¿Cómo las plataformas digitales contribuyen a la formalización fiscal?
Las plataformas digitales contribuyen a la formalización fiscal de sus colaboradores, ya que buscan cumplir con la ley y utilizan tecnología que facilita la trazabilidad de las operaciones, coincidieron expertos e industria durante el Conversatorio Jurídico-Fiscal: Mejores Reglas para la Economía Digital.
Alehira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno de Mercado Libre, consideró que se deben de eliminar algunos mitos en relación a la operación de plataformas digitales, que a veces llegan a considerarse como facilitadores de la evasión fiscal, cuando sucede lo contrario, y son estas las que ayudan a que prestadores de servicios se sumen a la economía formal.
Destacó que desde Mercado Libre “se propicia la inclusión financiera, porque gracias a ella y los servicios financieros digitales que ofrecemos, podemos incluir a aquellas personas que han estado fuera de las oportunidades económicas y sociales y de bancarización”.
Para cumplir con este objetivo, la directiva señaló que la tecnología es una herramienta que permite la formalización, ya que se cuenta con la trazabilidad de las operaciones, al tiempo que da confiabilidad y seguridad. Además, aunque las personas suelen ser temerosas de formalizar sus operaciones por el pago de impuestos, indicó que incluso les puede traer beneficios como el aumento de sus ventas mediante la adopción de terminales punto de venta, por ejemplo.
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Al respecto, Luis Arturo Castañeda, experto en el Régimen Fiscal para Plataformas Digitales y Abogado en DLG, mencionó que el gobierno debe cambiar su visión respecto a las plataformas digitales. Por un lado, debe entender la mecánica de los planes de negocios y el cómo operan, para establecer un marco regulatorio que sea sencillo, eficiente y neutral respecto a temas digitales. En segundo lugar, se debe entender que las plataformas digitales son un coadyuvante para la formalización, ya que en la economía colaborativa se dan facilidades para reportar los ingresos al fisco.
Antonio Fáundez, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, coincidió en que las plataformas digitales tienden a generar la formalización de contribuyentes, dado que facilitan el pago de impuestos mediante tecnología y educación.
Sin embargo, los expertos también alertaron que aún existen otras plataformas que se aprovechan de las “áreas grises” de la ley. Por ejemplo, plataformas que dicen no hacer labores de intermediación –que deberían ser gravables–, sino que ofrecen servicios de publicidad, que no está considerado en la ley.
En ese sentido, esto provoca que haya usuarios o colaboradores que en lugar de elegir una plataforma que cumple con la ley, elija otras que son menos exigentes, generando un tipo de informalidad digital, lo que al mismo tiempo daña la sana competencia, advirtió Castañeda.
Los panelistas coincidieron en que se deben buscar sinergias entre gobierno e industrias para establecer ciertos parámetros que permitan evitar la informalidad, sin que se dañen los modelos de innovación.
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Por otro lado, Fáundez destacó que las administraciones públicas han adoptado nuevas herramientas tecnológicas para facilitar el pago, pero consideró que esta debe garantizar que también se preserva el derecho de los contribuyentes a la privacidad.
Al respecto, se refirió a la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) que podría ayudar a detectar patrones o anomalías para hacer más eficiente la recaudación de impuestos. Sin embargo, también alertó que los algoritmos detrás de esta IA pueden crear el riesgo de “categorizar” a los contribuyentes, y en consecuencia, vulnerar algunos de sus derechos.
Por ejemplo, algún contribuyente que por su actividad constantemente sea erróneamente señalado con alguna falta en los sistemas de la administración tributaria. Los panelistas consideraron que se deben implementar mecanismos de transparencia que permitan al contribuyente aclarar su situación y conocer el por qué el algoritmo lo considera en riesgo.
Castañeda indicó que el uso de IA debe garantizar los derechos humanos de los contribuyentes a la privacidad, la seguridad jurídica, al secreto fiscal, y que garantice al contribuyente conocer qué información se obtiene de sus operaciones y cómo se usa.