Una cláusula en la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión podría hacer de la igualdad de género no sólo una declaración decorativa sino una disposición vinculante.

Se trata de un cambio plasmado en un renglón del proyecto de ley de telecomunicaciones, aunque pequeño, no es insignificante, pues apunta a promover la igualdad de género a través de los servicios públicos y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

Y es que, a pesar de que cada vez es mayor la conciencia sobre las problemáticas de género en México, como tal todavía no existe una regla sectorial que obligue a los prestadores de servicios a comprometerse con su abordaje.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió el 23 de abril al Senado la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que sustituiría la legislación actual. 

El proyecto de ley, actualmente en estudio en el Senado, plantea que los interesados en obtener una concesión única, para uso público, privado o social, deberán implementar medidas que promuevan la igualdad de género.

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Dentro del artículo 30 de dicha iniciativa, se establece lo siguiente:

Artículo 30. Los interesados en obtener una concesión única, para uso público, privado o social deberán presentar a la Agencia solicitud que contenga como mínimo;

I. Nombre y domicilio del solicitante:

II. Las características generales del proyecto de que se trate;

III. La documentación e información que acredite su capacidad técnica. económica, jurídica y administrativa. En el caso de solicitudes de concesiones de uso social comunitario, indígena o afromexicano, únicamente se deberá presentar documentación que acredite la capacidad técnica; y

IV. Medidas que promuevan la igualdad de género.

Esta última disposición no aparece en la ley de telecomunicaciones actual.

Aunque la legislación vigente es clara en cuanto a que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión deben prestarse en apego a principios de igualdad de género y pluralidad, entre otros, no contempla la determinación de medidas a favor como un requisito.

Sin embargo, la nueva ley, de aprobarse como está planteado dicho artículo, implicaría que las grandes empresas de telecomunicaciones, radios comunitarias, prestadores de servicios con fines social y el propio Estado como proveedor de servicios, entre otros actores, definan medidas explícitas a favor de la igualdad de género.

Todavía no queda claro, al menos en la redacción del texto, cómo evaluará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la presentación de dichas medidas, su contenido y su cumplimiento, pero el hecho en sí podría ser un cambio muy positivo en la ley.

El desafío, para la ATDT, estará en definir adecuadamente a qué se refiere la ley con medidas para promover la igualdad de género, pues la amplitud de su planteamiento podría dar espacio a que no se planteen medidas contundentes por falta de voluntad, entendimiento o claridad.

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Aún así, este pequeño cambio reconoce la desigualdad histórica en las telecomunicaciones y la radiodifusión, pues han sido sectores predominantemente masculinos, tanto en la toma de decisiones como en los niveles técnicos y operativos.

De sólo voluntad a un carácter vinculante

Con el establecimiento de la igualdad de género como un requisito desde la solicitud de concesión, se obliga a los futuros concesionarios a incorporar la perspectiva de género desde el diseño de sus proyectos.

Por esa razón, dicha disposición apunta a que las medidas de igualdad de género no sólo sean una recomendación voluntaria, sino que se conviertan en un criterio formal de evaluación. 

Además, esta cláusula integra la equidad como un principio de acceso y uso del espectro. De manera amplia, la disposición envía un mensaje: el espectro radioeléctrico es un bien público escaso, al que los interesados podrán acceder sólo si integran compromisos con la inclusión, la igualdad y la justicia social.

Lo ideal sería que la ATDT desarrolle lineamientos técnicos y operativos para evaluar y exigir planes con enfoque de género que incluyan acciones afirmativas en contratación, contenidos con perspectiva de género o participación equitativa en órganos directivos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó una prórroga de concesión a Telmex para prestar servicios de telefonía e Internet en zonas de alta y muy alta marginación.

El órgano regulador mexicano detalló que dicha concesión comercial le permite a la empresa de Carlos Slim ofrecer servicios de acceso inalámbrico de telefonía básica tipo residencial y a través de caseta pública en vivienda o de caseta en vía pública, de transmisión de datos y de acceso a Internet, en diferentes localidades del territorio nacional.

El Instituto dijo que la prórroga de vigencia autorizada será por cinco años contados a partir del 5 de febrero de 2025 y está sujeta a que Telmex acepte nuevas condiciones que en su caso se establezcan en el proyecto de título de concesión, aunque no dijo cuáles serían las nuevas condiciones.

“Se destaca que el análisis de la solicitud se realizó en estricta observancia de lo establecido por el artículo 113 de la Ley, razón por la cual no fue objeto de revisión el cumplimiento que dicha concesionaria ha dado a las medidas que le fueron impuestas como consecuencia de su carácter de Agente Económico Preponderante (AEPT) en el sector telecomunicaciones”, aseveró el IFT.

El Instituto señaló que Telmex podrá continuar prestando sólo los servicios de telecomunicaciones que está facultado a ofrecer en términos de lo establecido en su concesión actual.

El IFT recordó que el título de concesión inicial fue otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (hoy Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes) en el año 2005, con una vigencia de 10 años, derivado de que Telmex resultó ganador de la Licitación Pública Nacional No. 00009077-001-04, por medio de la cual se le adjudicó la prestación de los servicios en 134 Áreas de Servicio Local (ASL), con fines de cobertura social en telecomunicaciones.

Asimismo, hizo referencia a que la concesión para Telmex tenía como principal finalidad cubrir localidades que se caracterizaban por presentar niveles bajos de ingresos y déficit de servicios telefónicos domiciliares que se encontraban alejados de los centros urbanos y en zonas de “alta” y “muy alta” marginación.

Dicho título de concesión ha sido prorrogado por el Instituto en 2016 y 2019.

El Mundo

Según el ente defensor, “no se cuenta con la claridad requerida acerca cómo y durante cuánto tiempo se estarían prorrogando dichas concesiones”, lo que genera incertidumbre jurídica.

Por ello, la Defensoría se opone al decreto que “pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias”.

“Hacemos un vehemente llamado a las autoridades gubernamentales, a adoptar una resolución pronta y oportuna, en el marco del respeto al marco jurídico”, enfatizó la Defensoría, destacando la función social de los medios de comunicación en el país.

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Como una forma de dar tranquilidad a la industria ante el próximo vencimiento de sus concesiones, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) dijo que garantizará la continuidad de las señales de radio y televisión pública.

La dependencia aseguró que está comprometida con brindar condiciones para que estos servicios sigan operando, ya que se trata de medios de comunicación fundamentales para mantener informada a la población.

En los próximos días, el Micitt dijo que dará a conocer las acciones que tomará para asegurar que las señales de radio y televisión pública sigan funcionando.

La aclaración del gobierno se da luego de que días atrás el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, mencionara la posibilidad de un posible apagón de la radio y televisión.

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“Si en Costa Rica se apagan las señales de las empresas de radio y televisión sería culpa de Sutel, que tiene un presupuesto enorme, es un feudo en sí mismo: es una barbaridad”, advirtió en una conferencia de prensa.

Chaves criticó que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) tiene la culpa de que el gobierno no pueda tomar a tiempo una decisión respecto a renovar los títulos actuales o licitar las concesiones de televisión y radio que vencen el 28 de junio de este año.

La titular del Micitt, Paula Bogantes, dijo que la Sutel no entregó a tiempo el estudio de factibilidad que se necesita para determinar si se da una prórroga a los concesionarios actuales, o se lanza un nuevo concurso público.

Por el contrario, la Superintendencia negó que fuera su responsabilidad la demora en la resolución del gobierno, pues ella ya había llevado a cabo el análisis y encontró que hay un exceso de demanda en las frecuencias FM, por lo que se requiere un plan para optimizar el uso de los recursos escasos.

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La desavenencia entre el Ejecutivo y la Sutel dejó un rastro de preocupación entre la industria de radio y televisión. Por eso, el Ministerio emitió un comunicado poco después, en el que reiteró que trabajará para que las señales se mantengan activas y no se afecte a la sociedad.

“Nuestro compromiso ―señaló― es garantizar las condiciones para la continuidad del servicio, en un marco de respeto y resguardo de los derechos de los actuales concesionarios, resaltando el papel de los medios de comunicación como pilar de nuestra democracia”.

La discusión sobre renovar las concesiones de espectro para la radio y televisión abierta o lanzar nuevas licitaciones de frecuencias ha desatado un enfrentamiento entre el gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

El 28 de junio de este año se vencen los títulos habilitantes de la radiodifusión y la televisión abierta en el país, por lo que el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) debe decidir si las renueva o no.

Con el plazo cada vez más cerca, el gobierno aún no tiene una resolución y culpa a la Sutel de la demora, alegando que la institución no completó el estudio de factibilidad y necesidad que le fue solicitado respecto a este asunto.

Paula Bogantes, titular del Micitt, dijo que “el estudio de factibilidad tiene que cumplir con una serie de requisitos, lineamientos, condiciones y lo que nos presentó Sutel el año pasado está incompleto. Por lo tanto, estamos esperando a que la Sutel realice el trabajo completo”.

La ministra advirtió que, en caso de que no haya una solución, las señales de radio y televisión abierta podrían dejar de operar.

Bogantes sostuvo que el Micitt necesitaba el estudio de factibilidad y necesidad completo para determinar si otorga una prórroga a las concesiones que están a punto de caducar, por cuánto tiempo sería posible y definir si estas frecuencias se ponen a disposición a través de un concurso público.

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Incluso, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, criticó a la Sutel por el limbo en el que se encuentran los títulos habilitantes de radio y televisión.

“¿No será que Sutel ‘está pateando el tarro’ para que pase el tiempo en esta administración y no hagamos lo que sea en el mejor interés de los costarricenses?”, inquirió Chaves a Bogantes en conferencia de prensa.

“Si en Costa Rica se apagan las señales de las empresas de radio y televisión sería culpa de Sutel, que tiene un presupuesto enorme, es un feudo en sí mismo: es una barbaridad”, agregó.

El mandatario enfatizó que Sutel está “sentada en la galleta, llevándose años, para emitir criterios técnicos que yo creo que no los quieren emitir porque es probable que ellos tengan influencias”.

Rodrigo Chaves insinuó en su discurso que la Superintendencia podría estar coludida con empresarios de radiodifusión, de manera que no emite el estudio completo por proteger otros intereses.

“Yo no puedo echar a los de Sutel, no los puedo demandar ni nada. Las leyes de este país crean islas de impunidad administrativa y jurídica que le permiten a Canal 7 ―si nos está viendo ‘saludos don Ignacio― pagar 120 mil colones al año por la frecuencia”, dijo molesto el presidente tico.

La Sutel se defendió y negó las acusaciones del gobierno al poco tiempo. La institución sostuvo que un eventual apagón de las señales de radio y televisión abierta no serían su responsabilidad.

Por el contrario, la institución alegó que el Ministerio no aportó toda la información necesaria para llevar a cabo el estudio y acusó una falta de claridad en las rutas de acción del gobierno.

El organismo señaló que ya llevó a cabo el estudio de factibilidad y necesidad en apego a sus facultades. Y citó que dicho informe muestra que “hay un exceso de demanda por parte de 99 posibles interesados en las bandas FM”.

Además, arrojó que existen 19 potenciales interesados en emisoras de AM y hay 52 espacios disponibles según el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). 

Sin embargo, advirtió que en las frecuencias FM solo hay espacio para 45 emisoras. “Esto implica la necesidad de una reforma a este plan para optimizar el uso de los recursos escasos, proceso que debe ser ejecutado por el Micitt”, puntualizó.

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La Sutel también advirtió que anteriormente solicitó al Micitt ampliar la información para delimitar los aspectos necesarios para el estudio, como los plazos de vigencia, una eventual extensión de las concesiones y aspectos de obsolescencia tecnológica

Por eso, reviró que más bien la responsabilidad sería del propio Ministerio.

Independientemente del conflicto entre ambas instituciones, los hallazgos de la Superintendencia indican que el gobierno necesitaría avanzar en una reforma al PNAF para cumplir con la optimización del uso del espectro para la radio y la televisión.

Realizar esta reforma de actualización del PNAF, en opinión de la Sutel, “implicaría varios meses en un proceso a cargo del Micitt y no alcanzaría el tiempo a esta administración para hacer los procesos concursales de radiodifusión”.

Mientras tanto, los actuales concesionarios de frecuencias están en la incertidumbre sin saber qué pasará con sus señales.

Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, se mostró preocupada por la falta de resolución, pero dijo que confía en que se puedan ampliar las concesiones.

Prensa Subtel

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) presentó a representantes de las empresas del sector las modificaciones al régimen concesional en el que se encuentra trabajando la institución.

En la reunión, además del equipo de SUBTEL, participaron el presidente ejecutivo de Chile Telcos, Alfie Ulloa, además de representantes de las empresas Claro, DirecTV, Entel, Movistar y WOM.

Al respecto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “encontramos una positiva recepción de la industria ante los cambios que proponemos. Seguiremos recibiendo a actores del sector para así consensuar una modificación que permita actualizar la regulación chilena en materia de estas autorizaciones. Además seguiremos incorporando ideas y robusteciendo nuestra propuesta para llegar próximamente con estas modificaciones al Parlamento para que así comiencen su tramitación”.

Este ciclo de reuniones continuará durante las próximas semanas junto a representantes de otros gremios, de la academia y la sociedad civil.

Fuente: Subtel

Prensa Subtel

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), cumpliendo con su misión de mejorar constantemente el sector en beneficio de sus millones de usuarios, inició la discusión para reformar el actual régimen concesional, el que contempla un amplio debate que incluirá a diferentes actores.

Para dar inicio a este ciclo de conversaciones, el subsecretario Claudio Araya se reunió con las ex autoridades de Subtel, Pedro Huichalaf, Pamela Gidi y Francisco Moreno, quienes junto a parte del equipo de la División de Políticas Regulatorias y Estudios conversaron acerca de los principales puntos que debería considerar una futura reforma al régimen concesional.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que “los rápidos avances en tecnología nos obliga a actualizar nuestra regulación, la que debe responder además a las necesidades de comunicación de las personas. Gran parte de nuestra legislación fue creada en tiempos en que el acceso a las telecomunicaciones era un lujo y no un derecho básico, cómo lo es hoy. Por eso citamos a ex autoridades de Subtel para compartir algunas de nuestras propuestas y retroalimentarnos de su mirada regulatoria. Agradezco la participación de los ex subsecretarios y replicaremos estas reuniones con distintos actores, ya sean representantes de la industria, la sociedad civil, la academia, etc., para poder consensuar una reforma que permita que Chile actualice su regulación en materia de las autorizaciones requeridas para llegar con servicios de conectividad digital a las personas e instituciones”.

Prensa Subtel

Diario Financiero

La norma establece un plazo de seis meses, pero en la práctica el tiempo promedio entre 2012 y 2021 para la entrega de una concesión, fue de 400 días corridos mientras que para las modificaciones fue de 263.

Leer más: https://www.df.cl/empresas/telecom-tecnologia/tiempos-para-tramitar-concesiones-en-telecomunicaciones-superan-norma

ProActivo

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), logró una ejecución en inversiones por S/ 276 millones entre los meses de enero y julio de 2023. Ello permitió acelerar el despliegue de fibra óptica en el ámbito nacional, para que más peruanos tengan acceso a Internet y a las oportunidades de desarrollo digital.

Asimismo, en el mes de julio, a nivel de inversiones, Pronatel ejecutó el 103% de lo programado. Esto se ha logrado principalmente por los proyectos de banda ancha en 18 regiones del país, el Proyecto 911 y el proyecto Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) de Colombia publicó para comentarios el borrador que define la metodología, procedimiento y requisitos para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones y operadores de servicios postales presenten proyectos de conectividad social como parte de sus pagos por concesiones de espectro.

Mediante el mecanismo llamado “obligaciones de hacer”, el MinTIC espera incentivar la presentación de proyectos de conectividad por parte de los operadores, “donde se beneficie prioritariamente a la población pobre y vulnerable en las zonas más apartadas del país”.

La resolución define que obligación de hacer, es “aquella forma de pago total o parcial de la contraprestación económica por el otorgamiento o renovación de los permisos de uso del espectro radioeléctrico, […] ya sea en los permisos de uso de espectro, sus renovaciones o los actos administrativos expedidos con posterioridad a ello”.

El proyecto del Ministerio TIC es parte de una nueva tendencia entre autoridades de telecomunicaciones en la región, en la que se busca disminuir la carga por el pago del espectro, a cambio de que los operadores de telecomunicaciones usen esos fondos para expandir la cobertura y calidad de las redes.

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Según el MinTIC, el borrador tiene tres objetivos. Primero: agilizar la gestión interna de los proyectos de obligaciones de hacer, desde la etapa de formulación hasta la revisión y aprobación por parte del Ministerio. Segundo: acelerar el procedimiento de cuantificación de los proyectos a implementar mediante soluciones prediseñadas.

Y tercero: enfoca la formulación e implementación de los proyectos en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, durante la etapa de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados por obligaciones de hacer.

Dentro del proyecto del ministerio colombiano se incluye también a operadores de servicios postales, los cuales podrían hacer uso de esta nueva regulación para aprovechar sus redes en proyectos de masificación del acceso de Internet.

La GSMA, asociación de la industria móvil, ha advertido que los costos anuales del espectro en Colombia llegan a ser hasta tres veces más altos que la media de América Latina, lo que ha tenido un impacto en la cobertura y calidad de los servicios móviles.

La resolución incluye diversos proyectos de conectividad, desde ampliar la cobertura en poblaciones pobres y vulnerables o zonas apartadas del país, hasta mejorar la calidad, capacidad y cobertura de redes ya instaladas. Se consideran también propuestas de conectividad en escuelas públicas ubicadas en zonas rurales, instituciones oficiales como centros de salud, bibliotecas públicas, y otras, así como la prestación de redes de emergencias.

El MinTIC también podrá publicar un listado de necesidades de conectividad que los proveedores de telecomunicaciones o postales podrán utilizar para presentar sus proyectos. Este listado será sólo de carácter informativo.

Adicionalmente, el Ministerio podrá incluir obligaciones de hacer en procesos de renovación y otorgamiento de licencias de espectro.

Los proyectos serán evaluados por la autoridad y deberán contar con información como la población beneficiada, los servicios de telecomunicaciones a ofrecer, el impacto y beneficios esperados de la inversión, indicadores de evaluación ex-post, así como planes de instalación y mantenimiento de la infraestructura.

La resolución aclara que el monto máximo de cada proyecto como pago por uso del espectro corresponderá al 90 por ciento de la contraprestación económica por el espectro radioeléctrico. Para su cálculo y evaluación, se incluye un anexo con los montos a ser considerados por montos de inversión (CAPEX) y operación (OPEX).

También se establece que la infraestructura que sea instalada como parte de los proyectos de obligación de hacer no estará sujeta a reversión, y únicamente se deberán devolver al Estado las frecuencias asignadas al término de la concesión. En 2019, América Móvil y Telefónica presentaron un proceso de arbitraje en contra de Colombia para defenderse de una cláusula de reversión de activos que se estableció en concesiones otorgadas en 1994.

El documento estará abierto a comentarios hasta el próximo 25 agosto de 2023.