Ley telecom no quiere neutralidad competitiva: gobierno podrá ofrecer Internet y no constituirá monopolio
El gobierno de Claudia Sheinbaum continúa moviendo sus fichas en materia de telecomunicaciones. El proyecto de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviado al Senado mexicano y aprobado en comisiones al cierre de la edición, materializa la visión de la Cuarta Transformación respecto de que el Estado desempeña un doble rol, de habilitador, a través de la política pública y la regulación, y proveedor directo de servicios, los cuales, según el propio documento, “no constituirán monopolios”.
Provisión del servicio de Internet: no monopolio
La ley propuesta indica que asignaciones de concesiones únicas y sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso comercial le serán otorgadas al Ejecutivo Federal en aras de cumplir con “los objetivos de cobertura social y universal del Estado mexicano y garantizar la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, incluido el Internet de banda ancha”.
La ley dice que el gobierno también podrá proveer el servicio de Internet a usuarios finales, por sí o mediante asociación público-privada, siempre que el Estado mantenga en todo momento el control del proyecto, refiriéndose a Altán Redes, que es una asociación público-privada en la cual la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya tiene 49 por ciento de las acciones de la Red Compartida.
En el artículo 56 de la Sección VIII se establece que, conforme al artículo 28 de la Constitución, “las funciones que el Estado ejerza en la provisión del servicio de Internet no constituirán monopolios”.
Esto sigue al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de octubre de 2024 que modificó el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional para estipular esa excepción:
“No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y generación de energía nuclear; el servicio de Internet que provea el Estado; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional.”
El concepto de “monopolio” no aparecía en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 que quedaría abrogada a la entrada de la nueva ley telecom, para la cual la neutralidad a la competencia, entendida como la “obligación del Estado de no generar distorsiones al mercado como consecuencia de la propiedad pública”, era uno de sus pilares.
Servicio directo de telecomunicaciones por el Estado
La redacción de estos pasajes de la nueva ley reaviva la polémica respecto de la facultad del Estado de brindar servicios de telecomunicaciones a usuarios finales y las quejas que han manifestado los operadores privados —sobre todo los pequeños operadores y los móviles virtuales (OMV)— respecto a una competencia desleal, debido a que la Red Compartida debe proveer servicios mayoristas sin discriminación.
La provisión del servicio de Internet por parte del Estado la ejecutaría la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que acaba de inaugurarse como empresa pública tras la reforma de 2024 y que, por lo tanto, iniciará una nueva fase de operación que trascenderá a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT).
Pero también a través de Altán Redes, que explota en su totalidad los 90 MHz en la banda de 700 MHz, recibe subsidios públicos y ofrece servicios mayoristas a empresas de gran calado como Bait de Walmart, lo cual afecta el modelo de negocio de los Operadores Móviles Virtuales.
Esto ha encendido las alertas entre los analistas del sector, quienes advierten que la participación directa del Estado en el mercado de las telecomunicaciones podría conducir hacia un monopolio de facto, en el que la empresa pública proveedora de Internet quede liberada del régimen de competencia económica, como sí lo están los demás operadores.