Soberanía digital en telecomunicaciones: la agenda estratégica que México puede acelerar
Guillermo Sólomon | Deloitte S-LATAM – TMT Subject Matter Expert
Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa que dio origen a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, buena parte del debate público se concentró en los cambios institucionales del sector y en algunos elementos polémicos de la discusión legislativa inicial.
Sin embargo, más allá del debate regulatorio inmediato, la ley también abre una conversación de mayor alcance: ¿cómo debe construir México una posición sólida de soberanía digital en una economía cada vez más dependiente de redes, datos, Nube, Inteligencia Artificial, satélite y plataformas globales?
La pregunta es especialmente relevante porque la soberanía digital ya no puede entenderse solamente como un tema de telecomunicaciones móviles, espectro o cobertura. Hoy involucra redes fijas, fibra óptica, Centros de Datos, Nube pública, cables submarinos, conectividad satelital, software de red, ciberseguridad, identidad digital, Inteligencia Artificial y capacidad de operación sobre infraestructura crítica.
La nueva ley representa un paso importante para reorganizar el marco institucional del sector. La siguiente etapa natural será complementar ese marco con una visión de política digital que defina qué capacidades deben considerarse estratégicas, cómo se gobiernan los datos críticos y bajo qué condiciones México debe relacionarse con los grandes proveedores tecnológicos globales.
La soberanía digital no es nacionalismo tecnológico
Hablar de soberanía digital no significa cerrar el mercado, rechazar inversión extranjera o intentar construir una infraestructura aislada del mundo. Por el contrario, una estrategia moderna de soberanía digital debe partir de una visión abierta, competitiva y colaborativa.
Soberanía digital significa tener capacidad real de decisión sobre la arquitectura tecnológica que sostiene la economía, el gobierno y la vida cotidiana del país.
En telecomunicaciones, implica poder definir con claridad qué infraestructura de red es crítica, qué datos deben gobernarse bajo jurisdicción mexicana, qué proveedores pueden participar en capas sensibles de Nube, conectividad, Inteligencia Artificial y ciberseguridad y cómo asegurar que una parte relevante del valor económico de la digitalización se quede en México.
El objetivo no es sustituir a AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle o Huawei Cloud. El objetivo es que México pueda relacionarse con todos ellos desde una posición más estratégica: con reglas claras, capacidad de auditoría, portabilidad, interoperabilidad, resiliencia, ciberseguridad, gobierno de datos y criterios transparentes para sectores regulados.
La soberanía digital moderna no se mide por tener todo “en casa”. Se mide por la capacidad de evitar dependencias innecesarias, negociar mejor, proteger activos críticos y asegurar continuidad operativa aún en escenarios de tensión tecnológica, comercial o geopolítica.
La red fija también es soberanía
En México, la conversación sobre telecomunicaciones suele concentrarse en espectro, telefonía móvil, 5G y cobertura rural. Todos esos temas son fundamentales, pero no deben eclipsar otra dimensión igual de estratégica: la red fija.
La economía digital no vive únicamente en el aire. Vive sobre fibra óptica, redes metropolitanas, dorsales nacionales, cables submarinos, interconexión entre Centros de Datos, redes de transporte, enlaces empresariales, backhaul móvil, redes HFC, FTTH, IP backbone, peering, CDN, Edge Computing y conectividad dedicada hacia la Nube.
La red móvil es la cara más visible para el usuario. La red fija es la estructura profunda que sostiene el tráfico, la calidad, la latencia, la resiliencia y la capacidad de procesamiento distribuido.
Por eso, la soberanía digital no puede analizarse desde un solo operador ni desde una sola tecnología. Requiere observar el ecosistema completo: operadores nacionales y regionales de fibra, proveedores de banda ancha fija, carriers empresariales, operadores móviles con necesidades intensivas de backhaul, redes mayoristas, infraestructura pública, Centros de Datos, proveedores de interconexión, redes privadas y nuevos jugadores satelitales.
En ese ecosistema participan, con distintos roles y alcances, operadores convergentes, empresas de cable, proveedores de fibra empresarial, redes mayoristas, operadores móviles, actores de infraestructura pública y plataformas de Data Center e interconexión. Cada uno aporta una capa distinta de la arquitectura digital del país.
Si México quiere avanzar hacia una soberanía digital más robusta, el debate debe incluir ductos, fibra, derechos de vía, torres, Centros de Datos, rutas redundantes, interconexión, tráfico internacional, IXPs, redes privadas, seguridad de transporte y capacidad de recuperación ante fallas críticas.
La pregunta ya no es únicamente quién tiene cobertura. La pregunta es quién controla la arquitectura por donde viajan los datos, dónde se procesan, bajo qué reglas se almacenan y quién puede observar, priorizar, proteger, monetizar o interrumpir esos flujos.
Desde esta perspectiva, la red fija no es sólo infraestructura de conectividad. Es una capa crítica para la competitividad, la resiliencia y la soberanía digital del país.
Hyperscalers: presencia local y gobernanza soberana
La llegada de regiones de Nube a México es una señal positiva. Microsoft Azure ya opera su región México Central; Google Cloud abrió su región en Querétaro; AWS lanzó su región México Central; Oracle tiene presencia de Nube en Querétaro y Huawei Cloud también ha incrementado su participación en el mercado mexicano y regional, particularmente en proyectos donde la Nube, la conectividad, la analítica y la modernización tecnológica empiezan a converger.
Esto fortalece la capacidad del país para atraer inversiones en Inteligencia Artificial, analítica avanzada, servicios financieros digitales, manufactura inteligente, gobierno digital y operaciones críticas de empresas regionales. También acerca la capacidad de cómputo al mercado mexicano, mejora latencias y crea condiciones para desarrollar soluciones más sofisticadas.
Pero la presencia local de infraestructura debe ir acompañada de una discusión más profunda sobre gobernanza. La soberanía no depende solamente de la ubicación física del servidor. También depende de quién administra las llaves de cifrado, qué jurisdicción aplica sobre los datos, cómo se auditan los accesos, qué tan portable es una carga de trabajo, qué nivel de dependencia contractual existe y cómo se responde ante incidentes de seguridad o continuidad.
En sectores regulados —banca, salud, energía, telecomunicaciones, gobierno, seguridad pública, infraestructura crítica y manufactura avanzada— la pregunta no debería ser únicamente si el proveedor tiene Data Center en México. Las preguntas relevantes son más amplias:
¿Quién administra las llaves de cifrado?
¿Quién puede acceder a los datos y bajo qué jurisdicción?
¿Se puede auditar la operación de forma independiente?
¿Existe portabilidad real entre Nubes?
¿La arquitectura permite operar en modo híbrido o multicloud?
¿Las cargas críticas pueden aislarse, replicarse o recuperarse bajo control local?
¿La Inteligencia Artificial que procesa datos sensibles tiene trazabilidad, explicabilidad y controles de uso?
Ahí está la oportunidad de construir una estrategia mexicana de Nube soberana.
México no necesita una Nube cerrada. Necesita un marco de Nube soberana para sectores regulados, basado en certificaciones, auditorías, reglas de portabilidad, requisitos de cifrado, soberanía de llaves, localización selectiva de datos críticos, controles de identidad, estándares de resiliencia y criterios claros para proveedores que participen en cargas sensibles.
Esta discusión también debe considerar el contexto del T-MEC. México forma parte de una región económica profundamente integrada con Estados Unidos y Canadá, donde los flujos transfronterizos de datos, la seguridad de las cadenas digitales, la confianza tecnológica y la continuidad operativa son cada vez más relevantes. Por ello, cualquier política de soberanía digital debe diseñarse con equilibrio: suficientemente robusta para proteger infraestructura crítica y datos sensibles, pero también compatible con la apertura comercial, la inversión extranjera, la innovación y los compromisos internacionales del país.
El punto no es privilegiar o excluir proveedores por nacionalidad, sino establecer criterios técnicos y regulatorios claros para todos: ciberseguridad verificable, auditabilidad, jurisdicción, resiliencia, portabilidad, transparencia contractual, gobierno de datos y capacidad de respuesta ante incidentes.
Bajo ese enfoque, México puede mantener una postura abierta al comercio y a la inversión, al mismo tiempo que eleva los estándares para quienes participen en capas sensibles de su arquitectura digital.
El satélite como nueva frontera regulatoria
El satélite será una de las áreas donde la soberanía digital se volverá más visible en los próximos años.
La conectividad satelital de baja órbita ya demostró que puede desplegarse con gran velocidad. En zonas rurales o aisladas, su propuesta es poderosa: cobertura donde la fibra no llega, donde el backhaul es costoso o donde el retorno de inversión dificulta despliegues tradicionales.
La discusión se vuelve más compleja con la conectividad directa al dispositivo. Si un usuario puede conectarse desde un teléfono convencional a una red satelital global, el operador terrestre puede ver modificada su relación tradicional con el cliente.
La pregunta estratégica es quién factura, quién autentica, quién gestiona la experiencia, quién cumple obligaciones regulatorias y quién conserva el control de la relación comercial.
Existen modelos satelitales que buscan integrarse con operadores móviles existentes, preservando en mayor medida el rol del carrier local frente al usuario final. Esa diferencia es importante. No se trata únicamente de tecnología satelital; se trata de arquitectura de mercado, relación comercial, regulación y soberanía operativa.
El satélite no debe verse como una amenaza para los operadores nacionales. Bien integrado, puede complementar redes terrestres, extender cobertura, mejorar resiliencia ante desastres, conectar comunidades rurales y habilitar aplicaciones de emergencia, agricultura, logística, energía, seguridad y gobierno digital.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá una oportunidad relevante para definir reglas claras sobre interconexión, roaming, espectro, recursos orbitales, obligaciones de cobertura, calidad de servicio, atención a usuarios, seguridad, colaboración con autoridades y protección de datos.
Una regulación moderna puede permitir que México aproveche la innovación satelital sin debilitar el papel estratégico de sus operadores, sus redes terrestres y su infraestructura nacional.
La nueva ley como punto de partida
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión crea una nueva arquitectura institucional. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones queda como órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con atribuciones regulatorias sobre telecomunicaciones, radiodifusión y componentes vinculados a infraestructura, espectro, redes y servicios.
También se refuerza la visión de que el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la comunicación vía satélite son bienes y servicios de interés público. Esa visión es consistente con la importancia estratégica que hoy tiene la conectividad.
La siguiente etapa será articular este marco con una política nacional de soberanía digital. Regular telecomunicaciones es indispensable, pero la economía digital exige además definir qué arquitectura tecnológica necesita el país para competir en la era de la Inteligencia Artificial.
Algunas preguntas pueden ayudar a estructurar esa agenda:
¿Qué datos del gobierno y de sectores regulados deben estar sujetos a controles soberanos?
¿Qué cargas de Inteligencia Artificial pueden procesarse en Nubes públicas globales y cuáles requieren entornos certificados?
¿Qué rol deben jugar CFE Telecomunicaciones, la red troncal, los activos de transporte, los operadores privados y los Centros de Datos nacionales?
¿Qué capacidades mínimas deben exigirse a proveedores de Nube que atiendan gobierno, banca, salud, energía o telecomunicaciones?
¿Cómo se asegura la portabilidad real entre Nubes?
¿Qué estrategia tendrá México frente a satélites de órbita baja, conectividad directa al dispositivo y redes no terrestres?
¿Cómo se protege la red fija como infraestructura crítica y no sólo como negocio de conectividad?
¿Qué capacidades nacionales se desarrollarán en ciberseguridad, observabilidad, operación de red, automatización, IA y respuesta ante incidentes?
Planteadas de esta forma, estas preguntas no representan una crítica al marco actual, sino una agenda de trabajo para fortalecerlo.
Telecom como plataforma de soberanía
Aunque la soberanía digital toca muchas verticales —banca, salud, energía, manufactura, retail, educación, gobierno y seguridad— telecom es la más relevante porque es la capa habilitadora de todas las demás.
La banca digital depende de conectividad segura, baja latencia, identidad, Nube, APIs, monitoreo y resiliencia. La salud digital depende de disponibilidad, protección de datos, interoperabilidad y cómputo seguro. La energía depende de redes industriales, telemetría, sensores, centros de control y ciberseguridad operativa. La manufactura avanzada depende de fibra, 5G privado, Edge Computing, IA, IoT y redes determinísticas. El gobierno digital depende de identidad, Nube, Centros de Datos, conectividad y confianza.
Todo pasa por la red.
Por eso, los operadores mexicanos no deberían ver la soberanía digital únicamente como una obligación regulatoria. También pueden verla como una oportunidad de reposicionamiento estratégico. La red ya no debe venderse sólo como capacidad, megabits o cobertura.
Puede convertirse en una plataforma de servicios digitales: latencia garantizada, seguridad gestionada, conectividad crítica, APIs de red, Edge Computing, observabilidad, cumplimiento regulatorio, identidad, trazabilidad, calidad de experiencia y soporte a cargas de Inteligencia Artificial.
En otras palabras, la red puede dejar de ser sólo transporte y evolucionar hacia una plataforma de capacidades digitales.
Esta transformación ya está ocurriendo globalmente. Los operadores más avanzados están buscando monetizar capacidades de red, no sólo tráfico. Ofrecen SLAs diferenciados, redes privadas, seguridad administrada, conectividad Cloud, edge, analítica, automatización, APIs y servicios para verticales específicas.
México tiene operadores con escala, talento, activos e infraestructura suficientes para participar en esa evolución. La oportunidad está en alinear regulación, inversión, innovación, Nube, IA y servicios empresariales bajo una visión compartida de competitividad digital.
Tres movimientos para la próxima década
El primer movimiento es tratar la infraestructura digital como infraestructura crítica. Eso incluye redes móviles, pero también fibra, transporte óptico, redes metropolitanas, Data Centers, rutas internacionales, IXPs, cloud connectivity, satélite, edge y plataformas de operación.
Una agenda de soberanía digital puede mapear dependencias, identificar puntos únicos de falla, definir estándares de resiliencia y establecer criterios de continuidad operativa para sectores estratégicos.
El segundo movimiento es construir un marco de Nube soberana para sectores regulados. No se trata de prohibir hyperscalers ni de exigir que todo esté físicamente en México. Se trata de definir niveles de criticidad, controles de cifrado, soberanía de llaves, auditoría, portabilidad, segregación de cargas, trazabilidad de IA, gobierno de datos y reglas claras para proveedores que operen información sensible.
Azure, AWS, Google Cloud, Oracle y Huawei Cloud pueden participar, pero bajo estándares verificables y comparables.
El tercer movimiento es convertir a telecom en una plataforma nacional de capacidades digitales. Los operadores pueden evolucionar de conectividad a servicios de valor: APIs de red, edge, baja latencia, seguridad, telemetría, cumplimiento, automatización e Inteligencia Artificial aplicada a operaciones.
Eso requiere modernizar OSS/BSS, avanzar hacia redes más programables, fortalecer la observabilidad, adoptar operaciones cerradas con IA y diseñar ofertas por vertical. No basta con desplegar 5G o fibra; hay que convertir esas redes en capacidades monetizables y estratégicas para el país.
Una oportunidad estratégica para México
México tiene mercado, escala, talento, operadores relevantes, cercanía con Estados Unidos, posición estratégica en Norteamérica, capacidad industrial y una demanda creciente de infraestructura digital.
También tiene la oportunidad de ordenar mejor sus dependencias tecnológicas, fortalecer su ciberseguridad, elevar la resiliencia de su infraestructura crítica y definir una relación más estratégica con hyperscalers, proveedores de red, operadores satelitales y plataformas de Inteligencia Artificial.
La soberanía digital no debe plantearse como una defensa frente al mundo. Debe plantearse como una estrategia moderna de posicionamiento. México no tiene que cerrarse; tiene que negociar mejor. No tiene que construir todo; tiene que saber qué capacidades no puede perder. No tiene que excluir proveedores; tiene que exigir transparencia, resiliencia, portabilidad, seguridad y control.
En telecomunicaciones hay una regla que sigue vigente: quien controla la arquitectura controla el negocio. Y en la economía digital, quien controla la arquitectura también protege una parte creciente de la soberanía.
La CRT inicia una etapa relevante para el sector. La Inteligencia Artificial, los hyperscalers, el satélite, las redes fijas, el 5G avanzado, el edge y la Nube soberana avanzan rápidamente. México tiene la oportunidad de articular estos elementos en una agenda de Estado que combine inversión, innovación, regulación, competencia y confianza digital.