El Economista

México registró un aumento interanual de 35.2% en sus exportaciones de productos de tecnología avanzada a Estados Unidos en 2024, alcanzando 102,287 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio. 

Con ello, México superó por primera vez el monto de los 100,000 millones de dólares y se ubicó como el segundo proveedor en el segmento, superado por China.

Leer más: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/mexico-eleva-35-ventas-bienes-tecnologicos-eu-20250217-746627.html

CNNExpansión

Izzi y Totalplay buscan retomar fuerza en el segmento de internet fijo. Las compañías han integrado la estrategia de Telmex: no aumentar las tarifas de conectividad y en cambio aumentar los anchos de banda de internet para dejar atrás la táctica de subida de precios para capitalizar la inversión que destinan al despliegue de más kilómetros de fibra óptica.

Pero el plan no traído los resultados esperados. En el tercer trimestre de 2024, Izzi perdió 24,674 clientes, mientras que Totalplay sólo adicionó 115, 000. Una situación contraria a lo de Telmex quien en el mismo periodo sumó 800,000 usuarios, según datos financieros de la empresa, colocándose como el operador en abonar más clientes en dicho periodo.

Leer más: https://expansion.mx/tecnologia/2024/12/18/izzi-y-totalplay-pierden-miles-de-usuarios-pese-a-emular-el-plan-de-telmex

El Economista

América Móvil, a través de su subsidiaria Duono S.A. de C.V., consiguió la renovación de una concesión de espectro en la banda de los 2.5 GHz, con cobertura en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y para uso de Telcel en la prestación de sus servicios 4G y eventualmente de 5G.

La concesión ampara la explotación de un paquete de 14 Megahertz de ancho de banda en los 2.5 Gigahercios, para una ciudad con una población estimada de 350,000 habitantes como es Villahermosa, pues estas frecuencias sólo tienen habilitada una operación sobre el territorio de la capital tabasqueña, más no en todo el municipio de Centro donde ésta se ubica.

Leer más: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/telcel-inicia-tabasco-renovacion-espectro-mvs-4g-5g-20241217-738736.html

El Financiero

La secretaria de Cultura del gobierno federal, Claudia Curiel de Icaza, anunció a Fernanda Tapia como nueva directora general de Radio Educación con el propósito de consolidar un sistema de medios públicos al servicio de las audiencias.

La funcionaria señaló que confía en los 40 años de trayectoria de Fernanda Tapia para promover “un trabajo con perspectiva de género y fortalecer la estación a un centenario de su fundación”.

Leer más: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/12/02/perfil-quien-es-fernanda-tapia-la-locutora-que-dirigira-radio-educacion/

Reforma

En los últimos dos años, la conectividad a internet de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) aumentó, reveló una encuesta del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“En términos generales, el porcentaje de Mipymes que contrata el servicio de internet fijo pasó de 84.7 a 89.4 por ciento de 2018 a 2023”, de acuerdo con el último informe sobre tecnologías de la información que presentó el Instituto la semana pasada.

Leer más: https://www.reforma.com/aumenta-conectividad-de-mipymes-dice-ift/ar2897468

El Economista Jorge Bravo

Esta semana se realizó en la Ciudad de México el evento conjunto M360 Latam y CLTD 2024 (Congreso Latinoamericano de Transformación Digital) que reunió a la industria digital de América Latina para trazar las coordenadas de las redes y la conectividad del futuro.

El evento fue convocado por GSMA Latam que dirige Lucas Gallitto, la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) de Maryleana Méndez y la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de México de Gabriel Székely. Acudieron CEOs de operadores móviles y destacados representantes de la industria digital y de telecomunicaciones de la región.

Entre ellos José Antonio Peña Merino, ex titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, coordinador técnico de los Diálogos por la Transformación, representante del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y quien delineó algunas de las directrices que seguirá el llamado segundo piso de la 4T en tecnología, concibiéndola como habilitadora de derechos humanos.

El futuro de la conectividad estará definido por una infraestructura robusta en la cual las torres de telecomunicaciones y la fibra óptica seguirán siendo la columna vertebral de las redes digitales, proporcionando la capacidad y velocidad necesarias para soportar el creciente tráfico de datos.

Para el despliegue y la monetización de las redes 5G, se mencionó que los principales aceleradores son las políticas públicas y regulatorias favorables y el desarrollo de un ecosistema digital colaborativo.

Además, los smartphones ampliarán sus capacidades de comunicación y conexión al estar habilitados con bandas satelitales que expandirán aún más la cobertura, una tecnología que se denomina Direct to Device. El cómputo en la Nube, al borde y los Centros de Datos ya son fundamentales en el procesamiento y almacenamiento de grandes volúmenes de datos, permitiendo servicios más rápidos y eficientes, además de innovación.

Las características de la conectividad futura en América Latina fue clasificada por Access Partnership como universal, de calidad, para comunicar a seres humanos pero también a máquinas, productiva, resiliente y segura.

Los cambios y las tendencias tecnológicas que están revolucionando la industria y marcando el futuro de las redes pasan por la Internet de las Cosas, que integra todo tipo de dispositivos conectados a la red gracias a sensores y semiconductores. La capacidad de estos dispositivos para comunicarse entre sí y con los usuarios en tiempo real permite una nueva era de automatización, eficiencia y generación de datos para tomar decisiones.

Desde luego, no podía estar ausente la Inteligencia Artificial. La IA Generativa es la tendencia del momento y es crucial en la optimización de las redes de telecomunicaciones porque permite la gestión inteligente del tráfico, la predicción de fallas y el mantenimiento predictivo. La IA no sólo mejorará la eficiencia operativa, también abrirá nuevas oportunidades para servicios personalizados y avanzados.

Se abordó el concepto de Open Gateway, es decir, la creación de plataformas abiertas que faciliten la integración de servicios y aplicaciones de terceros en las redes de telecomunicaciones. Este enfoque promueve la innovación y la colaboración entre diferentes actores del ecosistema digital, desde operadores de redes hasta desarrolladores de aplicaciones.

Ciberseguridad y privacidad son una prioridad para todo el ecosistema por el aumento exponencial de dispositivos conectados y la creciente sofisticación de las amenazas cibernéticas. Proteger las redes y los datos de los usuarios es una preocupación permanente para mantener y fortalecer la confianza de los usuarios en las tecnologías emergentes, los servicios y las plataformas de Internet.

También se habló de la inclusión digital universal significativa, la cual va más allá de simplemente proporcionar acceso a Internet; implica asegurar que todas las personas, independientemente de su ubicación geográfica o situación socioeconómica, puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades digitales. Esto incluye acceso a dispositivos asequibles, alfabetización digital y servicios relevantes que mejoren la calidad de vida de las personas.

Otro concepto clave fue el de “Fair Share” o contribución justa, el cual aboga por una distribución equitativa de los costos y beneficios derivados del uso de las redes de telecomunicaciones. En un entorno donde grandes plataformas digitales generan un tráfico significativo, se busca encontrar mecanismos que aseguren que los costos de la infraestructura digital sean compartidos de manera equitativa y proporcional.

Sobre estos y muchos otros temas del ecosistema digital existen concordancias y disensos. Todos coinciden en que dependemos cada vez más de una conectividad permanente y que la colaboración y el diálogo público-privado es el mecanismo compartido por todos los actores del ecosistema digital para realizar las mejoras regulatorias que las inversiones y las infraestructuras digitales requieren para soportar la transformación digital de América Latina.

Twitter: @beltmondi

Reforma Saraí Cervantes

La relocalización de empresas podría requerir inversiones en infraestructura por más de 400 mil millones de dólares en México a 2032, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transporte de la dependencia, destacó que los recursos deberán destinarse principalmente para desarrollar capacidad para agua de uso industrial, así como de energía e invertir en transporte, parques industriales, vivienda y servicios.

Leer más: https://www.reforma.com/edicionimpresa/aplicacionei/Pagina.html?seccion=negocios&fecha=20240521

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El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuenta con un Consejo Consultivo integrado por personas expertas en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, quienes deben ser independientes de los agentes regulados y presentar una declaración de intereses, porque algunas personas pueden ser representantes de empresas de la industria tecnológica.

Se trata de un corpus asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos sexto y séptimo constitucionales, y sus sesiones son públicas.

El Pleno del IFT tiene la atribución de nombrar a los integrantes de dicho consejo. En una década de vigencia de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, se han instalado siete consejos ciudadanos y han desfilado 49 especialistas. Éstos pueden estar en su encargo por un año y prolongarse indefinidamente. Cada consejo debe estar integrado por 15 miembros, incluido el presidente. Entre los requisitos de su integración se debe garantizar que cuente con al menos una persona con experiencia y conocimientos en concesiones de uso social.

Según el Estatuto Orgánico del IFT, las atribuciones del Consejo Consultivo del IFT son 1) expedir su programa anual de trabajo, al cual se pueden incluir temas no previstos; 2) aprobar sus reglas de operación; 3) presentar al Pleno su informe anual de actividades; 4) formular recomendaciones, las cuales no son vinculantes, y 5) atender las consultas y formular las propuestas y opiniones que le solicite el Pleno o el Presidente del IFT.

Integrantes de los consejos consultivos del IFT

Emitir recomendaciones u opiniones es la labor más importante del Consejo Consultivo del IFT, las cuales deben ser aprobadas por al menos seis votos de los consejeros presentes. Hasta el cierre de esta edición, se habían presentado 102 recomendaciones sobre los temas más diversos de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pero también de otros asuntos de interés como la economía digital, la Inteligencia Artificial, neutralidad de la red, política satelital, ciberseguridad, sobre controversias constitucionales, respecto de la Covid-19 y muchas más. 

Número de recomendaciones por Consejo Consultivo

Es identificable que muchas recomendaciones responden al perfil y agenda de los consejeros que las proponen, quienes suelen colaborar en comités de trabajo. 

Aunque el Consejo Consultivo cuenta con una página de Internet propia, sus sesiones son públicas y cuentan con un espacio de sala de prensa, la comunicación social del cuerpo colegiado es deficiente y sus recomendaciones no alcanzan una mayor difusión, no obstante se abordan temas de la mayor importancia para el sector y la industria. 

Por ejemplo, la sala de prensa comunica la integración de los consejos, el nombramiento del presidente en turno, pero nunca se informa ni la orden del día ni las recomendaciones aprobadas, mucho menos se elabora un resúmen de las mismas para fomentar la máxima transparencia. 

Los informes anuales de actividades sí contienen información completa, condensada y resumida tanto del programa anual de trabajo como de cada una de las recomendaciones, pero dichos reportes no se comunican. 

En siete consejos, la sala de prensa sólo ha difundido una recomendación sobre medios públicos, otra sobre una iniciativa legislativa para desaparecer al IFT y una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos de las audiencias. 

Es decir, el Consejo Consultivo del IFT carece de una estrategia de comunicación social y ésta es pobre si se compara con el trabajo y el número de recomendaciones emitidas, las cuales valdría la pena conocer. 

Las recomendaciones del Consejo Consultivo del IFT que se presentan al Pleno no son vinculantes para dicho órgano colegiado. Sin embargo, no queda claro y se desconoce cuál es el resultado o a qué puerto llegan esas recomendaciones, las cuales son enviadas al Pleno a través de la Secretaría Ejecutiva. 

Valdría la pena por parte del IFT un seguimiento puntual y pormenorizado a cada una de las recomendaciones. Es claro que el Pleno tiene la atribución de adoptarlas o rechazarlas, pero se desconoce cuál es el destino de ese trabajo, qué porcentaje de recomendaciones son adoptadas por el Pleno y qué porcentaje de las mismas son dejadas de lado. 

El Consejo Consultivo del IFT debiera tener una labor más proactiva de dar a conocer su trabajo. 

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Mientras otros países apenas analizaban y evaluaban las posibilidades para reformar la normativa sobre telecomunicaciones, México dio el paso y se atrevió a llevar a cabo reformas estructurales que aún, 10 años después, ubican al país como un líder nato en este sector. 

Ese liderazgo brindó importantes beneficios y oportunidades para la población mexicana y le dió reconocimientos que la nación ostenta y disfruta. 

La Global System Mobile Association (GSMA) le otorgó a México el galardón Government Leadership Award 2016 por la reforma constitucional de telecomunicaciones, que significó un cambio estructural, tecnológicos y económicos para la población.

El premio, otorgado durante el Mobile World Congress 2016, en Barcelona, España, es el más importante en el mundo de la industria móvil. Distingue a los gobiernos por la implementación de políticas que promueven el crecimiento del sector, facilitan el acceso de la población a la banda ancha móvil, favorecen la inversión y la competencia en las telecomunicaciones, además de mostrar buenas prácticas de transparencia gubernamental, así como de consulta pública e independencia regulatoria.

Otro de los más importantes premios fue por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que en 2017 destacó el Programa México Conectado como uno de los mejores proyectos del mundo en la categoría de Infraestructura en Información y Comunicación. 

Entre tanto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguró que la reforma constitucional de telecomunicaciones ha incentivado el crecimiento del mercado a través de una nueva y más moderna regulación, pues la hace menos restrictiva que el promedio de los países miembros.

Lo anterior se debe a que los niveles de penetración del servicio de banda ancha móvil y el número de personas que tienen acceso, prácticamente se duplicaron gracias a la reforma, pasando de 23 a 57 suscriptores por cada 100 habitantes, de acuerdo con cifras del gobierno de México.

Asimismo, el Estudio de la OCDE sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México 2017, que evaluó la implementación de las recomendaciones presentadas de 2012 a 2017, concluyó que las reformas estimularon la competencia comercial, lo cual generó una importante reducción de los precios de la banda ancha móvil, estimada entre 69 y 81 por ciento.

A su vez, esto resultó en una mayor demanda por parte de los usuarios y un rápido crecimiento en el acceso a Internet que generó 50 millones de nuevas suscripciones a los servicios de banda ancha móvil, entre 2012 y 2016. 

Por tal motivo, la OCDE resaltó los resultados positivos de la implementación y sugirió mantener su impulso, poniendo mayor énfasis en la inclusión.

Eruconsult, una empresa especializada en consultoría satelital, también se sumó a los reconocimientos a la reforma a las telecomunicaciones de México y en 2018 otorgó un reconocimiento al gobierno mexicano por la labor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la ejecución de la reforma y el impulso al sector satelital, pues “refleja la estrategia y el compromiso del gobierno federal para mejorar los servicio para la población”, dijo Pacome Revillón, CEO de Euroconsult.

Estos reconocimientos son mundiales y destacan la trascendencia de la reforma de telecomunicaciones en su intención de llevar a cabo un cambio que impactó la vida de los ciudadanos y transformó la competencia del sector de las telecomunicaciones en el país. 

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Históricamente, a pesar de su importancia, los derechos de las audiencias han sido poco reconocidos, respetados y comprendidos en México. Por eso, la reforma de junio de 2013 fue un parteaguas en esta materia, pues incluyó los derechos de las audiencias en el artículo 6° de la Constitución, donde también se establece el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información.

Al elevar los derechos de las audiencias a rango constitucional, la reforma también dispuso que el Estado estableciera los mecanismos necesarios para proteger y garantizar este derecho. Sin embargo, hasta ese entonces todavía no había una certeza de lo que significan los derechos de las audiencias. Estaba plasmado en la Carta Magna, pero sin ninguna definición o alguna interpretación sobre a lo que se refería. La reforma fue apenas la primera aparición de este concepto en el marco jurídico mexicano.

Para Narciso Guzmán Huerta, la vaga definición de los derechos de las audiencias en el decreto generaba incertidumbre jurídica acerca de quiénes eran los titulares de dicha garantía. Fue hasta julio de 2014 cuando hubo más luz acerca del tema. Ese año, se emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR).

La ley incluyó un capítulo (IV) dedicado especialmente a los derechos de las audiencias, en el cual se define que este derecho abarca recibir contenidos plurales y diversos; que reflejen diferentes ideas y opiniones de acuerdo con el ánimo demócratico; que diferencien entre información y opinión; que mantengan la misma calidad de audio y video; que respeten los derechos humanos; que respeten los horarios, y además determinó que los medios deben brindar el derecho de réplica a las audiencias.

Asimismo, la ley de 2014 atribuyó al recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones la tarea de vigilar y sancionar las obligaciones en materia de defensa de las audiencias, por lo que ordenó a este organismo la elaboración de lineamientos en la materia, los cuales deben ser cumplidos por todos los concesionarios de radiodifusión o televisión o audio restringidos.

Esta legislación también dio paso a la creación de la figura de defensoría de las audiencias, que es responsable de recibir y dar seguimiento de forma imparcial los comentarios, peticiones y quejas de las audiencias acerca de los contenidos.

Pero el reconocimiento de los derechos de las audiencias no ha sido un camino en línea recta ni progresivo. Cuando el IFT publicó por fin los lineamientos, los concesionarios de radio y televisión no estuvieron de acuerdo con las obligaciones que les atribuía la ley, y argumentaron que los derechos de las audiencias eran improcedentes e, incluso, atentaban contra la libertad de expresión y la libertad de empresa.

También han sostenido que impiden una transmisión adecuada de la programación, pues resulta, según ellos, imposible distinguir entre opinión e información y diferenciar entre propaganda y publicidad en todo momento.

El descontento de los grandes empresarios desató una ola de descalificaciones y desinformación en los medios de comunicación de los que son dueños. Se generó y difundió una extensa campaña en contra de estos derechos, en la que participaron empresarios, líderes de los medios, funcionarios, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y hasta organizaciones internacionales.

Más tarde en 2017, el poder mediático terminó por ejercer la presión suficiente que dio impulso a una serie de controversias constitucionales contra los lineamientos de derechos de las audiencias. Aunque fue el gobierno de Enrique Peña Nieto el que respaldó el reconocimiento de estos derechos, después fue el propio encargado de sepultarlos.

Tanto la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo como los legisladores interpusieron inconformidades a los lineamientos, reclamando que los derechos de las audiencias sólo podían ser normados por el Ejecutivo. Eso terminó por dar cabida a la aprobación de la llamada contrarreforma, la cual derogó la disposición que obligaba a diferenciar entre opinión e información en los contenidos y, entre otras cosas, determinó que los concesionarios serían los encargados de “autorregularse”.

Desde entonces, la lucha por la defensa de los derechos de las audiencias ha sido ardua y ha nadado a contracorriente sostenida por la sociedad civil, las organizaciones sociales y la academia. La Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA) promovió amparos contra la reforma de 2017, que más tarde fueron confirmados por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En 2022, la Corte invalidó la contrarreforma de 2017 al considerar que el proceso para su aprobación fue desaseado e irregular. La sentencia judicial confirmó que los senadores promovieron cambios de forma viciada sólo para congraciarse con los dueños de las televisoras y radiodifusoras. Así, volvió a quedar vigente la LFTR de 2014 y se restauraron los derechos de las audiencias.

Aunque el fallo de la Suprema Corte fue un triunfo para las audiencias, la lucha aún no ha terminado. El IFT todavía no emite los lineamientos que establezcan la manera como los concesionarios de radio y TV deberán cumplir con la legislación en la materia.

El órgano regulador considera que no está claro qué artículos están vigentes (los de 2014 o 2017) y probablemente no publicará los lineamientos hasta que no se resuelva esa confusión. Y sobre todo, podría demorar más en un momento en el que el Instituto se encuentra debilitado ante la falta de tres comisionadas en el Pleno. Por otro lado, existe también la posibilidad de que el Senado impulse una nueva reforma a la ley secundaria. 

Mientras las tensiones continúan en el campo jurídico y mediático, en la práctica los derechos de las audiencias han avanzado pero a un paso muy lento. Los medios públicos o descentralizados como Canal Once, Televisión Educativa y el Imer cuentan con sus defensorías de las audiencias, pero las televisoras y radios comerciales en su mayoría no disponen de esta figura o carecen de los canales adecuados para facilitar el contacto de las audiencias con quien debería ser su voz en los contenidos.

En tanto esa situación no cambie y se garantice el pleno ejercicio de estos derechos, los contenidos que se transmiten en la televisión, tanto abierta como restringida, seguirán siendo poco sustanciosos, sin pluralidad y diversidad, de baja calidad y alejados de una visión de los derechos humanos. Además, al día de hoy todavía existe un importante desafío para socializar entre las audiencias cuáles son sus derechos y qué vías están disponibles para ejercerlos. 

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