Colombia abre consulta para reformular lineamientos de obligaciones por hacer
El Ministerio de TIC identificó problemas en los lineamientos vigentes para las obligaciones por hacer en Colombia (Resolución 2715/2020) y puso a consulta pública un documento en el que analiza sus posibles falencias en pos de avanzar hacia una reformulación de la propuesta que redunde en el cierre de la brecha digital. Recibirá comentarios por 15 días, hasta el 14 de junio.
Las obligaciones por hacer son una alternativa de pago por la contraprestación económica del uso de espectro en el país. Presenta dos vías: de manera oficiosa por parte del Ministerio de TIC y por iniciativa de los operadores. Se completaron procesos bajo la primera opción pero no bajo la segunda, pues los cuatro proyectos presentados por Telefónica (3) y América Móvil (1) no fueron aprobados.
El regulador identificó al menos cuatro causas de esta realidad: que el proponente no necesariamente es quien lo ejecuta, lo que desincentiva la postulación; que el proceso de valoración del proyecto desincentiva la participación de los agentes; que el proceso de verificación no es eficiente y que el procedimiento para presentar obligaciones de hacer aumenta “significativamente” los costos de transacción de los agentes y la administración.
Ante esta situación, el documento presenta como base para las respuestas un total de 14 preguntas. Entre ellas consulta si el interesado está de acuerdo con la identificación del problema, cómo se podría hacer más eficiente el mecanismo y qué mejoras pueden incorporarse a la reglamentación. También consulta cuestiones de forma, como si es correcta la relación entre la identificación de esa problemática y consecuencias expuestas.
El documento, que también recoge la realidad y reglamentaciones similares que corren en sitios como Perú o Estados Unidos, busca “avanzar en la aplicación de buenas prácticas de mejora regulatoria con el propósito de establecer una normativa que permita la implementación de obligaciones por hacer como un instrumento de política pública eficaz para masificar el acceso y servicio universal a Internet en el territorio nacional”, completó el regulador.