Este 8 de mayo iniciaron los conversatorios sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se han agudizado las miradas críticas que buscan que se revisen ciertos aspectos problemáticos y preocupantes del texto actual y también crecen las expectativas sobre el momento histórico que tiene lugar en México a 12 años de la última reforma de telecomunicaciones.
El país ha cambiado desde 2013, cuando se promulgó la hoy vigente Ley Federal en Telecomunicaciones y Radiodifusión: no sólo el panorama político es diferente, con un nuevo partido en el poder, sino que también hay una nueva visión del papel del Estado como habilitador y proveedor digital y ha quedado claro que el marco de acción trasciende los cables y fierros de las telcos tradicionales para abarcar nuevas aristas de la convergencia en el ecosistema digital.
Y es en ese contexto que uno de los conversatorios que se planean llevar a cabo en el Senado versará sobre los servicios digitales, lo cual incluye a las plataformas de Internet y las grandes empresas tecnológicas.
Por ahora, en el ámbito digital, el punto más notorio ―y el que despertó gran preocupación de primera mano― es el artículo que otorgaría a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de bloquear plataformas digitales en caso de incumplimiento a las normativas aplicables.
Más allá de dicho artículo ―del que, por ahora, ha habido apertura a revisarlo o incluso quitarlo―, el proyecto de ley, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no dice mucho sobre el entorno digital.
Sin embargo, en opinión de Dardo Emanuel Neubauer, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y coordinador del área jurídica del laboratorio digital Tlatelolco Lab, esta sería una oportunidad histórica para incluir en la legislación disposiciones acerca de los derechos digitales y la regulación de las plataformas de Internet, especialmente las redes sociales.
“Habría mucho que avanzar en lo que tiene que ver con mecanismos co-regulatorios de moderación de contenidos; con instalar a las plataformas como sujetos obligados frente al juicio de amparo; también mecanismos para combatir las prácticas de desinformación masiva que suelen haber en contextos electorales; así como el acceso a contenidos que van dirigidos a las infancias y a las juventudes”, explica el especialista.
Para el docente de la UNAM, la propuesta de ley tendría que incluir un capítulo específico en estos temas, con el fin de preservar los derechos digitales de la población en una era de acelerada digitalización.
Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos en el ámbito digital.
Abarcan desde el acceso a Internet en un sentido amplio de conectividad universal y significativa; la privacidad y seguridad de los datos; el acceso a la cultura, la salud y la educación en entornos digitales; hasta la participación social, económica y política en línea, de acuerdo con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales.
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“Sería un momento histórico para plantear este tipo de regulaciones”, puntualiza Neubauer, aunque de momento no hay señales que indiquen que los derechos digitales estén en la mira de la nueva ley.
En cuanto al bloqueo de las plataformas digitales, el académico de la UNAM coincide con las voces respecto a los riesgos del bloqueo por mandato de autoridades competentes indefinidas.
No obstante, aclara que el de la regulación de las plataformas digitales es un debate importante que se debe dar.
“Creo que es necesario considerarlo bajo una tutela jurídica, más que de la autoridad del gobierno de turno; tiene que ser la justicia quien determine este bloqueo de plataformas”.
“Y para eso siempre recurro al ejemplo de lo que sucedió en Brasil con la plataforma X, justamente cuando la justicia brasileña, el Tribunal Superior de Justicia, decidió bloquear esta plataforma porque estaba atentando contra el sistema democrático brasileño, entonces hubo una decisión justamente de bloquear porque no estaban adecuándose a los marcos regulatorios nacionales.
“Ese ejemplo nos marca que no hay que escaparle al debate regulatorio de las plataformas digitales ni al bloqueo, pero sí hay que establecer mecanismos claros ―detalla Neubauer―, llevados adelante por la justicia y que permitan en cierta medida poner un poco de orden en estas junglas que son las redes sociales, donde cada plataforma, según el interés político que tenga, se mueve para un lado o para el otro, y creo que la ciudadanía en general no puede quedar a la deriva de los intereses que tengan en algún momento Mark Zuckerberg o Elon Musk”.
Austeridad republicana será un desafío para la ATDT
Otro de los puntos clave de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es que convierte a la ATDT en una superagencia con atribuciones que van desde políticas regulatorias y técnicas hasta de formulación e implementación de políticas públicas en el ámbito digital.
Nardo Neubauer señala que la agencia “se presenta como una autoridad novedosa, a mi entender una autoridad con mucho poder, que va a tener un desafío regulatorio muy grande por delante”.
“Y si consideramos la política de austeridad presupuestaria, esperemos que pueda contar con los recursos que se necesitan para llevar semejante labor que llevaba antes el IFT. Creo que ahí va a haber un desafío importante”, advierte.
Además del reto de la austeridad, las amplias y diversas facultades que otorgaría la ley a la ATDT han despertado inquietudes entre algunos otros especialistas, analistas y académicos por las implicaciones de concentrar tanto poder, técnico, político y regulatorio, en una sola institución.
Mientras la ATDT tendrá la relevancia de una Secretaría de Estado, la autoridad de competencia económica, en opinión de Dardo Neubauer, tendrá un poder bastante limitado.
“Va a ser una autoridad que solamente va a investigar las prácticas de mercado y le va a emitir sus conclusiones, sus resoluciones o sus investigaciones a la agencia digital. Más que una autoridad, termina siendo un área de investigación, para que luego la agencia tome las medidas regulatorias que crea importantes”.
En paralelo a la reforma de telecomunicaciones, el Poder Ejecutivo impulsa la creación de una Comisión Nacional Antimonopolio, que reemplazaría a la Comisión Federal de Competencia Económica pero sin menos atribuciones.
Un nuevo capítulo para la conectividad social
Dardo Neubauer resalta la relevancia que adquiere el Estado como habilitador y proveedor de la conectividad en el proyecto de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La ley ―considera― apunta a reducir la brecha digital a través de la masificación del acceso a Internet a partir de la intervención del Estado, lo que da continuidad al plan de Internet para Todos del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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“Promueve justamente aumentar los niveles de conectividad y el cierre de la brecha digital, pero no desde la lógica de la promoción de estos derechos de la mano de la competencia económica, sino desde la lógica de la intervención del Estado en el desarrollo de políticas activas hacia el cumplimiento de estos derechos”.
Esto, puntualiza, implica que el Estado tiene más poder para desplegar redes de telecomunicaciones, “más allá de que la iniciativa privada quiera o no quiera llevar conectividad a sectores desfavorecidos”.
Como parte del proyecto que se envió al Senado, se contempla que el Estado no sólo sea un habilitador sino también un proveedor de servicios.
El proyecto señala que el Estado podrá proveer el servicio de Internet a usuarios finales, por sí solo o mediante asociación público-privada, siempre que el Estado mantenga en el control de la Red Compartida.
Para el académico de la UNAM, este punto permitirá tener una mayor variedad de opciones para garantizar el derecho de acceso a Internet y las telecomunicaciones.
Sin embargo, esta particularidad en la ley también ha generado rechazo y críticas, debido a que compromete la igualdad de condiciones para competir en el mercado, como parte de un modelo más estatista que promotor de inversiones.
Diálogo amplio y plural, requisito para una ley de avanzada
Como estos planteamientos, hay muchos otros que falta precisar, revisar o modificar en el dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión: entre ellos, menciona Neubauer, las figuras de competencia y la preponderancia, que, a su juicio, debería establecerse por servicio y no por sector; la comercialización de publicidad en los medios comunitarios; la disposición de espectro para las radios comunitarias; al igual que la revisión del mercado de televisión.
Para que eso suceda, el académico considera que es necesario abrir un diálogo plural. Esta semana, el Senado comenzó los conversatorios sobre el proyecto de ley, en los que se tocarán temas de políticas públicas; cobertura social y acceso al espectro; servicios digitales; radiodifusión; así como derechos de usuarios y audiencias.
”El debate no tiene que ser solamente entre el sector político, sino aprovechar y llamar a especialistas que hablen justamente desde sus diversos ámbitos (…), los sectores de las universidades, la academia, organizaciones de la sociedad civil”.
“Un debate amplio, extenso, que no tenga que ser una ley que salga inmediatamente, porque creo que eso sí puede ser que los puntos limitativos de este proyecto de ley, que queden sin abordarse de forma íntegra, terminen dándole una pintada para que salga”.
”Y sería perder una oportunidad histórica —puntualiza— para construir una ley que sea superadora de las leyes que tuvimos anteriormente”.