Contraloría de Costa Rica rechaza tarifa de regulación propuesta por la Sutel

La Contraloría General de la República (CGR) de Costa Rica rechazó el proyecto de canon de regulación propuesto por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para el período 2027.

El órgano contralor determinó que la propuesta formulada por el ente regulador no acreditó los fundamentos técnicos necesarios para garantizar los principios constitucionales y legales de servicio al costo y de administración eficiente de los recursos públicos. 

Originalmente, la Superintendencia pretendía obtener un canon por regulación de 7,962 millones de colones (alrededor de 17.5 millones de dólares). El canon de regulación es un cobro obligatorio establecido por la Ley General de Telecomunicaciones que deben dar las empresas operadoras y proveedoras del sector de telecomunicaciones para dotar a la Sutel de los recursos que requiere para su gestión de supervisión. 

La propuesta tarifaria para 2027 había sido aprobada internamente por el Consejo Directivo de la Sutel en abril de 2026 y posteriormente sometida a una audiencia pública en junio, durante la cual tanto el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) presentaron observaciones formales que sirvieron de insumo para la evaluación final de la Contraloría.

Entre las principales inconsistencias detectadas por la CGR, destaca que la Sutel aplicó una metodología de costos basada en techos presupuestarios históricos y prorrateos generales, en lugar de cuantificar y justificar razonablemente el costo de las actividades regulatorias reales a ejecutar en 2027. 

Asimismo, la Contraloría señaló que la elección del denominado “escenario 4” para fijar los límites presupuestarios restó objetividad técnica al cálculo, omitiendo la ejecución real de recursos del pasado y dificultando la comprobación de una relación directa entre el monto solicitado y las tareas de regulación encomendadas por ley.  

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De acuerdo con la Contraloría General de la República, a raíz de esta desaprobación, y con el fin de resguardar el principio de continuidad del servicio público regulado, se aplicó la normativa que dispone fijar como tope el último monto ejecutado asociado a la regulación, que en este caso es el correspondiente al año 2025, ajustado por la proyección de inflación esperada del Banco Central de Costa Rica.

La CGR señaló que el límite máximo que la Sutel podrá incorporar en su presupuesto ordinario para el ejercicio 2027 por este concepto será de 4,852 millones de colones (aproximadamente 10.69 millones de dólares), lo que representa una reducción de más de 3,100 millones de colones con respecto a la pretensión inicial.  

La Contraloría instó a la Sutel a fortalecer sus mecanismos internos para controlar el crecimiento del gasto y mejorar la trazabilidad en la asignación de sus costos operacionales.

Además, el ente fiscalizador recordó que, bajo el principio de servicio al costo, si durante la ejecución presupuestaria del año 2027 se registran subejecuciones, el regulador estará en la obligación legal de ajustar la tarifa a la baja en beneficio de los actores regulados.