T-MEC digital: la encrucijada tecnológica de Norteamérica

Por Nicolás Larocca y Alejandro González.

Cuando México, Estados Unidos y Canadá firmaron el T-MEC, el Capítulo 19 fue celebrado como una de las piezas más innovadoras del tratado.

En un momento en que la economía digital apenas demostraba su papel como motor del comercio internacional, sus disposiciones parecían anticipar el futuro: garantizar el libre flujo transfronterizo de datos, impedir la localización obligatoria de servidores, eliminar aranceles a los productos digitales y ofrecer certidumbre jurídica para las empresas tecnológicas.

Así, el mensaje era que, cuanto menos obstáculos enfrentara la información para cruzar fronteras, mayor sería la innovación. 6 años después, ese paradigma enfrenta su prueba más difícil.

La Inteligencia Artificial (IA) Generativa, la creciente dependencia de infraestructuras críticas alojadas en la Nube, las tensiones geopolíticas entre las principales potencias y el renovado debate sobre la soberanía digital han transformado el comercio digital en un asunto que trasciende lo económico.

Hoy, los datos representan un activo estratégico comparable con la energía o los minerales críticos, y la revisión del Capítulo 19 implica una discusión sobre quién controlará la infraestructura digital de Norteamérica durante las próximas décadas.

México, Estados Unidos y Canadá deberán decidir si la región construye una arquitectura digital común capaz de competir frente a Europa y China o si mantiene un modelo diseñado para una realidad tecnológica que ya cambió.

De la novedad a un nuevo cambio de paradigma

Cuando entró en vigor el T-MEC, numerosos especialistas describieron el Capítulo 19 como el “estándar de oro” del comercio digital. Fue uno de los primeros acuerdos comerciales en reconocer que la economía digital requería reglas propias y no simples adaptaciones de los tratados tradicionales.

El tratado parte de la premisa de que el comercio realizado por medios electrónicos necesita reglas que eliminen barreras injustificadas, otorguen certeza jurídica a empresas e inversionistas y fortalezcan la confianza de consumidores y gobiernos en los servicios digitales.

La Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) resumía entonces que el capítulo perseguía tres grandes objetivos: facilitar el comercio electrónico, reducir obstáculos regulatorios y promover un entorno digital seguro para empresas y usuarios.

Entre sus disposiciones más relevantes destacan:

• facilitar el libre flujo transfronterizo de datos;
• prohibir la localización forzada de servidores;
• impedir aranceles sobre productos digitales;
• fortalecer la protección de consumidores;
• promover esquemas de protección de datos personales;
• impulsar el gobierno digital abierto y el aprovechamiento de datos públicos.

En materia de ciberseguridad, además, los tres países reconocieron que los ataques informáticos representan una amenaza directa para el comercio digital y acordaron fortalecer la cooperación entre sus equipos nacionales de respuesta a incidentes, compartir buenas prácticas e intercambiar información para mitigar amenazas comunes.

Aquella arquitectura respondía a las necesidades de finales de la década pasada. Sin embargo, la velocidad con la que evolucionó la tecnología hizo que muchos de esos principios comenzaran a mostrar limitaciones.

La irrupción de la IA Generativa modificó profundamente el valor económico de los datos; la Nube se convirtió en una infraestructura crítica, y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China elevó la soberanía digital al centro de las políticas públicas.

El debate ya no consiste únicamente en facilitar el comercio electrónico. Ahora también implica decidir quién puede controlar los datos, dónde deben almacenarse, quién puede acceder a ellos y bajo qué reglas pueden desarrollarse los sistemas de Inteligencia Artificial.

Oportunidad para rediseñar la arquitectura digital regional

En este contexto, diversos centros de análisis consideran que la revisión del tratado representa una oportunidad mucho más profunda que una simple actualización normativa.

Un reciente estudio de The Dialogue sostiene que Norteamérica atraviesa un momento definitorio: la revisión del Capítulo 19 podría sentar las bases de una verdadera arquitectura digital regional basada en la interoperabilidad regulatoria, aun cuando cada país mantenga marcos jurídicos distintos.

La propuesta no busca uniformar completamente las regulaciones nacionales, sino construir reglas previsibles que permitan una integración tecnológica más profunda sin sacrificar la autonomía de cada gobierno.

En otras palabras, el desafío consiste en lograr que México, Estados Unidos y Canadá puedan operar como un solo ecosistema digital sin renunciar a sus propias prioridades regulatorias.

Ese objetivo cobra aún mayor relevancia frente al contexto internacional.

Mientras el modelo norteamericano tradicional privilegia la libre circulación de datos como condición para la innovación, Europa ha construido un enfoque centrado en los derechos de los ciudadanos mediante el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), y China promovió un esquema donde el Estado mantiene un amplio control sobre la infraestructura y los flujos de información.

La revisión del T-MEC obligará a Norteamérica a redefinir su propia posición frente a esos dos modelos.

Nuevas interrogantes

Quizá ninguna disposición ilustra mejor las tensiones actuales que la prohibición de exigir la localización de servidores.

El Capítulo 19 impide que México o Canadá obliguen a empresas extranjeras a instalar Centros de Datos dentro de sus territorios como condición para ofrecer servicios digitales.

Durante años, esta medida fue considerada un incentivo para reducir costos, facilitar inversiones y acelerar el crecimiento del ecosistema digital. Para miles de startups significó evitar inversiones millonarias en infraestructura física y aprovechar economías de escala mediante servicios de Nube.

Sin embargo, la misma regla hoy plantea interrogantes. Si la mayor parte de la infraestructura donde se almacenan los datos de ciudadanos, empresas y gobiernos permanece bajo control de proveedores extranjeros, ¿hasta dónde llega realmente la capacidad de un Estado para ejercer soberanía sobre esa información?

Para José Antonio Romero Tellaeche, economista e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, esa pregunta se encuentra en el centro de la discusión contemporánea sobre el comercio digital.

El especialista sostiene que los datos personales y sociales son el recurso estratégico del siglo XXI. Desde su perspectiva, cuando un tratado privilegia el libre flujo transfronterizo de datos y limita la posibilidad de exigir infraestructura local, también reduce la capacidad de los Estados para supervisar, regular y aprovechar económicamente ese recurso.

La consecuencia, advierte, puede traducirse en una nueva forma de dependencia tecnológica: exportar datos generados por millones de ciudadanos e importar posteriormente algoritmos, servicios de IA y tecnologías de alto valor agregado desarrolladas en otros países.

Más que un intercambio comercial, sería una nueva división internacional del valor digital.

Esa preocupación adquiere una dimensión todavía más compleja frente a legislaciones como la CLOUD Act (La Ley de Clarificación del Uso Legal de Datos en el Extranjero) de Estados Unidos, que permite a las autoridades estadounidenses solicitar información a empresas tecnológicas bajo su jurisdicción incluso cuando esos datos se encuentren almacenados en servidores ubicados fuera de su territorio.

Para países como México, eso plantea desafíos adicionales para acceder oportunamente a información vinculada con investigaciones criminales, violencia digital u otros procesos judiciales donde la cooperación internacional resulta indispensable.

En consecuencia, el debate sobre la Nube ya no gira únicamente en torno a la eficiencia tecnológica. También involucra capacidades regulatorias, seguridad nacional, gobernanza de datos y equilibrio geopolítico.

La revisión del Capítulo 19 tendrá que responder una pregunta que hace apenas unos años parecía lejana: ¿cómo mantener un mercado digital abierto sin renunciar al control estratégico sobre la infraestructura que sostiene a la economía digital?

IA expuso vacíos de un capítulo pensado para otra era

Si la computación en la Nube puso en evidencia los límites del Capítulo 19, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) terminó por acelerar la necesidad de revisarlo.

Hoy, modelos capaces de producir texto, imágenes, código o decisiones automatizadas procesan enormes volúmenes de información de gobiernos y empresas. Sin embargo, muchas de las reglas del tratado fueron concebidas antes de esa revolución tecnológica.

Uno de los puntos más sensibles del tratado es la disposición que prohíbe a los gobiernos exigir acceso al código fuente o a los algoritmos de una empresa como condición para operar en el mercado.

La medida buscó originalmente proteger la propiedad intelectual y evitar barreras comerciales. No obstante, José Antonio Romero Tellaeche sostiene que el contexto actual obliga a replantear ese equilibrio.

Las plataformas digitales, afirma, ya no son simples intermediarios tecnológicos; actúan como sistemas capaces de amplificar, invisibilizar o jerarquizar contenidos mediante algoritmos cuyo funcionamiento permanece opaco para autoridades y ciudadanos.

Desde esa perspectiva, los Estados enfrentan crecientes dificultades para supervisar sistemas que pueden influir en procesos democráticos, derechos fundamentales o decisiones económicas sin contar con herramientas regulatorias suficientes.

The Dialogue coincide en que la revisión del tratado debe incorporar mecanismos específicos para la gobernanza de la IA. Entre sus propuestas, destaca la creación de sandboxes regulatorios trilaterales que permitan probar nuevos modelos de Inteligencia Artificial bajo esquemas de supervisión compartida, especialmente para pequeñas y medianas empresas (pymes), sin frenar la innovación.

La intención no es imponer una regulación uniforme, sino generar espacios donde las autoridades puedan evaluar riesgos, desarrollar capacidades técnicas y construir confianza antes de escalar nuevas tecnologías a toda la región.

Reformas mexicanas también entran en la conversación

La revisión del Capítulo 19 también ocurre después de que México redefinió parte de su arquitectura institucional en materia digital.

El análisis de The Dialogue advierte que cambios como la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la desaparición de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  generan interrogantes entre los socios comerciales respecto a la gobernanza de datos, la protección de la información personal y el cumplimiento de compromisos internacionales.

Uno de los temas que podría cobrar mayor relevancia es la continuidad de mecanismos como el sistema de Reglas de Privacidad Transfronterizas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), considerado una pieza importante para facilitar flujos internacionales de datos bajo estándares compartidos.

El reto para México consiste en ofrecer certidumbre regulatoria durante una negociación donde la previsibilidad institucional será tan importante como la infraestructura tecnológica.

El tablero geopolítico cambió las reglas

La discusión tampoco puede entenderse sin observar el cambio de postura de Estados Unidos.

Paradójicamente, el país que impulsó durante años la liberalización del comercio digital comenzó a modificar su posición conforme crecieron las preocupaciones por la seguridad nacional, la competencia tecnológica con China y el poder acumulado por las grandes plataformas digitales.

The Dialogue identifica como un punto de inflexión la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de flexibilizar la defensa irrestricta del libre flujo de datos en foros multilaterales como la Organización Mundial del Comercio. Con ello, Washington buscó preservar mayor margen para regular a las grandes empresas tecnológicas y proteger intereses nacionales.

En otras palabras, incluso el principal promotor del modelo que dio origen al Capítulo 19 reconoce hoy que la realidad tecnológica exige mayores capacidades regulatorias.

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Esa transformación también es señalada por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), que considera indispensable evitar que la revisión del tratado derive en una negociación dominada por intereses políticos de corto plazo o por presiones bilaterales.

El organismo sostiene que México debe contribuir a fortalecer la resiliencia y competitividad regional sin renunciar a sus propios intereses ni quedar atrapado en la creciente rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China.

Ciberseguridad no es un capítulo aislado

Actualmente, las agendas de comercio digital y ciberseguridad son prácticamente inseparables.

Brookings advierte que los ataques contra infraestructuras críticas, cadenas regionales de suministro y sistemas de datos transfronterizos aumentaron significativamente durante los últimos años, por lo que propone modernizar el artículo 19.15 del tratado.

Entre sus recomendaciones figuran armonizar las regulaciones de ciberseguridad entre los tres países; establecer un sistema trilateral de notificación de incidentes; crear mecanismos de intercambio de información en tiempo real; fortalecer la protección de infraestructuras críticas; reforzar la seguridad de las cadenas de suministro, y desarrollar una estrategia regional para atraer talento especializado.

The Dialogue va un paso más allá y plantea incorporar un anexo específico al T-MEC que establezca protocolos conjuntos frente a incidentes cibernéticos transfronterizos, reglas claras sobre propiedad intelectual para el entrenamiento de modelos de IA y fondos trilaterales destinados a investigación y desarrollo tecnológico.

En paralelo, una propuesta conjunta de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (Amiti), ITI y Technation plantea fortalecer el Capítulo 19 mediante una agenda compartida que impulse la confianza digital, la interoperabilidad regulatoria, la cooperación en Inteligencia Artificial y la transformación digital de las pymes.

Las medidas sugeridas incluyen promover una mayor armonización regulatoria en ciberseguridad; fortalecer infraestructuras críticas interoperables; incrementar la colaboración público-privada; impulsar el cifrado de las comunicaciones; establecer un foro permanente de economía digital del T-MEC, y construir marcos comunes para el desarrollo responsable de la IA.

En conjunto, estas propuestas reflejan un cambio de enfoque hacia crear condiciones para que Norteamérica compita como un bloque tecnológico frente a otras regiones del mundo, y no sólo facilitar el comercio digital.

El desafío de redefinir el equilibrio digital

El consenso entre especialistas y organizaciones no apunta a desmontar el Capítulo 19. Sus principios sobre libre comercio digital, eliminación de aranceles para productos digitales y protección de la innovación continúan siendo pilares de la integración económica regional.

Lo que está en discusión es si esas reglas siguen siendo suficientes para una economía en la que los datos alimentan modelos de Inteligencia Artificial, la Nube sostiene servicios esenciales y la ciberseguridad es un asunto de seguridad nacional.

Por lo tanto, la revisión del T-MEC representa una oportunidad para construir un marco capaz de gobernar la infraestructura tecnológica que sustentará la competitividad de Norteamérica durante las próximas décadas.

Al final, la revisión del Capítulo 19 decidirá mucho más que el futuro del comercio digital. Norteamérica definirá si es capaz de construir una arquitectura tecnológica basada en reglas compartidas, interoperabilidad y confianza, o si la gobernanza de los datos responderá a los intereses de quien concentra el mayor poder tecnológico de la región.