Fuente: Prensa MinTIC

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0382 de 2026 para reglamentar el Sistema Nacional de Integridad (SIN), instancia que fue creada para prevenir la corrupción, aumentar la transparencia y consolidar la confianza ciudadana en Colombia como país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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Fuente: Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Osiptel

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) fue reconocido a nivel nacional por su compromiso con la integridad institucional al ubicarse entre las 10 entidades públicas con mayor avance en la implementación del Modelo de Integridad, según los resultados del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP) 2025.

De un total de 568 entidades evaluadas, el Osiptel alcanzó un puntaje sobresaliente de 2.76 de un máximo de 3 puntos, consolidando su liderazgo en la prevención de riesgos y fortalecimiento de la integridad en la gestión pública.

Este resultado refleja un desempeño consistente en las tres etapas del proceso: 0.94 en la primera etapa, 0.98 en la segunda etapa y 0.84 en la tercera etapa.

Dicho reconocimiento evidencia el avance sostenido del Osiptel en la institucionalización de prácticas de integridad, orientadas a la prevención de la corrupción, la promoción de la transparencia y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

El ICP, elaborado por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, mide la capacidad de las entidades estatales para actuar de manera oportuna frente a posibles prácticas antiéticas o corruptas, convirtiéndose en un referente clave para evaluar la madurez institucional en materia de integridad.

Juscelino Filho entregó este martes 8 de abril su carta de renuncia al Ministerio de Comunicaciones al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión se produce el mismo día en que salió a la luz la denuncia presentada en su contra por la Procuraduría General de la República (PGR), por su supuesto involucramiento en un esquema de desvío de enmiendas parlamentarias.

Según Filho, la decisión de apartarse tiene como objetivo permitir que pueda dedicarse a su defensa “con serenidad y firmeza”, reafirmando que las acusaciones son “infundadas” y que confía en el Supremo Tribunal Federal (STF) para comprobar su inocencia. Juscelino también retoma su mandato como diputado federal por Maranhão.

En la carta, el ahora exministro afirma que tomó “una de las decisiones más difíciles” de su trayectoria y que deja el cargo “por creer que, en este momento, lo más importante es proteger el proyecto de país que ayudamos a construir”. También declaró: “salgo del Ministerio con la cabeza en alto y con el sentimiento del deber cumplido”.

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Más temprano, sus abogados divulgaron una nota afirmando que aún no fueron formalmente notificados sobre la denuncia y criticaron un posible “indicio peligroso de regreso al punitivismo”, en el que la prensa tiene acceso a los autos antes que los propios involucrados en el proceso.

Los abogados también argumentan que Juscelino Filho apenas indicó enmiendas parlamentarias y que la responsabilidad por la ejecución de las obras recae sobre el Poder Ejecutivo. “Esta es la mejor oportunidad para poner un fin definitivo a esta maratón de invenciones”, afirma el texto, firmado por los penalistas Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso y Francisco Agosti.

En su carta de despedida, Juscelino también destacó que se enorgullece de los logros de su gestión, como la expansión de la banda ancha en escuelas y comunidades carentes, la conexión de la Amazonía con fibra óptica submarina y el lanzamiento de la TV 3.0.

Telefónica Venezolana, filial del grupo español Telefónica, accedió al pago de una multa por 85.2 millones de dólares al gobierno estadounidense, derivado de un presunto caso de corrupción en Venezuela. La compañía habría pagado sobornos para un trato preferencial en una subasta de dólares realizada por el gobierno venezolano.

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Externos del Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos, Telefónica Venezolana firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en relación con una información penal presentada el pasado 8 de noviembre en el Distrito Sur de Nueva York. La compañía es acusada de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según el caso presentado en contra de la compañía, Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno en Venezuela que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Para garantizar su éxito en la subasta, Telefónica Venezolana reclutó a dos proveedores para que realizaran sobornos por valor de aproximadamente 28.9 millones de dólares a un intermediario, a sabiendas de que parte de esos fondos se pagarían como “comisión” a funcionarios del gobierno venezolano.

La información recabada por el gobierno apunta a que la compañía cubrió el coste de los sobornos comprando equipos a dos proveedores chinos a precios inflados. Telefónica Venezolana habría obtenido 110 millones de dólares a través de la subasta, mismos que utilizó para el pago de los equipos a los proveedores involucrados. Estos fondos representaron más del 65 por ciento de los fondos que el gobierno venezolano adjudicó en la subasta de divisas de 2014.

“Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela”, señala la Fiscal General Adjunta Principal, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del DoJ.

Según información del diario español El Confidencial, Telefónica habría despedido también al CEO de su subsidiaria venezolana a partir de la investigación iniciada por el gobierno estadounidense. La justicia estadounidense tuvo conocimiento del caso derivado de que se utilizaron cuentas bancarias en Estados Unidos para el pago de los sobornos.

El fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York explica que “los intermediarios canalizaban los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos (…). Esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a quienes mantienen su posición en el mercado apaciguándolos”, agrega.

Como parte del DPA, Telefónica Venezolana y su matriz corporativa, Telefónica, han acordado, entre otras cosas, seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del DPA. Además, Telefónica Venezolana y Telefónica han acordado mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al gobierno estadounidense sobre la remediación e implementación de su programa de cumplimiento mejorado, señala en un informe del caso.

Telefónica también acordó continuar proveyendo información al gobierno estadounidense y poner a disposición para entrevistas a empleados de la empresa fuera de Estados Unidos. Aunque el gobierno señala que Telefónica Venezolana no ofreció información del caso de forma oportuna, la compañía ya ha adoptado medidas correctivas como la imposición de medidas disciplinarias, refuerzo del programa de cumplimiento anticorrupción, y la revisión de su proceso de transacciones con precios no estándar, entre otros.

El escándalo de corrupción que puso a Televisa y a la FIFA en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, revivió.

Y es que recientemente Grupo Televisa publicó un comunicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el que acepta que la investigación que realiza el gobierno estadounidense podría afectar su situación financiera.

“La compañía (Grupo Televisa) tuvo conocimiento que la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, relacionada con la FIFA, pudiera tener un impacto material en la situación financiera o resultados de operación de la Compañía”, dijo Televisa.

Asimismo, el comunicado señala que el Grupo se encuentra en cooperación con las autoridades norteamericanas por la investigación que realizan.

“La Compañía no puede predecir el resultado de la investigación o si efectivamente tendrá un impacto material. Estamos cooperando con la investigación”, agregó.

Televisa estuvo implicada en un juicio por corrupción en Estados Unidos en 2017, cuando un testigo afirmó que una de sus unidades sobornó a funcionarios de la FIFA para obtener los derechos de los partidos de la Copa del Mundo.

De acuerdo con Bloomberg, Grupo Televisa logró un acuerdo de 95 millones de dólares el año pasado en una demanda de accionistas que afirmaba que el presunto soborno perjudicaba el valor de las acciones de la empresa. Televisa ha negado previamente haber actuado mal.

La supervisión de anticorrupción del gobierno de Estados Unidos sobre Ericsson concluyó este 2 de junio, luego de cuatro años en los que la compañía sueca estuvo bajo el escrutinio de un monitoreo de cumplimiento.

Ericsson anunció este lunes que, como se tenía previsto, el domingo finalizó el programa de cumplimiento anticorrupción al que lo había sometido el Departamento de Justicia estadounidense.

Desde junio de 2020, el fabricante de telecomunicaciones estuvo bajo la vigilancia de la dependencia, debido a que se habían detectado conductas de corrupción por parte de la empresa en varios países del mundo.

“Según documentos judiciales, a partir de 2000 y hasta 2016, Ericsson utilizó agentes y consultores externos para realizar pagos de sobornos a funcionarios gubernamentales y administrar fondos para sobornos no registrados en Djibouti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait”.

“Estos agentes a menudo fueron contratados mediante contratos falsos y se les pagó conforme a facturas falsas, y los pagos a ellos se contabilizaron incorrectamente en los libros y registros de Ericsson”, explicó el Departamento de Justicia hace un año.

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En 2019, la compañía sueca se declaró culpable de haber desembolsado millones de dólares en sobornos y falsificar sus registros entre 2000 y 2016, y acordó pagar multas por más de mil millones de dólares.

Además, Ericsson tuvo que someterse a un programa de cumplimiento en 2020, en el que estuvo bajo la vigilancia del Departamento de Justicia, que le exigía informar cualquier irregularidad y cooperar con investigaciones en curso.

Sin embargo, además de los hallazgos de sobornos y otras irregularidades en varios países, reportes de la prensa señalaron que Ericsson había hecho múltiples pagos sospechosos por millones de dólares en Irak con el fin de mantener su negocio.

Una investigación del Consejo Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicada en 2022, reveló que Ericsson pagó sobornos al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS) para contrabandear equipos en una área conocida como Speedway.

Las investigaciones de ICIJ señalan que la empresa sueca habría violado al menos en dos ocasiones su acuerdo con el Departamento de Justicia, que por sí mismo no incluye a Irak.

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Incluso, en marzo de 2023, el Departamento impuso una nueva multa a Ericsson por 206 millones de dólares por violar el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA) de 2019, ya que no cooperó plenamente con las indagatorias y no entregó pruebas ni acusaciones de mala conducta.

Ahora la empresa sueca asegura que se ha comprometido con el programa de cumplimiento para resolver las violaciones, en línea con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

“El acuerdo de declaración de culpabilidad de marzo de 2023 con el Departamento de Justicia que siguió a violaciones no penales del DPA también expiró el 2 de junio”, dijo la compañía.

Además, Ericsson resaltó que el monitor de cumplimiento independiente ya certificó  que la compañía “ha satisfecho los requisitos y está funcionando de forma eficaz”.

Börje Ekholm, presidente y director ejecutivo de Ericsson, aseguró que “este es un hito importante en nuestro viaje para mejorar nuestra organización”, y afirmó que el fabricante sueco afirmó que “nuestro compromiso con la integridad es sólido como una roca y no toleramos la corrupción, el fraude u otras malas conductas”.

Gestión

Tras los escándalos de corrupción que involucraron a varios trabajadores y extrabajadores del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC), el ministro del sector, Raúl Pérez Reyes, anunció la creación de una comisión reorganizadora encargada de evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión, con el fin de elaborar un informe que contenga las propuestas de acciones y medidas de reforma.

El ministro Pérez Reyes anunció hoy, a su salida de la comisión especial proyecto terminal multipropósito de Chancay, que mañana se creará la comisión.

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Capital Financiero

El fortalecimiento del sistema educativo, la lucha contra la corrupción y el respeto al modelo de libre empresa son la clave para para garantizar la fluidez y sostenibilidad de la economía panameña a largo plazo, advirtieron los participantes en el panel Defensa del Modelo Económico de Panamá desarrollado en el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2023 organizado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

“Ahora mismo necesitamos fortalecer la educación. Una educación que forme hacia futuro, no formar hacia lo que teníamos atrás. Creo que no teníamos esa adecuación dentro de la estructura educativa que tiene el país y tenemos que hablar también de otras eficiencias que podemos nosotros lograr para que podamos tener ese modelo que estamos buscando”, enfatizó el presidente de Apede, Temístocles Rosas.

Por su parte, Luis Navarro, Socio Director de la firma de consultoría Indesa, señaló que si bien el país necesita cambios para continuar por la senda del crecimiento y de un mayor bienestar para sus ciudadanos, eso no significan establecer más regulaciones necesariamente, sino cambios estructurales centrados en temas como educación y salud.
“Creo que son más bien cambios estructurales que se requieren en el país. Temas de educación que fueron comentados por los panelistas, temas de salud, creo que son los temas fundamentales”, enfatizó Navarro.

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Ericsson pagará una multa por 206 millones 728 mil 848 dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que dará punto final al escándalo por presuntos pagos al grupo terrorista Estado Islámico en Irak.

Fue en 2019 cuando la compañía de origen sueco aceptó pagar primero mil millones de dólares como un primer acuerdo, como concepto de multa por asuntos de corrupción en Yibuti, China, Vietnam, Indonesia y Kuwait.

En el caso de la multa que se reveló esta semana, es debido a que Ericsson no facilitó a la justicia estadounidense las conclusiones de una investigación interna relacionada con presuntos sobornos.

De acuerdo con Reuters, dicha investigación se refería a pagos sospechosos realizados para facilitar el transporte por carretera en zonas controladas por el grupo Estado Islámico. Señala que el dinero habría terminado en el bolsillo del grupo ultrarradical, en la época en que controlaba parte del territorio iraquí.

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La compañía dijo a través de un comunicado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene la discreción exclusiva de determinar que Ericsson ha incumplido sus obligaciones. Por ello, fue la propia compañía la que se declaró culpable de las violaciones.

“Dar este paso hoy significa que el asunto de las infracciones ya está resuelto. Esto nos permite centrarnos en ejecutar nuestra estrategia mientras impulsamos un cambio cultural continuo en toda la empresa con la integridad en el centro de todo lo que hacemos. Esta resolución es un claro recordatorio de la mala conducta histórica que condujo al Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés). Hemos aprendido de eso y estamos en un viaje importante para transformar nuestra cultura.

“Para ser un verdadero líder de la industria, debemos ser líderes en el mercado y la tecnología, al mismo tiempo que somos líderes en la forma en que llevamos a cabo nuestro negocio. El equipo ejecutivo de Ericsson y yo seguimos comprometidos con esta transformación y continuamos implementando controles estrictos y una mejor gobernanza, ética y cumplimiento en toda nuestra empresa, con las correspondientes mejoras en nuestro enfoque de gestión de riesgos. El cambio continúa y hoy somos una empresa muy diferente y hemos realizado cambios importantes desde 2017 y durante 2022”, aseveró Börje Ekholm, CEO de Ericsson.

Semana

Con el fin de mejorar y acercar a los ciudadanos con el Gobierno nacional y los diferentes Gobiernos locales, llega a Colombia el Data Jam 2022, una iniciativa de USAID, Sikuani, Andi del Futuro, Impacto Tic, DAI, el Concejo de Empresas Americanas y Agata; este proyecto tiene como objetivo promover la transparencia, el acceso a la información y el gobierno abierto como caminos para combatir la corrupción en el país.

Esta iniciativa busca proyectos innovadores que faciliten y promuevan el uso de datos públicos por parte de los ciudadanos para fortalecer ejercicios de control social, rendición de cuentas y se contribuya al cuidado de lo público. Además, la convocatoria se centra en el análisis innovador de datos abiertos para llegar a nuevos conocimientos y nuevos aprendizajes para informar, tomar decisiones, mejorar las políticas públicas, la veeduría ciudadana, entre otros procesos; las líneas temáticas que se desarrollarán durante la iniciativa son:

Usabilidad de los datos abiertos: Se plantean retos orientados al entendimiento, el uso y la disponibilidad de los datos abiertos como herramienta de transparencia.

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