Anatel como regulador de plataformas digitales en Brasil divide opiniones

Las compañías de telecomunicaciones proponen a la Anatel como reguladora, mientras que el tercer sector y la comunidad de Internet se manifestaron en contra.

Crédito: Adobe Stock

El Grupo de Trabajo del Comité Gestor de Internet de Brasil (CGI.br) publicó los resultados de su Consulta sobre la Regulación de Plataformas Digitales. El informe final sintetizó las mil 336 contribuciones, en las cuales participaron la comunidad científica, el gobierno, el tercer sector, civiles y empresas de todas las regiones del país, expresando sus perspectivas sobre temas como regulación asimétrica, concentración económica, moderación de contenidos y privacidad.

Estructurada en tres ejes principales, la consulta buscó responder quién será regulado (quién es el objeto de la regulación, buscando definir lo que realmente se ajusta al término “plataformas digitales”), qué será regulado (mapeo de riesgos derivados de las actividades de las plataformas digitales y posibles medidas de mitigación de esas amenazas) y cómo será regulado (arreglos institucionales necesarios para la implementación de una regulación, señalando los distintos roles y responsabilidades de los actores involucrados).

Atribuciones al CGI.Br

El CGI.Br fue ampliamente mencionado y recibió elogios por su énfasis en la paridad de participación en el colegiado y representación equitativa en decisiones regulatorias. Las propuestas, respaldadas principalmente por la Asociación Brasileña de Internet (Abranet) y la organización de Derecho a la Comunicación y Democracia (DiraCom), esbozaron 10 atribuciones detalladas para el CGI.Br.

Entre estas atribuciones se encuentran la formulación de políticas y directrices, el monitoreo del cumplimiento de la legislación y la aprobación de códigos de conducta.

Sin embargo, algunos actores como Flávio Wagner, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) y de la comunidad tecnológica y científica, proponen una entidad de autorregulación, de naturaleza privada y compuesta por las plataformas.

En su visión, esto evita la sobrecarga del CGI.Br con atribuciones incompatibles con su misión, destacando la necesidad de mantener la naturaleza del comité y preservar las funciones establecidas en el Marco Civil de Internet.

Se espera que el CGI.Br desempeñe roles consultivos, de investigación y educativos, reforzando su relevancia como espacio de diálogo multisectorial en la construcción de un marco regulatorio equilibrado, como señaló Henrique Faulhaber, Consejero de la entidad. “Nuestra pretensión es seguir siendo un lugar de articulación y escucha de la sociedad.”

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Telcos a favor de la Anatel

En lo que respecta a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), la propuesta de asignarle responsabilidades en la regulación de las plataformas digitales generó un debate intenso. TelComp expresó su apoyo a la transformación de la Anatel en una agencia reguladora de las plataformas digitales, argumentando que su experiencia con proveedores de servicios de telecomunicaciones y acceso a Internet la coloca en una posición privilegiada.

Por otro lado, organizaciones del tercer sector y la comunidad científica destacaron preocupaciones sobre la falta de experiencia de la entidad para regular plataformas digitales, citando fallos en el cumplimiento de sus atribuciones y temiendo una posible captura regulatoria por intereses económicos. La “resistencia histórica de Anatel a la participación de la sociedad civil” también fue señalada como una preocupación.

“La tarea de regular plataformas digitales, un ecosistema tan heterogéneo y complejo, es desafiadora”, evaluó Renata Mielli, coordinadora del CGI.Br. “La Consulta que propusimos evidenció perspectivas distintas sobre ‘cómo’ y ‘por quién’ debe hacerse esta regulación, pero también mostró puntos de convergencia. El objetivo del CGI.Br fue involucrar a la sociedad en este debate.”

Mielli también destacó que el Comité comprende que la sistematización de las contribuciones de diversos actores será de suma importancia para la creación de un marco regulatorio democrático, equilibrando los deseos de diferentes sectores.

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