El Parlamento Europeo celebró la votación final sobre las nuevas leyes de Servicios Digitales (DSA) y de Mercados Digitales (DMA), luego de un acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo el pasado 23 de abril y el 24 de marzo, respectivamente. El nuevo conjunto de regulaciones busca establecer estándares claros sobre cómo operan y brindan servicios las grandes empresas tecnológicas en la Unión Europea.

La Ley de Servicios Digitales fue aprobada con 539 votos a favor, 54 votos en contra y 30 abstenciones. La Ley de Mercados Digitales recibió la aprobación con 588 votos a favor, 11 en contra y 31 abstenciones.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, compartió el resultado en Twitter y lo describió como “histórico” y una “votación aplastante”.

“Por primera vez en la historia, la Comisión Europea se convertirá en el supervisor de los ‘gatekeepers’ y las plataformas muy grandes y los motores de búsqueda en línea”, dijo Breton en la red social.

La Ley de Servicios Digitales establece obligaciones claras para los proveedores de servicios digitales, como las redes sociales o las plataformas de comercio electrónico, para abordar la difusión de contenido ilegal, la desinformación en línea y otros riesgos sociales. 

Nueva regulación con mira en las Big Tech

Mediante un comunicado, el Parlamento Europeo explica que la DSA establece medidas para contrarrestar el contenido ilegal en línea y nuevas obligaciones para que las plataformas reaccionen rápidamente, respetando los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y la protección de datos.

La Ley también fortalece la trazabilidad y políticas de los comercios en línea para garantizar que los productos y servicios sean seguros, a la vez que se da nuevos derechos a los usuarios para acceder a mayor información sobre algoritmos y políticas para moderación de contenido.

En cuestiones de publicidad, la Ley prohíbe prácticas engañosas y ciertos tipos de publicidad dirigida, como las orientadas a niños y anuncios basados ​​en datos confidenciales, incluidas prácticas para manipular las elecciones de los usuarios.

Aunque la normativa ha establecido algunas reglas en general para el sector tecnológico, su principal característica es que se introdujeron nuevas medidas específicas para las grandes plataformas consideradas como “gatekeepers”, que pueden ser redes sociales, sitios de comercio electrónico o motores de búsqueda, entre otros, que sean necesarios para la operación de terceros.

La DSA define a las grandes plataformas como aquellas que tengan 45 millones o más de usuarios mensuales, las cuales tendrán que cumplir con nuevas obligaciones como prevenir riesgos sistémicos como la difusión de contenidos ilegales, efectos adversos sobre los derechos fundamentales, sobre los procesos electorales y sobre la violencia de género o la salud mental, a la vez que serán objeto de auditorías independientes.

Estas plataformas también deberán brindar a los usuarios la opción de no recibir recomendaciones basadas en perfiles y deberán facilitar el acceso a sus datos y algoritmos a las autoridades e investigadores autorizados.

Para garantizar un “ambiente de negocios más equitativo”, la Ley de Mercados Digitales también introducirá nuevas obligaciones de competencia para las grandes plataformas, tales como permitir que terceros interoperen con sus propios servicios y permitir a los usuarios comerciales acceder a los datos que generan en la plataforma del gatekeeper.

Te puede interesar: Digital Metrics | Mercado de smartphones resiste en América Latina durante primer trimestre

La primera consecuencia de estas medidas es que se obligará a las aplicaciones de mensajería más grandes como iMessage y WhatsApp a lograr la interoperabilidad con otras aplicaciones de mensajería más pequeñas o independientes.

Las autoridades europeas aseguran que esto les dará a los usuarios más opciones y evitará el llamado efecto de “bloqueo” donde están restringidos a una aplicación o plataforma.

Por otro lado, se les prohíbe dar trato preferente a sus propios productos o servicios, evitar que los usuarios puedan desinstalar software o aplicaciones precargadas y procesar los datos personales de los usuarios para publicidad dirigida.

Este nuevo paquete de obligaciones para las plataformas también dotará de nuevas facultades a la Comisión Europea para ejercerlas correctamente. El brazo ejecutivo de la UE podrá llevar a cabo investigaciones de mercado e imponer multas de hasta el 10 por ciento de su volumen de negocios mundial total en el ejercicio fiscal anterior, o hasta el 20 por ciento en caso de incumplimiento reiterado.

Críticas

Pese al abrumador apoyo a la Ley por parte de los legisladores europeos, no ha estado libre de críticas, tanto de aquellos que señalan que se perdieron algunas oportunidades para una mejor legislación, como aquellos que las consideran una amenaza al correcto funcionamiento del mercado y la tecnología.

El eurodiputado Patrick Breyer dijo que la DSA “fracasó” en ser el cambio de juego prometido para superar el “seguimiento generalizado en línea”. “No pudimos brindar alternativas a los algoritmos de plataformas tóxicas que impulsarán el contenido más controvertido y extremo a la cima de sus líneas de tiempo”, señaló.

Por otro lado, también se han levantado voces que consideran que no se cuentan con los recursos suficientes para la ejecución de la normativa. Margrethe Vestager, una de las principales impulsoras de la Ley, ha creado un grupo de trabajo para la DMA, al que se espera que se incorporen unos 80 representantes.

El legislador Andreas Schwab, quien dirigió la cuestión en el Parlamento Europeo, ha pedido un grupo de trabajo más amplio para contrarrestar los grandes bolsillos de las principales empresas tecnológicas.

A estas preocupaciones se sumó la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés). “Si la Comisión no contrata a los expertos necesarios para supervisar las prácticas de las grandes empresas tecnológicas en el mercado, la legislación podría verse obstaculizada por una aplicación ineficaz”, dijo la Directora General, Ursula Pachl, en un comunicado.

Cuándo entra en vigor

Una vez adoptada la DMA por el Consejo de la Unión Europea en julio y adoptada la DSA en septiembre, ambos actos entrarán en vigor 20 días después de su publicación.

La DMA comenzará a aplicarse seis meses después de su entrada en vigor. Las empresas tendrán un máximo de seis meses después de haber sido designadas como gatekeepers, para cumplir con las nuevas obligaciones.

La DSA será directamente aplicable en toda la UE y se aplicará 15 meses después de la entrada en vigor. Para plataformas en línea y motores de búsqueda muy grandes, la DSA se aplicará cuatro meses después de que la Comisión los haya designado como tales.

La Ley de Servicios Digitales propuesta por la Unión Europea (UE), que busca regular las prácticas de las grandes compañías tecnológicas, ha superado la etapa de comité en el Parlamento Europeo, por lo que ahora será turnada a la sesión plenaria en enero para su votación final e iniciar negociaciones con el Consejo durante el primer semestre de 2022.

Los eurodiputados del Comité de Mercado Interior y Protección del Consumidor actualizaron la propuesta de la Comisión Europea con reglas más estrictas sobre el uso de publicidad dirigida y algoritmos en línea, al tiempo que se introducen protecciones para la libertad de expresión y exenciones para las pequeñas empresas que operan en línea.

La propuesta fue votada por el Comité donde recibió 36 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

La Ley está dirigida principalmente a las grandes compañías tecnológicas que provean lo que se consideran “servicios centrales de plataforma” (core platform services) y que les permita mantener un estatus de “porteros” o “gatekeeper” en la oferta de servicios de Internet, con una alta probabilidad de ejercer prácticas anticompetitivas.

La Ley abarcaría servicios de intermediación en línea, redes sociales, motores de búsqueda, sistemas operativos, servicios de publicidad en línea, computación en la Nube y servicios para compartir videos, que cumplen con los criterios relevantes para ser designados como “gatekeeper”. Los eurodiputados también incluyen en el alcance de la regulación a los navegadores web, los asistentes virtuales y la televisión conectada.

El borrador establece que una compañía estaría sujeta a la regulación si registra al menos 8 millones de euros de facturación anual en el Espacio Económico Europeo (EEE) y una capitalización de mercado de 80 mil millones de euros.

#Entrevista | Europa quiere ser una potencia digital para 2030 y 5G tendrá un enfoque industrial: ETNO

Para calificar como “gatekeeper”, las empresas también tendrían que proporcionar un servicio central de plataforma en al menos tres países de la UE y tener al menos 45 millones de usuarios finales mensuales, así como más de 10 mil usuarios comerciales.

“Hemos sido demasiado lentos para reconocer que también necesitamos proteger nuestro entorno en línea de la contaminación en forma de la propagación de productos ilegales, algoritmos dañinos y la recolección de datos personales”, dijo Christel Schaldemose, eurodiputada y principal negociadora de la propuesta.

Entre las medidas de la nueva ley, se impondrán restricciones respecto al uso de datos que permitan imponer condiciones injustas a consumidores y otros competidores, tales como en la publicidad dirigida o en la interoperabilidad de servicios, incluyendo prácticas que obliguen a los usuarios a dar su consentimiento para instalar algoritmos de rastreo en línea.

También le otorga nuevas facultades a la Comisión Europea para imponer “remedios de comportamiento o estructurales”, que le permitan restringir, por ejemplo, la adquisición de pequeños competidores que incrementen la concentración del mercado o sean utilizadas por las grandes empresas para matar potenciales competidores.

Las nuevas reglas también establecerán obligaciones para eliminar contenido ilegal en línea. Siguiendo un principio establecido en la Directiva de Comercio Electrónico, las plataformas no estarán obligadas a monitorear todos los contenidos que alojan, pero deberán actuar con rapidez cuando así lo solicite una autoridad competente.

Las personas y las organizaciones también marcarán el contenido sospechoso o apelarán a una decisión de eliminación, que las plataformas deben justificar adecuadamente. Las autoridades nacionales también pueden requerir una plataforma para restablecer el contenido eliminado por error.

En una adición de último minuto, los eurodiputados votaron a favor de añadir obligaciones a las plataformas de contenido pornográfico para garantizar que los usuarios hayan sido verificados, que se haya implementado una revisión humana para detectar contenido abusivo y que las personas que aparecen sin su consentimiento puedan solicitar la eliminación inmediata del contenido.