Diversas organizaciones sociales, académicas y empresariales peruanas han advertido sobre los riesgos para la conectividad que implica el proyecto de la Ley General de Internet que se debate en el Congreso de la República.

Mediante un comunicado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) de Perú informó que, en caso de ser aprobados los proyectos de ley 878 y 109/2021-CR que se abordarán este viernes 27 de mayo en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, paralizarían el despliegue de infraestructura y, en consecuencia, impedirían el acceso a Internet para 3 millones de personas. 

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La AFIN detalló que las múltiples opiniones contrarias no han sido tomadas en cuenta y, ante los proyectos, debido a un profundo desconocimiento del sector, se estaría afectando el ecosistema digital y el cierre de brechas de conectividad, que la pandemia ha exhibido la importancia de cerrar con urgencia. Y aseguró que, por el contrario, las iniciativas van en contra de estas prioridades.

Por esa razón, la asociación recomendó que se forme una mesa de trabajo con los actores especializados del sector para contar con la mayor información posible y el análisis respectivo que contribuya a que los millones de peruanos que actualmente no tienen acceso a Internet, cuenten con este servicio.

A través de su cuenta de Twitter, el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), manifestó que considera “innecesario e inconveniente avanzar con la aprobación del proyecto de “Ley General de Internet” en Perú a consideración del Congreso”.

Además, detalló que la ALAI y otras 20 organizaciones civiles, académicas y empresariales del ecosistema digital ya han expresado reiteradamente su recomendación de no aprobar el proyecto, por considerar que “generará indudables efectos negativos al desarrollo digital del país, en perjuicio de toda la ciudadanía”.

A través del comunicado “Por un Perú digital”, las organizaciones expusieron su “preocupación por el alarmante atraso tecnológico” y exhortaron al gobierno a priorizar la transformación digital como eje de la agenda pública a partir de ocho pilares: institucionalidad; brecha de conectividad; alfabetización digital; gobierno sin papeles desde tu casa; urna de cristal, datos abiertos y transparencia total; incorporación de tecnologías digitales en la industria; desarrollo de emprendimiento digital, y seguridad.

Proyecto bajo polémica

El proyecto No. 878/2021-CR, de la Ley General de Internet, se presentó el primero de diciembre de 2021 y la Comunicación de Transportes y Comunicaciones lo recibió el 6 de diciembre del mismo año.

Según el propio texto, el objetivo del proyecto es sistematizar la normativa de dos bloques temáticos de Internet: la infraestructura y los aspectos de acceso y los servicios prestados a través de Internet.

El proyecto legislativo está dividido en 11 capítulos que contienen iniciativas como el Acceso a Internet como derecho y servicio público, la promoción de la ampliación y mejora en infraestructura de telecomunicaciones para el acceso a Internet, disposiciones sobre los proveedores de acceso a Internet y neutralidad de la red, la prestación de servicios en Internet y los proveedores de servicios, su responsabilidad e intervención judicial, el comercio electrónico, la economía colaborativa, los nombres de dominio y el correo comercial no solicitado (SPAM).

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Pedro Maíz Illatopa estudia en la institución educativa del centro de Chacabamba (Yarowilka, Huánuco) y quiere aprender más rápido, pues a su corta edad es consciente que prácticamente estuvo dos años sin aprender mucho. Por eso el celular que su mamá, la ciudadana Rosa Illatopa compró tras 10 meses de ahorro de 50 soles mensuales, es clave para sus ansias de saber, que sus profesoras y profesores no alcanzan a saciar.

Pero Rosa también necesita de dicho celular, pues allí puede hacer consultas sobre apoyos del Gobierno imprescindibles para reactivar su economía familiar, toda vez que la producción de su chacra aún no alcanza los niveles pre pandemia. Además, necesita estar conectada con las demás madres de familia del quinto grado, vía el grupo de Whatsapp generado por la profesora encargada de la tutoría.

Por su parte, el papá de Pedro, el ciudadano Juan Maíz, que intercala su trabajo en la chacra con el servicio de transporte de carga en un tricimóvil, necesita la Internet para trámites varios ante las distintas mesas de parte electrónicas de varias entidades, conforme la Ley 31170, Ley que dispone la Implementación de Mesas de Partes Digitales y Notificaciones Electrónicas. Así que también ha tenido que ahorrar otros 50 soles mensuales por un año para conseguirse su propio teléfono celular con servicios de Internet móvil.

Antes de comprar los chips para sus celulares tuvieron que acudir a la página de OSIPTEL en donde se indica la cobertura de Internet vía la telefonía móvil a nivel de centro poblado, a fin de saber con qué operador telefónico debían contratar sus líneas. Al acudir a https://serviciosweb.osiptel.gob.pe/CoberturaMovil/# vieron que en Chacabamba y otros centros poblados del distrito, dos operadores llegaban, aunque sólo con tecnología 3g y 3.5g.

Como lo muestran situaciones como las descritas, «es sabido que, con el pasar del tiempo, el internet se ha vuelto en un medio esencial para poder realizar diferentes actividades que son primordiales en el día a día.»^[1] Pero ya desde hace décadas se sabe que hay «una relación directa entre la disponibilidad de infraestructuras de telecomunicaciones y el acceso a estas con el crecimiento económico de un país», como lo mostró el Informe Maitland en 1984, citado por Diego Zegarra en su Introducción al Derecho de las Telecomunicaciones (PUCP, 2018). Sobre la base de esa certeza, se ha ido generando la conciencia de que la Internet debería ser un servicio universal, de interés general, y que por tanto debería llegar a todas las personas, con independencia de su ubicación y situación económica.

Mientras eso no ocurra, niños como Pedro y sus padres y madres seguirán dependiendo de la buena o mala voluntad de los gerentes y los servidores del sector telecomunicaciones, para acceder a servicios y productos vía la Internet en igualdad de condiciones con otros peruanos y peruanas. Por ende, constitucionalizar el derecho a la Internet y sus respectivas garantías de realización deberían dejar de ser una novedad política (como lo fue la propuesta de la candidata Verónika Mendoza en las elecciones del año 2021) y pasar a incorporarse al conjunto de contenidos indispensables en una Constitución que contenga el pacto social que los peruanos y peruanas necesitamos en este siglo.

Un grupo de representantes y senadores presentó un proyecto de ley en el Congreso de Colombia que busca establecer el acceso a Internet como un derecho fundamental, consagrándolo en la Constitución Política.

Después de que en 2021 se aprobó una ley que reconoce el Internet como un servicio público, esencial y universal, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes examina elevar su rango a un derecho constitucional.

La iniciativa plantea que el artículo 20 de la Carta Magna –sobre la libertad de expresión– también incluya “el derecho al acceso, la conectividad y la cobertura a Internet a todos los habitantes del territorio nacional”.

Por lo tanto, “el Estado proporcionará los mecanismos efectivos para satisfacer este derecho, con especial énfasis a la población rural y un mínimo vital para la población de menores ingresos”, se lee en el documento.

El proyecto de ley fue radicado el 30 de marzo de este año por representantes de diferentes bancadas, entre los que se encuentran León Fredy Muñoz Lopera, del Partido Alianza Verde; Elizabeth Jay Pang Díaz, del Partido Liberal; Gustavo Petro Urrego, de Colombia Humana; Feliciano Valencia Medina, del Movimiento Alternativo Indígena y Social; de la Coalición Lista de la Decencia, entre otros.

Los congresistas argumentan que Internet se ha vuelto indispensable para aprovechar oportunidades sociales y económicas, al permitir que las personas accedan a servicios relacionados con la educación, el trabajo, la cultura o la salud, especialmente durante el estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19.

Sin embargo, el país aún no ha resuelto el problema de la brecha digital para propiciar que toda la población pueda beneficiarse de la conectividad. La iniciativa señala que la principal barrera es el costo del servicio de Internet, pues el 50.7 por ciento de las personas desconectadas asegura que el precio elevado les impide contratar una conexión a Internet.

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Otro 27.6 por ciento considera que no es un servicio necesario en su vida; el 7.7 por ciento habita en zonas sin cobertura; 7 puntos porcentuales no saben usar esta tecnología, y el 3.8 por ciento carece de algún dispositivo para conectarse a Internet, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística retomados por el proyecto.

“Y es precisamente hacia la incapacidad de pago por parte de esa población colombiana a la que apunta en gran parte este proyecto, para garantizar el acceso a bienes y servicios del Estado a través de la consagración del Internet como derecho fundamental”, indica el documento.

Los congresistas citan datos de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la inasequibilidad de Internet. En el país, según la OCDE, un paquete de Internet de alto consumo cuesta 20 por ciento más de lo que se paga en promedio en otras naciones, lo cual profundiza la brecha digital.

A pesar de que el nivel de asequibilidad de Internet todavía no se encuentra en un escenario ideal, la Alianza por un Internet Asequible (A4AI) posicionó en 2021 a Colombia como el país donde el servicio es el más asequible en América Latina y el segundo en la comparativa mundial.

No obstante, para garantizar que todas las personas puedan acceder a los servicios de Internet de banda ancha y zanjar la brecha digital “se requiere un cambio radical –en la dotación de recursos, en los mandatos, en la colaboración y la cooperación–”, advirtió la A4AI.

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En julio del año pasado, el presidente Iván Duque promulgó una ley que declara el acceso a Internet como un servicio público esencial y universal. La nueva normativa determina una regulación especial para promover el acceso y la apropiación de Internet entre la población desconectada y la más vulnerable.

Por ejemplo, la ley señala que los pequeños operadores con menos de 30 mil usuarios están exentos del pago de contribuciones al Fondo Único TIC; se dispondrá de financiamiento para el Internet minorista, y se aplicará el silencio administrativo positivo ante las solicitudes de las empresas para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

La nueva ley fue bien recibida en el sector nacional e internacional, por reconocer la importancia de ejecutar acciones de política pública y regulatoria para garantizar la conectividad universal.

Sin embargo, la demanda general es que la normativa no sólo se quede en el papel sino que se concrete en la práctica y se revisen las cargas fiscales y regulatorias que pesan sobre el sector, pues pueden ser obstáculos para que los operadores amplíen la huella de infraestructura para mejorar la conectividad.

En el Congreso de Perú se ingresó un proyecto de ley para reformar el artículo 2 de la Constitución e incorporar el acceso a Internet como un derecho fundamental y promover el acceso universal, lo que constituye el octavo intento en 20 años de aprobar una iniciativa legislativa de este tipo. 

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La congresista Betssy Betzabet Chavez Chino, del grupo parlamentario Perú Democrático, fue quien introdujo la iniciativa el pasado 24 de enero de 2022.

La iniciativa propone agregar el siguiente numeral en el artículo 2 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho: 

25. Al acceso a Internet libre, abierto e inclusivo. El Estado garantiza el acceso a Internet de forma progresiva y universal para promover el desarrollo científico y tecnológico. En las entidades, instituciones y espacios públicos su acceso es gratuito.

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Esta es la octava vez que se impulsa un proyecto similar en el Congreso peruano. 

Desde 2002, se han presentado al menos siete proyectos de ley previos en el mismo sentido: 06332/2002: Ley para el acceso y universalización de Internet; 04662/2010: Ley que promueve Internet para todos; 04434/2010: Ley que declara como derecho fundamental el acceso de la banda ancha; 02294/2012: Ley que incorpora como Derecho Constitucional el acceso al Internet de Banda Ancha; 3156/2018: Ley que reconoce el derecho de acceso a Internet como derecho fundamental; 3607/2018: Ley que garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto, y 5843/2020: Ley que reconoce el derecho a acceso a Internet como derecho constitucional. 

El 6 de noviembre de 2018, a través del proyecto de ley 3607/2018-CR, el congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas propuso modificar el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución para incluir el siguiente texto: “El Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto”.

Y tres años después, el 18 de octubre de 2021, el Consejo Directivo del Congreso actualizó el proyecto y con ello resurgió la iniciativa para reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental en Perú y promover la cobertura universal.

Esto va en sintonía con lo que declaró el presidente del país, Pedro Castillo, en su toma de posesión: “En nuestro gobierno, Internet será un derecho, no un servicio”.

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Y sigue acciones de otros países de América Latina, como Colombia, que en 2021 promulgó la ley que reconoce a Internet como un servicio público esencial y universal.

La nueva legislatura de Perú retomó el objetivo de reconocer el acceso a Internet como un derecho fundamental consagrado en la Constitución. En el anterior Congreso, previo a las elecciones presidenciales, los congresistas aprobaron una reforma constitucional con este fin, pero la ratificación quedó pendiente para el siguiente periodo.

La semana pasada, el congresista Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso, ingresó un proyecto de ley para incorporar un numeral al artículo 2, reconociendo el derecho de las personas al acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Además, pone énfasis en garantizar este derecho para el sector educativo y las zonas rurales del país, y, por lo tanto, que el Estado se comprometa a facilitar la disponibilidad de Internet y tecnologías para satisfacer la necesidad básica de conectividad.

Casi al mismo tiempo, la congresista Elva Julón Irigoin, del mismo grupo parlamentario, presentó una iniciativa de ley que persigue planteamientos muy similares. La única diferencia es que incluye que el acceso a Internet es fundamental para el trabajo y la vida social en general.

Soto Reyes también envió al Congreso una iniciativa de Ley General de Internet que busca establecer un marco normativo general para garantizar el derecho de acceso a Internet. El propósito del texto es declararlo un servicio público esencial; crear reglas para la mejora de la infraestructura y la provisión de servicios; entre otros aspectos para la contratación de Internet por parte de los usuarios.

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De acuerdo con el documento, el acceso a Internet se reconocería como una necesidad pública de interés nacional, apoyándose en dos ejes de acción: el primero sería la utilización de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO); el segundo, el acceso y uso de infraestructura asociada, como la Red Vial Nacional, para facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

En el artículo 5 del proyecto, se contempla promover el aprovechamiento de la banda ancha como un habilitador de otros derechos y libertades; también se busca garantizar una velocidad mínima del 70 por ciento ofrecida en los contratos para el servicio de Internet (artículo 7).

Otro de los elementos de la propuesta es que plantea un marco para permitir la implementación eficiente de la infraestructura, obligando a que los nuevos proyectos de energía eléctrica, hidrocarburos y transporte incorporen también la instalación de fibra óptica, ductos y cámaras que serán utilizados por la RDNFO para la conectividad.

A su vez, los concesionarios de servicios públicos de energía eléctrica e hidrocarburos proveerán el acceso y uso de su infraestructura a las empresas de telecomunicaciones para la entrega de banda ancha, salvo que existan limitaciones técnicas.

La iniciativa de ley refiere que la Red Nacional del Estado (Rednace), que aún no se constituye, podrá ser contratada por uno o más concesionarios de telecomunicaciones para brindar conectividad a las entidades públicas.

Entre varias otras materias, la propuesta apunta a disponer que el Estado tenga el deber de generar contenidos y aplicaciones digitales para el gobierno digital; incluir la alfabetización digital en las políticas educativas; garantizar el acceso a banda ancha en espacios públicos e institucionales, y velar por el resto al principio de la neutralidad de la red.

Tres años después de que se presentara por primera vez, la semana pasada resurgió en el Congreso peruano el proyecto de ley de una reforma constitucional para hacer que el Estado garantice el derecho de acceso a un Internet libre y abierto en el país. 

Así lo determinó el Consejo Directivo en la sesión del 18 de octubre de 2021, y lo informó a la semana siguiente, este martes 26 de octubre.

La iniciativa fue propuesta originalmente por el congresista Alberto de Belaunde de Cárdenas el 6 de noviembre de 2018, e implica modificar el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú para incluir el siguiente texto: “El Estado garantiza el derecho de acceso a un Internet libre y abierto”.

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Mientras que el congresista del Partido Morado propuso agregar el siguiente fragmento al artículo 14: “Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Asimismo, promover el acceso a Internet y la formación en las tecnologías de la Información y Comunicación”.

La congresista Flor Pablo Medina, también del Partido Morado, el pasado 29 de septiembre le solicitó a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, que se desarchivara y se actualizara el proyecto de ley, lo que fue aprobado por el Consejo Directivo tres semanas después, el 18 de octubre.

En su exposición de motivos, el excongresista Alberto de Belaunde destacó la importancia de abordar los problemas relacionados con el acceso a Internet en el país y citó ejemplos de legislaciones internacionales en la materia. 

Cabe recordar que, este mismo año, otros países latinoamericanos, como Colombia, promulgaron leyes para declarar a Internet como servicio público esencial, y el Senado chileno aprobó un proyecto de ley en el mismo sentido.

El Congreso de la República de Perú aprobó en primera votación que el acceso a Internet sea incluido como un derecho en la Constitución Política del país.

Al tratarse de una reforma constitucional, su ratificación queda pendiente de un nuevo debate y una segunda votación en la próxima legislatura, la cual estará a cargo de los congresistas que se elijan para el nuevo gobierno. Perú tendrá elecciones generales el próximo 11 de abril.

La propuesta fue aprobada el 11 de marzo en el pleno del Congreso de la República por unanimidad, con 104 votos. Se trata de una reforma constitucional que modifica el artículo 14 de la Constitución al reconocer como “derecho fundamental el derecho de acceso a Internet”.

La modificación del artículo detalla que “el Estado garantiza el derecho de acceso a Internet. En las entidades, instituciones y espacios públicos su acceso es gratuito. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país”.

La primera propuesta de incluir el acceso a Internet en la Constitución fue presentada en 2018 por la congresista Estelita Sonia Bustos Espinoza. Pero fue en octubre del año pasado cuando se logró un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, debido a la relevancia que tomó el acceso a Internet luego de la pandemia por la Covid-19.

El titular de dicha comisión, Luis Valdez Farías, sostuvo que el “derecho a Internet es una condición esencial para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y de la comunicación que debe ser promovido por el Estado desde la concepción constitucional”.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) celebró la decisión de los legisladores diciendo que “va en la línea del Ejecutivo de implementar políticas de Estado que permitan cerrar la brecha de conectividad digital en el país e incrementar el acceso a Internet”.

“Chile despertó”, “vamos a refundar el país” o “no son 30 pesos; son 30 años” fueron algunas de las consignas que se escucharon en las calles de la nación sudamericana en octubre del año pasado, en medio del estallido social a raíz de un aumento de 30 pesos al precio en el boleto del Metro de Santiago, que luego se extendió a un conjunto de exigencias sobre las desigualdades del país y la ilegitimidad de la actual Constitución Política, herencia del régimen militar de Augusto Pinochet.

Entre los reclamos de la población que buscan acogida en la formulación de una nueva carta constitucional, se escuchan demandas que ya tienen cierta longevidad en la agenda; entre ellas, el reconocimiento a la seguridad social como un derecho sustantivo, los derechos de los pueblos indígenas o incluso la definición de un Estado Social más que subsidiario.

Al debate también ha llegado un tema relativamente nuevo: la consideración del acceso a Internet como un derecho constitucional en el mundo contemporáneo. Sólo hace casi una década la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo declaró como un derecho humano, cuando el entorno digital, aunque en expansión, todavía no era lo que es hoy con su amplia gama de aplicaciones, plataformas y servicios, y una gran explosión en la transmisión de paquetes de datos.

Dos años después del pronunciamiento de la ONU, México consignó en el artículo 6 de la Constitución el derecho al acceso a las TIC, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, con el fin de integrar a la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Si bien el país ha sido una referencia para otros en América Latina que quieren ir en la misma dirección, aún enfrenta un reto en materia de conectividad y adopción digital.

Se han generado, en los últimos años, una serie de discusiones en diferentes naciones sobre la importancia de consagrar el acceso a Internet en las constituciones, o elevarlo a un servicio público o esencial con leyes o decretos, según las diferentes posturas de legisladores, políticos y especialistas. Así está sucediendo ahora en Chile y Colombia, por ejemplo.

La ebullición social y las protestas en Chile, y ahora el contexto de la pandemia de Covid-19, han encendido el debate sobre lo que falta por adoptar en la ley, y, entre todo el cúmulo de exigencias, el acceso a Internet figura como “uno de los mejores candidatos a ser considerados un derecho nuevo e independiente”, dado que, además de ser necesario para la vida actual, es una herramienta de intermediación para otros derechos, explicó a DPL News María Paz Canales, directora Ejecutiva de la organización Derechos Digitales.

“Consideramos que puede ser beneficioso un reconocimiento directo del derecho de acceso a Internet a nivel constitucional (…), pero no es la única manera, sino que tiene que ver con cómo en el tiempo se actualizan las obligaciones del Estado en relación al cumplimiento y la satisfacción de otros derechos fundamentales”, expresó.

Para la asociación que lidera Paz Canales, la conectividad digital es un insumo para otros derechos y, por tanto, es esencial garantizarla. Y el diálogo para reconocer a Internet como un derecho debe llevarse a cabo, porque pone de manifiesto las preocupaciones de los habitantes sobre la relevancia de este servicio en el desarrollo social, económico e incluso político.

Las protestas del año pasado fueron motivadas por la desigualdad. El día de mañana, esa desigualdad será también digital, marcando una franja entre quienes están conectados y han cultivado competencias digitales y quienes no, afirmó en entrevista Pedro Huichalaf, exsubsecretario de Telecomunicaciones de Chile.

De manera abrumadora, este 25 de octubre ganó el “apruebo” en el plebiscito nacional con el 78 por ciento de los votos. Más de 5 millones 885 mil chilenos dijeron que sí quieren que se cree una nueva Constitución. Además de que el hecho es en sí histórico para la democracia, hubo una alta participación a pesar del confinamiento: más de la mitad de las personas salieron a elegir.

Ayer también se definió que la carta fundamental será redactada por una Convención Constituyente, formada por 155 ciudadanos elegidos de manera popular y en la que habrá paridad de género. Ahora será tarea de esta asamblea pensar en una Constitución hacia el futuro, proyectando en lo que vendrá en los años o décadas siguientes.

El especialista consideró que la tarea de la Convención Constituyente no consistirá en reflexionar únicamente en el acceso a Internet, sino en todo el conjunto de tecnologías digitales que estarán disponibles para los ciudadanos en el contexto de una Sociedad de la Información y el Conocimiento.

“No sólo van a redactar los típicos derechos constitucionales, sino también tienen que pensar en el Internet del futuro, sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (…); (tendrán que) entender el futuro y tratar de que Chile sea un líder en las políticas públicas”, señaló Huichalaf.

Paz Canales aseveró que en el texto deberá haber un reconocimiento acerca del impacto de la tecnología en el ejercicio de los derechos ya existentes, como la libertad de expresión, la privacidad, la protección de los datos personales, a la no discriminación, el acceso a la salud, la educación y otros tantos. En la actualidad son atravesados por las tecnologías, por lo que es importante vincularlas en la normativa.

Además, en este momento el Senado estudia una iniciativa para declarar el acceso a Internet como un servicio público, lo cual busca propiciar que el Estado asuma cabalmente la obligación de fomentar su adopción universal. En mayo, la Sala de Sesiones del Senado aprobó en primer trámite el proyecto de ley, el cual data de dos años atrás, cuando dos legisladores presentaron una moción para incluir un número en el artículo 19 de la Constitución, en el que se definiera a Internet como un servicio público.

El objetivo de declararlo así, y ahora también como un derecho, renació en Chile en medio de la contingencia provocada por la Covid-19, pues se ha puesto de manifiesto la relevancia de la conectividad y las redes. Los legisladores confían en que debe determinarse como una necesidad básica, a fin de que en un plazo de seis meses, a partir de la solicitud del usuario, las empresas estén obligadas a prestar efectivamente la conexión.

Pero no bastará con ser derecho…

Los expertos en materia digital coinciden en que el debate sobre el derecho a Internet es trascendente como parte del proceso histórico que se avecina en la nación, pues es la primera vez que se le preguntó a toda la ciudadanía si quiere una nueva Constitución, y será partícipe del proceso.

Sin embargo, no bastará con incluir en la carta fundamental el derecho al acceso a Internet para garantizar la conectividad universal, zanjar la brecha digital y mirar hacia el futuro de las tecnologías digitales, la transformación digital, la Cuarta Revolución Industrial y la economía digital.

En la práctica, se requiere, no necesariamente un reconocimiento constitucional, sino políticas públicas efectivas, orientadas a resolver concretamente las deficiencias en el acceso y la apropiación de las TIC. Escribirlo no es una fórmula mágica, apuntó la directora Ejecutiva de Derechos Digitales.

“La discusión, más que legal, tiene que ser práctica”, porque sin ello, de adoptarse como un nuevo derecho social, se corre el riesgo de que sólo quede plasmado en el papel, advirtió el exsubsecretario de Telecomunicaciones. También será clave observar cómo se materializará la aspiración del derecho en acciones, en regulación, recursos financieros, proyectos y alianzas con la industria.

Para Paz Canales, “lo más importante de la discusión es poder incorporarlo de manera más seria y más profunda en las políticas públicas en Chile y América Latina en general. La conversación sobre acceso se ha dado en múltiples ocasiones antes, pero al final caímos en el espejismo de que hubo, durante los últimos años, grandes expansiones en la conectividad de nuestra región, pero que estuvieron de la mano de un modelo eminentemente comercial”.

Ambos expertos, desde sus ámbitos de acción en el entorno digital, destacaron que el esquema comercial bajo el que funcionan las telecomunicaciones tiene que ser revisado y se debe optar por mejoras regulatorias, con una visión más inclusiva, innovadora y en cooperación con el sector privado.

Huichalaf explicó que si bien existe el libre mercado, el Estado debe comprometerse con las políticas públicas, al financiar proyectos de conectividad; asegurarse de que la infraestructura de fibra óptica sea abierta y neutral; generar una red local de última milla; así como otorgar ciertos subsidios a la demanda.

Asimismo, puntualizó que podría diseñarse una regulación más específica para el mercado de Internet, pues no la hay hasta ahora como sí está presente en la telefonía, y asignar el espectro radioeléctrico buscando beneficios sociales, con contraprestaciones por parte de los operadores. Recién en el país se dio luz verde al Reglamento de la Ley de Velocidad Mínima Garantizada de Acceso a Internet, mediante el cual se establecen niveles mínimos de rapidez en la banda ancha.

En tanto, Paz Canales subrayó que es necesario buscar alternativas al modelo comercial predominante; desarrollar regulaciones que favorezcan la instalación de redes comunitarias, disponer de suficiente espectro para esos otros esquemas, como el Wi-Fi de acceso público; promover a los WISP; aprovechar los espacios en blanco de frecuencias en las políticas de conectividad; o fortalecer las redes en las instituciones públicas como las escuelas.

Más allá del acceso básico, en un sentido amplio, hay que apuntar a lograr una conectividad significativa. Las cifras muestran que Chile es un país de alto nivel de conectividad en la región latinoamericana, pero esos datos no coinciden con la meta de que los usuarios gocen de libertad en la red, estabilidad al conectarse, velocidad adecuada, suficiente cantidad de datos, dispositivos, de manera asequible y, en general, herramientas suficientes, comentó.

Arriba del 98 por ciento de la población en el país cuenta con acceso al Internet móvil, mientras que sólo 56.8 por ciento tiene banda ancha fija en sus hogares. Incluso, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha señalado que los esfuerzos tienen que intensificarse en el Internet fijo y mejorar la calidad de los servicios en términos de conectividad.

Sin aún incluirse el acceso a Internet como un derecho constitucional en el país sudamericano, los niveles de penetración de Internet son más altos respecto a otros mercados. En México, por ejemplo, donde desde hace años ya es parte del catálogo de derechos, 70 por ciento de la población sí está conectada y el resto no. Y en las zonas rurales, más de la mitad (52.3%) no usa Internet.

En ese sentido, la meta final no tendría que ser el derecho por sí mismo, sino que la demanda social por la igualdad de oportunidades que puede habilitar el acceso a Internet y a las TIC debe prolongarse a las políticas públicas y a exigir una estrategia nacional de vanguardia, la cual ponga el foco en la conectividad como un primer escalón para alcanzar los beneficios más amplios que promete la nueva era digital.