La Asociación Brasileña de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones Competitivos (TelComp) emitió un comunicado en el que señala que las medidas competitivas para la venta de Oi Móvil no se cumplieron un año después de la autorización de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para la operación.
La aprobación previa de la Anatel para la venta de Oi Móvil a Claro, TIM y Vivo estaba sujeta a ofertas mayoristas (ORPA) de roaming y operador móvil virtual (OMV). Lo mismo determinó el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).
Según TelComp, las ofertas se hicieron en un principio, pero los compradores cuestionaron los valores de referencia en la Justicia, lo que retrasó la validez de las ORPA. Durante este periodo, la Anatel también revocó las medidas cautelares y realizó solicitudes de adecuación de ofertas.
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La Asociación precisa que, desde septiembre de 2022 hasta enero de 2023, algunas empresas competidoras “firmaron dichas ofertas, pero aún no pudieron acceder a los remedios”.
TelComp afirma que el último avance fue la distribución en el Consejo Directivo de la Anatel del proceso de ORPA de OMV de TIM, “ya que las ORPA de OMV de Claro y Telefónica aún están en discusión en el área técnica de la Anatel”.
El Presidente Ejecutivo de TelComp, Luiz Henrique Barbosa, afirma que “la falta de aplicación de remedios tiene consecuencias nefastas para los consumidores, ya que los compradores continuaron con el proceso de adquisición, aprovechando las ganancias de sinergia de la operación y aumentando aún más la participación de mercado en el mercado móvil brasileño, sin permitir la impugnación de hechos por parte de pequeños proveedores, ya sean Operadores Regionales u OMV”.
Respuesta del CADE
Tras las alegaciones de TelComp, el CADE pidió una aclaración. El coordinador general de Análisis de Libre Competencia, Felipe Neiva Mundim, envió un correo electrónico indicando que la Superintendencia General del CADE está supervisando el cumplimiento del acuerdo que aprobó la operación de Oi Móvil.
“Por ello, en aras de dar seguimiento al Acuerdo de Control de Concentraciones […] solicitamos información y documentos que prueben las alegaciones destacadas que, en otras palabras, denoten un posible incumplimiento de los remedios pactados con el CADE”, dice el documento. TelComp tiene 15 días para enviar la información.
Mundim también advierte que la denegación, omisión o demora injustificada de la información solicitada puede ser sancionada con multa, así como “el engaño o la falsedad de la información, documentos o declaraciones facilitadas al CADE”.