Para que México y América Latina puedan capturar las inversiones provenientes de la relocalización de las cadenas productivas o nearshoring, deben fortalecer su infraestructura y eso incluye especialmente a la de telecomunicaciones, coincidieron CEOs de empresas del sector, el gobierno mexicano y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Durante la apertura del Mobile 360 Latin America, que se lleva a cabo en la Ciudad de México, Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT, destacó que el nearshoring presenta “una oportunidad histórica para el país”, pues se estima que aportará un incremento de 1.3 por ciento adicional al PIB entre 2023 y 2030.
Que ese crecimiento se vuelva realidad depende de promover la instalación de infraestructura: las redes de transporte, las redes de energía y también las redes de telecomunicaciones, lo cual abarca 5G, WiFi, fibra óptica, centros de datos y cómputo, precisó el funcionario.
“No podemos hablar de países competitivos si no se cuenta con infraestructura digital”, agregó, pues las diferentes tecnologías habilitadas por las redes de telecomunicaciones son “el corazón de las economías digitales”.
Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), coincidió en que para detonar el nearshoring en México se requiere reforzar la infraestructura de telecomunicaciones y buscar nuevas fórmulas para que las políticas públicas generen un ambiente más propicio para las inversiones.

La Directora Ejecutiva de AT&T México, Mónica Aspe Bernal, también comentó que al país han estado llegando nuevas compañías, las cuales inyectan importantes inversiones en capacidad instalada para producir en México y atender a grandes mercados como Estados Unidos. Tal es el caso de la “gigafábrica” de Tesla en Nuevo León.
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Ante estas oportunidades comerciales, Aspie cuestionó si el país está realmente preparado. “Si queremos ganar la lotería del nearshoring, tenemos que comprar boleto”: esto implica esfuerzos para mejorar la competencia en el sector de telecomunicaciones, reducir los costos del espectro y expandir la conectividad.
Costo del espectro, el gran pendiente en la región
El despliegue de la infraestructura necesaria para la conectividad y la economía digital también depende de los costos del espectro radioeléctrico, que en América Latina son particularmente más altos respecto a la media internacional.
Así lo expuso Lara Dewar, directora de Marketing de la GSMA, durante la inauguración del Mobile 360, que se realiza en conjunto con el Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) 2023.
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Si el precio del espectro fuera más asequible y estuviera en línea con el promedio internacional, en México, por ejemplo, habrían al menos 5 millones de personas más conectadas a Internet, puntualizó Dewar.
Al respecto, Cindy Rayo Zapata, directora de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) para México, Centroamérica y el Caribe, comentó que “el espectro radioeléctrico mantiene costos muy elevados tanto a nivel de precios de reserva, como pagos recurrentes y renovaciones.
“Asimismo, las regulaciones, muchas de ellas diseñadas para otro contexto de mercado, no sólo son altas en costo, sino también en algunos casos tienen un impacto directo en las capacidades para la extensión de redes”.
En ese sentido, advirtió que en la actualidad el ecosistema digital requiere pensar en una política digital del futuro y una regulación de calidad, que pondere el valor del sector de telecomunicaciones y su impacto transversal en otros sectores.
Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, agregó que la región latinoamericana necesita reglas claras, sostenibles en el tiempo y que incentiven la inversión en la conectividad y, al mismo tiempo, en nuevos servicios digitales para monetizar las redes.
“Hay que mirar la innovación bajo la lupa del impacto social”, apuntó el Director Ejecutivo de Tigo Guatemala, Carlos Navarrete. Más allá de conectar, las empresas de telecomunicaciones están impulsando la inclusión financiera, soluciones a problemáticas sociales como la migración y la desigualdad, y el acceso a servicios en zonas rurales y marginadas.