La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó por 3 millones de euros a Telefónica por el incumplimiento de sus obligaciones de acceso a infraestructura física en España. La sanción corresponde a investigaciones sobre el proceder del operador entre septiembre de 2019 e igual mes de 2020.

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Telefónica tiene poder significativo en los mercados mayoristas y, por su condición, se le han impuesto una serie de obligaciones como atender las solicitudes razonables de acceso de los operadores terceros, entre otras. El regulador identificó que la firma rechazó y retrasó “injustificadamente 41 solicitudes” de seis operadores en el periodo analizado.

La conducta del operador fue catalogada como grave porque, como consecuencia de ella, “los operadores alternativos se vieron privados de la posibilidad de ofrecer servicios a sus clientes en igualdad de condiciones”, añadió la CNMC.

¡Buen miércoles! Continúa con las medidas de seguridad ante la expansión de la variante Ómicron del coronavirus y acude por tu vacuna de refuerzo el día que te corresponda. Mientras tanto, conoce las noticias más importantes sobre el ecosistema digital. Aquí te las presentamos:

1. Cuenta regresiva para la red dorsal de Perú: en medio de las dudas, Pronatel apunta a una empresa

Esta semana, el MTC, a través del Pronatel, debe asignar el contrato para la RDNFO a un operador provisional ante la inminente salida de Azteca. Aunque ya hay postores finalistas, persisten las dudas sobre la poca transparencia y posible falta de competencia alrededor del proceso de convocatoria.

2. Bose encuentra una nueva oportunidad de crecimiento en ambientes laborales y profesionales

En entrevista con DPL News, el director de Negocios Emergentes de Bose Work, Martin Bodley indicó que aunque las medidas de confinamiento adoptadas a partir del surgimiento de la Covid-19 aceleraron la adopción de nuevas herramientas para videoconferencias y trabajo remoto, ya desde antes de la pandemia el mercado marcaba una tendencia positiva de crecimiento en este espacio.

3. Predicciones DPL News | 7. Continuará el crecimiento del ecosistema Open RAN

Pero aunque la desagregación de la red es impulsada por Estados Unidos con el objetivo de debilitar a China, la iniciativa agrada a otros países: permite incrementar la competencia entre proveedores y reducir los costos de implementación de redes. Por lo tanto, 2021 fue otro año de fuertes inversiones en el modelo tecnológico, tanto del gobierno como del sector privado.

4. Dos de cada tres hogares en Chile accede a Internet; más de la mitad por fibra óptica

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó que 67 por ciento de los hogares de Chile –dos de cada tres– accedió a Internet a septiembre de 2021. La fibra óptica otra vez creció más que el resto y se consolida como tecnología más utilizada.

5. ​​Movistar supera en velocidad de red a AT&T en México

De acuerdo con el más reciente reporte de Speedtest, Telcel repitió como el operador con mayor velocidad de red con un promedio de 46.79 puntos, mientras que el segundo sitio fue para Movistar con 25.31 puntos, seguido por AT&T con 19.24, mientras que Altán Redes logró un promedio de 18.35 puntos.

6. España presenta instrucciones para resolver conflictos en el uso de infraestructura para desplegar redes

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España emitió directrices para resolver conflictos sobre el uso de infraestructura preexistente para el desarrollo de nuevos proyectos, específicamente respecto al precio, las condiciones y los plazos.

7. Nokia eleva sus expectativas de 2021 y mejora perspectivas hacia 2022

Nokia anunció que elevó sus expectativas de beneficios para todo el año 2021, impulsados principalmente por un rendimiento positivo de su división de inversión de riesgo (venture capital), con lo que mantiene una perspectiva positiva para el año que viene.

8. #DPLTechReview | Bose VB1: videoconferencias de acceso fácil y de calidad

La barra de videoconferencias VB1 de Bose Work es una solución todo en uno para videoconferencias, con el claro objetivo de facilitar lo más posible el acceso a un dispositivo con cámara, micrófono y altavoces, y equipada con la calidad de reproducción y captura de sonido ya conocida de la marca.

El uso de infraestructura preexistente para el desarrollo de nuevos proyectos es un tema por el que han peleado los operadores de telecomunicaciones en todo el mundo. El precio, las condiciones y los plazos son tres de los muchos ítems de debate entre prestadores de distintos servicios. En España hay obligación de cooperar pero, al parecer, eso no fue suficiente, por lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió directrices para resolver conflictos.

La decisión es consecuencia del decreto 330/2016, por el que se buscó expresamente reducir el costo de despliegue de infraestructura en redes de comunicaciones de alta velocidad a partir del uso de infraestructura ya desplegada. En otras palabras, la resolución definía la obligación de compartir para tenedores de infraestructuras físicas (conductos, registros, postes) considerando que la obra civil puede suponer hasta el 80 por ciento de los costos totales para el despliegue de nuevas redes. 

Las entidades susceptibles de esta obligación son aquellas que proporcionen una infraestructura física destinada a prestar un servicio de producción, transporte o distribución de gas, electricidad, calefacción y agua; quienes exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas disponibles para el público; empresas que proporcionen infraestructura física destinadas a prestar servicios de transportes y administraciones públicas con infraestructura.

El conflicto, o la posible motivación para que el regulador emita un comunicado de este tipo, lo trae una sola frase: el decreto habla de que el acuerdo entre las partes debe darse “bajo condiciones y precios razonables”. Parece que no todos piensan lo mismo de lo que son precios razonables y, por eso, fueron necesarias algunas consideraciones para poner sobre la mesa “qué criterios deben guiar las negociaciones o qué parámetros contemplar para delimitar los precios que pueden exigirse”.

Aunque no existen montos predefinidos, el precio a acordar entre las partes deberá estar sujeto a cuatro situaciones: incidencia del acceso solicitado en el plan de negocio del suministrador, inversiones realizadas por este, soluciones anteriores por parte del regulador –aquí se detallan algunas resoluciones que podrían funcionar como parámetro para eventuales acuerdos– y las circunstancia características del área geográfica de que se trate.

Entre las recomendaciones se mencionan las obligaciones de los involucrados a brindar información sobre sus tendidos a eventuales interesados. También señala la actuación de la CNMC en situaciones de conflicto y menciona que estarán exceptuadas de la normativa aquellas redes usadas para seguridad nacional, salud pública o infraestructuras críticas. Ante un pedido, se podrá denegar el uso si se demuestra la posibilidad de interferencia grave, no exista garantía o no haya lugar, entre otros puntos.

La Directiva de Reducción de Costos de Banda Ancha (BCRD, por sus siglas en inglés) debería ampliar su alcance poniendo énfasis en la reducción de costos para el despliegue de redes móviles. Así lo aseguró la GSMA en su participación en la consulta pública de la Comisión Europea sobre la revisión de la BCRD.

Es que, para el organismo, el aumento de los costos de cumplimiento e implementación “da como resultado peores resultados socioeconómicos y para el consumidor”.

Durante el año pasado, el tráfico de datos aumentó hasta un 50 por ciento en algunos mercados, producto de los confinamientos por la Covid-19. Y en este contexto, los operadores “están invirtiendo en capacidad adicional para garantizar que sus redes sigan siendo tan sólidas y seguras como siempre”.

Por eso, para el organismo, la revisión de la BCRD debería resultar en un instrumento paneuropeo eficaz para el despliegue de redes, que es vital para conectar Europa para un futuro mejor y digital.

Concretamente, la GSMA recomendó incluir cambios como: mejorar y ampliar el acceso a cualquier infraestructura física adecuada perteneciente a cualquier entidad pública o privada; asegurar una aplicación efectiva de medidas de transparencia; prescribir procedimientos de concesión de permisos más eficaces y simplificados; introducir un enfoque ambicioso a favor de la inversión; y apoyar una coinversión en proyectos fijos y comunes, como por ejemplo nube de borde.

“A mediano y largo plazo, la infraestructura será fundamental para hacer que Europa sea más competitiva al permitir la adopción de nuevos servicios digitales como las aplicaciones de la industria 4.0, las ciudades inteligentes o los coches conectados, todos los cuales se beneficiarían de una reducción de costos de implementación de banda ancha”, puntualizó la GSMA.

La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) de España inició la consulta pública sobre la propuesta de Comunicación en materia de resolución de conflictos de acceso a infraestructuras físicas.

Los interesados en participar del proceso tendrán un plazo de 20 días para enviar sus opiniones y observaciones.

Luego del real decreto 330 de 2016, todos los agentes económicos tienen la obligación de dar acceso a la infraestructura física de su titularidad para albergar redes de comunicaciones de alta velocidad. Esta obligación incluye tanto a los operadores como compañías de gas, electricidad, calefacción o agua; las empresas que proporcionan infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de transporte o las administraciones públicas. La norma de hace cinco años también le da la potestad al regulador de resolver los conflictos que se puedan plantear entre los operadores en materia de acceso a las infraestructuras físicas.

Para el proceso de resolución de conflictos es que la CNMC lanzó la consulta pública, que aborda cuestiones como:

– Definiciones, donde se analiza qué elementos son susceptibles de constituir una infraestructura física a los efectos de la normativa; qué redes pueden considerarse redes de comunicaciones de alta velocidad; o quiénes son los sujetos obligados a dar acceso a su infraestructura.

– El procedimiento conforme al cual los operadores de telecomunicaciones pueden solicitar información relativa a infraestructuras físicas.

– Los cauces que regulan el derecho de acceso a infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.

– Los criterios que determinan los precios que pueden exigirse a los operadores de telecomunicaciones por el ejercicio del derecho de acceso.