Europa logra acuerdo político para movilizar hasta 43 mil mde al desarrollo de chips

El Consejo y el Parlamento Europeo lograron un acuerdo político provisional para la emisión de la “Ley de Chips”, que permita fortalecer el ecosistema de semiconductores de Europa e incrementar la resiliencia de la cadena de suministro de este componente, con la expectativa de mover fondos por hasta 43 mil millones de euros entre inversiones públicas y privadas.

La nueva Ley de Chips de Europa buscaría incrementar la participación de la Unión Europea (UE) a por lo menos un 20 por ciento del mercado global de semiconductores en 2030, desde el 10 por ciento actual, y así reducir la dependencia de la región a la manufactura externa de estos componentes clave.

El acuerdo se basaría en tres pilares o líneas de acción principales: emitir la iniciativa Chips for Europe, para apoyar la creación de capacidad tecnológica a gran escala; establecer un marco para garantizar la seguridad del suministro y la resiliencia mediante la atracción de inversiones; y formar un sistema de monitoreo y respuesta a crisis para anticipar la escasez de suministro y proporcionar respuestas en situaciones de crisis.

Se espera que Chips for Europe movilice 43 mil millones de euros en inversiones públicas y privadas. La Comisión explica que la iniciativa contará con el apoyo de hasta 6 mil 200 millones de euros de fondos públicos, de los cuales 3 mil 300 millones corresponden al presupuesto de la UE acordado para el periodo hasta 2027.

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Este apoyo se sumará a los 2 mil 600 millones de euros de financiación pública ya prevista para las tecnologías de semiconductores. Los fondos públicos serán utilizados para el desarrollo de una plataforma de diseño y la creación de líneas piloto para acelerar la innovación y la producción.

Según el Consejo Europeo, estas acciones se implementarán principalmente a través de la empresa conjunta Chips, una asociación público-privada en la que participan la Unión, los Estados miembros y el sector privado.

Después de las disrupciones a las cadenas de suministro provocadas por la pandemia por Covid-19, además del creciente conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, múltiples países han impulsado programas nacionales que les permitan asegurar su acceso a semiconductores e incrementar su resiliencia frente a futuros eventos catastróficos o de riesgo.

Estados Unidos emitió la Ley de Ciencia y CHIPS que implica la entrega de subsidios por hasta 52 mil millones de dólares. La ley incluye también candados para evitar que estos fondos y el desarrollo de nuevas tecnologías se conviertan en beneficios indirectos para China, algo que no ha sido del todo bien recibido por algunas compañías.

El nuevo acuerdo político europeo para impulsar el desarrollo local de chips implica fortalecer las facultades de la Empresa Común Chips (Chips Joint Undertaking), que será responsable de la selección de los centros de excelencia.

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En cuanto al segundo pilar, el compromiso final amplía el alcance de las llamadas instalaciones “Primeras de su tipo” (First-of-a-kind) para incluir las que producen equipos utilizados en la fabricación de semiconductores. Las autoridades europeas consideran que estas instalaciones contribuyen a la seguridad del suministro para el mercado interior y pueden beneficiarse de la aceleración de los procedimientos de concesión de permisos.

Entre estas compañías se encuentra ASML Holding, basada en los Países Bajos, y que se afirma que es el único fabricante en el mundo con la capacidad para proveer las complejas máquinas de litografía requeridas para la manufactura de los semiconductores más avanzados.

Adicionalmente, este acuerdo incluye los centros de diseño que podrán recibir una etiqueta europea de “centro de excelencia de diseño” que será otorgada por la Comisión.

El compromiso también subraya la importancia de la cooperación internacional y la protección de los derechos de propiedad intelectual como dos elementos clave para la creación de un ecosistema para los semiconductores.

El acuerdo político alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo está ahora sujeto a la aprobación formal de los dos colegisladores.

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