Carta iberoamericana de derechos digitales: su origen, objetivos y el desafío de la implementación
“De la misma manera que no podemos luchar solos contra el cambio climático, tampoco podemos ir contra los retos de desarrollo tecnológico si lo hacemos en unas regiones y no en todas”, señaló Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, durante un congreso en el que se presentó origen, objetivos y desafíos de la recientemente publicada Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales.
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La funcionaria valoró el espíritu del documento y aseguró que “América Latina tendrá un papel central en la agenda europea de la segunda mitad de 2023”, periodo en el que España ocupará la presidencia del Consejo Europeo. “Es ahora cuando Iberoamérica debe redefinir sus estrategias mirando hacia el futuro, la digitalización debe ser protagonista”, agregó para luego insistir con la idea de que la evolución debe ser “con las personas en el centro”.
La carta se trabajó durante cinco meses. En el marco de su presentación oficial, el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, habló de una triple dificultad en su confección: primero, alcanzar el consenso entre 22 países y, segundo, hacerlo en el marco de niveles de desarrollo y etapas de digitalización muy distintas. Como tercer ítem, mencionó que los involucrados entregan la responsabilidad regulatoria a organismos de distintas naturalezas.
“Se convocó a un total de 80 funcionarios de los 22 países y hubo un intercambio por parte de 11 reparticiones de gobierno distintas. Fueron 140 días de trabajo con ocho reuniones —una presencial, el resto virtuales— y se procesaron más de mil aportaciones”, añadió Juan Alejandro Kawabata, director de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la Segib. Sumó que la diversidad de actores “es un gran activo, una red sólida para la futura implementación de la carta”.
Tras el repaso de cada uno de los puntos del documento, los participantes valoraron aspectos como la inclusión de un capítulo específico relacionado a derechos de niños, niñas y adolescentes y el respeto de valores como la privacidad, además de poner el foco en las personas “abandonando concepciones previas, donde se daba prioridad a los Estados o los mercados”, aportó Allamand. Durante el encuentro, se habló de América Latina como un sitio que se caracteriza por una “altísima desigualdad” y en donde urgen políticas públicas a favor del cierre de todas las brechas.
“Estamos orgullosos de ser parte de la construcción de este instrumento y apostamos que esta carta pueda guiar los procesos de actualización normativa en la materia para que la transformación digital sea instrumento de ampliación de acceso a la educación, salud y cultura”, amplió José David Montilla, viceministro de Agenda Digital de República Dominicana. El carácter de adhesión voluntaria del documento fue otro de los ejes de la conversación.
“Sea cual fuera el modelo, estamos en un momento en el que los Estados deben defender el esquema de derechos en el mundo digital y fomentar la cooperación para que las respuestas no sean parciales”, consideró Enrique Goñi, presidente del Instituto Hermes, en su rol de moderador.
En la misma vereda se ubicó Verónica Wahlberg, de la Secretaría de Innovación Pública de Argentina, que hizo énfasis en la importancia de “asegurar que los derechos de la ciudadanía fuera de línea sean garantizados también en entornos digitales”.
Por su parte, Gladys Antonieta Moran Ríos habló en representación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador. “Ratificamos el compromiso para emprender acciones que aseguren el cumplimiento de la carta, pues consideramos que las TI son transversales a las actividades que realizamos y que no se puede entender a las sociedades modernas sin los compromisos digitales”, apuntó en representación del país que actualmente tiene la presidencia pro-tempore de la Comunidad Iberoamericana.
Así, los participantes hicieron énfasis en que ahora comienza la etapa de búsqueda de aplicación del compromiso firmado. “La carta no refleja la posición de ninguno en particular ni el 100 por ciento de los intereses de cada uno. Es fruto del acuerdo, de la pluralidad y aquí radica su valor”, finalizó Kawabata, dejando claro que la implementación será la etapa más compleja de este cúmulo de buenas intenciones que ahora deben convertirse en realidad.