Por mínima diferencia, el “no” se impuso en las urnas del referéndum por la ley 19,889 y el gobierno uruguayo logró mantener la plena vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que entre sus artículos tiene a la ya vigente portabilidad numérica. “Etapa superada. Mañana seguiremos trabajando en los temas urgentes para Uruguay”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou.

El mecanismo de referéndum se activó luego de que el Frente Amplio y aliados consiguieran más de 670 mil firmas necesarias para activarlo. La moción era remover 135 artículos de la ley aprobada en junio de 2020 y el “sí” -boleta rosa- debía imponerse por mayoría simple para que suceda. Finalmente ganó el “no” -boleta celeste-, con una diferencia de casi 23 mil votos.

Entre los artículos que se buscaban derogar había cinco vinculados (471 a 475) con la aplicación, puesta en marcha, plazos y alcance de la portabilidad numérica, que ya funciona en Uruguay desde el 12 de enero. Por el resultado, la posibilidad de cambiar de operador manteniendo el número seguirá vigente para los 5.6 millones de usuarios móviles locales. El sistema es administrado por Cleartech Cietel y las solicitudes deben completarse en tres días hábiles.

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) se había hecho eco de quejas contra la incorporación de la portabilidad en el país, bajo el argumento de que no funcionó como se esperaba en otros países, el costo de su funcionamiento en tiempos en los que el gobierno pregona reducción de gastos y las herramientas adicionales que ofrecía a competidores privados, lo que a su criterio era desfavorecer la premisa de soberanía nacional. Movistar y Claro, en tanto, respaldaron la puesta en marcha del derecho.

Justo antes de la votación, la Unidad Regulatoria de Servicios de Comunicaciones (Ursec) reportó que la portabilidad generó “un descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden del 10 por ciento a precios corrientes, acompañado por un descenso de más de 50 por ciento en el precio promedio abonado por GB y un incremento en rendimiento de GB de los planes”. 

El documento, por ejemplo, indicaba que el precio promedio por GB en planes revisados cayó 53 por ciento hasta 25.3 pesos (0.59 dólares). La publicación de estos datos trajo conflicto en el regulador: “Voté en contra de este informe por serios cuestionamientos en el método y el contenido (...) y con una inexplicable urgencia de publicarlo hoy mismo”, expuso aunque sin mayores detalles el director de Ursec Pablo Siris Seade, que representa a la oposición.
La portabilidad ha funcionado, en general, a favor de líderes en países con mercados concentrados en América Latina. Todavía no hay cifras oficiales de lo ocurrido en Uruguay, que ahora deberá atender el resto de materias pendientes en materia TIC: la subasta 5G, prevista para antes de fin de año, la reactivación del debate por una nueva ley de medios y el pedido de los privados por generar obligaciones para la estatal, entre otros puntos.

El próximo domingo 27 de marzo los uruguayos votarán por la continuidad o derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en un referéndum que ganó la tapa de diarios nacionales en las últimas semanas. Entre los artículos incluidos están todos los relacionados a la implementación ya vigente de la portabilidad numérica, que quedará sin efecto si el sí se impone en las urnas.

El mecanismo de referéndum se aprobó luego de que organizaciones sociales, gremiales y políticas presentaran más de 671 mil firmas a la Corte Electoral para motivarlo, cumpliendo con el mínimo necesario para tal fin -25 por ciento de inscriptos habilitados para votar-. El sufragio es obligatorio. La papeleta por el sí será rosa y deberá imponerse a la del no (celeste) con más de la mitad de los votos emitidos para que la derogación se convierta en realidad.

“La ley tiene su base en reclamos populares, que se construyó a medida que recorrimos el país; muchos de ellos eran urgentes”, defendió su posición el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y agregó que la derogación sería “un retroceso” para Uruguay. La continuidad de la normativa, aprobada formalmente a mediados de 2020, es apoyada por el partido gobernante,que concentró sus discursos en la importancia que tiene en materia de seguridad y educación, entre otros.

Los primeros números, sin embargo, expusieron una realidad que ya se había visto en otros mercados: la portabilidad funciona, en general, a favor de los líderes en mercados concentrados. Antel, que cuenta con más de la mitad de las líneas móviles en funcionamiento en Uruguay, habría obtenido más clientes que los privados en las primeras semanas de portabilidad. Los números fueron publicados en medios locales y no, como se esperaba, por instancias oficiales.

El análisis de Ursec sobre la portabilidad numérica en Uruguay

Lo que sí fue publicado oficialmente, casi acompañando el cierre de campaña, fue el primer análisis de la Unidad Regulatoria de Servicios de Comunicaciones (Ursec) sobre la incorporación del derecho para usuarios móviles locales. El regulador no tiene dudas: “El impacto (...) es un descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden del 10 por ciento a precios corrientes, acompañado por un descenso de más de 50 por ciento en el precio promedio abonado por GB y un incremento en rendimiento en GB de los planes”.
En la comparación diciembre 2021-marzo 2022 de planes de categorías específicas de los tres operadores, Ursec concluyó que el precio promedio mensual del contrato cayó de mil 69 pesos a 971 pesos (de 25.1 a 22.7 dólares). Al mismo tiempo, su informe reflejó que el precio promedio por GB en los planes revisados sufrió un descenso de 53.5 por ciento hasta 25.3 pesos uruguayos (unos 0.59 dólares). Respecto del índice “Rendimiento del GB”, este aumentó de 26 a 39 por ciento.

Tal como dijo a DPL News la titular de Ursec, Mercedes Aramendía, “el referéndum no tiene efectos suspensivos”. En otras palabras, la derogación generaría que “se pierda el derecho” pero “no afectaría a quienes ya hubieran portado”. El tema se definirá en las urnas el próximo domingo y, una vez resuelta la disputa puntual, el país podrá volver sobre sus otros pendientes en materia sectorial. El pausado debate Ley de Medios y el pedido de los privados por generar obligaciones de compartición a Antel marcarán la agenda local de cara a la subasta de espectro compatible con 5G, que podría ocurrir antes de fin de año.

Todo sigue igual. Eso respondieron las autoridades uruguayas a la conferencia del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) en el que se informó que la Justicia consideró su intimación presentada para frenar la entrada en vigencia de la portabilidad numérica.  El gobierno consideró la acción un trámite y ratificó que los usuarios podrán cambiar de operador manteniendo el número desde el miércoles de la próxima semana.

“Como anunció el Poder Ejecutivo, el 12 de enero estará habilitado el derecho para usuarios móviles, pasando a tener mayor libertad de elección como sucede en la mayoría de los países de la región”, dijo a DPL News Mercedes Aramendía, titular de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) esta mañana, dejando clara la postura del regulador de avanzar con la aplicación de la portabilidad en Uruguay.

En horas de la tarde de ayer, el sindicato que lidera las quejas contra el inicio formal del proceso apuntó que “presentó una intimación al Ejecutivo para que suspenda la portabilidad, con resultado positivo”, y que, por tanto, esperaba la decisión del gobierno sobre el tema, “teniendo en cuenta que siempre plantea que a la Justicia hay que respetarla”, añadió con picardía el Presidente de Sutel, Gabriel Molina.

Lo que pide Sutel es, en concreto, que la portabilidad no sea una realidad en Uruguay hasta tanto haya resultados del referéndum por el que se pondrán en consideración 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), entre ellos los que ponen a correr el derecho en el país. Considera que esperar a lo que suceda el 27 de marzo es lo lógico, teniendo en cuenta que hasta entonces “la decisión no está firme” y que “no es urgente”. Claro que el sindicato espera –y promueve– que en marzo gane el sí (derogación).

Hay tres puntos que defienden los detractores de la portabilidad en Uruguay: que no funcionó como se esperaba en sitios donde se aplicó, que busca que los privados crezcan económicamente en el país en detrimento de la empresa estatal y que supondrá un costo enorme para Antel, en tiempos en los que el gobierno defiende políticas de austeridad. En el documento presentado a la Justicia se estiman pérdidas para Antel por 400 millones de dólares.

Así, de no mediar nuevos cambios, en ocho días la portabilidad numérica será un derecho adquirido para los usuarios móviles de Uruguay. El país se agregará a un amplio listado de países de la región en donde ya corre, en algunos desde hace más de una década. En general, la portabilidad funcionó potenciando la realidad del mercado, afianzando a líderes en países con mayor concentración y acelerando la competencia en sitios con participación de mercado en discusión. Los resultados locales, por ahora, se verán a partir del 12 de enero.

El 12 de enero de 2022 es la fecha acordada entre el gobierno y los operadores para la entrada en vigencia de la portabilidad numérica en Uruguay. Desde ese día, los usuarios móviles podrán cambiar de empresa manteniendo el número, generando un derecho que ya es una realidad en la mayoría de los países de la región. Las dudas y debates generados en las últimas horas no fueron suficientes para frenar la decisión.

La portabilidad iba a entrar en vigor en octubre y luego se indicó que sería antes de fin de año, pero finalmente sucederá algunas semanas después. “Se considera una buena fecha porque ya pasaron las fiestas, las pruebas estarán terminadas y las empresas podrán atender adecuadamente. Todo será en beneficio de los usuarios que a partir de ahora serán dueños de su número”, dijo a DPL News la Presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía.

La puesta en marcha de la portabilidad en Uruguay generó un fuerte debate que excedió las fronteras del sector porque es resultado de la Ley de Urgente Consideración (LUC), y 135 de los artículos de esa ley, incluidos los de portabilidad, se someterán a un referéndum en marzo. Si gana el sí, como pretende el Frente Amplio, esos ítems quedarán derogados. En otras palabras, la portabilidad podría implementarse formalmente en enero y quedar sin efecto en marzo.

Sobre esta situación, el regulador fue muy claro: “El referéndum no tiene efectos suspensivos, por lo que se sigue trabajando en garantizar el derecho a las personas. En caso de que gane el sí, se perdería el derecho a la portabilidad, pero esto no afectaría los derechos de quienes ya se portaron”. Para más, desde Ursec se mencionaba incluso una segunda etapa, por la que podrán portarse más de cinco líneas que estén bajo el contrato de una misma persona física o jurídica, para febrero.

Los detractores

La crítica central de quienes se oponen es, en la práctica, sólo una: si se deroga el LUC, ninguno de los artículos en discusión seguirán vigentes. Entonces, ¿para qué poner en marcha la portabilidad ahora si se puede esperar al resultado del plebiscito para que entre en marcha? En cualquier caso, el objetivo es el mismo: que cambiar de operador manteniendo el número no sea una posibilidad en Uruguay.

En los comentarios a los artículos específicos de portabilidad (471 a 475) hay más tela para cortar. Allí aparece la premisa de defender a Antel “sobre el avance de las multinacionales”. Se indica que la opción permite políticas agresivas a privados y que, por un lado, “se libera el sistema, pero por el otro se obliga a las empresas a ser parte de él”. También aquí se reflota el punto de que nada de lo que se cree para aplicar el derecho tendrá sentido si en el referéndum se define lo contrario.

Otro punto es, de todas formas, en el que más hicieron énfasis las autoridades de la estatal, quienes además reclamaron que la puesta en marcha de la portabilidad no generó los efectos deseados en países en los que se implementó –más competencia, mejores precios e innovación–. Se trata del costo. La queja es que los recursos saldrán de las empresas y que esto se contradice con las políticas de austeridad que ha pregonado el gobierno. En otras palabras, Antel deberá gastar más.

El mercado

La vigencia de lo que ya estaba escrito hace meses cambiará la realidad para un universo conformado por 5.6 millones de usuarios móviles. El 53 por ciento corresponde a la estatal, el 29 por ciento a Movistar y el 18 por ciento a Claro. Según estimaciones, el 25 por ciento de los usuarios estaría, a priori, dispuesto a cambiar a su prestador si la competencia presenta un mejor servicio.

Antel es el que más renegó y es quien más tiene que perder de los tres, pero lo cierto es que la portabilidad funcionó, en general, como un potenciador de las realidades del mercado en esta parte del mundo. Aumentó la competencia en Chile, por ejemplo, donde cuatro operadores pelean puestos, y ensanchó la diferencia a favor de Entel en Bolivia, donde ese operador es líder del share móvil.

Así las cosas, la portabilidad numérica entrará en vigencia, según el acuerdo anunciado entre los involucrados, en 14 días. En paralelo, el referéndum tendrá lugar el 27 de marzo del año próximo y decidirá decenas de artículos de la LUC, entre los que está el derecho de los usuarios de ser dueños de sus números. Papel rosa por el sí, papel celeste por el no. Como sea y al menos por un tiempo, Uruguay tendrá portabilidad numérica para móviles, un derecho asentado en gran parte de América Latina.

En el mes de los balances, hay que decir que Uruguay tuvo mucho movimiento, pero más ruido que nueces en materia de telecomunicaciones. El fondo TIC que no prosperó, la Ley de Medios que no avanzó y una Ley de Urgente Consideración (LUC) que será revisada por plebiscito completaron el cronograma de medidas con potencial alcance en el sector en un país que, al momento, descansa sobre una base de conectividad robusta y nuevos avances en la idea de universalización. La portabilidad numérica antes de fin de año es una promesa que vence pronto, aunque las autoridades confían en cumplirla.

No sería justo hacer un balance sin decir lo bueno: Uruguay fue pionero en lanzar 5G –aunque de forma muy limitada– y es el único mercado de América Latina en donde no parece descabellada la meta de full fibra en 2023. El país, por lo general, se ubica por encima del resto en casi cualquier ranking sectorial en esta parte del mundo y avanza con ideas concretas y una estatal que destaca como una de las, sino la más robusta entre las que prestan servicios para clientes finales en la región.

Dicho esto, hay materias pendientes que estuvieron al menos en la agenda tras reclamos constantes de los involucrados. Generar obligaciones a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) para que comparta infraestructura a los privados estuvo en el listado de discusión de una Ley de Medios que se frenó, y lo mismo ocurrió con la opción de que prestadores de TV de paga puedan dar Internet en todo Uruguay, un reclamo que no pasa de moda y pasó al apartado de urgentes para un sector ávido de nuevos ingresos.

Por otra parte, la Rendición de Cuentas se trató con temas interesantes para la agenda de telecomunicaciones: la opción de que el Ejecutivo tenga injerencia directa en cambios de titularidad –un punto que se eliminó rápidamente– y un fondo TIC creado con recursos de procesos de asignación de espectro, entre otros, que quedó afuera de la versión final promulgada por presidencia hace algunas semanas. Sí se incluyó un registro No llame, que podría considerarse una buena noticia para los usuarios, pero no una política que vaya a cambiar radicalmente las reglas del juego.

El tercer punto fuerte fue la famosísima LUC (ley de urgente consideración). Se aprobó pero, tras un largo debate, 135 de sus artículos ahora podrán quedar fuera en un plebiscito que se celebrará en marzo. Entre los artículos en revisión está aquel por el que se aprobó la puesta en marcha de la portabilidad numérica para móviles en Uruguay, que iba a entrar en funcionamiento en octubre y ahora quedó como promesa para antes del brindis de fin de año. Ya hay administrador, contratos y acuerdo; el país puede cumplir con el objetivo y pretende hacerlo.

El fondo de esta cuestión ya se vislumbró en su etapa de discusión: Antel nunca estuvo de acuerdo con la entrada en vigencia de la portabilidad numérica. El operador mantuvo la postura de que sería un proceso caro y que demostró no cumplir con los objetivos que perseguía en los países en los que ya fue incorporado, entre ellos, prácticamente todos los de América Latina. Del otro lado, los operadores privados Claro y Movistar se mostraron más abiertos y listos para empezar a aprovechar la opción de mayor competencia.

Ahora, los defensores de eliminar artículos de la ley consideran que la luz verde para dar el nuevo derecho al usuario “rompe con la lógica de defender a nuestra Antel, ya que permitirá políticas agresivas de las multinacionales”. Agregan que esas supuestas “mejores condiciones”, en realidad “empeorarán” la situación del mercado, y defienden que “Antel deberá invertir mucho dinero en esto, en un contexto desfavorable”, mientras que “las multinacionales tienen la infraestructura para generar estas transformaciones y adaptarse al nuevo sistema”.

DPL News consultó sobre este punto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), desde donde confirmaron la meta y dieron nuevos detalles: “Estamos trabajando para que esté disponible antes de fin de año la portabilidad simple. La múltiple sería para una segunda etapa, que se espera sea en enero”, indicó en referencia a la opción de que se porten más de cinco líneas que estén bajo el contrato de una misma persona física y jurídica.

Pero, ¿qué ocurrirá si es LUC resulta a favor de quitar los artículos vinculados a esta iniciativa? La respuesta del regulador no deja lugar a dudas: “El referéndum no tiene efectos suspensivos, por lo que se sigue trabajando para garantizar el derecho de las personas. En caso de que gane el sí (la pregunta será si se está a favor de quitar los artículos), se perdería el derecho a la portabilidad. Quedaría sin efecto, pero no afectaría los derechos de quienes ya se hubieran portado”.

Así las cosas, Uruguay presenta índices envidiables para buena parte de la región, aunque no logró, al menos no este año, convertir oportunidades en beneficios directos en materia digital y responder a viejos reclamos de un mundo privado decepcionado por el trato diferencial a Antel.

Hay 5G, pero muy limitado y sin un proceso de adjudicación compatible; hay fibra, pero no obligaciones de compartición para la estatal; hay ideas de cambio, pero estas no se vieron reflejadas en los documentos finalmente aprobados. Uruguay tiene vocación de líder, pero corre el riesgo de pagar caro no traducir proyectos en acciones.

Tres proyectos de alta prioridad en la agenda hicieron de bosque para tapar el árbol 5G en Uruguay. El país fue pionero en América Latina con el lanzamiento de algunas estaciones bases de la mano del operador público Antel y, aún sin fechas ni detalles precisos, se meterá pronto en la aventura de adjudicar espectro compatible con la tecnología.

La Ley de Urgente Consideración, la actualización en proceso y largamente debatida de la Ley de Medios, y la Rendición de Cuentas –que se discutirá desde este miércoles en el Senado– sirven de contexto para hablar de la quinta generación móvil en Uruguay pero, al  mismo tiempo, notar que ningún artículo refiere especificamente a la nueva tecnología.

Dicho sea de paso, sí se mencionan otros puntos relevantes para el sector. El documento en revisión de la Rendición de Cuentas mantiene como propuesta la creación de un Fondo de Servicio Universal, y el borrador de la Ley de Medios –aún en discusión– incluye que prestadores de TV puedan brindar servicios de banda ancha –al momento, sólo contempla que puedan hacerlo en su zona de cobertura. Y es que hasta el momento, Antel mantiene el monopolio de la conectividad fija.

Para 5G, más que por lo que dicen, los textos mencionados son relevantes por lo que no dicen. De aprobarse sin cambios, la nueva Ley de Medios no instará a Antel a compartir infraestructura a privados. Este concepto iba a ser incorporado en la vigente Ley de Urgente Consideración, pero fue retirado de ese texto para agilizar su aprobación.

Pionero. Los pasos de Uruguay en 5G comenzaron antes, pero fue noticia internacional en abril de 2019. “Con el soporte de Nokia, Antel completó con éxito la instalación de la primera red comercial 5G en América Latina”, anunció la compañía. El despliegue comenzó en La Barra de Maldonado y en Nueva Palmira y “se extenderá en breve al resto del país”, prometió.

Diez años después de obtener un mote similar con LTE, la estatal uruguaya utilizó la banda de 28 GHz, con favor del Estado, para llegar primero que el resto en materia de 5G a escala regional. Luego se sumarían algunos otros casos y este año incluso se completó la subasta de espectro compatible en Chile, y se espera que pronto ocurra lo mismo en Brasil y Perú, entre otros.

Expansión. Pocos días después del anuncio, fue el entonces Presidente de Antel, Andres Tolosa, quien puso paños fríos al asunto. Uruguay podría demorar más de cinco años en tener una cobertura nacional 5G, dijo. ¿Cinco años en un país de 176 mil kilómetros cuadrados? Sí. Su argumento fue el mismo que hoy utilizan los que prefieren esperar un tiempo para abrir licitaciones 5G de cara a despliegues no independientes: “Tenemos 4G, pero no en todas las zonas”.

Cerca del brindis por el fin de la década, Uruguay subastó bloques de espectro en las bandas de 1.8 GHz –no se adjudicó–, AWS y 2.5 GHz, y luego la pandemia hizo su parte para dejar de hablar de despliegues por un tiempo. Hubo cambio de gobierno y los debates normativos ganaron espacio mientras el título de pionero fue suficiente para mantener a Uruguay entre los casos destacados de la región.

Presente. Uruguay llega al presente con el diploma de primero y pruebas desarrolladas por los operadores. La fecha de la próxima subasta es una incógnita y no están definidas qué bandas entrarán en juego, aunque, “en principio, estamos apuntando a 3.5 GHz”, anticipó a DPL News, la Presidenta del regulador Ursec, Mercedes Aramendía.

Antel destaca en la región por ser una de las pocas estatales con buena capacidad de inversión en el sector, y así como encendió las primeras radiobases, podría seguir por ese camino. Además, tal como ocurrió en el pasado, podría tener ventajas competitivas para acceder a más espectro que los privados en los procesos de adjudicación.

Claro anunció en julio de 2021 que ya está probando 5G en Uruguay y agregó que revisará en esta etapa aspectos técnicos, como eventuales riesgos de interferencia. Movistar no habla mucho del tema, su situación es particular: podría irse del país pronto si alguno de los interesados, entre ellos Telecom Argentina y el Grupo Olmos (también argentino), hace una oferta que convenza a su matriz, Telefónica.

Aquí entran en juego las normas de las que se habló antes y su alcance. ¿Cómo harán los privados para avanzar en 5G si no se obliga a Antel abrir su infraestructura de fibra? Esto aun a plena consciencia de que la poca cantidad de habitantes que tiene, su tamaño y sus características geográficas son una buena noticia a la hora de hablar de despliegues.

La fibra óptica es fundamental para los despliegues de 5G, eso no es novedad, y que Antel no tenga obligación de compartir es un hecho del que se han quejado las empresas en repetidas oportunidades. El punto fue, es y será largamente debatido en distintos ámbitos y niveles, y el poco acuerdo sobre el caso está sobre la mesa. Desde el punto de vista de la extensión del servicio 5G y la disponibilidad para los usuarios, sería del todo ineficiente que, habiendo una red troncal de fibra construida, esta no se comparta en condiciones adecuadas de mercado y los operadores móviles privados se vean abocados a replicar una red de fibra paralela, lo que sin duda retrasaría los despliegues y encarecería los servicios al limitar la competencia.

No es el objetivo de esta nota, pero en otro momento se podría aventurar sobre el futuro de un mercado con reglas como las establecidas al momento. ¿Qué pasará con los prestadores de TV si no pueden dar banda ancha en todos lados? ¿Quién viene si se va Movistar? ¿Será Uruguay una suerte de duopolio como ya ha ocurrido en sitios de Centroamérica de los que Telefónica ya se fue?

Futuro. Después del recreo es necesario volver al foco. No parece haber sentido –ni dinero– para implementar redes donde ya ha desplegado otro y hay casos internacionales suficientes para entender que la tendencia es hacia ideas innovadoras y en las que conceptos como ayuda, cooperación y compartición sean la regla y no la excepción. Uruguay no tiene mayores argumentos para escapar a esta lógica.

Según especialistas consultados, la compartición para el acceso redundaría en mayores ingresos para quien posee la red –lo que generaría nuevas inversiones–, y facilitaría la competencia, el despliegue y la asequibilidad de los servicios de todos los operadores involucrados.

Con la licitación a la vuelta de la esquina, los operadores privados deben tener una estrategia para ambos escenarios. El primero es que el documento final de Ley de Medios incorpore este apartado, lo que redundaría en un posterior despliegue más eficiente y un 5G como realidad definitiva en menor tiempo en Uruguay. El otro caso, que todo siga como hasta el momento.

En ese segundo escenario, advierten los especialistas, los privados tendrían dos caminos: hacer el despliegue propio de fibra, con mayor inversión y más tiempo, y concentrarlo en zonas de alta rentabilidad o rápida recuperación; o bien, utilizar soluciones de microondas para conectar las radiobases, lo que no tendría el mismo efecto en calidad, pero sí permitiría un despliegue más veloz.

La decisión dependerá de varios factores, entre ellos, qué espectro entrará en juego en el proceso de licitación, las condiciones de acceso a ese espectro por parte de todos los interesados, el precio por el que se pondrá a disposición y si habrá o no condiciones de cobertura y cuáles, en qué tiempo y con cuánto peso en la propuesta formal.

Así las cosas, el país ha marchado de buena forma en el camino hacia 5G. El mayor nivel de fibra desplegada de la región en relación con su población, pruebas avanzadas y características particulares lo ponen en la vereda de los que tienen alto potencial en la materia. Se presentan desafíos, claro, pero la pandemia despejó dudas sobre la importancia de las telecomunicaciones: Uruguay parece tener la llave para aprovechar las oportunidades de 5G; debe abrir la puerta.

Uruguay fue el primero en lanzar 5G comercial en la región y ahora se prepara para una subasta de espectro compatible para avanzar a paso firme en el camino local hacia la nueva generación móvil. Pero no es lo único, en paralelo está próximo a presentar –más tarde que el resto– la portabilidad numérica, y reporta un índice de despliegue de fibra que lo ubica por encima de los países de América Latina. De estos temas y otros, como la respuesta de los operadores ante la pandemia y los cambios de la Ley de Urgente Consideración, habló la Presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios Audiovisuales de Uruguay (Ursec), Mercedes Aramendía, en diálogo con DPL News.

DPL News: Uruguay fue pionero en el lanzamiento comercial de 5G en América Latina, ¿en qué situación se encuentra ahora?

Mercedes Aramendía: Creo que 5G es un desafío para todos los países y empresas. Aún no prevalece un uso masivo, pero se está empezando a emplear para verticales específicas. Uruguay tiene el orgullo de ser el primero en implementar 5G en la región. En su momento inició la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) con algunas radiobases, también están haciendo pruebas en el interior, pero de nuevo, todavía es con proyectos muy puntuales.

En paralelo, se aprobó el año pasado que las tres operadoras (Antel, Claro y Movistar) realicen pruebas técnicas en la banda de 26 GHz, y buscamos justamente que las generen de forma controlada y trabajando con el regulador. Esto permite a todos seguir aprendiendo y viendo la potencialidad y, además, afianza los vínculos e intercambia experiencias.

DPL News: ¿Qué ventajas le dio a Uruguay lanzar 5G antes que el resto? ¿Qué desafíos se presentan?

Mercedes Aramendía: Uruguay, en todo lo que es tecnología y telecomunicaciones, tuvo resultados muy positivos, con una cobertura muy buena que nos facilita potenciarnos. Tenemos un país seguro, transparente, con una geografía que nos ayuda al despliegue. La transformación digital es una realidad y se aceleró por el contexto (de la pandemia por Covid-19), por la necesidad nos abrazamos a la digitalización y eso tiene ventajas en muchos aspectos, entre ellos recursos y tiempos.

Tenemos un abanico de oportunidades que, sin las bases y proyectos previos, hubiera sido muy complicado. La conectividad cumple un rol clave acá y no puede ser cualquiera: no es lo mismo el interior que Montevideo y eso la pandemia lo dejó en evidencia. Existe una parte de la población a la que no estamos llegando como debemos y eso es un reto.

Cuando uno va por 5G, sin duda, se encuentran necesidades previas que hay que suplir. Debemos ver todo el contexto y el ecosistema porque lo importante es que las cosas sucedan en paralelo. No es suficiente tener una conectividad excelente si no existen servicios para prestar sobre esa red. Lo mismo sucede con la gente: si nadie usa los servicios no sirve de nada. Todo el ecosistema debe trabajar en conjunto y la gente debe confiar en los servicios y la conectividad.

DPL News: ¿Cuándo tendrá lugar la próxima subasta de espectro en Uruguay y qué bandas serán consideradas?

Mercedes Aramendía: Es un tema en agenda y nos gustaría hacerlo en el corto plazo. Hay trabajo previo que debemos realizar, pero sí está la idea. Todavía no está definido qué bandas serían, aunque en principio estamos apuntando a la de 3.5 GHz.

DPL News: ¿Qué beneficios esperan de la portabilidad móvil?

Mercedes Aramendía: Hoy por hoy, el número de teléfono es parte de la identidad digital de las personas. En este contexto, se ha identificado que la posibilidad de perder el número telefónico es una barrera a la hora de escoger un nuevo prestador de servicio. Entonces, con la aplicación de la portabilidad numérica le damos libertad a las personas de poder elegir, ya que tienen más opciones. Esto es muy beneficioso para los usuarios, el hecho de poder elegir según la oferta y cómo se adapta a sus necesidades, y no simplemente porque hace tiempo que usa servicios de la misma empresa. Por otra parte, entendemos que es una forma de dinamizar el mercado, porque los clientes tienen más herramientas para cambiar.

DPL News: ¿La fecha prevista de implementación de la portabilidad se mantiene para octubre de este año?

Mercedes Aramendía: Los plazos de implementación son tentativos. Se planifica un calendario razonable y exigente, a la vez con la idea de que se cumpla. Con el cronograma inicial se contemplaron hitos y pensamos que octubre era una fecha razonable, y la mantenemos. Hemos tenido que ajustar algunos plazos como consecuencia de solicitudes que nos han hecho llegar las empresas y porque cuando se hizo la convocatoria para el administrador quizás los plazos fueron muy exigentes en el contexto de pandemia. En esta situación es más difícil cumplir con ciertas formalidades y consideramos pertinente flexibilizar los plazos intermedios. Nuestro espíritu es que en octubre sea implementada, veremos luego si hay contratiempos, pero mantenemos esa fecha.

DPL News: ¿Qué países de la región toman como referencia en la implementación?

Mercedes Aramendía: Uruguay es uno de los últimos países de la región en implementar la portabilidad numérica. Entonces, en realidad, cuando trabajamos en el tema partimos de la base de que aquí no hay que inventar la rueda. Contamos con muchas experiencias de otros países y, sin duda, es bueno evitar tropiezos aprendiendo de lo ocurrido en otros sitios. No tomamos un país u otro de referencia, pero sí tenemos en cuenta aspectos buenos y malos y lo aprovechamos, si no sería tener el diario del lunes y no leerlo. Tomamos un poco de cada país, pero adaptándola a nuestra realidad y necesidades.

DPL News: ¿En qué situación está el despliegue local de fibra óptica?

Mercedes Aramendía: La fibra óptica se ha desarrollado mucho en el país y hoy tenemos el 85 por ciento de los hogares pasados con fibra. Todavía nos queda mucho por hacer porque el otro 15 por ciento es el más difícil de alcanzar, ya que son hogares a los que no es sencillo llegar con la última milla. Avanza y seguirá desarrollándose, y el objetivo es llegar a la mayor parte de las viviendas para que todos puedan tener el mejor tipo de acceso posible.

DPL News: ¿Qué valoración hace de los cambios que trajo al sector la Ley de Urgente Consideración?

Mercedes Aramendía: Ha traído muchos cambios que son positivos. El mayor fue fortalecer y hacer más independiente al regulador. Creo que en cualquier mercado, para poder dar seguridad y transparencia, es importante que el regulador sea imparcial y fuerte, que no esté atado a lo que son los avatares políticos porque eso puede afectar. Esto es esencial porque los reguladores son fundamentales para alcanzar el equilibrio en los ecosistemas.

Antes tenía un presupuesto quinquenal, y ahora, con el cambio de naturaleza jurídica, pasó a tener un presupuesto anual, lo que facilita mucho la planificación. El ecosistema en general apoyó mucho los cambios, que considero que fueron para bien. Trabajamos mucho en lo que es el diálogo y el trabajo conjunto y coordinado, internamente y hacia afuera para efectivizar los cambios.

DPL News: ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que trajo la pandemia al sector? 

Mercedes Aramendía: Creo que, como en todos los países, los cambios implicaron desafíos. A nivel regulador, fuimos todos a teletrabajo; costó un poco, pero con la colaboración de todos pudimos seguir con el trabajo de la Ursec. Tuvimos que innovar y ser más creativos para viabilizar los trámites de todo tipo. El equipo estuvo más junto y trabajamos más con el ecosistema para responder a las inquietudes.

El tráfico se disparó muchísimo aquí como en otros países. Identificamos zonas, principalmente en el interior del país, en donde la conectividad no era la deseada y en consecuencia de eso estamos trabajando en un mapeo para identificar cuáles son esos sitios y diseñar posibles soluciones para cubrirlas.

DPL News: ¿Qué particularidades da a Uruguay el hecho de contar con un operador estatal? ¿Qué opina de los rumores de que Telecom prevé expandir su presencia en el país?

Mercedes Aramendía: Creo que Uruguay tiene una tradición de lo que son las empresas públicas. El uruguayo, por lo general, se siente representado por este tipo de empresas, confía mucho y es parte de nuestra cultura e historia. Antel compite en el mercado, ofrece muy buenos servicios y sabe adaptarse a los cambios.

Por otro lado, nosotros apostamos a ser seguros, transparentes y queremos que vengan más inversiones que aporten al desarrollo de nuestro país y la región. En este sentido, tenemos empresas estatales, pero el mercado también tiene privados que contribuyen con servicios, inversiones y puestos de trabajo. El hecho de que exista más de una opción es beneficioso para todos, más en un contexto que demostró la importancia de la conectividad para las personas.

Entonces, por más que tengamos la empresa estatal con sus características y particularidades, es importante hacer el equilibrio y que las reglas sean claras para todos. Respetamos los marcos jurídicos y que, a su vez, reflejen las realidades. En este sentido, mientras estén dadas las condiciones, Uruguay recibe con los brazos abiertos a cualquier emprendimiento que beneficie a nuestro país y que respete el marco jurídico nacional.

DPL News: ¿Tres desafíos que tiene el regulador en el corto plazo?

Mercedes Aramendía: Implementar la portabilidad de la mejor forma, conectar a todos con acceso de calidad –porque aunque avanzamos mucho, todavía falta por hacer– y la próxima subasta de espectro.

Desde hace meses que en el Congreso uruguayo se está analizando la modificación de varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La iniciativa, que podría ser votada en los próximos días, habilita a los cableros a dar servicios de banda ancha fija (hasta el momento, el único operador que lo puede hacer es la estatal Antel), pero mantiene la prohibición para los operadores móviles y para la TV satelital (DirecTV). Además, la propuesta abre la posibilidad del uso mayorista de la red del operador estatal.

De acuerdo con un comunicado, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) sostuvo que “la versión actual del proyecto no refleja el contexto de convergencia y los cambios que han transformado el mercado de las telecomunicaciones y audiovisual en los últimos años, así como el papel de los nuevos actores que hoy en día componen el ecosistema digital, dando lugar a posibles situaciones anticompetitivas”.

Agregó que es acertado que el actual proyecto elimine parte de las restricciones existentes. “Estos avances se ven acotados por disposiciones que limitan arbitrariamente la obtención de licencias y mantienen la incompatibilidad de obtención de nuevas licencias si se posee una licencia para dar servicio de TV por satélite (DTH). Por ello, supone un trato discriminatorio que resultaría en una desventaja competitiva que frena el beneficio para los usuarios de un mercado más dinámico”, indicó la Asociación.

En un principio, estos cambios iban a estar en la ya votada Ley de Urgente Consideración que, entre otras cosas, habilitó la portabilidad numérica y la descentralización del regulador Ursec. Pero finalmente, el gobierno de Luis Lacalle Pou decidió que las modificaciones a la ley de medios se traten de forma separada.

Asiet destaca que la apertura de la red fija sin exclusiones del operador estatal para acceso mayorista es una condición de especial importancia para la maximización de los beneficios de la infraestructura ya desplegada, al igual que la promoción de acuerdos de compartición voluntaria de la misma. “Que Antel pueda establecer una oferta mayorista de FTTH que permita a otros operadores acceder a una infraestructura necesaria –y difícilmente replicable– para el despliegue de diversos servicios dinamizaría el mercado y ampliaría la oferta, complementando la actividad del operador estatal”.

La Asociación opina que esta apertura “requiere de un proceso que proteja tanto a los usuarios como a todos los operadores, y genere condiciones de competencia equilibrada”.

Luego de que el Congreso aprobara la Ley 19.889 (llamada Ley de Urgente Consideración), la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) informó que pasó a ser un servicio descentralizado, “con el fin de ser más fuerte e independiente”.

La iniciativa aprobada el 9 de julio pasado establece: “Créase la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) como persona jurídica estatal descentralizada (servicio descentralizado)”. En junio pasado, el regulador uruguayo ya había completado su comisión directiva, liderada por Mercedes Aramendía.

La Ley de Urgente Consideración fue un proyecto del nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, que incluye modificaciones y nuevas normas en materia de seguridad pública, educación, economía y empresas públicas, desarrollo social, relaciones laborales, entre otros. En materia de telecomunicaciones, además de la descentralización del regulador, también incluye la portabilidad numérica.

En el proyecto de ley de Urgente Consideración que presentó la coalición ganadora en enero pasado también agregaba la derogación de ocho artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2014; entre ellos, el artículo 56 que impedía la propiedad cruzada de servicios de Internet y TV, por el cual los canales de TV podrán reclamar tener licencias para brindar Internet y los operadores telefónicos podrán brindar servicios de televisión, incluso el satelital. Pero este tema aún se sigue debatiendo en la Cámara de Diputados.