelerar el crecimiento se debe impulsar la integración regional y la cooperación, además de nuevas políticas políticas transversales alrededor de la lucha contra el cambio climático, el fomento a la paridad de género y el avance de la digitalización.

Durante la presentación del informe, estuvieron presentes los presidentes Iván Duque de Colombia, Guillermo Lasso de Ecuador y Carlos Alvarado de Costa Rica, quienes coincidieron en la importancia de continuar avanzando en los programas de vacunación, así como en la aplicación de nuevas políticas fiscales que permitan la sostenibilidad de los programas sociales encaminados a reducir la pobreza y la desigualdad.

El estudio ofrece recomendaciones para apuntalar la recuperación económica después de los efectos del Covid-19, en las que destaca la necesidad de una reforma fiscal para reducir la evasión, la inversión en infraestructura crítica y un mejor manejo de la deuda.

El estudio destaca que, tras lograr el control de la pandemia, el gasto público debería ser redirigido hacia la inversión en infraestructura para la transformación productiva, que “permita la generación de empleo formal, aproveche las ventajas de la transformación digital y priorice el medio ambiente”.

Sergio Díaz Granados, recién elegido presidente ejecutivo del CAF, advirtió sobre la “urgencia” por aumentar la infraestructura digital en América Latina, que permita cerrar las brechas de conectividad, en paralelo a la promoción de las habilidades digitales y el talento humano.

En particular, el estudio advierte que “la brecha digital ha exacerbado la desigualdad en la región, afectando de manera desproporcionada a los trabajadores informales. La falta de habilidades e infraestructura digitales impide que los trabajadores informales trabajen desde casa y disfruten de los beneficios generales de la transformación digital”.

Díaz Granados consideró también que se deben impulsar políticas para que “los sectores productivos y sus cadenas de valor se apropien y se focalicen en la economía digital, por supuesto, con énfasis en las mipymes, el sector agropecuario y en la mitigación del cambio climático y la protección de la biodiversidad”, agregó, al señalar también el impulso al gobierno digital, “para generar más confianza en las instituciones, más transparentes y con datos abiertos”.

En ese sentido, los datos del estudio indican que pese a que se registró un aumento en los niveles de adopción de tecnologías por parte de las empresas en la región, estas se concentraron en las áreas de venta, comercialización y relación con proveedores, pero no en la incorporación de nueva tecnología para el proceso de producción.

Díaz Granados habló también sobre la importancia de la colaboración y la cooperación en las iniciativas del sector digital y de tecnología. Al respecto, el estudio señala la importancia de avanzar en estrategias de digitalización que permitan superar el reto de la baja productividad en la región, para lo cual será necesaria la integración regional y estrategias de política digital coordinadas para la creación de oportunidades en el sector.

El impulso a la adopción de tecnología y habilidades digitales ocupa un espacio importante en el contenido del estudio, con impactos positivos esperados en múltiples sectores, tales como la baja en la informalidad laboral, la mayor inclusión de las mujeres en la economía, un mejor acceso a la educación y la posibilidad de integración de un mercado único digital para América Latina.

“La fragmentación en diferentes mercados para el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones y la incorporación de tecnologías avanzadas puede ser una barrera para aprovechar las economías de escala y los mercados digitales integrados. La armonización, la coordinación y la interoperabilidad a nivel regional son fundamentales para facilitar el desarrollo de un mercado único digital”, agrega el estudio.

Al respecto, se mencionan los avances en la Agenda Digital Mesoamericana que articula las estrategias digitales de los países miembros del Proyecto Mesoamérica, para desarrollar las infraestructuras de telecomunicaciones y la economía digital en la subregión. Se estima que la implementación de esta agenda digital podría generar un valor adicional de 3 mil 305 millones de dólares en los próximos cinco años.

El estudio Perspectivas Económicas de América Latina 2021 se puede consultar aquí.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el gobierno de Corea del Sur aprobaron un fondo de 700 mil dólares para el desarrollo de infraestructura agrícola inteligente en Costa Rica.

Así lo anunciaron el pasado 14 de septiembre el presidente Carlos Alvarado; el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, y el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, en la estación Carlos Durán del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Potrero de Oreamuno, Cartago.

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Esta inversión, que se da en el marco del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea – BCIE (KTF), tiene como objetivo financiar los estudios de viabilidad y planes piloto con los diseños de construcción de invernaderos inteligentes.

Los invernaderos inteligentes incorporan tecnologías de vanguardia para su funcionamiento, tales como sensores inteligentes, actuadores, sistemas automatizados de riego y una plataforma de gestión de datos, lo que posibilita un uso más eficaz y eficiente de los recursos hídricos y energéticos y mejora la productividad y la calidad de los productos.

“Costa Rica llevará un importante liderazgo con el diseño del primer proyecto piloto de un invernadero climáticamente inteligente con el cual se puede aumentar en un 40 por ciento la productividad y en un 30 por ciento la calidad de las cosechas”, declaró el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.

Mientras que el ministro de Agricultura aseguró que el proyecto facilitará la creación de una base de datos para la captura de información de campo, lo que permitirá desarrollar los algoritmos para el piloto de un sistema agrícola digital.

Este sistema hace posible monitorear los cultivos mediante sensores que miden luz, calor, movimiento, humedad y presión, los cuales recopilan los datos y los envían a un servicio de cómputo en la nube que permite comandar acciones remotas de iluminación, riego y ventilación para abordar los problemas detectados.

El sistema también habilita a los agricultores a obtener con mayor facilidad conocimientos y advertencias tempranas sobre el momento de la cosecha, la calidad del suelo, las condiciones de las hojas, el estrés hídrico y la cantidad de fertilizantes y nutrientes necesarios.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ejecutará el proyecto a lo largo de los próximos dos años y se espera que los estudios y el plan piloto estén listos para el primer semestre de 2023.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, autorizó la venta de las operaciones de Telefónica en el país a Liberty Latin América, a través de su subsidiaria Cabletica.

Esta aprobación se suma a la que había realizado la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) a principios de junio, cuando, a través de análisis técnico, determinó que la concentración no generará efectos negativos en la competencia.

De esta forma, la operación ya consiguió todas las aprobaciones regulatorias necesarias para avanzar en la consolidación. “Telefónica y Liberty Latin America están emocionados de completar la transacción y combinar Cabletica y Movistar en Costa Rica. Las empresas tienen la intención de cerrar la transacción en breve”, informó Liberty en un comunicado.

Para dar el visto bueno a la transacción, el regulador solicitó que Cabletica mantenga a los usuarios las mismas condiciones de calidad y precio pactadas en los contratos vigentes. Además, tendrá que informar oficialmente al ente regulador el momento a partir del cual se realice de manera efectiva la operación de concentración autorizada.

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Luego de que se cayera la venta de la filial tica de Telefónica a Millicom, en julio del año pasado, Liberty Latin America (LiLAC) anunció que firmó un acuerdo definitivo para adquirir las operaciones. La transacción en efectivo valora a Telefónica Costa Rica en 500 millones de dólares. Para efectuar la compra, LiLAC realizó una oferta de derechos.

La República

El Gobierno, encabezado por el mandatario Carlos Alvarado, es el único que apoya el proyecto de ley “Programa Nacional de Alfabetización Digital”, que plantea trasladar recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) al Ministerio de Educación (Mep), para cerrar la brecha digital en escolares y colegiales.

Marta Acosta, Contralora General de la República, evidenció esta situación el miércoles por la tarde ante los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, al señalar que falta claridad sobre el costo de oportunidad y el impacto de la iniciativa, además de señalar que plantea una duplicidad de funciones con Sutel.

“La situación del Fondo como ya lo hemos dicho en nuestros informes, es muy delicada, no obstante es indispensable, atender las causas de la actual ineficiencia e ineficacia, sin necesidad de traslapar una estructura nueva en la actual”, explicó Acosta.

La Cámara de Infocom, que reúne a los operadores de telecomunicaciones en Costa Rica, comparte lo indicado por la Contraloría, al manifestar que lo que hace falta es voluntad política por parte del ente rector para ajustar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, lo que no se soluciona con nueva legislación.

“Estamos de acuerdo en con lo señalado por la Contraloría, esa también ha sido nuestra posición, que la ley no es necesaria. Es irresponsable seguir con el desgaste que genera este proyecto en varios niveles, aquí lo urgente es procurar soluciones. Corresponde actualizar las metas vía política pública por parte del Micitt y ejecutarlas a través de Fonatel. Es claro que no se requiere una nueva ley para eso”, señaló Mario Montero, presidente de la Cámara de Infocom.

Lo que busca esta propuesta de ley es trasladar la ejecución de los proyectos desarrollados en la actualidad por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) como Hogares Conectados y Espacios Públicos Conectados al ministerio de Educación Pública.

Estos proyectos y programas se financian mediante el pago del canon que realizan todas las empresas de telecomunicaciones que operan en Costa Rica y que conforman el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), creado por ley en 2008, con la apertura a la competencia de este sector.