Combatir ilegalidad, el mayor reto de operadores comunitarios de Colombia
Impulsar la colaboración con la autoridad y los grandes operadores, una mejor regulación para pequeños proveedores, y combatir la ilegalidad, son los principales retos que identificó Héctor Jaime, fundador y gerente de la Asociación Nacional de Proveedores de Servicio de Internet (NAISP).
En entrevista con DPL News, Jaime señaló que antes de la fundación de NAISP, los proveedores de Internet en Colombia se encontraban dispersos y carecían de información relevante respecto a la regulación que debían cumplir, novedades sobre el desarrollo tecnológico, o incluso abusos de proveedores de banda ancha.
Para abordar estos retos, Jaime propuso la creación de la Ruta NAISP, un evento itinerante entre las diversas regiones de Colombia para capacitar y formar a entre 50 a 60 proveedores de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés). Este evento se realiza en conjunto con proveedores como Huawei y ZTE, así como con la autoridad colombiana: Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Agencia Nacional de Espectro (ANE) y la Superintendencia de Comercio (SIC).
“Los ISP ni siquiera sabían que existía y que se debía pagar a la CRC una contribución anual, y aunque sabían que el MinTIC requería un registro, no conocían sus obligaciones ante la autoridad. Por lo que estos eventos también beneficiaron a la autoridad que comenzó a recibir más ingresos”, aseguró el directivo.
Te puede interesar: Claves para universalizar el Internet fijo en Argentina: Cabase
Pese a que se ha mejorado la coordinación con el gobierno, consideró que existe una falta de continuidad en el trabajo del Ministerio TIC (MinTIC), pero reconoció el trabajo de la exministra Sandra Urrutia, quien divisó un plan de trabajo para acercarse a los pequeños operadores mediante NAISP.
Para afrontar el reto, Jaime consideró que se requiere de una regulación diferencial, ya que los proveedores más pequeños no pueden cumplir con todas las obligaciones que se exige a los oferentes más grandes. ”Eso no significa que no le vamos a brindar un buen servicio de calidad a nuestro usuario. Por el contrario, en lugar de pedirnos 80 formatos, estamos en la lucha para hacer uno o dos con la información primordial”, agregó.
Reconoció que a partir de un mayor acercamiento con la CRC, se ha dado oportunidad a la Asociación de participar y comentar las nuevas normas y regulaciones. Aunque se han logrado avances, alertó que aún existen múltiples retos que se deben afrontar con ayuda de la autoridad, desde problemas con la infraestructura como cortes de fibra, la aparición de operadores no registrados, la piratería de contenido, hasta el uso de equipo no homologado que se importa de forma ilegal.
“Le apostamos a [resolver] la legalidad también, porque en Colombia como en todos los países de Latinoamérica hay mucha ilegalidad, porque esto se gestó desde la irresponsabilidad de los mismos gobiernos. Y esta ha sido nuestra gran lucha”, afirmó.
Aunque la autoridad ha hecho campañas de legalización o regularización, dando periodos de gracia para el pago de impuestos o tarifas, advierte que quienes realizan estas prácticas no lo van a hacer porque “están en una zona de confort” y no hay incentivos por parte de la autoridad para legalizar sus operaciones.
Para resolverlo, Jaime señaló que es necesario un trabajo articulado entre diversas instituciones, y no sólo el ente regulador. “Tienen que darle garras a la ANE, darle herramientas para ir a detectar antenas ilegales, frecuencias ilegales. Pero eso requiere de recursos del Estado”, dijo.
En particular, consideró que la ANE debe tener la capacidad de cobrar por todo el espectro utilizado y saber quién lo está utilizando. Alertó que ya hay casos de pequeños ISP que han lanzado sus propias redes 5G con equipo de 3 mil dólares producidos en India: “Entonces, van a existir circuitos de 5G a su estilo, amañados de ilegal, en cualquier sector”.
Como una solución, sugirió incluir a los proveedores en los documentos de las subastas de espectro, y que el equipo e infraestructura esté certificado por la autoridad. Para ello, indicó, se requiere también de la ayuda de otras instituciones para evitar la importación ilegal de equipos.
“No estamos controlando realmente la objetividad, ni estamos mostrando autoridad de Estado. Estamos dejando que esto esté abierto, que se vuelva un circo. Esa multiplicación de ISPs ilegales ya se está viendo en zonas como la costera de Colombia. Allá ya se están agarrando a machete. El día que haya un muerto porque se pelearon por un cliente de Internet, el gobierno abrirá un poquito los ojos”, advirtió.
Por otro lado, destacó que existe una oportunidad relevante de trabajo conjunto entre pequeños y grandes operadores. Al considerar el alto costo de operación en algunas regiones de Colombia, donde resulta más cara la atención por usuario, la mejor solución es que sean atendidos por negocios locales; a la vez que estos pequeños operadores podrían apoyar a los grandes en el cumplimiento de sus obligaciones de hacer y al mismo tiempo desarrollar la economía local.
Esta colaboración requiere de estructura y coordinación para asegurar su continuidad. Aunque ha habido experimentos como ETB, que ofreció un pago a pequeños operadores para ofrecer servicios en ciertas zonas, Jaime reveló que muchos de los que participaron con el operador fueron ilegales que no prestaron el servicio y simplemente se quedaron con el dinero.
“Desafortunadamente ahora, cuando la atención está en la subasta de 5G, ha hecho que otra vez seamos marginados, que tengamos un distanciamiento nuevamente entre el gran operador y los pequeños operadores”, agregó.
Actualmente, NAISP tiene un alcance de cerca de 48 asociados y otros franquiciatarios más pequeños que también pagan una cuota. Jaime explicó que hay cerca de 20 empresas que pueden llegar a los 25 mil usuarios y cuentan con oferta convergente (móvil y fijo).