STF habilita a Telegram en Brasil luego de que aplicación cumpliera decisiones
El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revocó la suspensión de Telegram en Brasil. La decisión fue tomada este domingo 20, tras el pleno cumplimiento de las determinaciones del STF.
Según Moraes, Telegram contactó a la Corte y designó a Alan Campos Elias Thomaz como su representante legal en Brasil. El profesional tiene acceso a la alta dirección de la aplicación, que “garantizará nuestra capacidad de responder a las solicitudes urgentes de la Corte y otros órganos relevantes en Brasil de manera oportuna”, dijo la compañía.
Hasta ese momento, la aplicación no tenía oficina oficial en el país y los intentos de contactar al STF y al Tribunal Superior Electoral (TSE) no prosperaron.
Además de eliminar contenido y bloquear perfiles que contenían desinformación, la aplicación también hizo una lista de los 100 canales brasileños más populares en Telegram e instruyó al equipo en Brasil para revisar el contenido publicado en estos canales diariamente; anunció que está estableciendo relaciones de trabajo con agencias de verificación; y “medios técnicos integrados para marcar publicaciones específicas en canales de uno a muchos que pueden contener información inexacta“.
Otras medidas implican aumentar el equipo en el país, formular un plan de acciones futuras e integrar el memorando con el TSE. Finalmente, Telegram se disculpó por la demora en responder.
Riesgos de prohibir una aplicación
Así como el desempeño de Telegram fue un problema para la Justicia brasileña, la reacción del STF podría crear un riesgo para la libertad de expresión de los brasileños. Según Artur Pericles Lima Monteiro, coordinador del área de Libertad de Expresión de InternetLab y becario de la Universidad de Yale, la medida podría crear un modelo en el que solo las grandes empresas puedan operar en Brasil.
Exigir que todas las aplicaciones tengan un representante en Brasil, por ejemplo, “es un problema no solo de competencia, sino que es un problema de libertad de expresión, porque puede resultar en que la población tenga menos acceso a los canales de comunicación y menos acceso a lo que podría resultar ser Internet”, dijo el investigador a DPL News.
“El riesgo es cerrar la ventana de lo que pueden ser nuestros espacios digitales y hacerlos aún más monopolizados y dominados por una lógica de mercado”, concluyó.