Claro Uruguay alerta problemas en decreto para subasta 5G

Uruguay está próximo a subastar espectro en la banda de 3.5 GHz en lo que será un paso clave en el camino local hacia 5G. El decreto que abre paso al proceso no convence a Claro Uruguay, que en diálogo con DPL News se mostró preocupado por el precio, el despliegue y el time to market, al tiempo que alertó sobre la forma en la que el documento abre la posibilidad de que un nuevo operador móvil se incorpore al mercado. La compañía también presentó un recurso contra los criterios utilizados para la renovación de espectro otorgado hace dos décadas.

Lo publicado es “un acto parcial, un decreto que resuelve algunos puntos, como que serán tres bloques (de 100 MHz cada uno) y que habrá obligaciones de despliegue por primera vez. La mayoría de los países tuvo diálogos con la industria previo a la subasta 5G y en Uruguay eso, lamentablemente y en contradicción con la cultura de diálogo que hay, no ha ocurrido”, señaló a este medio el Director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro Argentina, Paraguay y Uruguay, Alejandro Quiroga.

Para el ejecutivo, la decisión de que la subasta sea por porciones en 3.5 GHz es lógica, puesto que es la banda en la que habitualmente se inicia 5G, mientras que “hay cuestiones a resolver en bandas altas, pero esas son de ultra-capacidad y para supuestos especiales que todavía no hacen falta en Uruguay”. Sin embargo, a la hora de revisar el decreto, Quiroga considera que está “incompleto y tiene serios problemas”, al menos en los siguientes aspectos:

• Precio. El valor, teniendo en cuenta el precio por MHz ajustado a las características poblacionales y del PBI, es “seis veces más caro que Brasil para un mercado que no tiene la situación ni la proyección que presenta ese país”, dijo el representante de Claro y amplió: “Deben tenerse en cuenta todas las condiciones y variables y que el ARPU incremental de lo que demuestra por ahora 5G es bajo. En cuentas de la compañía, el precio de cada porción debía estar fijado en 8 millones de dólares, que es sensiblemente “más bajo que los 28 millones de dólares marcados, un valor que incluso es 6 millones de dólares superior que lo que se recomendó previamente”.

• Time to market. El decreto marca que le fue reservado a la estatal Antel 100 MHz en un bloque determinado (3.6 a 3.7 GHz), porción por la que abonará el promedio de lo que se pague por los otros segmentos en las mismas condiciones y plazos. El problema aquí es que ese competidor “ya pudo importar los equipos para 5G y los montó  sobre su red, mientras que los bloques para privados (3.3 a 3.4 GHz y 3.7 a 3.8 GHz ) están en dos puntas distintas, lo que no permite hacer lo mismo”, indicó el ejecutivo y agregó: “Es un problema que debe ser resuelto. Un único prestador puede prender inmediatamente y esto afecta la competencia. El plazo debería ser el mismo, se lo planteamos a las autoridades”.

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• Formato. “Se señala que la subasta para el segmento privado será abierta, por lo que sería parcialmente abierta teniendo en cuenta la reserva a Antel. No tenemos problema que así sea, pero la primera reflexión es que se considera que alguno de los dos privados móviles (Claro y Movistar) queden fuera de prestar 5G”, analizó Quiroga. En tal caso, y mientras Dedicado pidió igualdad de condiciones a las autoridades en el camino a 5G, la filial local de América Móvil considera que se debe incorporar un bloque más de 100 MHz porque “hay espectro suficiente” para hacerlo. “Hoy la subasta es con tres bloques; si se quiere incorporar un operador móvil a Uruguay, lo lógico sería sumar un nuevo bloque”, opinó.

• Despliegue. Otro de los aspectos mencionados por Claro es la situación desigual en la que están los prestadores en materia de despliegue. “Esto no está resuelto, no se sabe cómo se hará y cómo se pondrán las reglas. Hay un único operador móvil con licencia para dar todos los servicios, entonces su inversión en el backbone de fibra es bien distinta. Esto es desigual y hay que revisarlo”, apuntó el director regulatorio del operador. El decreto marca como obligaciones de cobertura la puesta en funcionamiento de radiobases en todo el país siguiendo un calendario de implementación que puede completarse en cualquier banda IMT con 4G ó 5G en hasta 36 meses.

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“Hicimos la adaptación del core y le transmitimos a las autoridades que estábamos listos para la subasta 5G hace tiempo. El gobierno tuvo entre las razones de la demora el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), que generaba incertidumbre, pero resuelto esto, se podría haber hecho antes. Creemos que el tiempo transcurrido le da entre seis a ocho meses de ventaja al competidor que pudo pedir el espectro que quería y prepararse”, se quejó Quiroga.

Respecto de la discusión sobre la necesidad de que la empresa estatal ofrezca su infraestructura a terceros, Claro consideró que “la compartición tendría que ser por acuerdo entre las partes. No nos parece bien forzar a Antel, pero sí debe darse a todos la posibilidad de poder usar su fibra para dar Internet. Los operadores necesitan su red sobre fibra y esa inversión debe ser eficiente. Decir que no está en agenda no es un argumento válido: aspiramos a que sea corregido”.

En este contexto, el operador también valoró como positiva la decisión de autorizar a cableoperadores a solicitar licencias para brindar Internet en el país, aunque alertó que “los movimientos ahí también son disparejos: hay cinco licencias dadas y el resto lo va a poder pedir recién ahora (desde el primero de enero) y sin estar claros los plazos con las que la conseguirán”. Aquí también la filial local de América Móvil pedirá igualdad de condiciones: “Si no se nos da la licencia, plantearemos el caso por violación al tratado de inversiones, porque sería discriminatorio y anticompetitivo”.

Renovación de licencias

Mientras el ojo está en 5G, Claro tiene otra disputa en vista: los precios establecidos para la renovación de espectro de licencias que vencen entre 2022 y 2025. “Las reglas definidas en ese caso tienen un problema de precios relativos. Presentamos un recurso administrativo para su revisión”, dijo Quiroga. El decreto publicado en diciembre marca que las empresas que tienen que renovar espectro deben pagar lo mismo que en su momento de adjudicación. La decisión involucra a los tres prestadores móviles y licencias para el uso de espectro en la banda de 850 MHz y 1.9 GHz.

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El análisis previo se hizo sobre 1.9 GHz y, por entonces, se recomendó una baja del 20 por ciento sobre el valor histórico que no fue tomado en cuenta. “En 20 años la industria cambió y tiene otros desafíos, pero al margen de eso se valuó sólo una de las bandas involucradas; esto se dio porque el espectro en 850 MHz se otorgó por un proceso distinto”, indicó el ejecutivo y resaltó que el espectro en esa banda baja es “más valioso que el otro por su capacidad de iluminación superior con una inversión menor en radiobases”.

Claro deberá renovar 30 MHz en la banda de 1.9 GHz en 2024 (resolución Ursec 135/04). “El precio que resulta para esa renovación es de 18 millones de dólares, mientras que por renovar 25 MHz en 850 MHz se deberá pagar 6 millones de dólares. Esto funcionalmente no tiene ningún sentido”, expresó. Teniendo en cuenta estos puntos, Quiroga consideró que “el análisis realizado es incompleto. Puede ser un error involuntario pero debe revisarse: esperamos que sea corregido antes de la licitación 5G”.

Así las cosas, Claro se propone como su mayor desafío para 2023 la construcción de  la nueva red 5G en Uruguay aprovechando la experiencia adquirida en otros países de la región. La segunda situación clave será “que mejoren las condiciones de competencia, porque hoy hay una cancha inclinada para el Estado. Eso debería corregirse para la sostenibilidad del negocio para los otros operadores y más aún teniendo en cuenta que, después de las papeleras, el sector de las telecomunicaciones es el más grande en inversiones en Uruguay”, cerró Quiroga.