Nuevo gobierno de Uruguay quiere autonomía del regulador, portabilidad numérica y que las telcos puedan dar TV

Los partidos que integran el nuevo gobierno de coalición uruguayo, que asumirá el 1 de marzo, presentaron un proyecto de ley de “urgente consideración”, que incluye modificaciones y nuevas normas en materia de seguridad pública, educación, economía y empresas públicas, desarrollo social, relaciones laborales, entre otros.

En materia de telecomunicaciones, la norma declara el derecho de los usuarios a la portabilidad numérica. Hace años que la industria viene pidiendo la portabilidad, pero no se aprobaba debido a que el gobierno es dueño del operador móvil Antel, que tiene casi el 50 por ciento de los usuarios de telefonía celular.

El proyecto también propone que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones pase a estar descentralizado para que tenga mayor independencia: “Créase la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) como persona jurídica estatal descentralizada (servicio descentralizado)”, indica el texto.

Además, el proyecto deroga ocho artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2014; entre ellos, el artículo 56 que impedía la propiedad cruzada de servicios de Internet y TV, por el cual los canales de TV podrán reclamar tener licencias para brindar Internet y los operadores telefónicos podrán brindar servicios de televisión, incluso el satelital.

De la ley de medios también elimina el artículo 55, donde se limita la cantidad de abonados que la TV satelital podía tener, lo que permitiría que empresas como DirecTV puedan captar más mercado.

En diálogo con DPL News, Gustavo Gómez, experto en regulación de telecomunicaciones y director de Observacom, sostuvo que la idea de avanzar “en tan diversos y complejos temas que pueden afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión no merecen ser tratados mediante leyes ‘ómnibus’ (decenas de temas diversos) y de urgente consideración (máximo 90 días en el Parlamento). Una democracia necesita de tiempo y espacios suficientes para amplios debates sobre estos temas, donde se brinde oportunidad de opinar a los diversos actores involucrados”.

El proyecto incluye el derecho a la neutralidad de Internet, el derecho a la seguridad digital, el derecho a la educación digital, el derecho de los menores en Internet, el derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el derecho a la desconexión digital, el derecho al olvido en búsquedas de Internet y el derecho al testamento digital.

Para Gómez, el proyecto tiene aspectos positivos, como la mayor independencia del regulador, pero también cuenta con otros que requieren más análisis y debate: “Incluye un nuevo ‘derecho al olvido’ en Internet que ha sido cuestionado internacionalmente por violar estándares de libertad de expresión”. También destaca que, a diferencia del discurso predominante en las elecciones, no se proponga la derogación completa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El extenso documento de 459 artículos será enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento en los primeros días de marzo y se espera que implique varias semanas de discusiones y negociaciones. Durante febrero, los miembros del gobierno que lidera Luis Lacalle Pou podrán hacer cambios o sugerencias sobre el texto, al que decidieron llamar “ley ómnibus”.

A nivel general, el documento está dividido en diez secciones, y propone profundos cambios legales en materia de seguridad, justicia, educación, economía y otros asuntos.