Ante el acelerado escenario de convergencia tecnológica, la necesidad de modernizar los marcos regulatorios de telecomunicaciones en América Latina es impostergable, de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de Telecomunicaciones en América Latina (cet.la), presentado en el marco del Congreso Latinoamericano de Transformación Digital (CLTD) 2026.

Según el informe Casos de estudio para la mejora regulatoria en el entorno digital convergente: elementos de una política innovadora, la sobrerregulación genera costos directos e indirectos significativos que desvían recursos de la inversión y la innovación hacia el cumplimiento burocrático y el hecho de que los viejos marcos regulatorios hayan sido diseñados para tecnologías hoy superadas, las vuelve obsoletas, lo que hace que su simplificación y modernización sea imperativa.

“El entorno convergente requiere de una visión mucho más moderna, adaptable, basada en evidencia participativa con la industria, que busque reducir las asimetrías en los mercados, especialmente los mercados convergentes y, plantear otros enfoques que se alejen de los temas de sanciones, de multas, recaudatorios, de fragmentación a nivel local, municipal, para el despliegue de infraestructura”, declaró Luis Mauricio Torres, coordinador del cet.la y editor del reporte.

A partir de la base conceptual y las entrevistas a distintos actores del mercado, el estudio identificó y analizó diversos casos prácticos que ilustran la aplicabilidad de la mejora regulatoria en la región, a fin de ofrecer ejemplos prácticos de criterios de identificación, instrumentos normativos y contrastar buenas prácticas para guiar decisiones que simplifiquen áreas críticas de la normatividad del sector en Latinoamérica. 

Por ello, la mejora regulatoria moderna “debe basarse en una gobernanza ágil, adaptativa y sustentada en evidencia, incorporando mecanismos de checks and balances como el análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post, la revisión periódica de normas y la instrumentación de procesos participativos con los actores del mercado”.

Así, en función de las aportaciones de organismos internacionales, experiencias regionales y entrevistas con actores relevantes de la región, el documento propone 4 pilares para una política integral de mejora regulatoria en el sector TIC:

1. Un marco institucional y jurídico sólido con objetivos y principios claros.
2. La aplicación consistente de instrumentos del ciclo regulatorio (agendas, consultas públicas, análisis de impacto).
3. La modernización continua mediante la simplificación y digitalización de los procesos.
4. La adopción de enfoques regulatorios innovadores y adaptativos, como sandboxes, autorregulación, corregulación y desregulación cuando la evolución del mercado lo justifica.

El estudio concluye que en los últimos años ha surgido un nuevo rol de los reguladores como líderes y articuladores del cambio necesario que consiste en promover la armonización normativa, la eliminación de cargas regulatorias, la simplificación de procedimientos y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

La infraestructura de telecomunicaciones sigue siendo protagonista de robos y vandalismo. Según cifras de un nuevo estudio del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la), que consultó a operadores de 14 países, 63% de los encuestados advierte un aumento significativo o moderado del número de incidentes en los últimos cinco años.

Este fenómeno “no se trata de un hecho aislado, sino de un fenómeno regional con múltiples elementos; la infraestructura de telecomunicaciones es víctima de redes del crimen organizado”, subraya el informe y propone la coordinación de todo el ecosistema, con especial énfasis en las instituciones de seguridad pública de los Estados, como paso obligado para contrarrestar la problemática. 

El reporte se presenta, además, como “un primer esfuerzo regional registrado por consolidar información desagregada por países sobre este fenómeno” y adjunta notas de prensa para dar cuenta de efectos directos e indirectos de prácticas ilegales sobre la infraestructura sectorial.

“El robo y vandalismo de infraestructura tienen afectaciones directas para usuarios, comunidades y sectores productivos relacionadas con inseguridad, vulneración a instalaciones físicas e interrupción servicios de conectividad que resultan en desconfianza e incertidumbre para usuarios”, cierre el estudio, producido en el marco de la edición 2025 del programa de becas Junior Fellowship del cet.la.

En América Latina, la discusión sobre el financiamiento y la sostenibilidad de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones sigue enfrentando a operadores de telecomunicaciones y grandes plataformas de Internet, en torno a si estas últimas deben colaborar en el financiamiento del crecimiento y la modernización de las redes que sostienen el ecosistema digital, por las cuales la inmensa mayoría de los datos que circulan están vinculados a estos grandes generadores de tráfico.

En este marco, recientemente se presentaron dos estudios que analizan la situación desde perspectivas diferentes: Contribución del conjunto del ecosistema digital al desarrollo sostenible de infraestructura de telecomunicaciones, de la consultora NERA para el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), y Aportes fundamentales al debate de la tarifa de las redes en América Latina, elaborado por la consultora SmC+ para la Asociación por una Internet Abierta (AIA).

Por un lado, el informe del cet.la y NERA expone que la actual estructura del mercado es insostenible para los operadores, quienes enfrentan gran presión regulatoria, altos costos y obligaciones –en un entorno de reducción del rendimiento de capital– sin que los grandes generadores de tráfico tengan obligaciones equivalentes, contribuyan económicamente de forma proporcional o se reconozca la existencia de un mercado de dos lados en la provisión del servicio de transporte de datos.

Por el otro, el reporte de AIA-LAC y SmC+ argumenta que una de las soluciones que se ha manejado en el mundo y la región –imponer tarifas de red a los OTT– sería perjudicial, distorsionaría el ecosistema y no se justifica ni técnica ni económicamente. No obstante, el estudio reconoce los desafíos del lado de los operadores respecto de la presión regulatoria y altos costos como los relativos al acceso y uso del espectro radioeléctrico.

Sobre la sostenibilidad financiera de las telcos

NERA expone que la sostenibilidad del sector telecom está en riesgo por la caída de su rentabilidad, ARPUs y capitalización bursátil decreciente, mientras los grandes OTT aumentan sus márgenes y valor en bolsa, captando la mayor parte del valor generado en los mercados digitales en las últimas décadas.

La evolución del retorno de capital de operadores de telecomunicaciones en América Latina y de OTTs muestra trayectorias opuestas, subrayando los retos en materia de sostenibilidad de la inversión de los primeros, quienes señalan que esto supondrá a futuro riesgos para la competitividad de las economías de la región.

Para AIA, los márgenes EBITDA de las telcos superan 35% en algunos países de la región, y los ingresos han crecido de forma constante. El problema no sería desde este punto de vista el crecimiento del tráfico, sino un modelo de negocio que requiere innovación, consolidación y menor carga fiscal.

Diferencias en la interpretación del crecimiento del tráfico

El informe del cet.la subraya que el tráfico crece de forma exponencial (23% anual en móvil, según Ericsson) y que 74% es generado por sólo cuatro grandes OTT. 

Esto implicaría un alza constante en los costos de red para los operadores, especialmente en zonas móviles. De hecho, desglosan que América Latina requiere 49,000 millones de dólares a 2030 para cerrar la brecha digital y sostener el aumento del tráfico en telecomunicaciones. De esta cifra, 32,000 millones de dólares se necesitan para hacer frente al aumento del tráfico.

AIA, en cambio, sostiene que las inversiones en redes no han seguido esa curva de crecimiento. El tráfico se multiplicó por 27 (incluso más que en el reporte de cet.la), pero el CAPEX se mantuvo estable. Argumentan que no habría una correlación real entre más tráfico y más inversión.

Mientras Nera explica que el tráfico de video en alta calidad exige más capacidad de red,  lo que obliga a los operadores a ampliar infraestructura y espectro, afectando su capacidad de cerrar la brecha digital, SmC+ argumenta que mucho del tráfico se gestiona mediante offloading a redes fijas y CDNs, y que los operadores incluso promueven el tráfico con ofertas de zero-rating. El contenido es, afirma, un impulsor de ingresos.

Asimetrías regulatorias y fiscales

El informe de cet.la resalta fuertes desequilibrios existentes: los operadores deben pagar licencias, espectro, impuestos sectoriales y cumplir con obligaciones de cobertura; mientras que los OTT no están sujetos a estas exigencias.

Es por esto que plantea la necesidad de la desregulación del sector telco para promover la innovación y la inversión. AIA reconoce que hay desigualdades regulatorias, pero plantea que cada segmento de la cadena aporta valor y hace inversiones con externalidades positivas; argumentan que no se podría hablar de subsidios cruzados sin evidencia de fallas de mercado.

El rol de las CDNs y peering

Los CDNs (red de distribución de contenido) y los acuerdos de interconexión (peering) son parte del entramado de las redes de telecomunicaciones. El reporte en contra de la imposición de tarifas de red destaca la eficiencia de los acuerdos voluntarios de interconexión. Dice que casi la totalidad de los acuerdos globales son simétricos, sin necesidad de intervención estatal, según datos de Hassan (2021).

NERA no niega esta cooperación técnica, pero sostiene que no resuelve el problema de reparto de valor económico: los OTT usan masivamente la red sin contribuir a su financiamiento, lo que reduce los incentivos a invertir. Los operadores de telecomunicaciones abogan por el reconocimiento del derecho a negociar y tener acuerdos con las plataformas que mejoren la eficiencia del uso de las redes de transporte.

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Cadena de valor e innovación

AIA señala que todos los eslabones de la cadena digital han crecido en las últimas décadas. Argumenta que imponer tarifas de red sólo distorsionaría el ecosistema e inhibiría la innovación, además de afectar la neutralidad de red.

NERA, en contraste, muestra que el valor generado por Internet ha sido apropiado de forma desproporcionada por unos pocos OTT, mientras que las telcos han sido excluidas de oportunidades clave por una regulación obsoleta.

Neutralidad de red y competencia

Los defensores de las grandes plataformas sostienen que las tarifas de red atentarían contra la neutralidad de red, darían ventaja a los ISPs y limitarían la oferta de contenidos, afectando la experiencia del usuario y la innovación digital.

Desde la industria telco se expone que los operadores no buscan bloquear o degradar contenido, sino negociar condiciones razonables por el uso intensivo de su infraestructura.

Brecha digital y contenido

Ambos estudios coinciden en que la inclusión digital sigue siendo un reto. Pero divergen en el enfoque: cet.la proyecta que se necesitan 49,000 millones de dólares hasta 2030 para cerrar la brecha digital y absorber el crecimiento del tráfico (debido a la inversión necesaria para mejorar la capacidad de las redes).

AIA argumenta que la brecha hoy es de uso, no de cobertura, y que los proveedores de contenido y aplicaciones tienen un rol clave con contenidos locales y alfabetización digital.

Externalidades cruzadas

Ambas partes reconocen que hay externalidades positivas entre los segmentos, aunque difieren en cómo deben gestionarse. Donde el cet.la observa desequilibrios, AIA ve interdependencia funcional que no debe romperse con tarifas impuestas.

Coincidencias importantes

Ambos estudios coinciden en varios puntos clave como la necesidad de cerrar brechas digitales, el rol estratégico de la infraestructura, la necesidad de revisar marcos regulatorios y el valor del espectro, la importancia de asegurar la sostenibilidad del ecosistema digital y la presión regulatoria sobre los operadores.

Declaraciones

“Las redes de telecomunicaciones son la base de la digitalización, para el crecimiento económico y el bienestar social. Por eso, elaboramos este estudio en conjunto con NERA, para profundizar en los retos de la sostenibilidad de las inversiones para un futuro digital inclusivo en América Latina, entendiendo que esto se trata de un problema público que nos obliga como región a repensar el modelo con foco en un cambio regulatorio profundo”, aseguró Maryleana Méndez, secretaria General de ASIET, cuando se presentó el informe de NERA a fines de mayo.

Y concluyó: “este reporte arroja cifras alarmantes y recomendaciones claras: desregulación y reducción de cargas fiscales sectoriales, actualización de las definiciones de mercado de conectividad como mercado de dos caras, disposición de espectro suficiente y en condiciones adecuadas y apoyo en programas de expansión de cobertura y asequibilidad”.

“El debate sobre las tarifas de red parte de premisas sesgadas que no reflejan plenamente la realidad de nuestro ecosistema digital y plantea riesgos que podrían afectar la innovación, la competencia y los derechos digitales en la región. Desde la AIA promovemos un ecosistema de Internet abierto, resiliente y colaborativo que continúe siendo un motor de desarrollo económico y social”, señaló Mercedes Aramendía, directora Ejecutiva de la AIA.

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En definitiva, este debate no tiene soluciones simples. Mientras las telcos reclaman equidad y mecanismos que aseguren la sostenibilidad de las inversiones, los OTT defienden un modelo abierto que ha permitido un crecimiento exponencial. Cualquier camino futuro requerirá de diálogo, innovación regulatoria y un enfoque integral que no sacrifique ni la sostenibilidad económica ni los principios que han hecho de Internet una herramienta poderosa para la inclusión y el desarrollo social y económico en América Latina.

La piratería en línea de contenidos audiovisuales es cada vez de más fácil acceso: se puede llegar a ella rápidamente a través de los motores de búsqueda o por redes sociales. En 2023, una de cada dos visitas a sitios de contenido audiovisual online fue a un dominio ilegal.

Un nuevo informe de cet.la estima que la piratería en línea de contenidos audiovisuales provoca pérdidas por hasta 872 millones de dólares para la industria de contenidos en América Latina.

Las plataformas digitales de video bajo demanda, como Netflix, Max y Amazon Prime Video, y proveedores de video en vivo, como Flow, DirectvGo y Star+, pierden potenciales usuarios debido en parte a la alta disponibilidad de contenidos distribuidos de manera ilegal por Internet.

En su investigación sobre la dimensión e impacto de la piratería en línea, el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) analizó más de 6 millones de resultados arrojados en motores de búsqueda, redes sociales y marketplaces al introducir términos relacionados con contenidos audiovisuales.

Cet.la encontró que 17 por ciento (1.1 millón de resultados) eran contenidos ilegales. Y aunque es una proporción más baja respecto a 2022, cuando representaban 31 por ciento, la presencia de sitios ilegales sigue siendo un gran problema.

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La piratería en línea, por un lado, socava los derechos de propiedad intelectual y genera pérdidas financieras para la industria de contenidos y también para los gobiernos a través de la recaudación de impuestos.

Al mismo tiempo, cet.la advierte que plantea riesgos para los usuarios en términos de ciberseguridad y exposición a contenidos nocivos, ya que los sitios ilegales suelen exponer a los consumidores a malware, intentos de phishing y contenido inapropiado.

4 de cada 10 visitas a sitios ilegales provienen de motores de búsqueda

El estudio de cet.la muestra que en 2023 hubo un mayor balance entre las visitas a sitios legales y a dominios ilegales, dando como resultado que una de cada dos visitas a sitios de contenido audiovisual fuera a un dominio ilegal.

Lo anterior representa un mayor equilibrio, dado que en 2020 el 71 por ciento de las visitas se dirigía a sitios ilegales de contenido.

Cet.la considera que “esto puede ser resultado de cambios en los hábitos de consumo post pandemia y una mayor cantidad de plataformas de contenido audiovisual oficiales”.

De todas maneras, la proporción de dominios legales es significativamente inferior a los ilegales, debido a su facilidad de creación y proliferación.

Los 100 sitios ilegales más populares, entre un universo de páginas, representaron 79 por ciento de todas las visitas a dominios no oficiales. Al mismo tiempo, hay muchos dominios ilegales que difícilmente pueden retener a las audiencias, debido a que compiten en un mercado de múltiples sitios ofreciendo la misma piratería online.

El 36.8 por ciento de las visitas que reciben los sitios piratas en América Latina provienen de motores de búsqueda como Bing y Google, mientras que los sitios legales reciben 14.2 por ciento de sus visitas por medio de esta fuente.

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Para cet.la, esto significa que se debe poner atención al mecanismo de búsqueda orgánica para combatir la piratería en línea. En un escenario ideal, el centro advierte que los contenidos en sitios ilegales no deberían aparecer fácilmente ni entre los primeros resultados de búsqueda.

Sin embargo, la relevancia de la búsqueda orgánica como método para llegar a sitios ilegales también pone de manifiesto que los usuarios no necesariamente recuerdan o son leales a los dominios no oficiales, sino que reconocen las marcas de contenido pirata e ingresan palabras clave relacionadas con ellas.

La audiencia y demanda por plataformas y sitios de contenidos de video legal ha crecido en los últimos años, impulsada por una mayor oferta y diversidad de títulos (de terceros y originales). Pero los dominios ilegales continúan siendo un fuerte competidor para los sitios oficiales.

En términos de usuarios únicos, el estudio del cet.la señala que por cada 100 visitantes únicos registrados mensualmente en los dominios oficiales, los sitios ilegales tuvieron 386.

Sólo en 2023, los sitios ilegales de contenidos audiovisuales tuvieron un 89 por ciento más de visitantes únicos mensuales totales.

Los sitios legales de distribución de contenido en línea tienen a su favor una mayor lealtad de los usuarios. El reporte indica que, en promedio, un visitante regresó 5 veces a dominios legales y 2 veces a dominios ilegales.

Pero la lealtad no basta. Cet.la destaca que se requieren medidas de política pública para combatir la piratería en línea, incluyendo estrategias de monitoreo de sitios ilegales; coordinación internacional para bloquear contenido y limpiar los entornos de búsqueda; analizar los modelos de negocio de los jugadores ilegales; así como mejorar la capacitación de los usuarios ante los riesgos cibernéticos de la piratería en línea.

Prensa Cet.la

El programa de becas Junior Fellowship, del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y el Centro Latam Digital, es una iniciativa que busca que jóvenes investigadores de la región participen activamente con publicaciones que promuevan el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la digitalización en América Latina. 

En su edición del 2023, participaron Pía Garavaglia, Germán López Ardila y Paula Otalora. Cada seleccionada/o abordó un tema de investigación que trabajó durante el 2023 con apoyo de tutorías de ambas organizaciones convocantes. El proceso del Junior Fellowship culminó con la elaboración y publicación de sus artículos académicos sobre el impacto de las plataformas digitales de trabajo en Argentina, el despliegue y masificación de 5G en América Latina, y las estrategias de ciberseguridad en países latinoamericanos, respectivamente. 

Conoce más sobre las y el seleccionado de este programa de becas:

Pía Garavaglia es licenciada en economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. Actualmente es investigadora principal de Fairwork Argentina y del Centro de Investigación en Administración Pública (CIAP) de la UBA; y también es doctoranda en programa de cotutela entre la UBA y la Université Sorbonne Nouvelle. Dedicó su investigación en el marco de esta beca al impacto de las plataformas digitales de trabajo en Argentina. Allí analiza que, si bien representan una opción de empleo independiente, no necesariamente aseguran condiciones laborales óptimas y pueden perpetuar desigualdades, donde la brecha digital limita su acceso y participación en este tipo de trabajo, generando una desigualdad económica y digital.

Germán López Ardila es abogado de la Universidad de los Andes (Colombia), y especialista en gestión y regulación de telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, trabaja como director de asuntos legales y regulatorios de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), y coordinador del Tanque de Análisis y Creatividad de las TIC (TicTac). Su proyecto de investigación en el marco de la beca buscó analizar los avances regulatorios y de política pública para el despliegue y masificación de 5G en América Latina. Su artículo ahonda en las oportunidades y desafíos para aumentar la productividad y desarrollo de la región gracias a esta nueva tecnología.

Paula Otalora también es abogada, con especialización en derecho informático y de las nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. A través de esta beca, analizó las tendencias recientes de estrategias de ciberseguridad en América Latina. Su investigación resume las prioridades de los marcos normativos en ciberseguridad de nueve países latinoamericanos, centrándose en la legislación sobre ciberdelincuencia o delitos informáticos. Allí explora cómo estas regulaciones abordan enfoques como la protección de seguridad nacional, información financiera, privacidad y poblaciones vulnerables. 

Estas investigaciones ya se encuentran disponibles para descarga de forma gratuita en https://cet.la/programa-junior-fellowship-2023/.

¿Eres joven investigador o investigadora y te gustaría participar de Junior Fellowship 2024? Queremos conocerte. Si eres estudiante o investigador/a menor a 35 años y te interesa formar parte de la generación de conocimiento para continuar con la tarea de extender la conectividad en la región, puedes inscribirte como interesado en participar en la edición de este año del Junior Fellowship a través de este formulario.  

Prensa Cet.la

La capacidad de inversión esperada para la próxima década presentará un reto para cerrar las brechas de conectividad en la región con el ritmo y la profundidad necesarios para detonar el desarrollo basado en la transformación digital. De este desafío habla el nuevo estudio Brecha de conectividad y necesidades de inversión en América Latina y el Caribe: una perspectiva económica-financiera, realizado por Telecom Advisory Services y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y el gobierno de España.

El estudio busca estimar las capacidades y necesidades de inversión para resolver la brecha digital en América Latina y el Caribe, así como recomendar fuentes y mecanismos de financiamiento para abordarla.

El escenario de meta para la región, tomado como referencia los países de la OCDE, es alcanzar en el año 2030 una cobertura 4G de 98 por ciento (99% incluida la tecnología satelital), mientras que la de 5G y de FTTH representarán, respectivamente, 81 y 65 por ciento de personas y hogares pasados. De esta forma, prácticamente toda la población estaría cubierta por una red de banda ancha, y al menos 80 por ciento por una red de última generación.

Según el informe, en un escenario tendencial, la inversión de los operadores representará 108 mil millones de dólares acumulados hasta 2030 (se estima que la inversión como porcentaje de las ventas convergerá hacia un nivel de largo plazo situado entre 16 y 17%). Pero el cumplimiento del escenario de metas implica un gasto acumulado en el mismo periodo de 125 mil millones de dólares, lo que supone un importante crecimiento en el esfuerzo de inversión latinoamericano, un 16 por ciento respecto al escenario tendencial ó 17 mil millones de dólares.

Los operadores de telecomunicaciones deberían aumentar sus niveles de inversión, lo cual no se encuentran en capacidad de realizar, dadas las condiciones financieras y las tendencias decrecientes de ingresos e inversión, detalla el informe. Por lo tanto, dice, para que ello sea posible, “las condiciones regulatorias y financieras de la región deberían necesariamente generar un marco facilitador de la inversión”.

¿Cómo resolver esa brecha entre lo que se espera que inviertan los operadores y lo necesario para lograr mejores indicadores de cobertura para 2030? El estudio da una serie de recomendaciones de modelos de inversión y financiamiento.

• Compartición de infraestructuras: puede acelerar el despliegue y reduce costos de inversión y gastos operativos.

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• Modificaciones en el marco tributario: una política tributaria efectiva debe considerar una serie de factores que deben equilibrarse, que abarcan desde las propias necesidades fiscales de los gobiernos, hasta cómo evitar ineficiencias y distorsiones que afecten negativamente al desempeño de los mercados. La implementación de un marco tributario y de contribuciones equilibrado incluye tasas regulatorias moderadas, niveles de contribución al fondo de servicio universal (FSU) en línea con las mejores prácticas internacionales, la eliminación de impuestos específicos a las telecomunicaciones y la eliminación de aranceles a la importación de equipamiento, como la fibra óptica y el cableado, y a los dispositivos para consumidores, como teléfonos inteligentes. Recomienda, además, que los aportes hechos por operadores al FSU deberían ser utilizados en el sector, de forma ágil y transparente con un claro énfasis en la reducción de la brecha de cobertura en áreas rurales.
• Cambios en el marco regulatorio: el otorgamiento de licencias convergentes, la disponibilidad de cantidades suficientes de espectro radioeléctrico a precios razonables, el permiso para transar este recurso en el mercado secundario con la aquiescencia del regulador, así como llevar adelante el reordenamiento (refarming) del mismo, y la definición del concepto de poder significativo de mercado con base en criterios que vayan más allá de la simple cuota de mercado.
• Acomodamiento del ecosistema digital: hace referencia sobre la contribución de actores del ecosistema digital en el despliegue de redes.

La falta de certidumbre, oportunidad, transparencia y racionalidad de precio en los procesos de renovación de licencias de espectro en América Latina pone en riesgo la conectividad, el cierre de la brecha digital e incluso el despliegue de nuevas tecnologías como 5G, advierte un nuevo estudio del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y Telconomía.

Dado que las renovaciones tienen una repercusión directa sobre el desarrollo de las redes y las inversiones en infraestructura, el informe destaca que las autoridades de la región necesitan revisar y modificar los términos y condiciones de la renovación de permisos, e incorporar mejores prácticas internacionales.

América Latina renovará una parte significativa del espectro radioeléctrico asignado a los servicios móviles durante los próximos años. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay reasignarán frecuencias radioeléctricas que fueron otorgadas inicialmente hace 20 a 10 años, y que están prontas a expirar.

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Estas renovaciones son igual o quizás más importantes que las nuevas licitaciones que se están preparando en la región, debido a que de ellas depende que los operadores de telecomunicaciones cuenten con el insumo necesario para garantizar la continuidad de servicios como la banda ancha y la telefonía y sigan modernizando sus redes.

Colombia, por ejemplo, renovó licencias en la banda de 1.9 GHz a favor de América Móvil y Telefónica entre 2021 y 2022. Pero las compañías apelaron la resolución inicial del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), debido al alto costo del espectro fijado.

La apelación obligó al gobierno a replantear el precio del recurso radioeléctrico, reduciéndolo en un 19.2 por ciento. A pesar del ajuste, el costo quedó más de dos veces por encima del promedio internacional, lo cual implicó un desgaste adicional para los operadores y retrasó el proceso.

El cet.la explica que, como en este caso, la alta contraprestación económica que a veces se impone sobre el espectro, así como la falta de claridad y transparencia, terminan por generar incertidumbre en el sector y retrasan los esfuerzos de inversión privada y de desarrollo de negocios para cumplir con la creciente demanda de servicios.

Sin embargo, si las autoridades nacionales establecen mejores parámetros y esquemas desde un principio, pueden garantizar que las renovaciones de licencia sean ágiles y convenientes para todas las partes, incluyendo a las personas que reciben el servicio final.

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También es importante que la visión respecto a los procesos de renovación contemplen condiciones de asequibilidad, pues establecer altos costos puede tener un impacto negativo en la continuidad de los servicios. El estudio detalla que a veces se ponen precios más altos u obligaciones adicionales, lo cual reduce los incentivos para que las empresas inviertan.

En México, por ejemplo, entre 2019 y 2022 dos operadores renunciaron a frecuencias radioeléctricas debido a un espectro caro. El caso de Telefónica es particularmente notable, ya que la compañía devolvió todo su portafolio de espectro y migró su tráfico a la red de acceso inalámbrico de AT&T.

Para evitar los riesgos que hasta ahora se han manifestado en las renovaciones de licencias en la región, cet.la y Telconomía recomiendan a las autoridades implementar una serie de ajustes de política regulatoria que brinden mayor certidumbre al sector.

Una de las principales recomendaciones del informe es incluir principios de transparencia, planificación oportuna y facilidad de cumplimiento en los procesos, ya que esto proporciona certeza sobre los planes de inversión, los trámites, los tiempos e incluso los esquemas que puede seguir la nueva asignación.

Asimismo, el estudio aconseja adoptar la figura normativa de presunción de renovación automática, de manera que se extiendan los permisos sin necesidad de pasar por una reasignación que tome más tiempo.

Y, a su vez, evitar los altos costos del espectro y definir criterios de valoración del recurso razonables; elevar el periodo de las vigencias de licencias a por lo menos 20 años; e introducir modelos de flexibilidad en el uso del espectro como la opción de habilitar un mercado secundario (el intercambio y transferencia de derechos).

Comunicado

Las investigaciones realizadas en el marco de la edición 2022 del programa de becas Junior Fellowship, organizado del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y el Centro Latam Digital, buscan promover la generación y difusión de conocimientos sobre el uso y regulación de tecnología para el desarrollo de la digitalización, conectividad y apropiación de las nuevas tecnologías por parte de toda la ciudadanía en América Latina. Adicionalmente, el programa ofrece oportunidades de vinculación de jóvenes investigadores/as con miembros de la comunidad de analistas del sector TIC. 

El programa de becas Junior Fellowship del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y el Centro Latam Digital, es una iniciativa que busca que jóvenes investigadores de la región participen activamente con publicaciones que promuevan el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la digitalización en América Latina. En la edición del 2022, participaron María Clara Fernandes Ferreira (Universidad de Brasilia), Lu An Méndez Tapia (Universidad Católica Boliviana/Fundación Internet Bolivia) y Valeria Castro Obando (Universidad de Costa Rica/Prosic), quienes se inscribieron en el proceso de selección y fueron elegidas para recibir las becas disponibles. 

Cada seleccionada abordó un tema de investigación que trabajó durante 2022 con apoyo de tutorías de ambas organizaciones convocantes. El proceso del Junior Fellowship culminó con la elaboración y publicación de sus artículos académicos sobre análisis de impacto normativo sectorial, brecha digital de género y regulación para el despliegue de infraestructura.

Maria Clara Fernandes Ferreira, graduada de la carrera de Derecho por la Universidad de Brasilia, dedicó su investigación a la evolución de la normatividad que rige el análisis de impacto regulatorio (AIR) en ANATEL (Brasil), con la finalidad de comprender si el procedimiento que venía siendo adoptado por el ente regulador ha evolucionado para la mejora del desempeño regulatorio de la Agencia, con el objetivo de aumentar la transparencia y eficiencia de sus decisiones. Su artículo concluye que los procedimientos de AIR en ANATEL han consolidado su robustez a partir de una serie de reformas normativas que institucionalizaron recomendaciones de organismos internacionales para ofrecer mayor claridad, transparencia y eficiencia en la toma de decisiones regulatorias. Esto se ha logrado a través de la introducción y especificación de componentes importantes del AIR como la divulgación del problema regulatorio y las alternativas normativas para resolverlo, la participación social y empresarial a través de consultas, así como la diversificación de metodologías de análisis para seleccionar la viabilidad, eficiencia, la efectividad y los costos de las propuestas normativas. Sin embargo, a pesar de los avances de la última década ANATEL tiene oportunidades de mejora en los procesos de AIR como la especificación de exenciones del proceso, obligatoriedad de consultas públicas, y una mayor adopción de metodologías cuantitativas para el análisis de costo beneficio de las regulaciones.

Por su parte, Lu An Méndez Tapia, Psicóloga egresada de la Universidad Católica Boliviana y activista de derechos e inclusión digital en la Fundación Internet Bolivia, abordó la brecha digital y de género con el intento de analizar cuál es la experiencia de las mujeres y niñas cuándo se conectan a Internet. Sus hallazgos permiten profundizar en la comprensión de cómo se manifiesta la brecha digital de género en la región, no sólo respecto del acceso a dispositivos, sino también respecto de su uso, motivaciones y aprovechamiento. Primero, a pesar de que mujeres y niñas cuentan con acceso a dispositivos móviles, persisten brechas persistentes respecto del uso significativo debido a la sofisticación y costo de la tecnología, tiempos de uso limitado y compartición de dispositivos con otros miembros de la familia. Segundo, existe una diferencia en las motivaciones y usos por parte de niñas y mujeres adultas. Éstas últimas se inclinan por la generación de ingresos económicos, aunque su participación laboral es en general precaria. Las niñas por su parte observaron en la educación virtual durante la crisis sanitaria un catalizador de sus habilidades digitales para objetivos personales, educativos y de entretenimiento. Y tercero, que niñas, adolescentes y adultas se enfrenten a mayores controles de su privacidad en el entorno digital y su conectividad a internet suele transversalizar la experiencia de violencia de género en línea.

Finalmente, Valeria Castro Obando, Investigadora del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic) de la Universidad de Costa Rica, ahondó en la evolución de la regulación que rige las inversiones y el despliegue, instalación y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica. Una de las conclusiones de su estudio apunta a las afectaciones de la regulación de despliegue sobre la brecha digital, la conectividad y el acceso a servicios de calidad. Si bien existen fortalezas regulatorias como la adopción del enfoque colaborativo, la compartición de infraestructura y la integración del silencio positivo, aún persisten barreras que afectan el despliegue de infraestructura de las telecomunicaciones. Una explicación de esto se relaciona con la implementación práctica de la normatividad, la falta de claridad de los trámites y regulaciones municipales, la planificación sectorial del desarrollo de telecomunicaciones, así como las capacidades técnicas y operativas de las autoridades locales. Por otro lado, la persistencia de impedimentos a nivel local y particularmente en los reglamentos municipales muestra la importancia de fortalecer los vínculos con los gobiernos locales, sobre todo para que el sector participe activamente en la mejora regulatoria que se impulsa desde el Poder Ejecutivo. De igual manera se analiza la trascendencia estratégica de la regulación para establecer un entorno habilitante y propicio al desarrollo de las telecomunicaciones (al dotar de seguridad jurídica a las acciones de despliegue e inversiones de los operadores), un aspecto material obviado en los estudios sobre brecha digital.

Descarga las investigaciones de forma gratuita en www.cet.la/programa-junior-fellowship-2022/. Si eres estudiante o investigador/a menor a 35 años y te interesa formar parte de la generación de conocimiento para continuar con la tarea de extender la conectividad en la región, puedes sumarte a nuestra base de contactos de interesados/as en participar en la edición 2023 del Junior Fellowship a través de este formulario. 

Con el fin de promover la investigación y conocimientos que contribuyan al desarrollo de las telecomunicaciones y la digitalización en la región, el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y el Centro LATAM Digital lanzaron el programa Junior Fellowship, edición 2022.

El programa de apoyo para jóvenes invita a investigadores, estudiantes y de reciente egreso de universidades o centros de investigación, para que presenten proyectos relacionados con el ecosistema digital en la región.

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Los candidatos deben trabajar en una propuesta que demuestre que tienen conocimientos del sector de las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información; del ámbito de la regulación y las políticas públicas; de la sociedad y la economía latinoamericana; de comunicaciones satelitales, así como acceso y cierre de brecha digital, entre otros.

El programa Junior Fellowship tiene una duración de cuatro meses y los estudiantes recibirán una ayuda económica de 2 mil dólares. Algunos de los requisitos para poder acceder al programa es que sean estudiantes o egresados de Economía, Política Pública, Ingeniería, Sociología, Derecho, Comunicación o afines, tener menos de 35 años de edad, conocimiento de español o portugués y mantener un vínculo académico con alguna universidad o centro de investigación.

La fecha límite para el registro es hasta el 22 de abril y los participantes pueden acceder a la convocatoria en https://cet.la/programa-junior-fellowship-2022/

Los sitios de contenidos en Argentina tienen una potencial pérdida de ingresos anual de, al menos, 176 millones de dólares a manos de la ilegalidad, señala entre sus conclusiones un informe de Cet.la que mide el impacto de la piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina, con foco en lo que ocurre en ese país. Del otro lado, el negocio ilícito local representa una ganancia potencial de hasta 113 millones de dólares.

El 45 por ciento de los URLs analizados en el informe conducen a contenidos o servicios ilegales en Argentina, lo que lo ubica incluso por encima del promedio regional, y los dominios ilegítimos obtuvieron un 729 por ciento más de resultados que los legales. En cuanto a los sitios, los de transmisión en vivo son la clave del problema: tan sólo televisionlibre.net genera cuatro millones de visitas al año.

Los dominios ilegales presentan un mejor rendimiento SEO, lo que ha permitido a algunos de los que cambiaron su dominio recuperar visitas y relevancia rápidamente. Como en todo América Latina, en Argentina también “las redes sociales son suelo fértil de la piratería”, pues palabras claves llevan directamente entre los primeros 10 resultados a publicaciones que enseñan cómo consumir piratería.

“La piratería en Argentina tiene 632 millones de visitas y 26 millones de visitantes únicos por mes”, marca el informe y agrega que “los sitios ilegales tienen tres veces más acceso total de usuarios únicos que los legales”. En tanto, los marketplaces son otro escenario que propician la ilegalidad y es un tema a atender, aunque en Argentina “el acceso a contenido pirata es menor al promedio regional” en este apartado en específico.

En promedio, los usuarios tienen que hacer tres clics para reproducir una película o serie en dominios ilegales y casi un tercio de ellos mostraba contenido adulto como publicidad. Argentina se encuentra, además, dentro de la media regional respecto de la cantidad de visitas a sitios ilegales sobre los legales, con una proporción del 53 por ciento a favor de la piratería.

Adicionalmente, se realizó un webinar en el que se habló de las conclusiones del informe y de la forma más eficiente de abordar la problemática que provoca pérdidas potenciales por 733 millones de dólares a la región. “Los procesos de transformación digital presentan grandes retos, tanto en la generación de contenidos como en la necesaria actualización regulatoria. Resulta fundamental que se sigan profundizando esfuerzos coordinados en combatir el consumo de contenido ilegal”, dijo la Directora de cet.la y Secretaria General de Asiet, Maryleana Méndez.

Los participantes se mostraron de acuerdo en que la forma de combatir el contenido ilegal son acciones judiciales, acuerdos de la industria, legislación acorde y fomento a través de la capacitación. También se habló de otros conceptos clave, como la concientización de los consumidores y la importancia de combatir la piratería como única forma de “asegurar la sostenibilidad del entretenimiento”, agregó el Vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV Argentina, Francisco Barreto.