ICE devolverá espectro necesario para la subasta 5G de Costa Rica

En su primera semana de gobierno, el nuevo presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ya ordenó al operador estatal ICE devolver el espectro que mantiene ocioso, con el objetivo de que pueda ser aprovechado en el desarrollo de la tecnología 5G.

Chaves dio un plazo de seis meses al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para que transfiera al Estado las frecuencias radioeléctricas que tiene concesionadas en las bandas de 2.6 y 3.5 GHz.

Se espera que este espectro pueda ser incluido en la subasta 5G. Aunque el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) ha tenido intención de llevarla a cabo, el problema es que sin las frecuencias en manos del ICE la licitación estaría incompleta y los operadores no contarían con espectro suficiente para el despliegue comercial de las redes 5G.

En primera instancia, el gobierno y el ICE intentaron llegar a un acuerdo. El operador pedía una indemnización por la recuperación de las frecuencias; sin embargo, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) concluyó que eso no era posible, dado que el espectro no se había usado de manera eficiente.

Las frecuencias radioeléctricas concesionadas al Instituto Costarricense de Electricidad se encuentran subutilizadas. Aunque este espectro es idóneo para apuntalar la implementación de 5G, se mantiene ocioso en el poder de ICE, y la imposibilidad de que el gobierno y el operador pudieran llegar a un convenio ha retrasado los planes de una subasta.

Por eso, la intervención del mandatario puede contribuir a acelerar la recuperación de las frecuencias radioeléctricas y evitar que se alargue más si el proceso se judicializa, como se ha temido en los últimos meses.

Te recomendamos: Industria móvil alerta por diseño de la subasta 5G en Costa Rica

Si la devolución del espectro en las bandas de 2.6 y 3.5 GHz se completa en los próximos seis meses, el Micitt podrá lanzar la licitación de espectro 5G este año o en 2023, como se prevé en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2022 a 2027.

Rodrigo Chaves asumió la Presidencia de Costa Rica el domingo 8 de mayo de 2022. Durante su campaña, prometió que se encargaría de que el país cuente con una cobertura total de las redes 5G y ejecutar un plan nacional de banda ancha. Al menos en el sector de telecomunicaciones, ya está dando los primeros pasos hacia esas metas.

Reformas necesarias para el ICE

Tras conocer la orden de Rodrigo Chaves, el Director Ejecutivo de Grupo ICE, Marco Acuña, aseguró que la paraestatal de telecomunicaciones cumplirá con el mandato presidencial en el tiempo señalado.

“El Grupo contribuirá en la implementación rápida y eficaz de 5G en Costa Rica, con un enfoque integral que beneficie los intereses nacionales y promueva la participación de todos los sectores”, afirmó Acuña al diario local La República.

Marco Acuña también dijo que el ICE buscará lanzar servicios comerciales de quinta generación muy pronto, aunque no está claro cuáles son sus planes para lograrlo. De todas maneras, la paraestatal estará ocupada en reordenar sus finanzas.

Además de la devolución del espectro para 5G, el presidente de Costa Rica firmó una serie de directivas y decretos con el objetivo de reformar la gestión financiera del ICE, pues la empresa ha presentado serios problemas financieros y operativos. En 2020, el Grupo ICE reportó pérdidas por 110 mil millones de colones.

Presidencia de la República de Costa Rica – Gobierno del Bicentenario de  Costa Rica, 2018-2022

Chaves instruyó tres reformas para el Instituto Costarricense de Electricidad, centradas especialmente en mejorar las tarifas eléctricas. La primera instruye al ICE a aplicar las Normas Internacional de Información Financiera en su contabilidad, para que haya mayor transparencia en el manejo de la empresa.

La segunda reforma se refiere a reclasificar los arrendamientos operativos como arrendamientos financieros, pues esto provoca que los gastos de las plantas de electricidad se transfieran a las personas usuarias; mientras que la tercera ordena quitar de la base tarifaria los costos asociados a activos no estratégicos que afecten las tarifas.