En el mundo se están barajando distintos modelos para hacer sostenibles las grandes inversiones necesarias en infraestructura digital, con los desafíos como la masificación de 5G, la expansión de la cobertura de la fibra óptica al hogar (FTTH) fuera de las grandes ciudades y la conectividad en los rincones más remotos. En 2024 veremos quizás la resolución de algunos de los debates que ya están abiertos sobre la contribución del ecosistema de Internet a la inversión de redes, mientras que, en otros países, la discusión comenzará a plantearse.
Como suele ser en otros ámbitos, la Unión Europea tiene más avanzado el debate para que las Big Tech contribuyan a la construcción de redes. En junio de 2023, el Parlamento Europeo votó un documento de política de competencia que incluía una amplia gama de resoluciones sobre fusiones, legislación antimonopolio, política de competencia en la era digital y otras más centradas en sectores particulares.
El documento incluye la siguiente propuesta: “[el Parlamento Europeo] opina que la sostenibilidad económica de las redes de telecomunicaciones es esencial para lograr los objetivos de conectividad de Digital Compass para 2030 y una conectividad de alto rendimiento para todos los ciudadanos dentro de la UE sin poner en peligro las normas de competencia; insta a la Comisión a que aborde y mitigue las asimetrías persistentes en el poder de negociación tal como se establece en la Declaración europea sobre derechos digitales y principios para la década digital; pide el establecimiento de un marco político en el que los grandes generadores de tráfico contribuyan equitativamente a la financiación adecuada de las redes de telecomunicaciones sin perjuicio de la neutralidad de la red”.
A pesar de este precedente del Parlamento, la Comisión Europea no tomó una decisión sobre la contribución justa. La resolución del Parlamento Europeo ahora tiene que ir al Consejo Europeo, la Comisión Europea y los parlamentos y autoridades de competencia de cada Estado miembro de la UE, avances que se podrían dar en 2024.
El modelo que defiende la industria telco en Europa es que las compañías que generan 5 por ciento del tráfico en hora pico estén obligadas a una negociación con los operadores de telecomunicaciones.
Brasil fue otro país pionero en comenzar a dar la discusión. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) inició en 2023 una consulta sobre una eventual regulación relacionada con las obligaciones de las plataformas digitales y la posibilidad de reglamentar su contribución en la inversión de infraestructura de telecomunicaciones.
Recibió 32 contribuciones: en términos generales, las grandes plataformas rechazan los modelos de contribución a la inversión en redes de los operadores, mientras que las telcos proponen distintos escenarios donde se mandate la obligación de acuerdos entre partes para la recuperación de los costos de inversión –previendo una labor de arbitraje del regulador–, o bien el establecimiento de la obligación del pago por tarifa de acceso o tarifa de terminación para los grandes generadores de tráfico. La Anatel espera definir en 2024 una regulación sobre el tema.
Por su parte, Estados Unidos no está avanzando en un modelo de contribución justa, pero sí considera una forma de aporte de las OTT. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) analiza la idea de que las grandes empresas tecnológicas también aporten recursos al Fondo de Servicio Universal (FSU) para financiar el despliegue de conectividad en las zonas remotas y rurales del país.
En un informe enviado al Congreso, el organismo planteó que se podría ampliar la base de contribuciones al FSU, con el objetivo de integrar nuevas entidades y “proveedores perimetrales”, incluidos los proveedores de servicios de video, las empresas de servicios en la Nube y las de publicidad digital. La medida aún sigue en debate en grupos de trabajo dentro del Senado estadounidense.
En Corea del Sur hay un nuevo debate en la Asamblea Nacional sobre la “participación justa” de las grandes empresas tecnológicas que generan un gran tráfico. El modelo surcoreano es la prevención del free riding, donde desde 2016 los creadores de contenido se consideran usuarios finales y pagan la tarifa habitual de uso de Internet a sus proveedores de telecomunicaciones, pues tiene un sistema de liquidación mutua a los ISP que intercambian tráfico en igualdad de condiciones. Pero el debate se volvió a abrir, ya que las grandes empresas generadoras de tráfico logran saltar el sistema y no cumplen la obligación de pagar las tarifas de red.
En definitiva, el debate sobre la necesidad de equilibrar la cancha se debe dar en pro de la sostenibilidad a futuro del ecosistema digital, en un escenario donde se espera un crecimiento exponencial de tráfico y un estancamiento de los ingresos de los operadores.
Este debate se multiplicará en distintas latitudes y, a la vez, se seguirán persiguiendo modelos innovadores para hacer más eficientes las altas inversiones que necesitará el sector.
