martes, septiembre 27, 2022
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Costa Rica | Gobierno y empresarios buscan sintonía para definir cobro y renovación del uso frecuencias de radio y televisión

El Financiero Carlos Cordero

Las autoridades y la industria de radio y televisión buscan en el dial el punto donde sintonizar y atender las situaciones pendientes en la gestión, el impuesto y la regulación de las frecuencias, a poco más de un siglo de la transmisión inicial de la primera y a 62 años del ingreso de la segunda en Costa Rica.

Dependerá de la claridad de la señal sobre la legislación, los reglamentos, propuestas einterpretaciones en un tema con muchas interferencias y una fecha: en el 2024 vence el plazo de los contratos firmados 20 años atrás por los concesionarios y el Estado, los cuales establecían la posibilidad de una prórroga automática.

El gobierno analiza las opciones, aunque pretende ir más allá. “El Gobierno de la República está trabajando de la mano con Canartel, y otros actores estratégicos del sector de telecomunicaciones, para que el país cuente con una normativa en materia de uso del espectro radioeléctrico, como un bien demanial del Estado, de forma responsable”, respondió Carlos Enrique Alvarado Briceño, jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Representantes de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) y el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, realizaron un encuentro en Casa Presidencial el pasado 3 de julio. En la reunión también estuvieron presentes Alvarado Briceño y la ministra de Comunicación, Patricia Navarro. Saray Amador, presidenta de Canartel, confirmó que se presentó información del sector.

Chaves, que en la campaña electoral cuestionó la gestión y especialmente lo que se paga por las frecuencias de radio y televisión, habría indicado a Canartel que analizan el tema de la prórroga. Pocos días antes, el 29 de junio, el jerarca del Micitt adelantó que esa cartera iniciaría un proceso de discusión sobre el tema.

La industria, a través de Canartel, insiste en su disposición a la actualización del impuesto establecido en la Ley de Radio (N° 1758) de 1954. Recalca que desde 2003 lo solicitó así y que propuso estimar el monto a valor presente de acuerdo a los indicadores del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

La Cámara recordó que desde las administraciones de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, el mismo Micitt trabajó en una propuesta sobre el impuesto ante una directriz de la Contraloría General de la República, la cual fue recibida por Casa Presidencial, que la devolvió al Ministerio.

Ahora la propuesta fue sacada del archivo a propuesta de Canartel y es parte del trabajo del Micitt para actualizar lo que pagan los concesionarios, así como para transformar el impuesto en un canon.

“Se están utilizando todos los insumos existentes”, admitió el ministro Carlos Alvarado Briceño. “Entre ellos los borradores de iniciativas que se encuentran en proceso de gestión en el Micitt, así como los insumos aportados por los diferentes actores estratégicos del sector”.

Actualmente hay 81 concesionarios de frecuencias de radio y televisión que cancelan anualmente casi ¢37 millones, de acuerdo con datos del Micitt. Se incluyen desde concesionarios a nivel comercial como en otros ámbitos.

Dada la heterogeneidad de los concesionarios, el sector académico señala la necesidad de establecer categorías de medios (comunitarios, comerciales, públicos y religiosos) y realizar una actualización de lo que pagan mediante un canon que considere esta tipología, cantidad de espectro, cobertura, audiencia y prohibición de alquilar o ceder las frecuencias.

La industria recuerda que las empresas de radio y televisión ya pagan el impuesto de valor agregado (IVA), en el caso de la publicidad, y el de renta sobre sus utilidades.

“Estamos dispuestos (a la actualización del impuesto a las frecuencias) siempre que sea justo y razonable”, dijo Saray Amador. “El desorden del administrador (el Estado) no es culpa de los administrados (los concesionarios)”.

Las concesiones actuales de radio, televisión y conexión satelital para cableras se vencen en 2024, ya que fueron concedidas en 2004 y desde ese año se oficializó, después de una resolución de la Procuraduría General de la República, que su plazo máximo es de 20 años.

Para la Cámara no hay dudas sobre cuál es el paso que se debe seguir, pues los contratos establecen la prórroga automática cuando el concesionario cumple las condiciones o requisitos legales. Hay interpretaciones distintas, sin embargo.

Las opiniones son divergentes sobre si procede la prórroga y si esta debe ser por otros 20 años o no.

La Procuraduría estableció un plazo máximo de 25 años, por lo que una probable prórroga podría ser por cinco años más. En el contrato firmado por los concesionarios en 2004 no se establece límite a la prórroga. De hecho, la Sala IV resolvió, hace casi una década, que se requiere que el Poder Ejecutivo establezca el plazo en un reglamento.

El Ministro Alvarado Briceño admitió que se analiza la posibilidad de no renovar automáticamente las concesiones de radio y televisión en 2024. “Se tiene sobre la mesa como parte del proceso de gestión del espectro radioeléctrico”, respondió Alvarado Briceño. “Actualmente en el Micitt nos encontramos haciendo un análisis para determinar cuál es el escenario que más conviene al interés público”.

La opción de no renovar las concesiones o títulos habilitantes de radio y televisión se basaría en la Ley General de Telecomunicaciones (Nº 8642), que establece que las frecuencias deben ser otorgadas mediante concurso público. Es más complejo que eso.

La Ley Nº 8642 indica expresamente (artículo 29) que en el caso de las frecuencias de radio y televisión rige la Ley N° 1758 de 1954 y lo que establezca el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). Al mismo tiempo genera otra posibilidad.

En ese mismo artículo 29 se establece que las redes que sirvan de soporte a los servicios de radiodifusión y televisión quedan sujetas a la Ley Nº 8642 en lo dispuesto a materia de planificación, administración y control del espectro radioeléctrico, acceso e interconexión y al régimen sectorial de competencia. ¿Eso incluye el proceso o el mecanismo de concesión mediante concurso público?

Si el gobierno pretende llevar a concurso las frecuencias debería resolver el laberinto legal e iniciar el proceso con tiempo ya que se corre el riesgo de “un apagón del país” en junio de 2024.

Amador advirtió que hay mucha especulación y que esperan que prime la seguridad jurídica, pues tanto las radios como las televisoras realizan inversiones millonarias desde hace décadas, incluyendo en desarrollo de marcas y el cambio a la televisión digital con el cual se libera espectro para servicios avanzados de telecomunicaciones (conocidas como IMT, por sus siglas en inglés), incluyendo las redes de quinta generación (5G).

Tales inversiones, recalcó Amador, se realizan en un contexto de dificultades económicas para los operadores dado el declive de la pauta publicitaria desde que evolucionó la publicidad digital en buscadores, sitios web y redes sociales.

El gobierno busca sintonizar otra señal en el dial. “Nos encontramos en una etapa intensiva de solución de temas que se han venido postergando a lo largo de los años”, dijo el ministro Carlos Alvarado Briceño. “El objetivo es cerrar todos los temas pendientes antes de finalizar este año”.

El objetivo es ambicioso no solo en tiempo. “El acuerdo es trabajar en conjunto en la modernización de la normativa y legislación existente”, afirmó Alvarado Briceño.

DPL News
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