Seis enmiendas presentadas al Proyecto de Ley Nº 469/2024, que prohíbe el cobro a los proveedores de aplicaciones por el tráfico de datos generado en las redes de telecomunicaciones en Brasil, modifican de forma relevante el diseño original de la propuesta. Los ajustes, de autoría del diputado Josenildo Abrantes, abren espacio para acuerdos técnico-comerciales entre las operadoras y los llamados grandes usuarios de la red, además de introducir excepciones y nuevas discusiones sobre el financiamiento del sector.

Uno de los puntos centrales de las enmiendas es el refuerzo del papel de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). El texto prevé que los proveedores de aplicaciones considerados usuarios intensivos de la red celebren acuerdos técnicos y comerciales con los proveedores de conexión, correspondiendo a la Agencia establecer directrices y criterios para estos arreglos.

En algunos casos, la propia posibilidad de tarificación queda condicionada a una futura reglamentación de la Anatel, siempre que se preserven los principios de la neutralidad de la red.

Las enmiendas también flexibilizan el veto absoluto a la contribución justa, previsto en el proyecto original. Aunque mantienen la prohibición de cobro compulsorio basado exclusivamente en el volumen de tráfico, los textos admiten excepciones para aplicaciones clasificadas como de uso intensivo de la red y autorizan arreglos comerciales diferenciados, siempre que no haya degradación discriminatoria del tráfico y que se respeten las reglas.

Otro punto introducido por las enmiendas es la discusión sobre el financiamiento sectorial. Una de las propuestas crea una contribución del 2% sobre los ingresos brutos de los proveedores de aplicaciones para el Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust). A cambio, el texto prohíbe el cobro por tráfico de datos impuesto por las operadoras a aplicaciones de emisoras de radiodifusión controladas por grupos brasileños.

El PL 469/2024 está en análisis en la Comisión de Industria, Comercio y Servicios (CICS), tras haber sido aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología. La materia seguirá, con carácter terminativo, para la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ).

La Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones (CCIA) ha alertado que una reciente decisión del regulador italiano de telecomunicaciones, AGCOM, podría establecer un riesgoso antecedente para la aplicación de tarifas de red obligatorias en toda la Unión Europea (UE).

La CCIA advierte que la medida tomada por la AGCOM reclasifica las redes de distribución de contenido (CDN) como “redes de comunicaciones electrónicas“, por lo que estarían sometidas a los mecanismos de resolución de disputas vigentes en la legislación italiana. Según la asociación, este cambio permitiría a los operadores de telecomunicaciones demandar pagos de proveedores de contenido por el uso de la red.

Se teme que esta decisión sirva de modelo para la implementación de tarifas de red en toda la Unión Europea a través de la próxima Ley de Redes Digitales (DNA). El mes pasado, la Comisión Europea firmó un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, en el que uno de los puntos acordados había sido descartar las tarifas por el uso de la red.

Pese a lo anterior, la CCIA señala que este acuerdo aún no es legalmente vinculante y las negociaciones formales aún están pendientes.

Según advierte la Asociación, con base en un estudio de Plum Consulting, la introducción de la resolución obligatoria de disputas en el mercado de interconexión IP –un aspecto clave de la decisión de AGCOM y, potencialmente, de la DNA– coincide con las presiones de los principales operadores de telecomunicaciones europeos.

El estudio sugiere que este marco regulatorio podría alterar fundamentalmente el modelo actual de Internet, donde casi todos los acuerdos de peering son gratuitos. Al permitir que los proveedores de telecomunicaciones inicien disputas con las CDN y los proveedores de contenido, el mecanismo podría sentar precedentes legales para los acuerdos de peering de pago, advierte la asociación.

Grandes operadores de telecomunicaciones, especialmente europeos, han solicitado a las autoridades que se impongan mecanismos para obligar a las grandes tecnológicas como Amazon, Google y Netflix a cooperar en el despliegue de nuevas redes. Según la industria de telecomunicaciones, estos proveedores de servicios, denominados “grandes generadores de tráfico” (LTG), son quienes se han beneficiado más de la expansión de las redes, por lo que también deberían participar en su despliegue.

“Lo que está sucediendo en Italia es el primer acto de una estrategia que pronto podría extenderse a toda la UE”, advierte Maria Teresa Stecher, directora de políticas de CCIA Europa. “La Comisión tiene una clara disyuntiva: seguir a Italia por un camino que rompería Internet o mantener su compromiso con una economía digital abierta“.

La CCIA insta a los responsables políticos de la UE a aprender de lo que consideran un error de Italia y a garantizar que la DNA excluya cualquier mecanismo que pueda permitir la imposición de tarifas de red, ya sea directa o indirectamente.

En una carta dirigida a altos funcionarios del gobierno colombiano, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la comunidad técnica expresaron su preocupación sobre los riesgos de implementar tarifas obligatorias por el tráfico en redes de telecomunicaciones.

Las organizaciones sostienen que el ecosistema digital del país ha demostrado ser eficiente, competitivo y centrado en el usuario. Por el contrario, propuestas como imponer pagos obligatorios por el tráfico en las redes de telecomunicaciones pueden “perjudicar a los usuarios y socavar los esfuerzos de Colombia en inclusión, innovación y desarrollo digital”. 

Dentro de los firmantes se encuentran Internet Society Colombia, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Asociación Colombiana de Inteligencia Artificial, la Alianza por una Internet Abierta en América Latina y el Caribe (AIA-LAC), la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, Computer and Communications Industry Association (CCIA Europe), Information Technology Industry Council, la Asociación Nacional de Proveedores de Internet de Colombia (NAISP) y LAC-ISP.

Las asociaciones describen 10 argumentos técnicos de por qué consideran un error la propuesta de fijar una tarifa.

El primer argumento es que en Colombia existen múltiples acuerdos de colaboración voluntarios y no hay evidencia de saturación de las redes. La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) afirmó que no hay sobreuso en las redes y los datos muestran un crecimiento moderado y manejable del tráfico hacia plataformas.

Además, señalan, el sector de telecomunicaciones en Colombia sigue siendo rentable y cuenta con una inversión estable, ya que el margen EBITDA promedio fue de 40% entre 2019 y 2023, y las inversiones del sector se han mantenido sin afectar su sostenibilidad.

El tercer argumento es que el sistema actual funciona con acuerdos voluntarios de tránsito y colaboración técnica, como el peering (acuerdo entre dos o más redes de telecomunicaciones para intercambiar tráfico entre sí), los cuales son “pilares de la Internet global” y han permitido el desarrollo eficiente de redes sin necesidad de medidas coercitivas. “El 99.9996% de los acuerdos de interconexión en el mundo son simétricos y voluntarios”, detalla la carta.

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El contenido digital también genera valor y demanda compartida, pues las plataformas digitales impulsan el uso de Internet, al punto que los propios operadores móviles integran este contenido en los planes y paquetes que ofrecen a los usuarios.

El quinto argumento es que las plataformas también invierten en infraestructura crítica. “Entre 2011 y 2021, las OTTs invirtieron más de 883,000 millones de dólares en infraestructura global (cables submarinos, Centros de Datos, CDNs y servicios en la Nube), generando importantes ahorros operativos para los operadores”, explica la carta.

Además, aseguran que no hay evidencia técnica ni económica que justifique una tarifa de red. Al respecto, la carta hace referencia al caso de Corea del Sur, donde se impusieron tarifas de este tipo y, en consecuencia, “se redujo la competencia, se afectó la calidad del servicio y varias plataformas abandonaron el mercado”.

Por otro lado, advierten que la imposición de estas tarifas puede perjudicar a pequeños proveedores de Internet, especialmente en zonas rurales y apartadas.

“La conectividad no depende sólo de redes tradicionales”, es el octavo argumento de la carta, haciendo referencia a los modelos comunitarios, inalámbricos y satelitales que son parte del ecosistema de la conectividad y sobre la cual hacen un llamado a tener una política inclusiva que apoye esta diversidad. 

A esto se suma la brecha de uso que necesita enfoques integrales, donde además de cobertura se requiere contenido relevante, habilidades digitales, apropiación tecnológica y asequibilidad.

El último argumento es el impacto negativo sobre los usuarios y la equidad digital, pues para las asociasiones “imponer tarifas por uso penaliza a los usuarios que ya pagan por conectarse, encarece los servicios digitales y limita la innovación”, aseguran.

Al cierre de la carta, las asociaciones firmantes hacen un llamado para enfrentar los desafíos estructurales en Colombia con mecanismos como la reducción del costo del espectro radioeléctrico, hacer un mejor uso del Fondo de Servicio Universal y fortalecer la competencia.

“Forzar transferencias entre actores puede parecer una solución fácil, pero tendría efectos negativos para el desarrollo, la innovación y los usuarios”, afirman.

Colaboración de Paula Bertolini

A propósito de la carta abierta dirigida al gobierno Colombiano que enviaron las asociaciones colombianas y regionales que agremian a los operadores de telecomunicaciones, en la cual solicitan a las autoridades establecer nuevas reglas para que los grandes generadores de tráfico contribuyan de forma justa y equitativa al uso de las redes, en DPL News consultamos a las agremiaciones para profundizar sobre los términos de la solicitud y conocer las opiniones que genera este asunto.

Asomóvil, Andesco, Asotic, GSMA y Asiet, firmantes de la carta, calificaron la ausencia de regulación como una “situación que configura una falla estructural de mercado que necesita una corrección regulatoria urgente”.

Camilo Rojas, gerente de Asomóvil, aseguró que “esta falla estructural compromete la sostenibilidad financiera de los operadores de telecomunicaciones en Colombia. Actualmente, las grandes plataformas digitales generan aproximadamente 70% del tráfico de Internet, equivalente a más de 213 millones de películas en HD al mes. Estas plataformas no están sujetas a regulación local, no pagan por el uso de las redes e imponen unilateralmente las condiciones técnicas para que su contenido llegue a los usuarios”.

“Este desequilibrio se ha traducido en una reducción de 70% en el ingreso promedio por usuario (ARPU) en la última década, un aumento exponencial del tráfico de datos (25% anual entre 2022 y 2024) y una necesidad proyectada de USD $4,500 millones adicionales para cerrar la brecha de conectividad y alcanzar la meta del 95% de cobertura”, explicó Rojas.

Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, aseguró que “el modelo actual, donde una sola parte del ecosistema (operadores de red) despliega y hace mantenimiento de la infraestructura, ha resultado en una crisis; así lo demuestran los estados financieros de muchas de las empresas. Si ni los operadores de red ni el Estado (por ausencia de recursos) pueden financiar la conectividad que requieren los habitantes en el territorio, se necesitan nuevas fuentes de financiación que permitan lograr la cobertura de toda la población en Colombia”.

En la misma línea, Galé Mallol, presidenta de AsoTIC, resaltó la importancia de “abrir la discusión sobre el sostenimiento a largo plazo del sector y las dificultades a las cuales se enfrenta. Tener el ARPU más bajo de toda América Latina no sólo genera preocupación sobre el mantenimiento, sino también sobre la necesidad de cerrar la brecha digital en el país”.

Como lo expresan las agremiaciones, esta solicitud surge debido a las difíciles condiciones de sostenibilidad financiera que enfrenta el sector de las telecomunicaciones en Colombia, lo que ha llevado a las empresas a tomar decisiones como la Unión Temporal Tigo-Movistar para participar en la subasta de espectro 5G, en diciembre de 2021.

“La crisis de sostenibilidad en su sector de telecomunicaciones pone en riesgo la continuidad de las inversiones en infraestructura, la calidad y asequibilidad del servicio para los usuarios, el despliegue de redes en zonas rurales, el derecho a la conectividad, la equidad territorial y la participación digital”, recalcó Camilo Rojas.

Para las asociaciones, el camino para garantizar la sostenibilidad, acceso y reducción de la brecha digital es que todos los actores participen en igualdad de condiciones.

“Se deben eliminar las asimetrías regulatorias, plantear la participación de estos actores del ecosistema de manera directa y con responsabilidad”, aseguró Mallol.

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“Proponemos seguir el camino que ya están trazando otras jurisdicciones, como Corea del Sur, donde se ha establecido un régimen de negociaciones comerciales supervisadas por el regulador entre operadores y generadores de tráfico; Brasil, y varios países de la Unión Europea como Francia, España, Bélgica y Portugal, donde se han cerrado consultas públicas que recomiendan que las plataformas paguen una contraprestación tanto a los estados como a los operadores, propietarios de la infraestructura”, explicó Rojas.

Además, esperan que el gobierno colombiano “genere áreas de discusión en donde se puedan crear espacios para uso eficiente de las redes actuales, que se formen escenarios de desregulación sectorial, aportar en igualdad de condiciones al FUTIC y que la conectividad vuelva a ser una política de Estado sectorial por los beneficios transversales a todos los sectores económicos del país”, dijo Sánchez.

Para las plataformas, una contribución distorcionaria al mercado

En conversación con DPL News, Raúl Echeberría, director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), aseguró que “el único lugar donde estas propuestas que hacen (los operadores) se han implementado fue en Corea del Sur, con resultados sumamente negativos para el ecosistema y para la estabilidad del funcionamiento de Internet”.

Según Echeberría, “Corea pasó de ser uno de los países más desarrollados digitalmente a tener una de las peores Internet en términos de velocidad y cantidad de contenidos alojados”.

De acuerdo con ALAI, la cadena de valor de Internet está compuesta por muchos actores, de los cuales los operadores son uno de los eslabones, y todos invierten al ecosistema, como las redes de distribución de contenidos, los operadores de servicios de Nube, los cables submarinos, los Data Centers, los puntos de intercambio de tráfico, los pequeños operadores o los operadores satelitales.

Según el especialista, los operadores “no han invertido en innovación todo lo que tenían que invertir y se han quedado atrapados entre sectores que son muy innovadores, y en algunos casos quisieron quedarse con un negocio que es de volumen. Pero sigue siendo una industria con números positivos y con rentabilidad”.

Otro de los temas relevantes de esta conversación es la intención de cerrar la brecha digital. Al respecto, Echeberría aseguró que este asunto “no se va a resolver con las redes tradicionales. Hay muchos actores, hoy tenemos operadores satelitales que han cambiado el juego notoriamente, tenemos proveedores de cercanía, que en Brasil son responsables de 60% del tráfico de Internet, o los puntos de intercambio de tráfico.

“Para cerrar la brecha digital hay que implementar políticas públicas apropiadas para que se puedan utilizar todas las tecnologías disponibles y modelos operativos. Ahí es como hay que cooperar entre todos los actores”, afirmó.

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Para ALAI, de avanzar en un tipo de regulación sobre la contribución de las plataformas a la inversión de los operadores, “puede haber un riesgo de distorsión” de mercado que puede desfavorecer a los usuarios en general.

“La interconexión es un mercado que funciona bien, no tiene fallas. Forzar las condiciones crea una distorsión grande que termina desfavoreciendo a los usuarios en general, porque en Corea los tiempos de latencia han empeorado y los precios aumentaron, pero también termina perjudicando a los operadores chicos y a los que atienden poblaciones vulnerables o poblaciones más lejanas.

“Porque cuando uno obliga a las condiciones de interconexión o fuerza la negociación, lo que va a pasar es que van a terminar negociando los grandes operadores con los grandes proveedores de contenido y eso va a perjudicar al resto”, concluyó Echeberría.

Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos podría obligar a las plataformas digitales (o Big Tech) a aportar recursos para garantizar el acceso universal a la banda ancha, como parte de un modelo de contribución justa.

El Comité de Comercio, Ciencia y Transporte recibió la iniciativa que plantea reformar el Fondo de Servicio Universal (FSU), de manera que también las grandes tecnológicas contribuyan al despliegue de las redes de conectividad, ya que, actualmente, se benefician del fondo sin dar nada a cambio.

Los FSU son mecanismos financieros establecidos por los gobiernos para fomentar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales o de bajos ingresos, donde los servicios comerciales de acceso a Internet no llegarían por sí solos.

Todos los operadores de telecomunicaciones deben aportan un porcentaje de sus ingresos anuales al FSU, con el objetivo de que los recursos se usen para financiar proyectos de infraestructura o de apropiación digital.

Sin embargo, dado que actualmente sólo las empresas de telecomunicaciones contribuyen a los FSU en la mayor parte de los países, esta industria advierte que es necesario abarcar una gama más amplia de contribuyentes.

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Incluir a las Big Tech como sujetos obligados para aportar a los FSU no sólo permitiría incrementar los fondos disponibles, sino que también representaría una contribución justa en favor de la sostenibilidad del sector de telecomunicaciones.

El proyecto de ley parte de la premisa de que es necesario garantizar contribuciones equitativas y no discriminatorias a los mecanismos que preservan y promueven el servicio universal, para reducir la carga financiera de los consumidores y para otros fines.

Dicha iniciativa ya había sido presentada en 2023, bajo el nombre de Ley de Reducción de Costes de Banda Ancha para los Consumidores y patrocinada por los senadores Markwayne Mullin (republicano), Mark Kelly (demócrata) y Mike Crapo (republicano).

En su reingreso en el Senado, el proyecto impulsado por los mismos senadores tiene el apoyo bipartidista y un amplio respaldo por parte de asociaciones comerciales nacionales, asociaciones estatales y proveedores de banda ancha rurales estadounidenses.

Por el momento, el texto completo no ha sido publicado en el sitio web de legislaciones en el Senado, pero ya fue leída por el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

La iniciativa de 2023 planteaba que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) exigiera a los proveedores de contenidos y servicios (Big Tech) y a los proveedores de banda ancha una contribución justa y adecuada al Fondo de Servicio Universal.

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Esto significaría dotar a la FCC de una autoridad clara para ampliar sustancialmente la base de contribuciones al FSU, incluyendo a cualquier modelo de negocio que dependa en gran medida de que los consumidores o empresas accedan a la banda ancha.

La justificación es que, si se benefician de las redes de banda ancha y además de los recursos que brinda el propio FSU, deben aportar al financiamiento como el resto de jugadores del mercado.

Según un informe de Strand Consult, las empresas de Internet, como Google, Meta, Apple, Amazon, Microsoft y Netflix, obtuvieron unos ingresos estimados de entre 58 mil y 115 mil millones de dólares en 2023, gracias a la conexión de los usuarios a Internet a través del Fondo de Servicio Universal y el extinto Programa de Conectividad Asequible.

Por cada nuevo hogar conectado, las Big Tech consiguieron un promedio de mil 515 dólares en 2023, y además percibieron 210 mil millones de dólares de las empresas que se encuentran en las zonas financiadas por el FSU.

Aunque la propuesta del modelo de contribución cuenta con apoyo bipartidista y la presión de la industria de telecomunicaciones, enfrenta una oposición significativa por parte de las empresas tecnológicas.

Sobre todo, las empresas de Internet argumentan que existen riesgos para la neutralidad de la red y la competencia, y que introducir este modelo podría tener efectos adversos en la calidad del servicio y la innovación.

“Profundizar los debates sobre contribución justa y que se tomen medidas en beneficio de los usuarios en Colombia”, ese es el llamado de los operadores del sector agrupados en Asomóvil, Asociación de la Industria Móvil de Colombia, que congrega a Claro, Tigo y Movistar Colombia.

La solicitud de los operadores surge a causa de la brecha entre la inversión necesaria en infraestructura para hacer frente al aumento exponencial en el uso de Internet móvil en Colombia y el retorno de la inversión esperado. De acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entre 2022 y 2024, el tráfico de datos móviles creció a una tasa anual del 25 por ciento, impulsado principalmente por el consumo masivo de contenidos en línea. Un incremento que “puede afectar el desempeño, calidad y la sostenibilidad de los servicios”.

Para los operadores, esta es una conversación urgente y Asomóvil insiste en que este debate no se trata de una disputa comercial, sino de garantizar la sostenibilidad del ecosistema digital del país. “Si no se toman medidas, los costos seguirán recayendo únicamente sobre los operadores y sus usuarios, poniendo en riesgo la calidad del servicio y la expansión futura de la conectividad”, aseguró Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil.

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De acuerdo con cifras del Observatorio de Inversión de la CRC, en los últimos siete años las empresas de telecomunicaciones en Colombia han invertido más de 55 billones de pesos (a precios de 2025) en el mantenimiento, expansión y modernización de las redes. Además, un reciente estudio de GSMA Intelligence revela que 70 por ciento del tráfico de datos en América Latina está a cargo de tres empresas (Meta con 49%; Google con 14%; TikTok, 8%, Netflix con 3% y otras plataformas 26% en conjunto).

Ante este panorama, los operadores insisten en la necesidad de implementar un modelo adecuado al ecosistema digital actual donde los grandes generadores de tráfico contribuyan en la inversión de las redes por el tráfico que ellos generan.

El presidente de Asomóvil comparó la situación actual de Internet con una gran carretera en la que todos pueden circular, pero las grandes compañías de tecnología representan los más grandes camiones y otros actores de Internet son pequeños vehículos, motos o bicicletas.

“Aunque todos usan la misma carretera, los camiones grandes la desgastan mucho más rápido. Por eso el valor de los peajes es distinto para cada tipo de vehículo. ¿Se imaginan lo que le pasaría a las carreteras si esos camiones no hicieran una remuneración por el uso? En las autopistas de Internet también se necesita que esos grandes camiones paguen”, aseguró Hoyos.

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Entre tanto, la CRC y el Ministerio TIC lanzaron una consulta pública sobre el papel de los servicios OTT (Over-The-Top), en diciembre de 2024, lo que representa un paso hacia este debate que el sector de telecomunicaciones considera urgente.

En marzo de este año, la directora Ejecutiva de la CRC, Claudia Bustamante, aseguró en entrevista con DPL News que “por el momento en el país no hay congestión ni estrés de las redes. Aun así, es un asunto que la entidad está investigando para determinar una posición clara y evitar, precisamente, que haya una saturación”.

Hasta ahora, ni la CRC ni el Ministerio TIC han dado a conocer su postura sobre el posicionamiento de Asomóvil. Los operadores, con este comunicado, amplían el “llamado a las autoridades para que se profundice el debate y se tomen medidas necesarias”.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Información (CCTI) de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta semana el Requerimiento 10/2025, del diputado Eros Biondini, que propone la realización de una audiencia pública para debatir el Proyecto de Ley (PL) 469/2024, que busca prohibir la contribución justa.

El proyecto propone la inclusión de un nuevo artículo en el Marco Civil de Internet, con el objetivo de impedir que los proveedores de conexión a Internet impongan cargos a los proveedores de aplicaciones por la generación de tráfico de datos.

La justificación del PL es garantizar que las empresas que ofrecen servicios y contenidos en línea no sean penalizadas financieramente por los datos generados por sus usuarios, señalando que el cobro por el tráfico perjudica directamente la sostenibilidad de las redes de telecomunicaciones, además de afectar la expansión y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a Internet en todo el país.

La audiencia se realizará en una fecha aún por definir.

Barcelona, España.- América Latina requiere 49 mil 100 mdd adicionales de inversión en el sector para el periodo 2023-2030: dos tercios para más capacidad y el resto para modernización de redes. En este contexto, “la necesidad de eliminar asimetrías regulatorias entre los actores del ecosistema es fundamental para la sostenibilidad de la industria y el cierre de la brecha digital”, señaló Maryleana Méndez, secretaria general de Asiet a DPL News.

La Asociación presentó en el marco del MWC25 la versión preliminar (la versión final se lanzará este año en el CLTD) de un estudio desarrollado por Nera sobre la corresponsabilidad de los actores en la sostenibilidad de las redes de telecomunicaciones. La ejecutiva destacó que los cambios “no deben ser subiendo la regulación de un lado, sino más bien eliminando la que ya no es útil ni necesaria del otro”.

El reto es “alto, incluso para sostener los servicios que hoy tenemos, y a eso hay que agregarle nuevas demandas. Ya estamos viendo varias salidas de operadores de la región, por ejemplo; es un tema que hay que atender”, enfatizó Méndez, quien también dijo que la región debe revisar otros puntos que funcionan como barreras para la innovación, como el alto costo del espectro radioeléctrico.

El reporte concluye que se puede mejorar la sostenibilidad de las inversiones necesarias por parte de los operadores de América Latina a partir de la eliminación de asimetrías mediante la desregulación a su actividad y la reducción de cargas fiscales y, al mismo tiempo, el tratamiento a los OTT como operadores de servicios finales y como grandes clientes de conectividad.

Sobre el modelo a utilizar, la titular de Asiet consideró que “decir que un modelo regulatorio puede aplicar a varios lados no es viable; se requieren soluciones específicas y propias adaptadas a cada necesidad”. Agregó que “América Latina no ha tenido una propuesta sobre el tema todavía” y valoró “el liderazgo de Brasil” en su proceso de revisión regulatoria sobre esta temática.

Madrid, España.- Brasil fue el primer país de la región en avanzar en una consulta pública donde, entre otras cosas, se debatía si imponer o no Fair Share (que los grandes generadores de tráfico contribuyan al financiamiento de las redes de telecomunicaciones).

Carlos Baigorri, presidente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil, adelantó a DPL News que posiblemente el reglamento de las obligaciones de los usuarios en Brasil “no tendrá una propuesta de tasa de red”, pero sí el establecimiento de criterios mínimos en la relación entre los operadores de telecomunicaciones y los generadores de tráfico “para garantizar una mayor coordinación”.

“Cuando miramos a los diversos OTTs percibimos que hay una gran disparidad. Por ejemplo, en sus políticas de CDNs, en políticas de gestión de tráfico percibimos que hay empresas con una política más responsable, de un uso más consciente de la red y cómo se está soportando la red, y otras que no tienen una política clara, no tienen equipos de monitoreo y no gestionan su tráfico”.

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“Entonces percibimos que hay una disparidad muy grande entre esas compañías, y por eso creemos que es necesario crear criterios mínimos de responsabilidad para estos OTTs, ya que si no hay este tipo de criterio entonces se empieza a poner en riesgo el funcionamiento de las redes”.

Explicó que es necesario que los operadores tengan una previsibilidad del tráfico que van a recibir en sus redes, y así dimensionar sus interconexiones. Si bien no estaría imponiendo una tasa, puede que la norma terminaría indirectamente concretando una contribución. Baigorri se refirió a que los operadores podrían pretender solicitar una retribución si la plataforma “no quiere dar ninguna información, ni el plan, ni la expectativa de tráfico que va a generar en la red de un operador, pero tampoco quiere que se bloquee o degraden su tráfico”.

“Lo que queremos crear es la definición de cuál es la responsabilidad mínima de los grandes generadores de tráfico y cuáles son las consecuencias que los operadores pueden ejecutar en caso de que esas competencias, esa responsabilidad mínima no sea observada. Y eso puede desembocar en un pago”.

Estimó que el reglamento saldrá “a principios del próximo año”, y que a mitad de 2025 estaría la propuesta final de la consulta.

Hoy se lanzó formalmente la Alianza por una Internet Abierta en Latinoamérica y el Caribe (AIA-LAC), una organización que defiende la Internet abierta, neutral y resiliente en un contexto donde los debates sobre el Fair Share están floreciendo en la región.

AIA-LAC está liderada por Mercedes Aramendía, que hasta unas semanas estuvo al frente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) de Uruguay, en una gestión que se destacó por hitos como la apertura sectorial, la subasta 5G y la portabilidad numérica en ese país. 

En diálogo con DPL News, Aramendía opinó que el Fair Share (la contribución justa al despliegue y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones) sería una medida arbitraria y sin fundamentos. Propuso buscar acuerdos entre los diversos actores del ecosistema digital. “Buscar acuerdos y formas que permitan que todo el ecosistema digital se desarrolle de manera eficaz”, resaltó.

En Brasil ya existe la Aliança pela Internet Aberta, que lidera Alessandro Molon “y nosotros ahora vimos la necesidad de ampliar el trabajo de la alianza para América Latina y el Caribe. O sea, somos distintas, pero somos parientes”.

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“Estamos viendo que el tema del Fair Share se está empezando a plantear en algunos países de la región, como Colombia o México. Incluso el tema ha variado, en un momento se planteaba por parte de algunas telco la necesidad de que se establezcan network fees específicamente, ahora en algunos casos se está analizando la modificación de los Fondos de Servicio Universal u otro tipo de aportes que en definitiva se terminarían aplicando a quienes generan contenido o a plataformas que generan aplicaciones para servicios digitales.

”Entonces, ante este movimiento, diversas empresas y asociaciones de la región entendieron que era importante unirse, unir las diversas voces, buscar diversos sectores vinculados con todo lo que es la economía digital y trabajar juntos para dar otra voz a lo que es esta temática, que desde nuestro punto de vista sería algo muy negativo para el desarrollo del ecosistema digital”, explicó Aramendía.

Confirmó que la asociación la integran Mercado Libre, Amazon, Google, Meta, TikTok, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) y están en conversaciones con otras asociaciones y empresas para sumarse.

Para AIA-LAC, los riesgos asociados con la imposición de tarifas de red son la creación de barreras para que personas, gobiernos y empresas de todos los tamaños puedan acceder, crear y compartir contenido, aplicaciones y servicios libremente; aumento de costos para los usuarios de Internet; impacto, directo e indirecto, en servicios que dependen de tecnologías como la computación en la Nube y la Inteligencia Artificial; y afectación a la innovación y al emprendimiento en la región.

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Pero para la industria de telecomunicaciones, la ecuación a largo plazo no cierra. En 2024, las grandes empresas de telecomunicaciones de América Latina hicieron un llamado a los gobiernos de la región para que las Big Tech contribuyan de manera justa a la financiación de las redes de infraestructura.

A través de la GSMA, destacaron el modelo de inversión desequilibrada que persiste en la actualidad. Hacer frente a la futura demanda de Internet requerirá inversiones adicionales en las redes de telecomunicaciones, que los operadores no podrán costear solos, por los desafíos de sostenibilidad, argumentaron.

Sobre este punto, Aramendía destacó: “estoy convencida que la forma que tiene mayor impacto y más sostenible es buscar acuerdos entre los diversos actores del ecosistema. Hay que trabajar juntos para buscar soluciones. Pero creando cargas artificiales sobre sólo uno de los actores del ecosistema no es algo sostenible, ni tienen realmente un fundamento. Hay que buscar acuerdos como los de peering, de interconexión o de compartición. Siempre lo mejor es sentarse, conversar, buscar si hay problema, buscar las soluciones al objetivo; pero establecer cargas arbitrarias, sin fundamento, va a generar barreras artificiales”.

Los operadores tradicionales también aducen que existen desequilibrios en el mercado, por la carga regulatoria heredada que tienen los operadores y que los servicios sobre Internet no poseen.

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Sobre este tema, Aramendía resaltó que los servicios digitales también tienen carga regulatoria de defensa del consumidor o competencia. “No hay una justificación que haga necesaria la intervención. Lo que habría que procurar es simplificar los marcos para que se pueda seguir desarrollando y promoviendo los sectores. Pero porque algo esté mal, no creo que tendríamos que trasladarlo a otro, sino que tenemos que trabajar juntos, buscar acuerdos y buscar formas que permitan que todo el ecosistema digital se desarrolle de manera eficaz, eficiente y que permita alcanzar el objetivo que todos queremos, que la economía digital se siga universalizando”.

“Hay que buscar el equilibrio entre la protección de los derechos humanos y promover la innovación”, agregó.

Asimismo, destacó las inversiones en infraestructura que hacen las plataformas, como en cables submarinos, Data Centers, CDN e interconexión.

En cuanto al rol del regulador en esta discusión, Aramendía afirmó que, en la mayoría de los países, los organismos regulatorios no tienen específicamente competencia para entrar en esta temática y que uno de los focos de la Alianza es trabajar colaborativamente para brindar información de calidad a los reguladores y a quienes toman las decisiones.