Las que transcurren son horas clave para la subasta de espectro compatible con 5G en Uruguay. Los titulares del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) respondieron preguntas ante la Comisión del Senado y, casi en paralelo, los privados presentaron sus quejas formales contra el proceso. No hay efecto suspensivo: la fecha clave es el 9 de mayo.
Omar Paganini y Mercedes Aramendía comparecieron este miércoles 19 de abril sobre dos temas clave para las telecomunicaciones de Uruguay: la renovación de licencias de espectro, que se llevó la primera parte de la conversación, y el proceso por el que se pondrán a disposición del mercado dos bloques de 100 MHz en 3.5 GHz –hay otro igual reservado para la Administración Nacional de Telecomunicaciones.
Paganini hizo un breve resumen de lo que se pondrá en juego en menos de tres semanas: dijo que hay 500 MHz identificados en la banda de 3.5 GHz (divididos en bloques de 100 MHz), pero dos de ellos están ocupados por una empresa que brinda servicios de Internet con transmisión de datos fija. Los otros tres son los objeto del nuevo proceso. Defendió el precio (28 millones de dólares por unidad) y las condiciones para participar, uno de los puntos más debatidos en las últimas semanas.
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“Es cierto que hay una posición que le da alguna ventaja competitiva a Antel, pero también es cierto que si esta empresa participara de la puja eligiendo primero, su capacidad financiera es objetada por ser juez y parte, porque al fin y al cabo es la caja del Estado”, expuso el funcionario. Ante la consulta sobre las porciones involucradas en el proceso de subasta, subrayó que aunque la estatal tenga “una o dos radiobases” en bandas milimétricas, ese segmento “no está maduro”.
La posición de Dedicado fue uno de los ejes de las consultas. La firma uruguaya se quejó formalmente de las obligaciones que se impusieron para participar de la puja, indicando que estas la dejaban fuera de la posibilidad de concursar. Sobre este punto, Aramendía defendió otra vez la definición tomada: “Son cosas completamente razonables: se pide una experiencia específica y una determinada solvencia económica”, expuso.
Paganini fue más allá. Indicó que “la empresa que se siente excluida no es una empresa de telefonía móvil ni está desarrollando el servicio de IMT en Uruguay ni en ningún lado”. Agregó que tiene 9 mil 500 clientes ajenos al segmento objeto de la subasta y amplió que la posición del gobierno es no avanzar sobre el pedido de transformar los bloques que tiene adjudicados al servicio telefónico, aunque lo consideró “un tema secundario”.
El recurso de Telefónica
La filial local de Telefónica pidió formalmente la suspensión del acto bajo cinco argumentos centrales:
- “Antel se ve sustancialmente beneficiada en violaciones de principios y normas de igualdad y trato equitativo en tanto el mecanismo de reserva previa le brinda certeza respecto a la adquisición de espectro y al bloque a adquirir con anticipación a sus competidores, lo que habilita a desplegar su red antes que aquellos”, dice la empresa. Aquí incluye entre sus argumentos una entrevista brindada por el presidente de la estatal, Gabriel Gurméndez, a DPL News en la que señaló que el plan de la firma es que 5G esté disponible “en julio o agosto” de este año.
- “Antel puede adquirir el espectro no asignado de forma directa y, al mismo tiempo, puede adquirir más espectro que los operadores privados en violación de principios” ya mencionados.
- “La normativa regulatoria no ha disponibilizado a los eventuales adjudicatarios del espectro para 5G el acceso mayorista a la red de fibra óptica desplegada por el estatal, lo que viola disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia”. Este ítem es uno de los más largamente debatidos en el plano sectorial local y fue destacado por el privado en su descargo, en el que pidió que “se regule o asegure en forma previa al proceso competitivo una oferta de acceso a fibra al por mayor a todos los operadores móviles”.
- Se “obliga a los participantes a admitir una exoneración de responsabilidad por parte del Estado abusiva y contraria a derecho en lo relativo a la administración de espectro, que pone en peligro el despliegue eficiente de redes”.
- “El espectro para 5G que se ha incluido en el procedimiento competitivo no es suficiente para realizar una subasta abierta que asegure un posterior uso racional y eficiente del mismo en beneficio de los consumidores y el desarrollo económico del país”.
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El recurso de América Móvil
El recurso de América Móvil abunda en los argumentos ya anticipados por sus ejecutivos a este medio. La larga lista de razones se concentran en puntos como el precio, las ventajas competitivas que se presentan para Antel –habla aquí de “ilegalidad, abuso y exceso de poder”– y la posibilidad de que, por la naturaleza del proceso, pueda resultar en que alguno de los privados históricos en el servicio móvil queden fuera de la posibilidad de prestar servicios 5G en Uruguay.
En su documento, el operador expuso que “la Administración no puede por el simple hecho de sus potestades gubernamentales abstenerse de motivar sus decisiones bajo razonamientos comprobables y objetivos”, y agregó que “es alarmante cómo se violan los principios de igualdad y legalidad al disponer una fórmula discriminatoria y, en consecuencia, ampliamente favorable para la empresa del Estado frente a empresas privadas”.
Siga, siga
A pesar de las quejas formales, la subasta de espectro compatible con 5G mantiene su fecha en Uruguay. Así lo dejó claro el regulador en su resolución 63/2023, en la que dispone “ratificar todo lo actuado por esta unidad en el marco del procedimiento competitivo para la asignación de derechos de uso de frecuencias en la banda de 3.5 GHz”.
En su análisis, la Ursec hace referencia a que se dispuso no hacer lugar a la solicitud de Dedicado de suspender la ejecución de la convocatoria, así como antes el Poder Ejecutivo hizo lo propio con el pedido de la empresa contra la aprobación del pliego de bases. Sobre los reclamos de Movistar y Claro se determinó “levantar” sus efectos suspensivos. En conclusión, de no mediar nuevos cambios, Uruguay tendrá subasta para 5G en 18 días.