PGR ordena a municipios ticos acatar la normativa nacional para desplegar infraestructura
Los municipios de Costa Rica deberán armonizar sus reglas de acuerdo con la ley nacional sobre despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. La PGR concluyó que cualquier normativa local será inaplicable.
La Procuraduría General de la República (PGR) de Costa Rica determinó que los gobiernos locales deben ajustar sus reglamentos al marco jurídico nacional sobre el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.
El órgano judicial emitió un dictamen vinculante que reafirma la prevalencia de la normativa nacional sobre cualquier regulación municipal que obstaculice el despliegue de las redes.
De acuerdo con el fallo PGR-C-107-2026, la Procuraduría estableció que la instalación de infraestructura de telecomunicaciones constituye una actividad de interés público nacional, por lo que las municipalidades deben adecuar sus reglamentos al marco jurídico emitido por el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, cualquier normativa cantonal que contradiga la legislación nacional deberá considerarse nula e inaplicable.
De esta manera, las empresas de telecomunicaciones tendrán mayor previsibilidad y seguridad jurídica para la implementación de infraestructura, lo cual permitirá acelerar la expansión de tecnologías como 5G.
Municipios no podrán frenar la infraestructura
La resolución de la PGR respalda la estrategia impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para homologar los criterios técnicos y administrativos en todo el país.
En 2022, el gobierno aprobó la Ley N.º 10216, Ley para Incentivar y Promover la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica, mediante la cual busca reducir barreras regulatorias y facilitar el despliegue de infraestructura necesaria para ampliar la cobertura de servicios digitales y el desarrollo de redes de nueva generación.
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En línea con dicha ley, el dictamen de la PGR aclara que los planes reguladores y los reglamentos de desarrollo urbano municipales no pueden utilizarse como herramientas para impedir la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
Según la Procuraduría, la potestad reglamentaria de los gobiernos locales debe ejercerse dentro del marco de legalidad establecido por el Estado, respetando el principio de jerarquía normativa.
En ese sentido, las municipalidades deberán ajustar su actuación a lo dispuesto por la Ley N.º 10216, su reglamento y el resto de la normativa nacional aplicable. Si existen reglamentos municipales incompatibles con esas disposiciones, prevalecerá la regulación nacional.
La decisión busca poner fin a las diferencias regulatorias entre cantones, una situación que durante años ha generado incertidumbre para operadores e inversionistas, y ha retrasado la construcción de infraestructura crítica para mejorar la conectividad.
2 de cada 3 municipios armonizaron su regulación
En paralelo al pronunciamiento de la PGR, el Micitt publicó el Informe de Valoración de Reglamentos Municipales, actualizado hasta el 31 de mayo de 2026.
De acuerdo con el reporte, el 67% de las municipalidades costarricenses, equivalente a 56 de los 84 gobiernos locales, ya armonizó su normativa con los lineamientos establecidos en el reglamento de la Ley N.º 10216.
La armonización, según el Ministerio, ha permitido simplificar trámites, reducir obstáculos administrativos y generar condiciones más favorables para la inversión en telecomunicaciones.
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Además, los resultados muestran una diferencia significativa entre los municipios que adoptaron el decreto y aquellos que mantienen regulaciones distintas.
Las municipalidades alineadas con la normativa nacional obtuvieron un promedio de 98.55 puntos sobre 100 en la evaluación de gestión de infraestructura.
Por el contrario, los gobiernos locales con reglamentos desactualizados registraron apenas 40 puntos, lo que refleja mayores rezagos operativos y menos condiciones para atraer inversiones.
Seguridad jurídica para la transformación digital
La unificación regulatoria representa un elemento estratégico para cerrar brechas digitales y acelerar la transformación tecnológica del país.
Alonso Zeledón, viceministro de Telecomunicaciones del Micitt, destacó que “la normativa técnica nacional es el eje articulador que permite promover y garantizar el derecho fundamental al acceso a las telecomunicaciones y las TIC”.
Zeledón detalló que los resultados de este informe validan que las reglas claras y unificadas atraen la inversión, fomentan el comercio electrónico y amplían las oportunidades para los ciudadanos.