El primero de enero de 2023 será recordado como el día del fin del monopolio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) en Uruguay, pues entrará en juego la Rendición de Cuentas que cambió la Ley de Medios para que cableoperadores puedan solicitar licencias para dar Internet en el país. Cada empresa de este tipo podrá ofrecer, siempre que se apruebe su pedido, el servicio en igual área de cobertura que su licencia actual utilizando para ello redes ya desplegadas o futuras, propias o de terceros siempre que sea técnica y jurídicamente factible hacerlo.
El plan inicial del gobierno de Luis Lacalle Pou era derogar completamente la Ley de Medios promulgada en 2014, pero la propuesta no logró los votos necesarios durante la discusión del presupuesto. Esta situación encontrará nuevos capítulos en 2023.
De hecho, se reactivó recientemente en el Congreso la discusión por una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que mantendrá en vilo al sector. Quizás allí se cumpla con el pedido de operadores que prestan servicios con tecnologías distintas a la satelital —DirecTV, Cablevisión y Claro— para sumar a su portafolio el segmento de banda ancha fija.
“La apertura debería concretarse en el otorgamiento de oportunas licencias a las empresas del sector, con flexibilidad y oportunidad de elegir las tecnologías y modelos de comercialización para la prestación de servicios”, resumió Maryleana Méndez, secretaria General de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), en diálogo con DPL News.
También hay quienes se mostraron preocupados por cómo fue redactado el nuevo artículo de la Ley de Medios, pues dice que los cableoperadores pueden pedir licencia para banda ancha y no que las recibirán efectivamente, lo que podría poner en el Ejecutivo el poder absoluto de decidir en cada caso. Así, la aplicación en campo de esta nueva norma marcará la realidad del sector en 2023.
La Rendición de Cuentas también generó otros cambios, como que los titulares de derechos de contenido podrán pedir medidas cautelares para protegerlos a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), entidad que evaluará la situación y hasta podrá “solicitar a proveedores de acceso a Internet inhabilitación en tiempo real del acceso a transmisiones ilegales de eventos en línea”; modificaciones a la Ley de Protección de Datos Personales y la creación de una Gestión Administrativa Digital, con el ojo puesto en “profundizar la transformación digital de la gestión administrativa de las organizaciones públicas”.
Por otra parte, 2022 fue el año de la activación de la portabilidad numérica como derecho para usuarios de telefonía móvil en Uruguay, pero no el de 5G. Aquí uno de los desafíos centrales para las autoridades para 2023: hacer disponible espectro compatible y comenzar a obtener los beneficios que promete la tecnología.
En igual sentido, a la lista de retos debe incorporarse un pedido de larga data por parte de los privados: que se impongan obligaciones a la estatal a compartir su infraestructura para despliegues más eficientes que se traduzcan en nuevas oportunidades en el mercado local.
Uruguay presenta una muy buena base en términos de conectividad, pues la banda ancha es una realidad para la gran mayoría de la población y Antel incluso trabaja en convertir a fibra al poco más de 10 por ciento restante de la base de suscriptores a Internet que al momento utilizan otras tecnologías, con un esfuerzo fuertemente focalizado en el interior del país.
Sobre esta base, el plan de Lacalle Pou es pasar al siguiente nivel y que Uruguay sea centro de la innovación en América Latina. Si cumple los retos, la premisa estará más cerca de materializarse en 2023.
