Internet post pandemia: ¿derecho humano, servicio público o servicio esencial?
La pandemia de Covid-19 dejó en evidencia las brechas digitales que existen en la región, con ciudadanos que por el confinamiento no pudieron realizar teletrabajo o educarse en línea. En muchos congresos de América Latina ahora se debaten los cambios normativos que se deben realizar para eliminar esta brecha: ¿hay que declarar servicio público a Internet?, ¿derecho humano?, ¿servicio esencial?
Buscar soluciones legislativas regionales al cierre de la brecha digital fue el tema que se debatió en el seminario “La conectividad en la post pandemia, hacia una regulación inteligente”, que organizó la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados de Argentina, en el que participaron legisladores y especialistas de América Latina.
Juan Pablo Letelier, diputado por el Partido Socialista en Chile, explicó que en el país se está debatiendo en comisiones hacer una modificación a la ley de telecomunicaciones para declarar a Internet como servicio público. “Esto ha sido un debate transversal, no es un debate de izquierdas y derechas, por eso logramos aprobar de forma unánime en comisión la idea de que se declare servicio público”.
Esto significa que el servicio comenzaría a tener ciertas obligaciones, como plazos para proveer el servicio o la universalidad. Y aclaró que no están pensando el servicio público como “una empresa del Estado”, sino como un servicio “que puede desarrollar el privado perfectamente”.
“Yo tengo la convicción de que Internet no es un derecho humano, porque los derechos humanos son intrínsecos a las personas, pero sí es un derecho que cataliza otros derechos, como el de la salud, la educación, la libertad de expresión y de información”, agregó Letelier.
El legislador aseguró que en la pandemia, la industria “ha demostrado la increíble capacidad de adaptarse, la resiliencia y ha soportado la migración al teletrabajo y al telestudio con planes especiales”. En este sentido, destacó incluso la buena predisposición de los proveedores de servicio de video en bajar la calidad para no saturar las redes. “La industria reaccionó con una velocidad sorprendente para los cambios que hubo, pero también la pandemia dejó en evidencia, más que nunca, lo que es la desigualdad en la cobertura y en la calidad”.
Por su parte, el diputado mexicano Emilio Álvarez Icaza, destacó que en la Reforma Constitucional de 2013 el país puso a la conectividad como un derecho constitucional. Pero reconoce que aún hay que avanzar con más del 40 por ciento de los hogares que hoy no tienen Internet fija en el país.
En Uruguay, se pudo avanzar en la universalización del servicio gracias a la decisión política de impulsar a la empresa pública de telecomunicaciones Antel que, gracias a una inversión de 600 millones de dólares, tiene cubierto casi todo el país con fibra óptica. Así lo detalló el diputado por el Frente Amplio de Uruguay, Carlos Varela Nestier.
Según Damián Loreti, de la Organización de Estados Americanos, sobre la discusión si considerar Derecho Humano a Internet o a la conectividad, considera que hay que basarse en “las fuentes” como en los artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que hablan de la libertad de expresión.
“Hoy pienso que no es tan importante si se lo declara a Internet como un derecho, pero si sólo nos quedamos con que determinados niveles de acceso cubrirían los estándares de derechos humanos puede ser un problema”, consideró Andrés Piazza, de la Asociación de Desarrollo Digital. Para el especialista, sigue siendo un debate transversal, que puede llegar a tener un gran consenso político tanto local o internacional.
Más allá de fomentar la inversión en infraestructura y ayudar a la digitalización del sector productivo, para Ariel Sotelo, director General de Diplomacia Parlamentaria de Argentina, hay que generar parlamentos abiertos y modernos con participación ciudadana, “que esto requiere nuevas regulaciones y nuevos marcos”.