Uruguay | La portabilidad numérica se pondrá en juego en el referéndum por la LUC
El próximo domingo 27 de marzo los uruguayos votarán por la continuidad o derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en un referéndum que ganó la tapa de diarios nacionales en las últimas semanas. Entre los artículos incluidos están todos los relacionados a la implementación ya vigente de la portabilidad numérica, que quedará sin efecto si el sí se impone en las urnas.
El mecanismo de referéndum se aprobó luego de que organizaciones sociales, gremiales y políticas presentaran más de 671 mil firmas a la Corte Electoral para motivarlo, cumpliendo con el mínimo necesario para tal fin -25 por ciento de inscriptos habilitados para votar-. El sufragio es obligatorio. La papeleta por el sí será rosa y deberá imponerse a la del no (celeste) con más de la mitad de los votos emitidos para que la derogación se convierta en realidad.
“La ley tiene su base en reclamos populares, que se construyó a medida que recorrimos el país; muchos de ellos eran urgentes”, defendió su posición el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y agregó que la derogación sería “un retroceso” para Uruguay. La continuidad de la normativa, aprobada formalmente a mediados de 2020, es apoyada por el partido gobernante,que concentró sus discursos en la importancia que tiene en materia de seguridad y educación, entre otros.
Portabilidad numérica en Uruguay
Si bien no fue el tema que más preponderancia tuvo en los discursos de uno y otro lado, la portabilidad es el único ítem en juego que corresponde estrictamente al sector. Entre los 135 artículos a derogar están los cinco (471 a 475) que le dieron vida a la portabilidad numérica en Uruguay, vigente desde el 12 de enero pasado. El sistema local es administrado por Cleartech Cietel, que debe completar las solicitudes de usuarios móviles en un máximo de tres días hábiles.
Desde la puesta en vigencia de la portabilidad en Uruguay, su aplicación, funcionamiento y datos iniciales fueron usados por las partes para defender su posición. La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) fue el único operador que se opuso a la implementación, basando su negativa en tres aspectos: no funcionó como se esperaba en otros países, tiene un costo alto para la estatal en tiempos de reducción de gastos y da nuevas herramientas a privados en lo que se esgrimía como suerte de boicot a la empresa nacional.
Los primeros números, sin embargo, expusieron una realidad que ya se había visto en otros mercados: la portabilidad funciona, en general, a favor de los líderes en mercados concentrados. Antel, que cuenta con más de la mitad de las líneas móviles en funcionamiento en Uruguay, habría obtenido más clientes que los privados en las primeras semanas de portabilidad. Los números fueron publicados en medios locales y no, como se esperaba, por instancias oficiales.
El análisis de Ursec sobre la portabilidad numérica en Uruguay
Lo que sí fue publicado oficialmente, casi acompañando el cierre de campaña, fue el primer análisis de la Unidad Regulatoria de Servicios de Comunicaciones (Ursec) sobre la incorporación del derecho para usuarios móviles locales. El regulador no tiene dudas: “El impacto (...) es un descenso en el precio promedio mensual del contrato en el orden del 10 por ciento a precios corrientes, acompañado por un descenso de más de 50 por ciento en el precio promedio abonado por GB y un incremento en rendimiento en GB de los planes”.
En la comparación diciembre 2021-marzo 2022 de planes de categorías específicas de los tres operadores, Ursec concluyó que el precio promedio mensual del contrato cayó de mil 69 pesos a 971 pesos (de 25.1 a 22.7 dólares). Al mismo tiempo, su informe reflejó que el precio promedio por GB en los planes revisados sufrió un descenso de 53.5 por ciento hasta 25.3 pesos uruguayos (unos 0.59 dólares). Respecto del índice “Rendimiento del GB”, este aumentó de 26 a 39 por ciento.
Tal como dijo a DPL News la titular de Ursec, Mercedes Aramendía, “el referéndum no tiene efectos suspensivos”. En otras palabras, la derogación generaría que “se pierda el derecho” pero “no afectaría a quienes ya hubieran portado”. El tema se definirá en las urnas el próximo domingo y, una vez resuelta la disputa puntual, el país podrá volver sobre sus otros pendientes en materia sectorial. El pausado debate Ley de Medios y el pedido de los privados por generar obligaciones de compartición a Antel marcarán la agenda local de cara a la subasta de espectro compatible con 5G, que podría ocurrir antes de fin de año.