Además de la agricultura y la manufactura automotriz, en el marco del T-MEC, México, Estados Unidos y Canadá tienen una gran oportunidad de colaborar en producción de alta tecnología, y particularmente en la industria de chips. Canadá juega en diseño, Investigación y Desarrollo (I+D) y embalaje avanzado; mientras que México participa principalmente en diseño y en procesos de ensamblaje, pruebas y empaquetado, y busca relocalizar 10,000 millones en tercerización de estas actividades y downstream.  

Los semiconductores son uno de los sectores estratégicos de la nueva política industrial del gobierno llamada Plan México, que contempla impulsar el establecimiento de capacidades de manufactura de semiconductores, particularmente para aplicaciones de IA, en regiones clave como Jalisco. La criticidad de la industria para el mundo actual y el impacto económico que podría tener para la integración de Norteamérica debería reflejarse en un capítulo específico en el acuerdo comercial trilateral ahora que está revisándose.  

Cadena de suministro norteamericana

La cadena de valor de semiconductores o chips implica un complejo sistema de procesos que abarca tres grandes etapas: el diseño, la fabricación y el ensamblaje, las pruebas y el embalaje (ATP, por sus siglas en inglés). Y asimismo, los semiconductores varían en su complejidad, función y tamaño, por lo que el proceso de manufactura es distinto para cada uno de ellos.  

A nivel global, Taiwán concentra el 60% de la fabricación mundial por fundición (foundry) y cerca del 90% de los chips más avanzados. En la región de Norteamérica, Estados Unidos es el único que tiene fábricas de obleas (fabs) de gran escala.

De acuerdo con la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), el T-MEC apoya una cadena de suministro de semiconductores norteamericana competitiva y resiliente que está estrechamente vinculada a lo largo de todo el proceso de producción, con subcomponentes y semiconductores que cruzan entre los tres países.

La propia SIA afirma que varios de sus miembros tienen operaciones de diseño, Investigación y Desarrollo (I+D) y embalaje avanzado en Canadá e instalaciones de back-end en México.   

Intel tiene tres fábricas (fabs) en Estados Unidos y una de mayor tamaño en construcción. Intel, que hace un año recibió inversión del gobierno a cambio de cederle el 10% de sus acciones, es la única compañía que participa en todo el proceso. Mientras que TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., el mayor fabricante de chips del mundo) anunció e instaló una planta en Arizona, que se ha ido inaugurando por fases y actualmente sigue bajo construcción. 

Tal como asientan los doctores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Cuauhtémoc León Puertos, Janeth López y Cirilo León, México tiene una participación limitada en la cadena de valor global de semiconductores, lo que restringe su desarrollo tecnológico y económico. 

En México, Intel cuenta con un Centro de Diseño en Guadalajara (GDC). El país participa en la fase de diseño y algunas operaciones de back-end; sin embargo, tal como lo han señalado tanto la iniciativa privada como el gobierno, debería participar en todas las fases del proceso de producción. 

Para lograrlo, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) elaboró un Plan Maestro para el Desarrollo de la Industria de Semiconductores y la administración de Claudia Sheinbaum diseñó el Plan México, como denominó a su nueva política industrial mediante la que busca posicionarse como una de las 10 principales economías del mundo.

Cabe señalar que los planes, lanzados con apenas tres meses de diferencia —el Maestro en octubre de 2024 y el México en enero de 2025— comparten la misma meta: duplicar la industria en un lustro, lo que indica que el gobierno recogió el objetivo del sector privado.  

No obstante, pese a estas buenas intenciones, el panorama para que México acoja procesos de manufactura avanzada luce muy complicado, ya que no posee la infraestructura necesaria para lograrlo, sobre todo en materia energética e hídrica. 

Sin embargo, algo muy distinto ocurre con las otras dos fases: por ello, el Plan Maestro de la Canieti se puso como meta diversificar y duplicar la actividad de diseño de semiconductores en México y relocalizar operaciones de ATP en el país por más de 10,000 millones de dólares para 2030. Esto sería una suerte de nearshoring de chips. 

Puertos, López y León coinciden en que México podría experimentar un crecimiento acelerado del sector de semiconductores gracias al nearshoring, una estrategia que contribuiría al crecimiento económico del país. Y reconocieron que, en el marco del T-MEC, ha sido identificado como un país con la oportunidad de diseño y ATP.

No obstante, los académicos señalaron que para ello es necesario diseñar políticas públicas, fortalecer el ecosistema empresarial, mediante el incremento de la competitividad y la transferencia de conocimiento, y promover programas de capacitación global de talento especializado en la cadena de valor de los semiconductores.

Aunque se trate de una cifra mayúscula, la meta no es muy ajena a la realidad, sino que es factible e, incluso, plausible. Si bien no se espera que se instale una planta de fabricación de obleas de silicio de alta gama, las operaciones ulteriores están abandonando el este de Asia, lo que convierte a México en el principal candidato norteamericano de ATP por los menores costos laborales, la coincidencia de husos horarios y la existencia de clusters electrónicos consolidados.

La oportunidad de México

El timing, no obstante, es crucial para que México aproveche esta oportunidad, ya que, según la Canieti, una vez definidas las inversiones para una geografía determinada, no se repiten en los próximos 10 a 15 años. La propia Cámara estima que la inversión que requiere un ATP oscila entre los 300 y los 1,000 millones de dólares. Por esa razón, argumentó que elaborar un plan maestro de un quinquenio resultaba más pertinente que uno de un plazo mayor que podría resultar ineficaz.    

El tamaño de la oportunidad es inmenso: en 2026,  la industria global de semiconductores superó, por primera vez, el billón (trillion, en inglés) de dólares en ingresos. 

La SIA afirma que el T-MEC es vital para el éxito de la industria estadounidense de semiconductores y el liderazgo tecnológico global de Estados Unidos, pese a que el acuerdo no cuenta con un capítulo específico en la materia, como sí lo tiene sobre el comercio digital. 

“Es de vital importancia mantener un régimen arancelario sencillo para los semiconductores y las tecnologías relacionadas, incluido el trato adecuado a los productos que cumplen con el T-MEC”, reza en los comentarios que remitió a propósito la revisión del acuerdo.

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En el artículo “Semiconductor Investment Revisited: The USMCA, Mexico, and Maquiladoras” publicado en el Boston College Law Review, Nicolás Valdez expone que, a través del T-MEC, Norteamérica —y sobre todo Estados Unidos y México— está en condiciones de facilitar una amplia inversión en semiconductores en todo el continente, y sostiene que, en la revisión conjunta de 2026, debería incluirse una disposición específica sobre inversión y fabricación de semiconductores.

Un instrumento clave es el Fondo Internacional de Seguridad e Innovación Tecnológica (ITSI, por sus siglas en inglés) de 500 mdd para fortalecer las cadenas de suministro de semiconductores en América y el Indo-Pacífico a través de la capacitación del talento. El ITSI fue creado por la Ley CHIPS, promulgada por Joe Biden en 2022 para rescatar la industria estadounidense de semiconductores con subsidios por 52,700 millones de dólares.  

Desde ese año, México y Estados Unidos comenzaron a explorar posibilidades de cooperación bilateral para fortalecer las cadenas de suministro de los semiconductores. Sin embargo, cabe recordar que aquella era otra época; tanto la Ley CHIPS como esos primeros acercamientos fueron promovidos por la administración Biden.

Donald Trump asumió su segunda presidencia en enero de 2025 y modificó significativamente la política industrial y la cooperación bilateral con México, impulsadas durante el gobierno de Joe Biden, algo que se reforzó con la decisión notificada el primero de julio de no renovar automáticamente el tratado por 16 años más y comenzar el mecanismo de revisiones anuales.

No obstante, si hay algo que puede servir como una especie de consuelo es que desde 2024 se han realizado siete foros bilaterales en la materia, el último este mismo mes de julio, aun durante el gobierno de Trump. 

Mientras tanto, es posible concluir que México se encuentra en un momento crucial para posicionarse como un actor clave en la industria global de semiconductores, impulsado por estrategias de nearshoring y el marco establecido por el T-MEC. Y, tal como sostienen los investigadores del IPN, si bien “la participación actual del país en la fabricación de semiconductores sigue siendo limitada, tiene una oportunidad única para expandir su papel a través de la infraestructura”.

México es el único país que reúne tres requisitos: una buena calificación crediticia, una tasa atractiva y profundidad de mercado, expuso Luis Gonzali, codirector de Inversiones de Franklin Templeton. Ramsé Gutiérrez, el otro codirector, agregó un cuarto, su historial, ya que, dijo, “siempre ha pagado”.  

Franklin Templeton, firma que gestiona un portafolio de 1.79 billones (trillions) de dólares, arribó a México en los años 80 —cuando era uno de los pocos países emergentes que tenía disponible—, por lo que lleva 40 años como inversionista en el país, aunque acumula 21 años formalmente establecido en México, expuso Hugo Petricioli, gerente regional de Franklin Templeton para México y Centroamérica. 

Petricioli detalló que la empresa cuenta con 20 fondos cotizados en bolsa (ETFs) listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de México y, entre los fondos de pensiones, sus cuentas son las más grandes del sistema. 

Además, reveló que creció 39.93% interanual y con ello se ubica dentro del top 15 de los operadores de fondos de inversión y en el segundo lugar de fondos distribuidos de terceros.

“La industria sigue creciendo como cohete”, enfatizó. Gonzali expuso que, a pesar de la volatilidad y del conflicto entre Estados Unidos e Irán, 2026 ha sido un año relativamente bueno para los activos mexicanos y Franklin Templeton creció en más de 100% los suyos en el país. 

Relativa bondad y boom de la IA

Ante el cuestionamiento de por qué la economía global ha ido tan bien, Gonzali explicó que en gran medida se debe a la Inteligencia Artificial. El directivo expuso que cerca del 50% del crecimiento de Estados Unidos en los últimos 12 meses está asociado al gasto de capital (Capex) de las empresas tecnológicas.

Gonzali se refirió también a la economía circular que hay alrededor de la IA, ya que, al ser un sector bastante pequeño en número de participantes, es bastante incestuoso, y el gasto de uno es la utilidad de otro.

Lo que está ayudando es el boom de la IA, secundó Ramsé Gutiérrez. El codirector de Inversiones de Franklin Templeton resaltó que muchos de los activos que se están disparando son componentes que ayudan a la IA.

Falta de crecimiento y grado limítrofe

Gutiérrez enfatizó que lo que hace gran falta a México es el crecimiento y señaló que la economía mexicana está sometida a mucho estrés. Detalló que las exportaciones la han liberado un poco y, por ejemplo, evitaron que cayera en recesión el año pasado, cuando el PIB creció sólo un 0.6%. La expectativa de crecimiento de Franklin Templeton para 2026 es de 1.1%.

El analista financiero certificado indicó que lo que puede ayudar a liberar es el T-MEC, en caso de que las revisiones anuales, ahora que Estados Unidos decidió no renovarlo automáticamente, lleguen a buen puerto. La buena noticia, no obstante, es que la incertidumbre va a la baja y, si se mantiene en esa tesitura, puede reactivar el nearshoring, aclaró.

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Tras el cambio de perspectiva soberana de S&P Global Ratings, Gutiérrez vaticinó que en los próximos 6 a 18 meses podría haber un evento crediticio en el que S&P baje la calificación a México, lo cual dejaría al país en el umbral del grado de inversión. 

Luego de la baja de calificación de Moody’s en mayo, Gutiérrez dijo que no es la ‘noticia’ de algo nuevo, sino el reconocimiento de algo que ha venido ocurriendo durante muchos años. 

Explicó que, en caso de que ocurra, técnicamente no se detona ningún evento crediticio para los inversionistas internacionales. Mientras que, si México pierde el grado de inversión, “no es el fin del mundo”; lo único que sucedería es que tendríamos que pagar mayores primas y algunos inversionistas no podrían estar en el país.

“Si perdemos el grado de inversión, nos cambiamos de cancha”, concluyó Gonzalí.

Por Nicolás Larocca y Alejandro González.

Cuando México, Estados Unidos y Canadá firmaron el T-MEC, el Capítulo 19 fue celebrado como una de las piezas más innovadoras del tratado.

En un momento en que la economía digital apenas demostraba su papel como motor del comercio internacional, sus disposiciones parecían anticipar el futuro: garantizar el libre flujo transfronterizo de datos, impedir la localización obligatoria de servidores, eliminar aranceles a los productos digitales y ofrecer certidumbre jurídica para las empresas tecnológicas.

Así, el mensaje era que, cuanto menos obstáculos enfrentara la información para cruzar fronteras, mayor sería la innovación. 6 años después, ese paradigma enfrenta su prueba más difícil.

La Inteligencia Artificial (IA) Generativa, la creciente dependencia de infraestructuras críticas alojadas en la Nube, las tensiones geopolíticas entre las principales potencias y el renovado debate sobre la soberanía digital han transformado el comercio digital en un asunto que trasciende lo económico.

Hoy, los datos representan un activo estratégico comparable con la energía o los minerales críticos, y la revisión del Capítulo 19 implica una discusión sobre quién controlará la infraestructura digital de Norteamérica durante las próximas décadas.

México, Estados Unidos y Canadá deberán decidir si la región construye una arquitectura digital común capaz de competir frente a Europa y China o si mantiene un modelo diseñado para una realidad tecnológica que ya cambió.

De la novedad a un nuevo cambio de paradigma

Cuando entró en vigor el T-MEC, numerosos especialistas describieron el Capítulo 19 como el “estándar de oro” del comercio digital. Fue uno de los primeros acuerdos comerciales en reconocer que la economía digital requería reglas propias y no simples adaptaciones de los tratados tradicionales.

El tratado parte de la premisa de que el comercio realizado por medios electrónicos necesita reglas que eliminen barreras injustificadas, otorguen certeza jurídica a empresas e inversionistas y fortalezcan la confianza de consumidores y gobiernos en los servicios digitales.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) resumía entonces que el capítulo perseguía tres grandes objetivos: facilitar el comercio electrónico, reducir obstáculos regulatorios y promover un entorno digital seguro para empresas y usuarios.

Entre sus disposiciones más relevantes destacan:

• facilitar el libre flujo transfronterizo de datos;
• prohibir la localización forzada de servidores;
• impedir aranceles sobre productos digitales;
• fortalecer la protección de consumidores;
• promover esquemas de protección de datos personales;
• impulsar el gobierno digital abierto y el aprovechamiento de datos públicos.

En materia de ciberseguridad, además, los tres países reconocieron que los ataques informáticos representan una amenaza directa para el comercio digital y acordaron fortalecer la cooperación entre sus equipos nacionales de respuesta a incidentes, compartir buenas prácticas e intercambiar información para mitigar amenazas comunes.

Aquella arquitectura respondía a las necesidades de finales de la década pasada. Sin embargo, la velocidad con la que evolucionó la tecnología hizo que muchos de esos principios comenzaran a mostrar limitaciones.

La irrupción de la IA Generativa modificó profundamente el valor económico de los datos; la Nube se convirtió en una infraestructura crítica, y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China elevó la soberanía digital al centro de las políticas públicas.

El debate ya no consiste únicamente en facilitar el comercio electrónico. Ahora también implica decidir quién puede controlar los datos, dónde deben almacenarse, quién puede acceder a ellos y bajo qué reglas pueden desarrollarse los sistemas de Inteligencia Artificial.

Oportunidad para rediseñar la arquitectura digital regional

En este contexto, diversos centros de análisis consideran que la revisión del tratado representa una oportunidad mucho más profunda que una simple actualización normativa.

Un reciente estudio de The Dialogue sostiene que Norteamérica atraviesa un momento definitorio: la revisión del Capítulo 19 podría sentar las bases de una verdadera arquitectura digital regional basada en la interoperabilidad regulatoria, aun cuando cada país mantenga marcos jurídicos distintos.

La propuesta no busca uniformar completamente las regulaciones nacionales, sino construir reglas previsibles que permitan una integración tecnológica más profunda sin sacrificar la autonomía de cada gobierno.

En otras palabras, el desafío consiste en lograr que México, Estados Unidos y Canadá puedan operar como un solo ecosistema digital sin renunciar a sus propias prioridades regulatorias.

Ese objetivo cobra aún mayor relevancia frente al contexto internacional.

Mientras el modelo norteamericano tradicional privilegia la libre circulación de datos como condición para la innovación, Europa ha construido un enfoque centrado en los derechos de los ciudadanos mediante el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y China promovió un esquema donde el Estado mantiene un amplio control sobre la infraestructura y los flujos de información.

La revisión del T-MEC obligará a Norteamérica a redefinir su propia posición frente a esos dos modelos.

Nuevas interrogantes

Quizá ninguna disposición ilustra mejor las tensiones actuales que la prohibición de exigir la localización de servidores.

El Capítulo 19 impide que México o Canadá obliguen a empresas extranjeras a instalar Centros de Datos dentro de sus territorios como condición para ofrecer servicios digitales.

Durante años, esta medida fue considerada un incentivo para reducir costos, facilitar inversiones y acelerar el crecimiento del ecosistema digital. Para miles de startups significó evitar inversiones millonarias en infraestructura física y aprovechar economías de escala mediante servicios de Nube.

Sin embargo, la misma regla hoy plantea interrogantes. Si la mayor parte de la infraestructura donde se almacenan los datos de ciudadanos, empresas y gobiernos permanece bajo control de proveedores extranjeros, ¿hasta dónde llega realmente la capacidad de un Estado para ejercer soberanía sobre esa información?

Para José Antonio Romero Tellaeche, economista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, esa pregunta se encuentra en el centro de la discusión contemporánea sobre el comercio digital.

El especialista sostiene que los datos personales y sociales son el recurso estratégico del siglo XXI. Desde su perspectiva, cuando un tratado privilegia el libre flujo transfronterizo de datos y limita la posibilidad de exigir infraestructura local, también reduce la capacidad de los Estados para supervisar, regular y aprovechar económicamente ese recurso.

La consecuencia, advierte, puede traducirse en una nueva forma de dependencia tecnológica: exportar datos generados por millones de ciudadanos e importar posteriormente algoritmos, servicios de IA y tecnologías de alto valor agregado desarrolladas en otros países.

Más que un intercambio comercial, sería una nueva división internacional del valor digital.

Esa preocupación adquiere una dimensión todavía más compleja frente a legislaciones como la CLOUD Act (La Ley de Clarificación del Uso Legal de Datos en el Extranjero) de Estados Unidos, que permite a las autoridades estadounidenses solicitar información a empresas tecnológicas bajo su jurisdicción incluso cuando esos datos se encuentren almacenados en servidores ubicados fuera de su territorio.

Para países como México, eso plantea desafíos adicionales para acceder oportunamente a información vinculada con investigaciones criminales, violencia digital u otros procesos judiciales donde la cooperación internacional resulta indispensable.

En consecuencia, el debate sobre la Nube ya no gira únicamente en torno a la eficiencia tecnológica. También involucra capacidades regulatorias, seguridad nacional, gobernanza de datos y equilibrio geopolítico.

La revisión del Capítulo 19 tendrá que responder una pregunta que hace apenas unos años parecía lejana: ¿cómo mantener un mercado digital abierto sin renunciar al control estratégico sobre la infraestructura que sostiene a la economía digital?

IA expuso vacíos de un capítulo pensado para otra era

Si la computación en la Nube puso en evidencia los límites del Capítulo 19, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) terminó por acelerar la necesidad de revisarlo.

Hoy, modelos capaces de producir texto, imágenes, código o decisiones automatizadas procesan enormes volúmenes de información de gobiernos y empresas. Sin embargo, muchas de las reglas del tratado fueron concebidas antes de esa revolución tecnológica.

Uno de los puntos más sensibles del tratado es la disposición que prohíbe a los gobiernos exigir acceso al código fuente o a los algoritmos de una empresa como condición para operar en el mercado.

La medida buscó originalmente proteger la propiedad intelectual y evitar barreras comerciales. No obstante, José Antonio Romero Tellaeche sostiene que el contexto actual obliga a replantear ese equilibrio.

Las plataformas digitales, afirma, ya no son simples intermediarios tecnológicos; actúan como sistemas capaces de amplificar, invisibilizar o jerarquizar contenidos mediante algoritmos cuyo funcionamiento permanece opaco para autoridades y ciudadanos.

Desde esa perspectiva, los Estados enfrentan crecientes dificultades para supervisar sistemas que pueden influir en procesos democráticos, derechos fundamentales o decisiones económicas sin contar con herramientas regulatorias suficientes.

The Dialogue coincide en que la revisión del tratado debe incorporar mecanismos específicos para la gobernanza de la IA. Entre sus propuestas, destaca la creación de sandboxes regulatorios trilaterales que permitan probar nuevos modelos de Inteligencia Artificial bajo esquemas de supervisión compartida, especialmente para pequeñas y medianas empresas (pymes), sin frenar la innovación.

La intención no es imponer una regulación uniforme, sino generar espacios donde las autoridades puedan evaluar riesgos, desarrollar capacidades técnicas y construir confianza antes de escalar nuevas tecnologías a toda la región.

Reformas mexicanas también entran en la conversación

La revisión del Capítulo 19 también ocurre después de que México redefinió parte de su arquitectura institucional en materia digital.

El análisis de The Dialogue advierte que cambios como la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  generan interrogantes entre los socios comerciales respecto a la gobernanza de datos, la protección de la información personal y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Uno de los temas que podría cobrar mayor relevancia es la continuidad de mecanismos como el sistema de Reglas de Privacidad Transfronterizas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), considerado una pieza importante para facilitar flujos internacionales de datos bajo estándares compartidos.

El reto para México consiste en ofrecer certidumbre regulatoria durante una negociación donde la previsibilidad institucional será tan importante como la infraestructura tecnológica.

El tablero geopolítico cambió las reglas

La discusión tampoco puede entenderse sin observar el cambio de postura de Estados Unidos.

Paradójicamente, el país que impulsó durante años la liberalización del comercio digital comenzó a modificar su posición conforme crecieron las preocupaciones por la seguridad nacional, la competencia tecnológica con China y el poder acumulado por las grandes plataformas digitales.

The Dialogue identifica como un punto de inflexión la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de flexibilizar la defensa irrestricta del libre flujo de datos en foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio. Con ello, Washington buscó preservar mayor margen para regular a las grandes empresas tecnológicas y proteger intereses nacionales.

En otras palabras, incluso el principal promotor del modelo que dio origen al Capítulo 19 reconoce hoy que la realidad tecnológica exige mayores capacidades regulatorias.

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Esa transformación también es señalada por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), que considera indispensable evitar que la revisión del tratado derive en una negociación dominada por intereses políticos de corto plazo o por presiones bilaterales.

El organismo sostiene que México debe contribuir a fortalecer la resiliencia y competitividad regional sin renunciar a sus propios intereses ni quedar atrapado en la creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China.

Ciberseguridad no es un capítulo aislado

Actualmente, las agendas de comercio digital y ciberseguridad son prácticamente inseparables.

Brookings advierte que los ataques contra infraestructuras críticas, cadenas regionales de suministro y sistemas de datos transfronterizos aumentaron significativamente durante los últimos años, por lo que propone modernizar el artículo 19.15 del tratado.

Entre sus recomendaciones figuran armonizar las regulaciones de ciberseguridad entre los tres países; establecer un sistema trilateral de notificación de incidentes; crear mecanismos de intercambio de información en tiempo real; fortalecer la protección de infraestructuras críticas; reforzar la seguridad de las cadenas de suministro, y desarrollar una estrategia regional para atraer talento especializado.

The Dialogue va un paso más allá y plantea incorporar un anexo específico al T-MEC que establezca protocolos conjuntos frente a incidentes cibernéticos transfronterizos, reglas claras sobre propiedad intelectual para el entrenamiento de modelos de IA y fondos trilaterales destinados a investigación y desarrollo tecnológico.

En paralelo, una propuesta conjunta de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti), ITI y Technation plantea fortalecer el Capítulo 19 mediante una agenda compartida que impulse la confianza digital, la interoperabilidad regulatoria, la cooperación en Inteligencia Artificial y la transformación digital de las pymes.

Las medidas sugeridas incluyen promover una mayor armonización regulatoria en ciberseguridad; fortalecer infraestructuras críticas interoperables; incrementar la colaboración público-privada; impulsar el cifrado de las comunicaciones; establecer un foro permanente de economía digital del T-MEC, y construir marcos comunes para el desarrollo responsable de la IA.

En conjunto, estas propuestas reflejan un cambio de enfoque hacia crear condiciones para que Norteamérica compita como un bloque tecnológico frente a otras regiones del mundo, y no sólo facilitar el comercio digital.

El desafío de redefinir el equilibrio digital

El consenso entre especialistas y organizaciones no apunta a desmontar el Capítulo 19. Sus principios sobre libre comercio digital, eliminación de aranceles para productos digitales y protección de la innovación continúan siendo pilares de la integración económica regional.

Lo que está en discusión es si esas reglas siguen siendo suficientes para una economía en la que los datos alimentan modelos de Inteligencia Artificial, la Nube sostiene servicios esenciales y la ciberseguridad es un asunto de seguridad nacional.

Por lo tanto, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para construir un marco capaz de gobernar la infraestructura tecnológica que sustentará la competitividad de Norteamérica durante las próximas décadas.

Al final, la revisión del Capítulo 19 decidirá mucho más que el futuro del comercio digital. Norteamérica definirá si es capaz de construir una arquitectura tecnológica basada en reglas compartidas, interoperabilidad y confianza, o si la gobernanza de los datos responderá a los intereses de quien concentra el mayor poder tecnológico de la región.

El panorama económico ha mejorado como consecuencia de menores presiones de demanda y debido a que el flujo de petróleo avanza a la mayor velocidad desde que comenzó la guerra. En ese contexto, la economía mundial ha mostrado resiliencia, pero con una distribución heterogénea, por lo que Banamex estima un crecimiento de 2.5% para este año, menor que el 2.9% de 2025, y para Estados Unidos prevén un aumento del 2.1%, expuso Iván Arias, director de Estudios Económicos del banco.

Para el caso de México, luego de que el Producto Interno Bruto (PIB) cayera 0.6% en el primer trimestre, en abril el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) tuvo un crecimiento del 1.2% mensual, aunque experimentó cierta reversión en mayo.

No obstante, en el segundo trimestre el PIB repuntó 1.3%, el mayor avance trimestral desde el primero de 2022. Con este resultado, el banco estima que el crecimiento del PIB de México en 2026 será de 1.3%, cifra menor a la expectativa que tenían a inicios de año. Esto dejaría “tres años de crecimiento insatisfactorio” y un promedio inferior al de Estados Unidos, al del mundo y al de América Latina.

Arias también dijo que la inflación sorprendió en mayo con 0.3% a la baja, con lo que esperan que cierre 2026 con 4.3% en la general y la subyacente. “No vemos una pérdida de grado de inversión en el corto plazo”, comentó tras la baja de la calificación que le hicieron al país algunas agencias, y agregó que el gobierno sigue enviando señales positivas de fomento a la inversión privada, aunque todavía falta pasar a la ejecución.

El banco estima un tipo de cambio de 17.09 pesos por dólar hacia el final del año y Arias indicó que, pese a las tensiones geopolíticas, el peso mostró resiliencia a eventos relevantes, como la no renovación automática del T-MEC.

Más que incertidumbre es una certeza negativa, comentó el subdirector de Estudios Económicos de Banamex, Rodolfo Ostolaza, a propósito de la decisión de Estados Unidos de no renovar automáticamente el TME-C por 16 años más y, en cambio, optar por revisiones anuales hasta 2036. Mientras que Iván Arias expuso que en 2025, esa incertidumbre tuvo un impacto de 0.3% en el PIB y podría extrapolarse esa estimación a este año.

El directivo vaticinó que las dudas comerciales seguirán limitando la inversión privada, y esa misma incertidumbre restó 0.3% al crecimiento económico en 2025, por lo que en caso de que no la hubiera tenido, habría aumentado 0.8%.

Ostolaza se refirió a los problemas estructurales de las finanzas públicas y destacó como el sector más fuerte a la electrónica, que lidera las importaciones de EE. UU. provenientes de México, y se vio altamente favorecido por los aranceles; por el contrario, el que ha sido más afectado es el automotriz, por la Sección 232.

Arias dijo que la Inversión Extranjera Directa (IED) ha estado creciendo en dólares nominales, pero en el porcentaje del PIB, es decir, en el tamaño de la economía, no se ve una tendencia a la alza. “Las empresas que ya tienen sus inversiones aquí las mantienen. No estamos viendo un crecimiento sostenido de las nuevas inversiones”, indicó.  

Impacto regional por la IA y el Mundial

Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex, puntualizó que en México sí ha habido un impacto positivo de la Inteligencia Artificial, principalmente en estados del norte como Chihuahua y Baja California, que se contrarresta con el retroceso del sector automotriz.

La economista destacó que el mayor impacto está relacionado a lo que se construye antes y  explicó que en la Ciudad de México y Monterrey la construcción fue mínima, mientras que en Guadalajara fue mayor. Agregó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), se incrementó la ocupación hotelera en las sedes, excepto en Monterrey, donde hubo un impacto menor. En suma, dijo, la sede más beneficiada fue la Ciudad de México. Y Guanajuato, Jalisco y Nuevo León tuvieron un repunte en el sector de la construcción durante el primer trimestre de 2026.

Arias expuso que en México la industria del futbol representa alrededor del 0.2% del PIB y el Mundial 2026 podría aportar un 0.1%, algo que Ostolaza estimó en 35,000 millones de pesos ó 2,000 millones de dólares, lo que, según dimensionó Rodríguez, representa menos de la mitad de lo que entra por remesas cada mes.

Mientras que Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos, aclaró que el impacto de estos eventos no es inmediato, sino que podría desencadenar un efecto de promoción para el país y propiciar un mayor crecimiento en el largo plazo por el turismo.

El reloj de arena llegó a su fin y la cuenta regresiva comercial más importante de la región se activó de manera oficial. El 1° de julio de 2026, Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC de manera automática por un periodo extendido, abriendo en su lugar la puerta a un intenso proceso de discusión.

Por ahora, el acuerdo permanece vigente hasta que se resuelvan las inconformidades de cada parte o hasta su terminación, que sería en 2036.

Mientras tanto, se pondrá en marcha la revisión anual estipulada en el tratado, obligando a los tres socios a realizar una evaluación formal de sus pautas. Esto marca el inicio de un hito político y analítico crucial que definirá la certidumbre económica de los mercados para las próximas décadas.

Estados Unidos, México y Canadá se ven obligados a sentarse frente a frente para reevaluar a fondo las reglas del juego. El tablero global ha cambiado drásticamente desde la firma del acuerdo; la tecnología avanzó a un ritmo exponencial y el contexto geopolítico se ha vuelto mucho más desafiante.

Por lo tanto, este proceso analítico y político que arranca es la negociación estratégica que determinará la certidumbre económica y el liderazgo de la región para las próximas décadas.

Con esta entrega, DPL News inaugura una serie especial de análisis sobre el T-MEC digital, enfocada en desmenuzar, capa por capa, los ejes críticos, los puntos de fricción y las grandes oportunidades digitales que definirán el nuevo rostro del tratado.

Revisión del T-MEC ante los desafíos digitales

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría marcar el inicio de una nueva era en la cooperación económica de Norteamérica, distinguida por la digitalización y la acelerada transformación tecnológica de la mano de la Inteligencia Artificial (IA).

Si bien el acuerdo actual incluye disposiciones relacionadas con la economía digital, hoy esos marcos ya han sido superados debido a los, cada vez más, rápidos ciclos de innovación en un contexto geopolítico todavía más complejo y de constantes tensiones entre EE. UU. y China.

A medida que la IA, la computación en la Nube, las redes y los servicios digitales evolucionan, la región norteamericana necesita adaptarse para impulsar una mayor integración y competitividad.

Destacado: La propiedad intelectual es un activo de competitividad en la era del T-MEC y la IA

El valor económico del T-MEC no está en duda. Los tres países firmantes de este tratado representan, en conjunto, alrededor del 30% del PIB mundial, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por encima de la Unión Europea y China.

Juntas, las tres economías movilizan más de 250,000 millones de dólares anuales en comercio digital transfronterizo. En 2024, el cruce fronterizo de bienes y servicios tuvo un valor de 2,562 millones de dólares al día ó 1.8 millones por minuto.

Norteamérica ha logrado aumentar la comercialización de contenido nacional y regional dentro del bloque durante los últimos años, gracias a un entorno de mayor certidumbre e incentivos para la inversión.

Sin embargo, las medidas arancelarias por parte del gobierno de Estados Unidos han desestabilizado el libre comercio. Aunque hoy en día casi 60% de los productos importados de Canadá y México todavía ingresan a Estados Unidos libres de aranceles, EE. UU. ha impuesto restricciones unilaterales (al acero, el aluminio y otros productos automotrices, por ejemplo) que restan competitividad al mercado.

Por eso, de cara a la revisión del T-MEC, los países deben construir un entorno comercial más estable, certero y predecible frente a los desafíos económicos actuales y futuros. Ante ese reto, la cooperación tecnológica trilateral será fundamental para mejorar la implementación del tratado y adaptarlo a un nuevo panorama productivo.

Capítulo 19 en el nuevo entorno digital

El T-MEC fue pionero en incluir una visión digital del comercio. En especial, el Capítulo 19 introdujo normas para garantizar el libre flujo transfronterizo de datos, prohibió los aranceles a productos digitales y, entre otras cosas, reforzó la protección al consumidor y la privacidad de datos en el entorno digital.

Los flujos de datos transfronterizos son esenciales para el comercio y la innovación, pues permiten a las empresas acceder a información de distintas fuentes, gestionar sus operaciones y generar valor a partir de ello.

Gracias a eso, el sector financiero puede transferir datos de transacciones en milisegundos para prevenir y detectar fraudes. Asimismo, las micro, pequeñas y medianas empresas pueden acceder a plataformas de Nube o vender desde sus sitios web con menores costos de transacción e infraestructura, lo que facilita su integración a las cadenas de valor internacionales.

Aun más relevante es esta condición para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, ya que los sistemas de IA necesitan enormes volúmenes de datos para su entrenamiento e inferencia.

El tratado sentó las bases para una integración económica digital. Pero, desde 2020, el reloj tecnológico ha avanzado a un ritmo exponencial que los marcos jurídicos rara vez logran alcanzar.

El acuerdo sigue siendo una herramienta robusta para el comercio digital, pero presenta vacíos regulatorios y tensiones institucionales frente a la economía digital actual.

Los gobiernos, además, están implementando medidas que pueden ser barreras para el flujo de datos, debido a preocupaciones de privacidad y seguridad nacional. La Fundación de Tecnologías de la Información e Innovación (ITIF, por sus siglas en inglés) advierte que las políticas de localización de datos se están extendiendo alrededor del mundo.

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Tan sólo en 2021, 62 países habían impuesto 144 restricciones al flujo transfronterizo de datos y docenas más estaban estudiando el tema. Uno de los principales motivantes para estas normas es la soberanía digital, lo cual, según la ITIF, puede ser engañoso, pues la geografía no garantiza mayor privacidad ni ciberseguridad.

Por el contrario, la Fundación sostiene que fragmentar el almacenamiento de datos produce efectos negativos: entre ellos, menos seguridad y accesibilidad; el encarecimiento tecnológico, y la debilitación de la cooperación internacional para el desarrollo de una economía digital abierta y basada en reglas.

Otro de los desafíos en torno a la revisión del T-MEC apunta al cuestionamiento sobre si algunos de los compromisos de comercio digital del tratado están alineados con el nuevo impulso a la regulación.

Particularmente, se cuestiona si el compromiso suscrito en el T-MEC sobre moderación de contenido es el camino a seguir. Actualmente, el acuerdo brinda a las plataformas digitales protección contra la responsabilidad civil por el contenido de terceros, pero hay debates en curso sobre su pertinencia.

Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes

El texto original del pacto no contiene disposiciones específicas sobre Inteligencia Artificial (IA), Blockchain o computación cuántica. La IA ya se ha convertido en un motor de la productividad y las cadenas de suministro, por lo que la ausencia de reglas compartidas podría generar incertidumbre.

De acuerdo con un informe del Programa México del Diálogo Interamericano, la falta de disposiciones específicas sobre la Inteligencia Artificial en el Capítulo 19 es uno de los mayores retos pendientes.

En este ámbito, el centro de investigación señala la necesidad de establecer principios comunes para el desarrollo y la implementación responsable de la IA, que abarquen de entrada estos ámbitos:

• Propiedad intelectual e IA: hoy en día, no existe claridad sobre cómo aplicar los derechos de autor en el uso de datos masivos para el entrenamiento de modelos algorítmicos (IA Generativa), ni sobre la propiedad de los productos resultantes.
• Gobernanza de la IA: mientras Estados Unidos prioriza un modelo flexible enfocado en la velocidad y la innovación tecnológica, Canadá transita hacia esquemas pragmáticos y México opera en un relativo vacío de política pública integral en la materia.
• Ética y mitigación de riesgos: a medida que avance su adopción, será necesario evaluar la introducción de directrices éticas compartidas para el despliegue de la IA, mitigando riesgos sistémicos vinculados a los sesgos algorítmicos, la desinformación y los esquemas de vigilancia masiva.

Reconfiguración institucional en México

En 2025, México emitió una Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que transformó el aparato institucional del sector.

La nueva ley eliminó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y transfirió sus funciones a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Además, ese mismo año, el gobierno impulsó una reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, guiado por sus objetivos de austeridad y eficiencia del Estado.

Las reformas recientes en la arquitectura estatal de México representan uno de los mayores puntos de fricción para la implementación del tratado:

• Vacío de certificación: la disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que vino con la simplificación orgánica, eliminó al órgano encargado de certificar las reglas de privacidad de la APEC, dejando a las empresas en un limbo legal para la transferencia segura de datos.
• Independencia regulatoria: la creación de la ATDT y la adscripción de la CRT y la Comisión Nacional de Antimonopolio (CNA) al Poder Ejecutivo generan dudas sobre la neutralidad competitiva y la independencia técnica exigidas en los Capítulos 18 sobre telecomunicaciones y 21 acerca de la política de competencia del T-MEC.
• Barreras no arancelarias: la nueva facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para exigir acceso en tiempo real y permanente a las bases de datos operativas de las plataformas digitales es, según la industria, una medida invasiva que vulnera los protocolos de seguridad corporativa y puede constituir una barrera no arancelaria al comercio digital.

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Canadá y los conflictos digitales

Ante la revisión del T-MEC, los conflictos digitales de Estados Unidos con Canadá se han centrado especialmente en el impuesto de 3% sobre servicios digitales que Ottawa aprobó en junio de 2024.

Dicho gravamen tenía un efecto retroactivo a enero de 2022 sobre los grandes proveedores de servicios digitales, incluyendo a marketplaces, plataformas de redes sociales o prestadores de publicidad en línea.

La medida molestó al gobierno estadounidense. En junio de 2025, el presidente Donald Trump amagó con dar por terminadas las negociaciones comerciales bilaterales debido a este impuesto.

Ante la presión, el gobierno canadiense se comprometió a derogar el impuesto, pero por ahora no lo ha eliminado formalmente.

Por otro lado, en 2023, Ottawa creó la Ley de Noticias en Línea, que exige a las principales plataformas digitales compensar a los medios nacionales por compartir enlaces o fragmentos de noticias. Esta normativa generó un amplio rechazo por parte de EE. UU. y las Big Tech, quienes argumentan que daña la comercialización de servicios en Norteamérica.

Internet Society considera que, contrario a sus intenciones, la ley canadiense impediría a las personas y las empresas acceder a una Internet abierta, y, en última instancia, no lograría su cometido de compensar a los medios.

En su lugar, las plataformas pueden optar por deshabilitar las noticias para evitar el impuesto, como ya sucedió con Meta tras el anuncio de la normativa.

La Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones de Estados Unidos estima que la Ley de Transmisión en Línea podría costarle a la industria estadounidense hasta 7,000 millones de dólares para 2030.

Ambas normativas han sido un punto de fricción entre EE. UU. y Canadá en la discusión sobre el acuerdo comercial, en medio de una afrenta de aranceles por parte de uno y otro que tuvo lugar en el último año.

Ecosistema de semiconductores

Otro de los temas digitales que podría marcar el rumbo del T-MEC es el de los semiconductores, componentes esenciales para vehículos, computadoras, consolas de videojuegos y una amplia gama de productos electrónicos.

Estados Unidos quiere crear una cadena de valor global de chips más resiliente, segura y sostenible, a fin de reducir su dependencia para garantizar el suministro de tecnologías críticas.

Un informe de The North American Project señala que el déficit comercial de Estados Unidos en Productos de Alta Tecnología (ATP) alcanzó un récord histórico de 414,600 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento del 39.5% respecto al año previo.

De este saldo, la categoría de Información y Comunicaciones absorbe 87% de la brecha total.

Taiwán por sí solo representa 21% del déficit total de productos de alta tecnología de Estados Unidos. En el rubro específico de semiconductores y componentes electrónicos, Taiwán suministra 35% de las importaciones estadounidenses.

Aunque México lidera en la exportación de equipos de cómputo terminados hacia EE. UU. con un 34.4% de participación, su aportación en la fabricación pura de semiconductores es de apenas un 5%.

Ante los riesgos geopolíticos que suponen los chokepoints marítimos asiáticos y las tensiones en el Estrecho de Taiwán, The North American Project considera que la revisión del T-MEC puede ser la palanca idónea para transitar hacia un modelo de co-producción profunda.

México busca capitalizar este momento mediante la inclusión de iniciativas sobre microchips que alineen el tratado con sus estrategias nacionales de semiconductores, buscando atraer fases de mayor valor agregado como el diseño y el empaquetamiento avanzado.

Al menos desde 2024, Estados Unidos selló una alianza con México para explorar oportunidades de crecimiento y diversificación del ecosistema de chips. Bajo esa línea, el T-MEC podría profundizar la cooperación regional en la materia.

La Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) de Estados Unidos sostiene que el T-MEC ha impulsado el crecimiento, la innovación y el empleo en la industria de semiconductores.

Y de cara al futuro, la SIA considera que es vital mantener el acuerdo y ajustar disposiciones para fortalecer el ecosistema, relacionadas con las reglas de origen y la armonización de normas de cumplimiento y aplicación, entre otros aspectos.

Mientras tanto, el Instituto Mexicano para la Competitividad plantea que la revisión puede servir para coordinar inversiones, fortalecer manufactura, ensamble, prueba y empaquetado en la región, además de impulsar investigación y formación de talento.

Energía y Data Centers

Por otro lado, la relocalización de las cadenas productivas y el despliegue a gran escala de la Inteligencia Artificial ponen presión sobre las redes eléctricas en Norteamérica.

La relocalización de empresas y el auge de la Inteligencia Artificial han incrementado significativamente la demanda de Centros de Datos. En este contexto, la disponibilidad de energía confiable, competitiva y sostenible es un factor que puede bloquear o impulsar la inversión tecnológica en la región:

La Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC) proyecta una inversión de 82,500 millones de dólares en construcción y equipamiento de Centros de Datos para el periodo de 2026 a 2031.

No obstante, esta expansión requiere la adición urgente de 1,700 megavatios (1.7 GW) de capacidad energética al sistema eléctrico nacional para poder sostener y conectar las cargas demandadas por las empresas.

Las reglas vigentes del T-MEC prohíben la localización forzada de servidores o infraestructura informática como condición para operar en un territorio. Sin embargo, la realidad operativa obliga a que los Centros de Datos se establezcan físicamente donde la red ofrezca transmisión, distribución e interconexión estable.

El debate trilateral presiona para robustecer las redes eléctricas y garantizar certidumbre jurídica a las inversiones privadas en autogeneración y energías renovables.

Además, la revisión del tratado incluye el escrutinio de las políticas energéticas. La falta de infraestructura, la demanda de recursos hídricos y la incertidumbre para la inversión privada en generación eléctrica han retrasado proyectos y obligado al sector a buscar otros esquemas.

Si Norteamérica busca liderar el desarrollo digital, su ventaja competitiva de abundancia energética —apoyada en el mercado integrado de gas y electricidad— debe sincronizarse con las necesidades de la infraestructura digital.

Ciberseguridad

El Capítulo 19 del T-MEC abordó la ciberseguridad mediante pautas generales de cooperación basadas en riesgos, pero la escala y sofisticación de las amenazas actuales exigen mecanismos mucho más vinculantes e institucionales.

México se encuentra en una posición especialmente vulnerable: es el país que recibe el mayor número de ataques digitales en América Latina, con 187,000 millones de intentos de ciberataques en 2022.

En un ecosistema productivo hiperconectado, una brecha digital en la infraestructura crítica de un socio interrumpe los flujos productivos y logísticos de las tres naciones de forma inmediata.

Durante el proceso de revisión, la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información y el Consejo de la Industria de Tecnologías de la Información recomiendan no reabrir el texto base ya negociado del tratado, sino incorporar un anexo trilateral en ciberseguridad enfocado en compromisos como la armonización de regulaciones; principios de proveedores confiables siguiendo criterios objetivos y transparentes; e intercambio operativo de información sobre incidentes en tiempo real.

Geopolítica y el factor China

La mesa de negociación transcurrirá en un escenario global profundamente transformado y mucho más complejo que el de 2020. La era de la globalización abierta y las cadenas de suministro hiperfragmentadas ha cedido el paso a una era obsesionada con la seguridad económica, la resiliencia y la geopolítica de bloques.

Dentro de este nuevo ecosistema, tres factores moldean la narrativa de la revisión:

• Rivalidad con China como eje central: el gigante asiático es el verdadero “elefante en la habitación” de esta negociación. Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, busca evitar la triangulación de productos chinos a través de la región. Washington presionará a México y Canadá para blindar las cadenas de suministro mediante reglas de origen más estrictas, controles a la inversión extranjera directa de terceros países y la exclusión de subsidios no de mercado.
• La encrucijada del nearshoring: para México, mantener la estabilidad del T-MEC es fundamental para materializar la relocalización de inversiones hacia su territorio. Aunque el país se beneficia de su cercanía geográfica y acceso preferencial al mercado estadounidense, las políticas estadounidenses exigen que se mitigue la incertidumbre y se asegure que el país sea percibido como un aliado confiable y no como una puerta trasera para la manufactura asiática.
• Frentes internos de fricción: el proceso arrastra disputas de fondo acumuladas en los últimos años. Destacan las diferencias en las reglas de origen del sector automotriz, las controversias por la política energética mexicana, las restricciones al maíz genéticamente modificado y el uso recurrente de los paneles del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Asimismo, las dinámicas electorales intermedias en Estados Unidos añaden una presión política que endurece las posturas de negociación.

¿Integración o fragmentación?

La revisión que arranca este 1° de julio no será una simple auditoría de lo que ha funcionado en el pasado; es, en realidad, una renegociación estratégica sobre la gobernanza económica del futuro.

Para las tres naciones, el gran desafío será equilibrar sus intereses y presiones políticas internas con la necesidad de mantener a Norteamérica como el bloque económico más competitivo del mundo.

Los resultados de la revisión definirán si la región avanza hacia una integración productiva más profunda, capaz de competir con los bloques asiático y europeo, o si sucumbe ante una fragmentación regulatoria que debilite su liderazgo.

Ciudad de México. El Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) sigue vigente hasta 2036, aunque, a partir de este primero de julio se hará un proceso de revisión anual, informó hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tras la reunión trilateral que sostuvieron los países esta mañana, en la que afirmó que México recibió un “muy buen trato”.

En conferencia de prensa, Ebrard expusó que lo que se temía no ocurrió, es decir, que ninguna de las partes dijo: “Ya me voy del tratado”. En cambio, la ruta que se adoptó fue entrar a un proceso de revisiones anuales que se verificará el próximo 20 de julio en México, cuando el país recibirá a su contraparte de Estados Unidos.

Ese día, explicó el funcionario, arrancará propiamente la revisión, la cual aseguró que será muy importante, porque va a establecer cómo van a ser las próxima revisiones y adelantó que la lógica llevaría a pensar que la primera se termine este año.

Ebrard rememoró que, en 2025, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) planteó 54 temas que le inquietaban y este año la representación de EE. UU. manifestó ya sólo 14 preocupaciones, por lo que se resolvió la mayoría, aunque reconoció que todavía tienen 4 ó 5 pendientes.

En suma, Estados Unidos tiene 14 puntos y México 13, sintetizó, y dijo que a EE. UU. le preocupa la pérdida de empleos mientras que a México la dependencia de Norteamérica. “Ellos quisieran reducir el déficit y para reducir el déficit necesitamos producir en Norteamérica”, aseveró.

“No estamos de acuerdo en la coexistencia del tratado con los aranceles”, declaró Ebrard, quien lo ejemplificó con la Sección 232 y también llamó a revisar el contenido regional y las reglas de origen.

“Necesitamos ponernos de acuerdo para que no haya aranceles entre nosotros”, principalmente en materia de semiconductores, sentenció.

El funcionario también hizo hincapié en la urgencia de reducir la dependencia frente a Asia en lo que respecta a cómputo y electrónica, principalmente debido a la expansión acelerada de la Inteligencia Artificial (IA), cuya operación y funcionamiento demanda muchos de estos recursos. 

Por último, Ebrard aseguró que Canadá “ya entró y ya está”. Explicó que ambos países tienen un plan de acción aprobado en la visita del primer ministro Mark Carney, que actualmente está en curso y, entre otras cosas, contempla un aumento del flujo del comercio entre las dos naciones.

“El Tratado sigue adelante. Sigue vigente”, concluyó.

Desde la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) en 2020, la reforma publicada el pasado 3 de abril en el Diario Oficial de la Federación representa uno de los cambios más significativos en el sistema mexicano de propiedad intelectual.

Se trata de una reforma que llega en un contexto estratégico para México, marcado por la revisión del T-MEC y el uso intensivo de Inteligencia Artificial (IA). Bajo esta nueva normativa, la gestión de marcas o patentes ya no es sólo un tema jurídico, sino que se transforma en una herramienta de innovación.

La reforma a aportó cambios relevantes al sistema de patentes en México; entre ellos, tiempos máximos de respuesta; solicitudes provisionales de patente; la creación de un Comité Técnico Especializado; e incluso infracciones por el uso indebido de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), como reutilizar contenido sin autorización o asociar marcas a eventos masivos no relacionados (especialmente relevante de cara al Mundial de Futbol 2026).

Aurora López-Portillo, directora de Servicios Legales de ClarkeModet México, explica en entrevista con DPL News que estos cambios significan que la gestión de marcas, patentes y desarrollos tecnológicos ya no puede ser tratada como un trámite puramente burocrático o legal por parte de las empresas, sino que debe ser vista como una pieza central de la planeación de negocios y el gobierno corporativo.

“Innovar ya no va a ser suficiente. Aquí va a haber una ventaja competitiva en aquellos titulares que desde un inicio sepan proteger y monetizar esa innovación, porque ya no sólo es ver cómo registro, sino protegerlo bien y ver cómo voy a sacar uso de eso para generar mayor valor”, afirma.

Para la directora, esta reforma fortalece la defensa estratégica e introduce herramientas clave para la transferencia en mercados cada vez más complejos.

El peso de los intangibles y el despertar de la innovación local

Las industrias intensivas en propiedad intelectual aportaron el 47.8% del PIB nacional en 2024, según cifras del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Asimismo, el ecosistema de innovación local da señales de aceleración, ya que en 2025 se registraron 988 patentes a personas mexicanas, siendo la cifra histórica más alta para inventores nacionales.

No obstante, el panorama aún revela una asimetría estructural, según advierte ClarkeModet. El 96% de las patentes otorgadas en el país corresponden a solicitantes extranjeros. Este dato evidencia la urgencia de que las organizaciones locales adopten una gestión estratégica mucho más sofisticada para robustecer sus procesos tecnológicos y convertir el conocimiento en productividad y licenciamiento.

Velocidad y certidumbre

Uno de los cambios más drásticos de la reforma radica en la optimización de los tiempos institucionales. Los plazos de resolución se reducirán significativamente: procesos que antes tomaban hasta cinco años ahora se tardarán alrededor de un año para patentes y sólo cinco meses para marcas que no presenten oposición.

Para dinamizar las etapas tempranas de desarrollo, la ley incorpora la solicitud provisional de patente. Esta figura permitirá a inventores, startups y universidades presentar una primera protección con menores costos iniciales, otorgándoles hasta un año de prioridad para robustecer la documentación definitiva.

Además, para blindar la certidumbre jurídica, se introduce un mecanismo de control institucional: si el IMPI no resuelve dentro de los plazos legales, un Comité Técnico Especializado podrá ordenar la emisión de una resolución en un máximo de diez días hábiles. Este nuevo escenario eleva la exigencia técnica para las empresas, ya que las solicitudes deberán estar perfectamente alineadas con una visión clara de negocio desde el primer día.

Propiedad intelectual en el T-MEC

La evolución de la regulación en México no es un hecho aislado, ya que responde de manera directa a los compromisos de armonización internacional asumidos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El acuerdo trilateral coloca a la propiedad intelectual como una condición indispensable de competitividad para atraer inversión, influyendo en debates críticos sobre transferencia tecnológica y cadenas de valor globales, explica López-Portillo.

La directora celebra que ya se observa el reconocimiento de estas reformas operativas, ya que el país fue removido de la Priority Watch List (Lista de Vigilancia Prioritaria) de Estados Unidos, un reporte que identifica países con deficiencias graves en la protección de la propiedad intelectual. Esto, asegura, valida el fortalecimiento de la legislación mexicana y la adopción de prácticas de enforcement digital acordes con los estándares internacionales.  

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IA promete eficiencia, pero con riesgos millonarios

Por otro lado, la adopción masiva de la IA Generativa representa un catalizador de doble filo para los departamentos de innovación. Si bien la IA democratiza la creación de contenido y reduce drásticamente costos que antes se tercerizaban con agencias, también introduce riesgos regulatorios que ya están plasmados en la ley. 

El principal reto proviene de la naturaleza misma de los modelos de IA, los cuales se nutren de bases de datos globales –de texto, audio o video– sin distinguir la existencia de derechos preexistentes. En ese sentido, las empresas se enfrentan al riesgo de incurrir en infracciones por el uso involuntario de elementos de terceros o por la creación de publicidad engañosa.

Ante esto, la reforma incluye sanciones por el uso indebido de IA en la falsificación de marcas, el uso no autorizado de patentes, la apropiación de secretos industriales o la generación de publicidad engañosa. Por estos actos considerados ilegales, la reforma integra infracciones por hasta 250,000 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que implica pagos de decenas de millones de pesos.

Además, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial cuenta ahora con facultades extendidas para ejecutar bloqueos de contenido digital e interrupciones inmediatas de la actividad comercial.  

Incluso, “las medidas no sólo van a implicar sanciones en contra del usuario, sino también en contra de la plataforma que subió el video o que tiene a la venta los productos; si ellos no bajan el contenido, también los pueden sancionar”, advierte López-Portillo.  

Para mitigar este riesgo operativo, la especialista señala que el criterio humano sigue siendo el mejor filtro, por lo que debe haber un doble check, ya sea por parte de los equipos de diseño o legal, para asegurarse de que el contenido obtenido por IA no genere infracciones a la empresa antes de salir al mercado.

López-Portillo también recomendó involucrar al equipo legal desde la fase de generación de ideas de las campañas para delimitar qué es viable proteger y qué pudiera vulnerar los derechos de terceros.

Incentivos para la innovación local

Más allá de la protección al contenido a través de plataformas de IA, la reforma es parte de la estrategia del gobierno mexicano para integrar incentivos que permitan dinamizar el desarrollo y la innovación nacional.

Por ejemplo, el IMPI ha desplegado programas que otorgan facilidades de pago en derechos de registro y asesorías enfocadas en la protección de patentes para inventores nacionales.

“La idea –una vez que se empiecen a avanzar los nuevos trámites con las nuevas presentaciones– es facilitar el registro para los titulares y creo que eso va a motivar mucho la innovación y la inversión que se va a tener en este sector”, puntualiza López-Portillo.

Para la directora, la propiedad intelectual ya no debe ser tratada como asunto exclusivo del departamento legal, pues en realidad es un activo estratégico que obliga a las empresas a adoptar estrategias de propiedad intelectual transversales, que contemplen su protección, aprovechamiento y monetización, para convertirla en un componente de competitividad.

El Financiero

Se acerca la fecha para la primera reunión formal entre diplomáticos de Estados unidos y México para la revisión del T-MEC, y ante ello, el secretario general del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), Alejandro Martínez Araiza, reiteró la necesidad de incorporar un capítulo específico sobre adopción de nuevas tecnologías en los centros de trabajo, con énfasis en la Inteligencia Artificial (IA), la robótica y la automatización como ejes estratégicos del presente y futuro laboral.

Leer más: https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2026/06/09/revision-de-tratado-comercial-alejandro-martinez-araiza-destaca-importancia-de-la-ia-y-robotica/

Red en Defensa de los Derechos Digitales

Deberíamos poder afirmar que la inteligencia artificial está en el centro de la relación comercial entre Estados Unidos (EUA) y México. Sin embargo, entre las prioridades de México en las negociaciones para la revisión del Tratado con EUA y Canadá (TMEC) —como las reglas de origen y otros sectores económicos estratégicos— ha sido difícil identificar con claridad cuál es la postura del país frente al desarrollo, uso y gobernanza de la inteligencia artificial en el mercado regional, así como frente a la protección de los datos que este modelo de integración digital requeriría.

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El Economista

El 7 de abril, la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor y 129 abstenciones una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal del Derecho de Autor que regula el uso de inteligencia artificial en la explotación de imagen y voz de artistas. El dictamen fue aprobado a partir de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y enviado al Senado para su análisis.

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