Tras una larga investigación que duró años, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) de Costa Rica concluyó que la paraestatal ICE incumplió con su obligación de utilizar el espectro que tenía concesionado en la banda de 2.6 GHz y lo mantuvo subutilizado.
Por esa razón, el gobierno decidió revocar parcialmente la concesión de Grupo ICE en dicha banda. La compañía perdió en total 70 MHz en los segmentos de 2,560 a 2,570 MHz, 2,570 a 2,620 MHz y 2,680 a 2,690 MHz.
Y como sanción, el ICE no sólo ya no podrá utilizar las frecuencias mencionadas, sino que el Ministerio le prohibió tener nuevas licencias de espectro por un plazo de tres años. Esto deja a la paraestatal fuera de la subasta 5G que está preparando la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).
La resolución del Micitt retomó las investigaciones y análisis que había hecho antes la Sutel sobre la explotación del espectro. Desde 2012, la institución ya había detectado un uso ineficiente del recurso radioeléctrico por parte de ICE.
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De acuerdo con uno de los primeros estudios de la Sutel, el segmento de 2,500 a 2,690 MHz concesionado al ICE se encontraba parcialmente utilizado en dicho año, pues 43 por ciento del recurso no se usaba y el resto se empleaba mediante tecnologías del servicio fijo de forma poco eficaz.
Más tarde, en 2017, el órgano regulador volvió a emitir una opinión técnica en la que advertía nuevamente un uso ineficiente del espectro y señalaba que la paraestatal buscaba mantener una tenencia de frecuencias en la banda de 2.6 GHz que superaba sus necesidades reales.
En los años siguientes, la Sutel siguió realizando mediciones sobre el uso del espectro y encontró varias pruebas de que el espectro en cuestión estaba subutilizado. Sin embargo, el tema cobró más fuerza con la licitación 5G.
Para la Superintendencia, incluir la banda de 2.6 GHz en la subasta es esencial, ya que se trata de un espectro vital para el despliegue de la tecnología de quinta generación y para promover el interés de los operadores en el proceso.
Desde que tomó protesta en mayo de 2022, el presidente Rodrigo Chaves se apropió de la tarea de recuperar la banda de 2.6 GHz y la de 3.5 GHz, debido a que se mantenían ociosas en manos de ICE. Se logró primero retornar la banda de 3.5 GHz y había mucha incertidumbre respecto a qué pasaría con la otra.
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Incluso, el gobierno se planteó la posibilidad de llevar a cabo la licitación 5G sin incluir el espectro de 2.6 GHz. Ahora, con la resolución del Micitt, los 70 MHz que se le quitan a ICE podrían ser incorporados al concurso público.
Sin embargo, el gobierno de Costa Rica y el Grupo ICE aún enfrentan serios cuestionamientos que enturbian la subasta de espectro. Por un lado, el medio local CR.Hoy informó que Rodrigo Chaves y la paraestatal tienen una demanda en su contra por supuestos delitos de fraude de ley en la función pública administrativa, influencia contra la Hacienda Pública y peculado.
En particular, se les acusa de haber incurrido en fraude en el acuerdo al que llegaron para la devolución de la banda de 3.5 GHz. Por otro lado, ICE ya no podría usar esta misma banda, con la concesión de Racsa, para desplegar 5G, porque la ley no lo permite aunque sea su subsidiaria.
Y otro tema de suma relevancia es que recientemente el gobierno de Chaves prohibió usar tecnología china en las redes 5G, lo cual generaría un alto costo económico y tecnológico y atrasaría al país en el desarrollo.
Ambos asuntos aún no se aclaran del todo, pero podrían afectar el curso que tomará la licitación de espectro 5G, de la que probablemente ya ha quedado fuera el ICE en todos los escenarios.